Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


 El pasado diecinueve de junio el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó, por unanimidad y mediante resolución, el racismo sistemático y la violencia policial. La resolución fue una iniciativa de urgencia generada por varios países africanos, luego del asesinato de George Floyd, el pasado mayo en Estados Unidos, y de las manifestaciones contra el racismo en varios países del mundo. Una primera redacción del texto pedía crear una comisión de investigación internacional independiente para esclarecer el racismo en Estados Unidos, pero al final la redacción de la resolución fue suavizada, por presión del gobierno norteamericano; simplemente se pide a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, elaborar un informe sobre el racismo sistemático, las violaciones del derecho internacional y los malos tratos contra los africanos por las fuerzas de seguridad. Nuevamente, el gobierno norteamericano, da la espalda a las víctimas de la violencia policial y a las personas negras, dijo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

Pero Colombia no es la excepción en estos hechos de racismo y uso de la violencia sistemática. Los informes de la Defensoría, la Procuraduría y de las organizaciones defensoras de derechos humanos, registran hechos perpetrados tanto por los grupos armados ilegales como por sectores de la fuerza pública sobre las comunidades indígenas, negras, campesinas, pobladores urbanos de barrios populares y, especialmente, sobre los líderes, lideresas y sectores juveniles de las universidades públicas y privadas. Un caso reciente fue la muerte de Anderson Arboleda en mayo pasado. Un joven de 21 años, afrodescendiente y residente en Puerto Tejada (Cauca) quien, según el relato de sus familiares, en plena cuarentena de Covid-19, al llegar a la puerta de su casa, dos uniformados le llamaron la atención, le pusieron un comparendo y la respuesta a la protesta del joven fueron cinco ‘bolillazos’ en la cabeza. Pasadas algunas horas, Anderson murió en la clínica Valle de Lilí de Cali.

Existen igualmente hechos registrados en diversas zonas del Chocó, Catatumbo, centro y sur del Pacífico colombiano, donde las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos, son golpeadas por el conflicto armado, las mafias del narcotráfico y la corrupción del Estado. Estos hechos también expresan un racismo y una violencia sistemática. Sobre ellos, históricamente, ha recaído la exclusión, el no reconocimiento e irrespeto de sus modos de vida, de su sabiduría, de sus formas de convivencia, de sus maneras de relacionarse con la naturaleza, de sus economías, de sus experiencias espirituales, entre otros aspectos.

El racismo no solo es depreciar una raza distinta a la propia, sino desconocer y someter a los otros que son diferentes, que tienen otras costumbres y creencias, distintas a lo definido por la cultura dominante. Para el racismo, las otras culturas no tienen derecho a existir. En el centro del racismo está la negación por lo diferente. Busca reprimir, excluir y no reconocer la diversidad cultural, y se vuelve más violenta en la medida que ellas resisten y no declinan en sus costumbres, tradiciones y creencias. En este sentido las culturas dominantes y racistas definen y controlan qué es lo verdadero, lo bueno, lo bello, lo justo y lo sagrado.

En los primeros días de este mes el Papa Francisco condenó el pecado del racismo y mencionó a George Floyd como víctima de un homicidio trágico. “No podemos cerrar los ojos a cualquier forma de racismo o exclusión al tiempo que pretendemos defender lo sagrado de toda vida humana”, dijo. En esta lógica, el Papa llamó al obispo de Texas, Mark Seiz, de El Paso, para apoyarlo en la campaña por la defensa de un trato justo para los inmigrantes y por su participación en la protesta pacífica que tuvo como consigna “las vidas negras importan” y en la que el obispo encabezó la oración inclinado de rodillas.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.

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El año pasado, los cultivos de coca y la producción de cocaína aumentaron en Colombia. Fueron doscientas doce mil hectáreas y novecientas cincuenta toneladas de cocaína, una cifra récord, según mediciones del gobierno estadounidense. Desde esta cifra el presidente Trump incitó al mandatario colombiano Iván Duque a retornar a la fumigación con glifosato, suspendida desde hace cinco años por el gobierno Santos, ante la advertencia de la Organización Mundial de la Salud que consideró este herbicida como probablemente cancerígeno. La meta es reducir a la mitad los sembrados en tres años, incluyendo la erradicación manual forzada y un desarrollo alternativo, mil veces prometido, pero nunca bien diseñado.

¿Pero qué están viviendo hoy las comunidades cocaleras en Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo, sur del Tolima, norte del Cauca, bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, sur de Córdoba y del Pacífico?

El gobierno está aplicando la erradicación forzosa de los cultivos de coca, apoyado en la militarización y en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, a esto se suma la presión de los grupos armados ilegales del narcotráfico y las guerrillas por el control de la producción y de las rutas del narcotráfico, lo que ha causado hechos violentos, judicialización de la movilización social y deplorables asesinatos en varias regiones.

Por otra parte, ciento treinta mil familias de estas comunidades, con la esperanza de transformar su economía, se acogieron al Programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), producto del Acuerdo de paz, una alternativa de erradicación voluntaria que propone un proceso de transición económica, legalización de tierras, construcción de vías, servicios públicos, fomento, asistencia técnica y bancarización agropecuaria, productos comercializables y rentabilidad. Sin embargo, el gobierno, no está cumpliendo con el desarrollo del PNIS, los procedimientos en esa dirección son lentos, no hay voluntad política ni financiación ni las estrategias para perseguir a los narcotraficantes, reales dueños del negocio, son eficientes. En su lugar, el gobierno está aplicando prioritariamente la erradicación forzada y abre la puerta a la posibilidad de la aspersión con glifosato. Paradójicamente, ya está probado por años que estas estrategias son más costosas, ineficientes, impulsa la acción de los ilegales, no resuelve los profundos problemas de las comunidades y, al contrario, las hunde más en sus agobiantes problemas.

Hace un año los obispos del Pacífico y del Suroccidente del país expresaron un rotundo no a la fumigación con glifosato, al afirmar: “Rechazamos frontalmente la decisión ya anunciada por parte del Gobierno de la República de Colombia de reanudar las negativas para la vida humana y el medio ambiente; consideramos que el gobierno debe tener en cuenta que la presencia de estos cultivos es, en muchos casos consecuencia del abandono en que viven sumidos los habitantes de estas regiones. Invitamos al gobierno a que se exploren mecanismos complementarios que den una respuesta más integral sobre esta problemática que afecta a nuestros pueblos. Igualmente convocamos a toda la sociedad colombiana a deslindarse de lo ilícito, especialmente de la cultura narcotraficante; reiteramos el llamado al gobierno a que se priorice la protección de la vida humana, del medio ambiente y la sustitución voluntaria de cultivos”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.

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En medio de la pandemia la ciudadanía está llamada a ser responsable de sus actos. Pero no se puede hablar de ciudadanía en general, los ciudadanos y ciudadanas viven en territorios concretos, bajo condiciones y oportunidades diferentes. Sin embargo, las autoridades decretan el cumplimiento de normas para evitar el contagio y la expansión de la enfermedad, como si no existieran estas diferencias.

¿Cómo exigirle a una madre cabeza de hogar que cumpla con un confinamiento obligatorio si tiene hijos y trabaja como vendedora ambulante en la calle? ¿Cómo exigirle a una familia campesina, con las carencias de su vereda, que no vayan al pueblo a vender sus productos y a comprar artículos de primera necesidad?

Medidas generales sin condiciones para realizarlas solo llevan al fracaso. Buena parte de la población colombiana está en una compleja encrucijada: quedarse en casa sin lo básico para vivir, generando condiciones de salud riesgosas y ambientes de convivencia duros de sobrellevar o, salir a la calle a conseguir lo básico para vivir, pero exponiéndose al contagio. Mientras que las ayudas y subsidios del Estado llegan a cuenta-gotas.

Para superar este desafío de salud pública, de economía y de bienestar individual y comunitario, que implica la pandemia, es clave recordar algunos valores éticos y cívicos primordiales.

La solidaridad, entendida como la superación de nuestros instintos egoístas para adoptar una actitud de empatía y comprensión, no solo con las personas que amamos sino con los desconocidos.

La compasión que implica fraternidad y altruismo, más allá de buenas intenciones exige una actuación comprometida.

La reciprocidad: exige un reconocimiento y respeto de la dignidad humana que busca realizar en nosotros mismos el cambio que deseamos ver en el mundo.

La justicia, que implica reconocimiento de las diferencias, equidad y redistribución de los bienes en el marco de la realización de los derechos humanos.

La honestidad: busca la claridad en los actos en contra de la corrupción y la malversación de bienes y recursos.

Y, finalmente, el cuidado de sí, que implica ser responsable de nuestras actitudes y comportamientos en relación con el otro, a efectos de transformar mis propias limitaciones; esta es una práctica social, hoy más necesaria que nunca.

Pedro Trigo, teólogo jesuita nos dice:

“La pandemia también ha puesto al descubierto la gran dosis de solidaridad que existe. Sin ella se hubieran muerto muchísimos más. La solidaridad se organiza en redes de servicio y muestra que existen otras posibilidades y que no estamos condenados a la inhumanidad del desorden establecido. No solo dar cosas, también muchos dan de sí y se dan a sí mismos y por eso contribuyen decisivamente a que esta situación no deshumanice a los que la sufren y se creen ambientes liberados en los que reina la humanidad”. 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.

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La pandemia del coronavirus ha puesto en primer plano la importancia de la producción alimentaria del campesinado en Colombia. No hay duda para los habitantes de las grandes capitales y los más de mil cien municipios del país, el notable servicio que históricamente han realizado las comunidades agrarias en la disposición de alimentos para el consumo nacional. Mientras que las industrias paran y los precios del petróleo, el carbón y la energía se derrumban y las grandes empresas del mundo entran en recesión, los campesinos continúan. En las grandes ciudades solo hay una preocupación: que no falte la comida, el agua, todo lo demás se hace prescindible.

Pero reconocer la capacidad productora de alimentos del campesinado no se corresponde con el respeto a sus derechos humanos. Al contrario, ni las clases dirigentes ni la sociedad en su conjunto, a lo largo de nuestra historia, han escuchado las luchas y reivindicaciones de las comunidades rurales. El profesor Alejo Vargas nos recuerda que desde los años veinte del siglo pasado, las organizaciones campesinas han protestado por el incumplimiento de sus derechos. Igualmente, el campesinado será el gran protagonista y víctima de la violencia liberal-conservadora y también en el conflicto armado reciente, es el sector que ha aportado el mayor número de personas victimizadas y despojadas de sus tierras.

Políticas sociales, económicas y de tierras para el pequeño y mediano campesinado siempre han quedado en los sueños, en la demagogia o en el papel, pero no se ha llevado a cabo. Las comunidades agrarias y medianas empresas rurales, productoras de alimentos, siempre han sido excluidas y violentadas. Pese a todo esto las comunidades se han sostenido produciendo y sobreviviendo en condiciones muy difíciles. Sin vías sin servicios sociales de salud y educación de calidad, con sistemas de comercialización que encarecen exageradamente los productos y dejan a los intermediarios con las mayores utilidades.

Por eso, para las organizaciones campesinas y los conocedores del tema agrario en Colombia, no es ninguna sorpresa que, en medio de la actual pandemia, no existan propuestas claras para el campesinado. Es un grave error del actual y de los gobiernos anteriores. Porque si hay algo estratégico es la seguridad alimentaria de la población en medio de una enfermedad viral. Pero la decisión ha sido contraria, los créditos se han orientado al apoyo de los grandes productores.

El papa Francisco se dirigió, el Domingo de Resurrección, a los movimientos populares del mundo y dijo: “Sé que ustedes han sido excluidos de los beneficios de la globalización. No gozan de esos placeres superficiales que anestesian tantas conciencias. A pesar de ello, siempre tienen que sufrir sus perjuicios. Los males que aquejan a todos, a ustedes los golpean doblemente. Muchos de ustedes viven el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja. Los vendedores ambulantes, los recicladores, los pequeños agricultores, los constructores, los que realizan distintas tareas de cuidado. Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento y las cuarentenas se les hacen insoportables. Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.

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Elijamos dignidad, no indigencia, es el título de una propuesta que hace Oxfam internacional para aportar a la construcción de un plan de rescate económico justo a nivel global, frente a la crisis del coronavirus. Los efectos del virus se pueden manejar si la solidaridad se aplica, si las políticas públicas de los Estados priorizan la protección de su población; y si los países ricos proporcionan apoyos económicos estratégicos a las naciones en desarrollo y más empobrecidas del planeta.

La suspensión de diversas actividades laborales en medio de la propagación del Covid19 tiene un enorme impacto económico mundial. La Organización Internacional del Trabajo calcula que podrían perderse en el mundo ciento noventa y cinco millones de puestos de trabajo. Esto significaría que las familias en el mundo no podrían acceder a tres punto cuatro billones de dólares en ingresos. A esto se suma que globalmente son dos mil millones de personas que trabajan en el sector informal, lo que significa que, en países de renta media, como Colombia, los informales suman el sesenta y siete por ciento de las personas ocupadas. Esto representa más de ciento cuarenta millones de informales en América Latina. Personas que no podrán cumplir largas cuarentenas porque el día que no trabajen no comen, su salud será frágil, con riesgo de contraer enfermedades y débil capacidad de trabajo.

En este contexto, las próximas decisiones que tomen el Banco Mundial, el FMI y los países del G20, deben ser efectivas si quieren mitigar los impactos económicos negativos. Se deben tomar medidas que beneficien directamente a las personas más empobrecidas y no solo rescatar grandes empresas. Por su parte, la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo ha solicitado dos punto cinco billones de dólares para rescatar la economías de los países en desarrollo y pobres.

Según Oxfam, entre las medidas posibles están: Primero: conceder subvenciones en efectivo para reforzar prestaciones sociales a empleados de bajo ingreso, esto activa la economía y las empresas asegurarán la fuerza laboral. Segundo: rescatar empresas de manera responsable. Dar prioridad a las pequeñas y medianas y rescatar empresas grandes que tomen en serio los intereses laborales. Tercero: suspender la deuda externa durante un año y condonarla cuando sea necesario. Cuarto: emitir derechos especiales de giro para estimular la economía global. Quinto: que los Estados ricos incrementen la cuota de ayuda a los Estados pobres, partiendo de su compromiso de destinar el cero punto siete por ciento de su PIB, incluyendo la respuesta del plan humanitario global ante el Covid19. Y, finalmente, una sexta medida es aplicar impuestos solidarios de emergencia, gravando beneficios extraordinarios, la riqueza de personas más ricas, productos financieros especulativos y actividades de impacto negativo en el medio ambiente.

Sin la aplicación de estas medidas la crisis sumirá en la pobreza a quinientos millones de personas en el mundo, perdiéndose hasta tres décadas de lucha contra la pobreza. El Padre Cantalamessa, en la homilía del viernes santo en la Basílica de San Pedro, expresó: “La pandemia del Coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que siempre han corrido los individuos y la humanidad: el del delirio de omnipotencia. Destinemos los ilimitados recursos empleados para las armas para los fines cuya necesidad y urgencia vemos en estas situaciones: la salud, la higiene, la alimentación, la lucha contra la pobreza, el cuidado de lo creado. Dejemos a la generación que venga un mundo más pobre de cosas y de dinero, si es necesario, pero más rico en humanidad”.

 

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.