Como parte de la iniciativa “La huella de los líderes” de Defendamos la Paz, CINEP/PPP comparte esta reseña en homenaje a Jorge Enrique Oramas, ambientalista asesinado en Cali en mayo pasado. Decimos #NoMás al exterminio de la vida. Y alzamos nuestras voces contra el olvido y la falta de garantías y protección a nuestros líderes sociales.

Michel Forst, Relator de Naciones Unidas sobre la situación de defensores de DD.HH., sostuvo en febrero de este año que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos. De igual manera, el Programa no gubernamental de protección a defensores a Derechos humanos, Somos Defensores, reportó para el primer trimestre del año 2020 un aumento de 88% en las agresiones a las y los defensores y líderes sociales En relación con el mismo período del 2019, señalando en su más reciente boletín:

“No es una casualidad, por el contrario, genera alerta después de la alta cifra de amenazas que se registró el año anterior, lo que podría indicar que estas se están concretando a través del asesinato”.

De éstos, son 47 casos de asesinatos en el primer trimestre, superando por 22 casos en el mismo periodo del año anterior donde hubo 25 casos, incluso al 2018 con 41 casos. Así mismo, Somos Defensores señala que de éstos son 5 mujeres y 41 hombres. 

Sin embargo, las cifras solas no muestran la tragedia humana que hay detrás de cada caso. Por eso un grupo de columnistas, hemos querido recuperar los rostros y las vidas de algunos líderes asesinados, y contar la historia de ellos.

Jorge Enrique Oramas Vásquez tenía 70 años. Era un pedagogo, defensor de la vida, caminante de la palabra y sociólogo. Así sera recordado por vecinos, amigos y compañeros. Desde la práctica de la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria, Jorge Enrique gestó en su círculo mas cercano, en su finca ubicada en la vereda La Candelaria, corregimiento de Villacarmelo, treinta minutos de Cali, el proyecto que denominó “Biocanto, un canto a la vida y la naturaleza”. El proyecto se dedicaba al cuidado del agua y de la tierra, al cultivo y comercialización de semillas nativas como la quinua y el amaranto, al igual que otros productos totalmente libres de agro-tóxicos. Como dijo una amiga cercana a Jorge:

“Su discurso crítico frente al consumismo propio del actual modelo neoliberal, instaba a quienes compartían con él a cambiar de hábitos alimenticios y a conectarse a la naturaleza para poder rescatar la vida (humana y no-humana), ya de por sí sumida en una grave crisis civilizatoria”.

Su voz cargada de crítica, interpelaba a las élites y al paradigma del crecimiento y ampliación de la riqueza material que degrada la vida, y a la vez promovía la consciencia de alimentos sin agrotóxicos y el rescate de las semillas nativas.

Asumió la defensa de uno de los  lugares de vida cercano a Cali, el Parque Nacional Natural Farallones que, con inmensa biodiversidad y abundante agua, está en la mira de los planes del mal llamado modelo de desarrollo y progreso devastador, que pretende convertir los lugares de vida y recursos naturales en sitios de recreación y turismo. Jorge Enrique Oramas Vásquez se había opuesto a las prácticas de explotación y extractivismo minero legal e ilegal que se realizan allí. Fue asesinado en la noche del pasado sábado 16 de mayo en su finca, a donde llegaron desconocidos y de un tiro de fusil en el abdomen le acabaron la vida convirtiéndose, según Indepaz, en el líder número cien asesinado durante el 2020. Sin saberse nada sobre los perpetradores del crimen, el guardián de los farallones de Cali fue despedido con dolor. Sobre su féretro el sombrero que recuerda las luchas campesinas simbolizó el sueño de los líderes sociales que están siendo enterrados por centenares cada año desde la firma del Acuerdo de Paz: la tierra, el alimento, la vida, la paz.

Por: Cristian Llanos. Investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP

Hablamos con Leidy Laura Perneth del CINEP/PPP sobre los peligros que enfrentan las mujeres por el confinamiento, los aumentos de las violencias durante la cuarentena, y las estrategias de respuesta que deberían tomarse.

La curva de la violencia contra las mujeres en cuarentena tampoco aplana. Según Sisma Mujer, durante este período, aproximadamente cada 25 horas fue denunciado un feminicidio; y cada 10 minutos se realizó una denuncia de violencia intrafamiliar.* Además, según Medicina Legal durante el primer trimestre de 2020 hubo más de 11.000 casos de violencia contra la mujer en Colombia.

Leidy Laura Perneth, investigadora de la línea de Interculturalidad del CINEP/PPP,  presenta un panorama de la difícil situación que viven las mujeres en Colombia durante la pandemia que las ha confinado con sus agresores. Perneth resalta el aumento de llamadas a la línea nacional 155 creada para denunciar este tipo de agresiones que recibió 2.209 llamadas, versus 964 del mismo periodo de 2019, según Sisma Mujer. Las llamadas provienen, principalmente, de Bogotá, Antioquia, Valle Del Cauca y Cundinamarca.

¿Es diferente el confinamiento para los hombres y las mujeres?

Definitivamente el confinamiento no tiene las mismas implicaciones para hombres y para mujeres. La coyuntura que enfrentamos por la pandemia del COVID-19 nos ha expuesto a la agudización de violencias estructurales e históricas. Los movimientos feministas han insistido en reconocer a la familia como una institución donde se reproducen relaciones de poder y de violencias que resultan en que no todas sean espacios armoniosos.

Esto es particularmente importante en la coyuntura porque la idea de la quedarse en casa no es necesariamente lo más seguro para nosotras. La mayoría de las mujeres son asesinadas por su pareja o ex pareja en su casa y el asunto se complica durante el aislamiento social preventivo porque hay más dificultades de acceder a la justicia y hay restricción en las denuncias presenciales. Habría que revisar la premisa de "quédate en casa", qué implicaciones tiene para y preguntarse: ¿Es la casa un lugar seguro cuando se trata de las vidas de las mujeres?

¿Cuáles son las principales formas de violencia contra las mujeres que se pueden presentar durante el confinamiento?

Son muchas. Hay un continuo de violencias físicas y psicológicas que siguen enfrentando las mujeres que conviven con sus agresores, esto se agrava porque hay un desestímulo hacia la denuncia con un sector amplio de mujeres que no disponen de los minutos para llamar ni de los medios para hacer denuncias virtuales. Es bueno anotar la situación de las trabajadoras domésticas, unas confinadas en las casas donde ofrecen servicios sin posibilidad de salir y otras que están siendo despedidas sin garantías por considerarlas cuerpos infecciosos y en ocasiones son expuestas a violencias raciales. Las mujeres además, según Sisma, dedican el doble del tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en sus casas (semanalmente dedican en promedio 50,6 horas, mientras que los hombres dedican 23,9). Durante el confinamiento hay un montón de factores como la virtualización de la educación, el abastecimiento y el cuidado de la salud que pasan a responsabilidad de ellas.

Por otro lado, las lideresas siguen siendo amenazadas y ahora cuentan con dificultades para desplazarse y protegerse, siendo fácilmente localizables si están confinadas. Algunas han manifestado que sienten falta de empatía cuando presentan las denuncias porque la atención está concentrada en el virus. Además, la falta de autonomía económica es un escenario que favorece la violencia porque hay muchas que dependen del trabajo informal que no pueden desarrollar durante la cuarentena. Otro escenario de violencia que es muy importante es la sexual, que resulta en que algunas mujeres queden en embarazo y tengan dificultades para acceder a su derecho a la interrupción voluntaria que no es prioridad en el sistema de salud y puede llevar a procedimientos inseguros o a maternidades no deseadas.

Foto: Consejería para la Estabilización.

El personal del sector salud también está altamente feminizado y por lo menos el 73% del personal que son mujeres que están hoy en la primera línea y que son altamente discriminadas en el transporte, espacios públicos y en sus casas por el miedo al contagio. Otro tipo de violencia es sin duda la que se está ejerciendo en los cuerpos de las personas trans, favorecida por medidas como el pico y género. Este clasifica los cuerpos en un orden binario en el que se exponen al peligro a los cuerpos ambiguos como ya sucedió en países como Perú.

¿Qué opina del aumento en la cantidad de denuncias por violencias contra la mujer y qué estrategias de respuesta recomendaría?  

Efectivamente ha habido un aumento en las denuncias durante este período. Un informe de Sisma Mujer, revela que en la línea 155 (línea nacional de orientación a las mujeres) hubo un aumento del 129,15% de llamadas. Durante este mismo período en el 2019 se recibieron 964 denuncias, y este año se recibieron 2.209. La Fiscalía ha revelado que se han presentado 19 feminicidios y ha recibido 3.069 denuncias por violencia intrafamiliar, entonces estamos notando los efectos del aislamiento en la vida de las mujeres.

Frente a las estrategias de respuesta, son importantes las sugerencias que ya han hecho organismos internacionales como ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de las Mujeres que coinciden en la importancia de contar con datos desagregados por género, estrato, etnia y raza. Deben fortalecerse los programas que ya existen para atender a las mujeres y no reducirlos.

Adicionalmente, partir de las experiencias en los territorios, creo que es importante sugerir que la ruta de atención funcione efectivamente y que puedan emitirse medidas de protección que impliquen retirar al asesor de la vivienda y garantizar que estas medidas sean entregadas por actores institucionales. La ONU Mujeres ya ha alertado sobre la violencia contra las mujeres como una pandemia que está bajo la sombra. Es importante establecer redes comunitarias sororas que rodeen a la mujer y pensar en proyectos dirigidos para que las organizaciones de base se sigan consolidando sin obviar la responsabilidad absoluta del Estado.

¿Qué recomendaría que hiciera una mujer que se encuentra confinada en casa con su maltratador? 

Es un escenario complejo y es importante anotar que históricamente una de las estrategias de los agresores ha sido restringir, debilitar e incluso fracturar redes como las familiares, sociales y laborales, es decir, hacer sentir solas a las mujeres y eso puede agudizarse en el marco de esta crisis.

Una primera sugerencia es mantener esas redes por los medios de los que dispongamos para que ayuden a activar la ruta de denuncia y atención porque a veces la propia mujer no puede hacerlo. Debemos afirmar la consigna de que no están solas.

Otro punto es entender la escuela como un espacio que puede ayudar a activar esas rutas. Muchas docentes han sido claves en identificar casos de violencia sexual con sus estudiantes y violencias intrafamiliares. Sugiero también que las mujeres tengan las líneas que han dispuesto las organizaciones porque en ocasiones las líneas institucionales no atienden o están muy congestionadas.

Según su experiencia, ¿cuál es el panorama de esta situación en Cartagena? ¿Cómo se compara con el resto del país?

La situación de Cartagena es similar a la del resto del país, sin duda, hay un aumento en las llamadas a la línea 155 en Bolívar según Sisma Mujer. En el 2019 durante este mismo período hubo 15 llamadas y para este año aumentaron a 70. En Cartagena hay muchísimas dificultades, por ejemplo, las líneas de las comisarías permanentes no funcionan y al inicio hubo mucha desinformación sobre si la atención se prestaría presencial o no.

A eso se suma la dificultad de que aún hoy, a más de diez años de la Ley 1257, muchos funcionarios no tienen formación en el tema y ejercen violencias institucionales desde el cargo que ocupan. Esto es particularmente grave porque se re-victimiza, se desestimula la denuncia y hay un ejercicio patriarcal.

Además, en Cartagena viene operando un hogar de acogida para mujeres víctimas bajo la coordinación de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y desde enero no concreta la contratación y ha resultado muy difícil para mujeres en riesgo en sus casas que necesitan salir, ser recibidas en este hogar. Hay una reacción tardía de la policía que además, tiene movilidad completa por la ciudad a diario y que es una institución patriarcal. A esto se suma que en Cartagena, que es una ciudad empobrecida en medio de la riqueza, se requieren con urgencia políticas de redistribución porque hay una brecha salarial por lo menos del 35% entre hombres y mujeres.

Foto: ONU mujeres.

¿Cómo pueden ayudar las organizaciones sociales o de mujeres durante esta cuarentena a quienes estén siendo violentadas?

Las organizaciones sociales deben mantener la comunicación con los procesos que se llevan en los territorios y deben indagar con las mujeres cómo la están pasando en la cuarentena. Muchas de estas mujeres han creado un vínculo cercano con las organizaciones y encuentran en ellas una posibilidad de alertar frente a situaciones de violencia.

También, en la medida de lo posible y si los recursos de las organizaciones lo permiten, deberían disponerse asistencias humanitarias sobre todo para las mujeres que dependen del día a día. De hecho desde el Cinep, en el proyecto específico de educación intercultural, gestionamos con Gobierno Vasco para poder destinar parte de los recursos del proyecto para apoyar a comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Sur de La Guajira y Cartagena porque trabajamos con sectores históricamente excluidos.

A nivel nacional, las organizaciones de mujeres nos hemos seguido coordinando para acompañar en organización jurídica, psicológica, en activar rutas para la atención cuando se presentan casos de violencia y proporcionando información importante. Producimos información cualitativa y cuantitativa sobre las situaciones a las que se están enfrentando las mujeres para presionar la toma de decisiones. Y tenemos que seguir insistiendo en demandas más profundas: en que tenemos que tumbar el sistema patriarcal que está vigente, en la redistribución del cuidado, en la renta básica para mujeres y leer las desigualdades que se han construido a partir de la generalización de los cuerpos.


*Datos con corte del 25 de marzo al 23 de abril de 2020.

 
Por: Paola Llinás Aragón.

El 1 de mayo es una conmemoración lograda con esfuerzo y dolor en muchas partes del mundo, explica Mauricio Archila. Entrevistamos al investigador del Cinep y profesor de la Universidad Nacional, a propósito de esta fecha que recuerda el valor del derecho al trabajo, especialmente aporreado en Colombia y el mundo en estos tiempos de pandemia.

 

¿Qué son los movimientos sociales? ¿Desde cuándo existe un movimiento de trabajadores en Colombia?

Los movimientos sociales los definimos como acciones colectivas de más de diez personas que enfrentan desigualdades, injusticias, desequilibrios en la sociedad y que tienden a permanecer en el tiempo. En eso se diferencian de las protestas que son una forma de hacer visible a los movimientos, pero que son más puntuales. En términos sociológicos e históricos se puede hablar de movimientos sociales con el desarrollo de instituciones modernas como el Estado y la democracia, es decir, desde la Revolución Francesa. 

En Colombia podríamos hablar de la aparición de movimientos sociales a finales del siglo XIX y comienzos del XX, aunque los hubo antes con las resistencias indígenas, los palenques negros, la revuelta de los comuneros, las guerras de independencia y muchas otras guerras civiles, entre ellas la de 1854 liderada por artesanos. Pero es con el movimiento obrero o de los trabajadores asalariados cuando se puede decir que arrancan propiamente estas expresiones organizativas de sectores de la sociedad civil. La aparición de ese movimiento va a ser notoria a partir de los años diez.

¿Cómo caracterizaría al movimiento de trabajadores en Colombia a lo largo de la historia?

El movimiento obrero le ha legado mucho a los otros movimientos sociales, aunque también hay que tener en cuenta otros movimientos que se hicieron visibles desde antes como el estudiantil, el campesino, el indígena, y otros más recientes como el feminista, el LGBTI y el ambientalista, entre otros. Con el movimiento obrero comparten muchas de sus tradiciones e incluso de sus repertorios de protesta como la huelga y la movilización, por ejemplo, la de los primeros de mayo que se logran conquistar con mucho esfuerzo y dolor en varias partes del mundo. Y en Colombia se celebran desde 1914.

El movimiento obrero pasó de una situación de ilegalidad y desconocimiento de parte del Estado oligárquico en Colombia que no entendía el fenómeno de los sindicatos y de las huelgas y lo consideraba pecado y subversivo.

Esa resistencia prolongada terminó, por ejemplo, en la Masacre de las Bananeras. Para ese entonces la respuesta fue conservadora hasta que en los años 30 y 40 los liberales tendrían una actitud que podría considerarse más moderna y apoyaron la creación de centrales sindicales, y la legalización de los sindicatos y las huelgas.

Gracias a ello los obreros van a tener una existencia menos azarosa porque antes la única manera en que el Estado les respondía era prácticamente con garrote o peor, con fusiles. Después existiría la legislación laboral que no establecía el paraíso para los obreros, pero fijaba mejores condiciones de existencia. 

Eso está acompañado de procesos de urbanización, de industrialización, de la creación de una economía interna con unas tibias reformas agrarias que, con la prédica de lo que se llama el Consenso de Washington o las políticas neoliberales se ha transformado.

La apertura neoliberal incluye debilidad del empleo formal, flexibilización del mundo del trabajo, largas jornadas, e incluso el no reconocimiento de horas extras y muy poco estímulo al sindicalismo.

En fin, desde los años 80 se trata del debilitamiento del mundo laboral que se había construido en el siglo XX. A ello se suma, en el caso colombiano, una violencia particular contra líderes sociales y sindicales, muchos de ellos asimilados a expresiones políticas de la oposición, pero también muchos otros que simplemente eran sindicalistas y buscaban solo obtener algunas demandas y reclamos. Por eso también hablamos de la violencia contra el sindicalismo que desafortunadamente no ha desaparecido y hace que el panorama sea bien complicado para el mundo del trabajo en el caso colombiano.

¿Qué pasó con el sindicalismo en el país en los últimos gobiernos?

Los últimos gobiernos se han caracterizado por un debilitamiento de lo que se llama el modelo fordista, un modelo con una cierta tolerancia hacia el sindicalismo y aceptación de su existencia controlada, acompañado de sindicatos fuertes en grandes industrias, con salarios y empleo estable. Luego vamos a tener la Constitución del 91, muy bonita en muchos aspectos, pero también en otros poco dispuesta a tener un Estado interventor, alentando privatizaciones y una serie de dinámicas que también se articulan con el neoliberalismo. Además llegaron la Ley 50 del 90 que dio posibilidad a muchas de estas aperturas y flexibilización del trabajo y la Ley 100 sobre salud que se ha debatido tanto con esta pandemia, más una serie de políticas que debilitan los logros laborales que fueron comunes en gran parte del siglo XX en el mundo y en Colombia.

Foto: CINEP/PPP.

Se debilitaron los sindicatos y el empleo formal, se tercerizó el mundo trabajo, todo ello fue acompañado de procesos de desindustrialización y de pérdida de dinámica agraria, tras un modelo muy orientado hacia el mercado externo y no a fortalecer un mercado interno fuerte. Todo ha ido acompañado por la violencia que se manifiesta desde los años 80 y que tuvo en los años 90 del siglo pasado momentos máximos en su expresión de masacres y asesinatos de líderes sindicales, entre otros.

Desde el inicio de este siglo hablamos de un cambio en el repertorio de violencia contra los y las sindicalistas en el que ya la masacre y el asesinato no son los mayores hechos de violencia, sino que son "reemplazados" por amenazas, desplazamientos, y otras formas de violencia estrictamente laborales. Se pasa de expresiones más letales a unas menos, pero igualmente impactantes para el mundo del trabajo y eso ocurre desde el doble mandato de Álvaro Uribe Vélez.

Con Juan Manuel Santos que, en materia económica no afectó el modelo, alcanzan a bajar un poco los indicadores de violencia política, pero actualmente han vuelto a revivir y no han parado en esta cuarentena. En los recientes gobiernos hay algunas inflexiones, algunas modificaciones, pero mantienen mucho la dinámica aperturista en términos laborales y de modelo de desarrollo neoliberal que vemos desde los años 90.

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

Con 5.949 casos del nuevo coronavirus confirmados en Colombia, y tras 40 días de cuarentena nacional*, conversamos con el médico y periodista Víctor De Currea Lugo. Que trabajamos con una “foto del pasado” y que la primera línea de atención al Covid está desprotegida, son temas que preocupan al investigador, además de la crisis social que está evidenciando la desigualdad histórica y unas políticas de gobierno al servicio del mercado. Se aproxima un estallido social, según De Currea.

¿Cuál es el balance actual de la pandemia en Colombia desde el punto de vista sanitario?

Hay un problema grave y es que cualquier balance necesita de datos y que esos datos más o menos se acerquen a la realidad. En el caso de una pandemia los datos que uno consolida son como una foto del pasado, de hace dos días o tres días, uno nunca tiene datos al día real. En el caso colombiano el problema, para decirlo de una manera metafórica, es que no tenemos fotos de ayer o de antier si no de hace 15 días. 

Lo que tenemos son fotos de hace 15 días porque ese es el tiempo que está demorando un examen de una persona sospechosa de tener el virus hasta que se confirma o se descarta por medio de un examen. Entonces las demoras en el procesamiento de la muestra, pero además de eso el poco número de muestras, nos impiden tener información reciente y precisa.

Voy a dar un ejemplo: Corea del Sur llegó a hacer 20 mil muestras en un día, Colombia hizo 30 mil en el primer mes. Es decir, nosotros no tenemos datos para saber lo que realmente está pasando. 

Además, hay una nefasta política que pareciera -he dicho pareciera; no estoy afirmando nada- que busca presentar un supuesto aplanamiento de la curva cuando la foto no hace pensar que así sea. Entonces lo que uno ve es que desde el punto de vista sanitario hay información fragmentada pero no hay información total que nos permita saber exactamente dónde estamos. 

Ahora, la mortalidad si ya superó el 4.7 por ciento, es una mortalidad importante. Ahora, hay cosas perversas como los casos de Covid en las cárceles y que han autorizado traslado de presos de una cárcel a otra con lo cual se está creando nuevos focos de infección. Vemos 39 personas del personal sanitario en Pereira contagiadas; en Bogotá en la Clínica La Paz hay 40 funcionarios del sector salud contagiados, al igual que grupos importantes en Armenia, Barranquilla y otras zonas. Se demuestra una gran vulnerabilidad del trabajador el sector salud y la falta de equipos de protección. 

Entonces, podemos decir: 

  1. Que no tenemos datos consolidados
  2. Que tenemos una foto del pasado.
  3. Que no hay una política de protección ni siquiera a la primera línea de contacto con el Covid que es el personal de salud.

¿Y cómo ve la crisis social?

A nivel social lo que se mide no es que el virus haya creado unas nuevas condiciones socioeconómicas. Es que el virus ha evidenciado el hacinamiento y las desigualdades que ya teníamos.

Entonces, Colombia es un país donde hay una supuesta clase media pero resultó que la clase media tiene plata para vivir un mes. Lo he visto es que el hambre llegó mucho antes que el virus. Recorriendo Bogotá he encontrado bloqueos, protestas, cacerolazos y manifestaciones en San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Santa Fe, en el centro de la ciudad, entonces hay una gran precariedad.

Foto: Comuna 13, Medellín. Cortesía Esteban Agudelo- La 4-13.

Un tercer elemento es que el Estado y las empresas apuestan por el mercado. El Gobierno produjo más de 70 decretos ley que le apuestan a aumentar las ganancias de los bancos; se trata de una política que, por ejemplo, apunta a abrir la construcción como si  la gente comiera ladrillos, que apunta a darles la plata a las intermediarias de salud llamadas EPS y no directamente a los hospitales, que permite medidas de flexibilización laboral, como que Fenalco insiste en medidas de recorte de salarios, de recorte de garantías laborales y cosas similares. Tenemos un empresariado que además ha aumentado los precios en las grandes superficies; entonces lo que uno ve es que están todos los elementos para que haya un estallido social.  

¿Y tiene alguna proyección?

No es posible pensar de ninguna manera que los seres humanos del todo el planeta funcionan de una manera y los colombianos de otra. Eso de decir es que aquí no nos va a dar o aquel indicador no es, me parece una soberana tontería que hace parte de la cultura política colombiana de creernos la excepción. 

Lo que vemos a nivel mundial es lo siguiente: en este momento tenemos un promedio de 2.982.688 personas infectadas de las cuales han muerto 210 mil. El Instituto Nacional de Salud proyectó que en el caso colombiano podría haber 3 millones 900 mil personas afectadas; si hacemos caso a la tasa de mortalidad mundial la proyección en Colombia es brutal, o sea que lo que van a haber aquí es muchísimos muertos. Acá no se está aplanando la curva, es más, voy a decir algo más temerario, esto no ha empezado en Colombia, y lo que uno ve es que ya hay una gran crisis social, la fragilidad es terrible. 

Los neoliberales, han actuado al contrario de otros países que han corrido a mirar a Keynes. Dicho de otra manera, los que creían que el mercado lo podía todo, ahora están invocando el Estado, pero en Colombia todavía hay gente que sigue creyendo que el mercado nos salvará; o sea ni siquiera ante las evidencias se retrocede en la política social.

¿Alguna recomendación?

El sector salud debe insistir en su derecho a la salud, su derecho a la vida y a la salud. Es decir, una serie de médicos que trabaje sin equipos de protección es personal de salud que puede morir. Y un internista muerto no sirve para nada. Entonces la lucha por los elementos de protección personal es urgente en Colombia. Dos, el gobierno le sigue apostando a un modelo de salud con intermediación financiera, entonces hay formas de contratación, hay demoras en los pagos salariales y hay condiciones laborales absolutamente indignas. Y tercero hay un afán de las empresas por liberar la cuarentena para garantizar el reinicio de actividades en el sector de manufactura, no es el del sector de la alimentación, no en un incentivo para el campo. Lo que están pensado es con la billetera y eso lo vamos a terminar por medir en vidas humanas. ¿Y a uno qué le queda? Hacer un llamado a que la gente de manera consciente asuma una actitud frente a lo que se está dando, pero pues no deja de ser una cosa anecdótica, por decirlo de una manera. 

 

*Cifras al 28 de abril de 2020.

Por: Katalina Vásquez Guzmán.

 

Santiago Garcés, investigador de la línea de movimientos sociales, tierra y territorio del CINEP/PPP, analizó el estado actual de los derechos laborales y las condiciones del acceso al trabajo en el país con la pandemia del COVID-19. A continuación, presentamos una entrevista en la que da luces de cómo deberían configurarse las propuestas económicas estatales para garantizar el sostenimiento de las poblaciones más vulnerables.

 

¿Cómo se está viendo afectado el derecho al trabajo en esta pandemia en el mundo? 

Primero es necesario decir que la situación precedente no era buena: un altísimo nivel de deuda pública y corporativa, un crecimiento económico débil desde la Gran Recesión de 2008, altísimos niveles de desigualdad social que implican poca demanda e impiden un jalonamiento de la economía, un parasitismo del sector financiero que asfixia la economía real, y la caída general de la tasa de ganancia en la gran mayoría de economías de los países desarrollados. La crisis económica y del trabajo ya era inminente por razones endógenas, más aún en las economías emergentes, donde muchos de los países ya estaban en recesión, o casi, como Argentina, México y Brasil.

La mayoría del trabajo que se ha creado en la recuperación desde la última gran recesión son trabajos de baja productividad con poca estabilidad laboral y con un tipo de ingreso que no garantiza la movilidad social. La subcontratación, en un sentido amplio, se ha erigido como una estrategia de acumulación del capital que ha derivado en una mayor flexibilización laboral y que se evidencia en el aumento generalizado de los contratos por prestación de servicios e incluso en la manera como se ocultan las relaciones laborales en la economía de las plataformas.

La situación no era buena y, de repente, llega el coronavirus que implica lo que la economía mainstream llamaría un “shock de oferta”: la gente no puede producir y tampoco puede comprar. Estamos hablando de que cerca de una cuarta parte de la población mundial está viviendo algún tipo de confinamiento y las estimaciones de diversos organismos multilaterales y de investigadores dicen que este va a ser el peor año de la economía global desde finales de la Segunda Guerra Mundial y probablemente tengamos un crecimiento negativo del PIB a nivel global.

La OIT ha hablado en sus estimaciones preliminares de un aumento entre 5,3 millones de desempleados o hasta 24,7 millones de desempleados y, por ejemplo, la cifra de desempleados en los años 2008 y 2009 aumentó 22 millones, por lo que estamos ante una situación bastante grave. Aún así, la pandemia no es algo que nos ataca “desde afuera”.

La manera en que nos afecta el virus es un producto histórico de la forma en que la humanidad se relaciona con la naturaleza.

Foto: Oxfam Internacional.

Diversas investigaciones han abordado cómo los grandes sistemas de producción de alimentos, presionados por el imperativo de la acumulación y la rentabilidad a toda costa, se han vuelto un caldo de cultivo para la evolución de patógenos que pueden afectar la vida humana. De igual manera, es la lógica depredadora del capital y la “escasez relativa” que esta produce la que ha empujado a millones de personas a mover la frontera agrícola, reduciendo la distancia entre virus que podrían estar en animales silvestres, y los humanos.

¿Y en Colombia en particular cómo se está vulnerando? 

La situación económica y laboral colombiana a la luz del contexto internacional y de su propia historia, ya de por sí era bastante difícil antes de la pandemia. Tenemos una informalidad laboral del 47%. El 80% de la gente que trabaja en el sector formal lo hace para pequeñas y medianas empresas que difícilmente pueden resistir el shock de la caída de la oferta y de la demanda.

También hay un contexto internacional en el frente externo bastante adverso que tiene que ver con la caída de los precios del petróleo y que implica una disminución de los ingresos del Estado. Ha habido también una fuga de capitales masiva del tercer mundo a refugios que los inversionistas consideran seguros como los bonos del tesoro estadounidense o la compra de oro y eso genera una volatilidad del tipo de cambio y una devaluación del peso.

El debate es cómo proteger a los sectores populares y a la inmensa mayoría de la sociedad en la crisis.

Y yo creo que aquí el gobierno se ha equivocado. Por ejemplo, el Decreto 488 permite a los trabajadores retirar parcialmente las cesantías, pero el asunto es que esto desnaturaliza el sentido de las cesantías que deberían invertirse en bienes durables como la educación o la vivienda. Para la economía popular y el resto que están por fuera del mercado formal de trabajo, ha habido un ingreso solidario que es absolutamente minúsculo y está excesivamente focalizado y no alcanza a cubrir ni de cerca a la población vulnerable por una crisis de esta magnitud.

Foto: Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).

Por otra parte, las medidas del gobierno han tendido a dotar de liquidez al sector financiero o intentar generar alivios que impliquen una disminución de costos para las empresas. Por ejemplo, la medida que plantea que el pago al sistema general de pensiones ya no se haga sobre el 12%, sino sobre el 3% del ingreso de los trabajadores para así disminuir los costos que implican tener contratadas a las personas. Y ha habido otras medidas como la creación de líneas de crédito para mantener a las nóminas contratadas, pero esto tiene varios problemas. Aparentemente es atractivo porque el Estado ha planteado servir de codeudor de hasta del 90% del crédito, pero por supuesto que esto genera que los intereses sean todavía más altos y además que es muy difícil que las pequeñas y medianas empresa accedan a estos créditos.

¿Cómo puede un trabajador hoy obtener garantías y protección si ocurren abusos? 

La pregunta es importante porque por supuesto que habrá situaciones donde una acción ágil de parte de los trabajadores pueda prevenir la terminación de un contrato o el abuso por parte del patrón. Pero yo sí quiero ser claro en que la crisis es muy grave y no hay manera en que esto no afecte la economía y al empleo. 

Lo principal debe ser presionar por una política fiscal activa y expansiva, por un gobierno que se ponga al servicio de la sociedad colombiana y no del sector financiero.

Ahora bien, hay cosas que pueden ocurrir entre patrones y trabajadores: se puede llegar a acuerdos. Los patrones pueden impulsar el trabajo en casa, una jornada laboral flexible, incluso, en casos extremos, unas vacaciones anuales anticipadas. También si por cuarentena tiene que acabarse la actividad, pues se pueden otorgar permisos remunerados o el salario sin la prestación de un servicio. Todo esto debe prevalecer frente a las peores opciones que son la disminución del salario, las licencias no remuneradas, la suspensión del contrato de trabajo o la terminación de la relación laboral.

El Ministerio del Trabajo ha dicho que va a estar atento a que este tipo de cosas no se presenten, pero soy escéptico. Los trabajadores informales y los contratistas, como los del Estado, pueden recurrir incluso a tutelas si sienten que se les está violando un derecho fundamental. Si los administradores de organismos estatales utilizan esta oportunidad para precarizar las condiciones de contratistas estarían cometiendo una sanción que puede ser denunciada y en la que podría intervenir la Procuraduría. No va a ser suficiente la acción individual de trabajadores y trabajadoras intentando hacer valer sus derechos, aunque eso hay que agotarlo y es fundamental.

¿Cuáles son las poblaciones o lugares más vulnerables?

En lo que refiere al trabajo, el sector más vulnerable es sin duda los y las trabajadoras de la economía popular, lo que se conoce como sector informal, porque por la cuarentena y el hecho de vivir al día, difícilmente pueden aguantar esta situación sin una acción pública coordinada del Estado. También las y los trabajadores de la salud que llevan décadas sufriendo la precarización de sus condiciones laborales y ahora la situación empeora porque, aunque seguramente se están haciendo esfuerzos coyunturales para fortalecer el sistema de salud de cara a la atención de la pandemia, lo cierto es que la deuda histórica es demasiado grande y tampoco hemos visto de parte del gobierno los esfuerzos fiscales que se han visto en otros países.

También las mujeres por múltiples razones. Es importante no dejar de notar que para las mujeres la cuarentena implica una intensificación del trabajo del cuidado y del trabajo doméstico, que nunca es remunerado en Colombia y ahora menos. Entonces hay una profundización de una situación de doble explotación. 

Foto: Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otra cosa que hay que tener en cuenta es la población rural dispersa que cuenta con un sistema de salud más precario, y un sector importantísimo que es el de las y los trabajadores que no paran por considerarse servicios públicos esenciales como la producción, provisión y distribución de alimentos.

En los medios de comunicación se ha fomentado mucho el discurso de volver héroes a los trabajadores que están en la "línea de batalla" y el heroísmo fomenta un ideal de que está bien el sacrificio por los demás, pero si esto no viene acompañado de una mejoría a las condiciones laborales, lo que hace es estilizar la muerte y la absoluta precariedad.

¿Qué recomendaciones tiene respecto a la garantía del derecho al trabajo para los empresarios, empleadores y el gobierno? 

Yo quiero insistir en que las medidas que ha tomado el gobierno son algunas francamente equivocadas como el Decreto 488, y otras absolutamente insuficientes. El enfoque de dotar de liquidez al sector financiero es absolutamente insuficiente, e incluso el esfuerzo fiscal del gobierno es paupérrimo comparado con otros países. En Colombia estamos hablando de que algo más de dos puntos del PIB se van a gastar para enfrentar esta crisis cuando en España es el 20% del PIB, en Perú el 12%, en Estados Unidos es cercano al 10%. Ha sido una respuesta excesivamente cauta.

En ese sentido la propuesta sería una política fiscal expansiva que tienda a proteger el empleo y los ingresos de las y los colombianos. El Estado debería entrar a subvencionar el pago de nómina de pequeñas y medianas empresas, debería plantear una renta básica de cuarentena, un ingreso mínimo que permita proteger la vida de las personas y llevar a cabo las medidas de distanciamiento social. También se necesita instaurar algún tipo de control de capitales que permita estabilizar la tasa de cambio, porque de lo contrario va aumentar el peso de la deuda soberana, ocurren presiones inflacionarias y también ve reducido el gobierno sus ingresos. 

Foto: Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por supuesto que sectores conservadores dirán que no hay plata para financiar esto, pero lo cierto es que sí hay alternativas si se decide que hay voluntad política y se quiere poner las instituciones a servicio de quienes lo necesitan y no de quienes ya tienen fortuna: crédito del Banco de la República, eliminación de exenciones de la pasada reforma tributaria, moratoria en el pago de la deuda externa, impuestos extraordinario a los ultra ricos, etc. Yo invito a las y los lectores a que consulten las propuestas que han elaborado el Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo o el Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional y muchos otros que están proponiendo alternativas frente a una gestión ortodoxa de la crisis.

¿Cree que la situación de confinamiento puede llevar a manifestaciones o protestas por los derechos laborales?

Hemos visto el surgimiento de protestas espontáneas de gente que no está exigiendo trabajo, sino condiciones de vida. Por supuesto que creo que hay que luchar por el trabajo digno y sin duda estoy convencido de que en la crisis económica que se viene va a haber fuertes luchas laborales, pero lo que está pasando es algo más profundo, son pobladores urbanos que luchan por condiciones básicas de existencia, y que implícitamente se sintonizan con el horizonte político que han trazado propuestas radicales como la renta básica universal, que podría ser una de las respuestas a la insistencia del capital de eludir las relaciones laborales contractuales y el conjunto de protecciones sociales y derechos que estas implican.

Sin embargo, el trabajo ha sido siempre un espacio social donde se han construido identidades para la acción colectiva y eso puede pasar en la actual coyuntura.

En la medida en que se revalorizan una serie trabajos (de la salud, de cuidado, de transporte de productos a domicilio, de producción y provisión de alimentos, etc.) puede que este nuevo reconocimiento simbólico le dé a estos sectores nuevos bríos para constituirse como sujetos autónomos que luchen por mejores condiciones y relaciones laborales.

Por ejemplo, el sistema de salud colombiano desde la Ley 100 ha precarizado las condiciones laborales en el sector salud. Espero que después de la pandemia sea muy difícil para los gobiernos neoliberales insistir en dicho modelo privatizador sin una amplia resistencia social.

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.