Es común ver en las protestas sociales la acción del Esmad pero a diferencia de lo que se cree sólo el 3% de los eventos registrados entre 1975 y 2016 por la Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep/PPP presenta disturbios en su realización[1]. Sin embargo, el cambio de actitud de la fuerza policial en las protestas sociales cambiaría la forma en cómo nacionalmente se comprenden y esto lo entendieron los investigadores del Cinep/PPP.

En la búsqueda de un aporte para la construcción de la paz, tras la firma del Acuerdo Final, la Policía Nacional por medio de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep), creó un modelo de construcción de paz con el fin de generar un servicio de policía diferenciado, focalizado y articulado que fomente la paz territorial y la solución comunitaria de conflictos para generar una paz estable duradera, así lo relata la coronel Alba Patricia Lancheros Silva, jefe de la Unidad.

Para la creación de este servicio, la Policía Nacional decidió contactarse con diferentes organizaciones y crear estrategias de trabajo en conjunto. Así fue como se hizo un convenio con Alianza para la Paz, Interpeace y Cinep/PPP para la creación del proyecto “Transformación de Conflictos Sociales y Paz Territorial” que tenía como objetivo capacitar a los policías para prevenir y manejar la violencia derivada de los conflictos sociales en los territorios. 

Su desarrollo se hizo desde diferentes aristas. Primero, se construyó un perfil de policía con énfasis en diálogo y trabajo comunitario, después se hizo una convocatoria interna en la Unipep a la que se presentaron 80 policías a quienes se les aplicaron pruebas psicotécnicas y de personalidad, se revisó su hoja de vida y finalmente se seleccionaron 31 policías. Según Víctor Barrera, coordinador de la línea de Conflicto y Estado del Cinep/PPP, “hubo un filtro que tenía que ver que no existieran antecedentes de choque con las comunidades, o estar en unidades de la policía que se caracterizan por reaccionar con la fuerza más que otras. Entonces obviamente aquí esperamos que fueran más personas de vigilancia, patrulleros, que permitieran trabajar sobre la base de la experiencia previa”.

Segundo, se realizó un diagnóstico acerca de conflicto social a nivel nacional tomando como énfasis la protesta social. Para ello, comenta Barrera, “la información del Cinep fue como la columna vertebral de todo el proyecto, nos permitió mirar los datos, analizarlos y trabajarlos para identificar qué municipios tomar y nos permitió construir la línea base de los diagnósticos municipales que fue la información previa que se llevaron los equipos de Mediación y de Diálogo para trabajar en los territorios”. Esta información contenía las dinámicas de protesta social en el territorio, el tipo y estructura de las organizaciones y los reclamos, lo cual, les permitió “diseñar una estrategia un poco anticipada para poder aproximarse a los líderes y construir confianza con las comunidades con las que trabajaron”, añadió Barrera.

Tercero se construyó una definición de protesta social en conjunto donde se analizaba las percepciones que tenían los involucrados. “Un policía cuando va y atiende, él lo identifica como una aglomeración de personas en espacio público”, comentó Barrera, por ello se trabajó en una definición de protesta más amplia y que involucra lo que esta representaba. La protesta social, para el proyecto, quedó definida como “una acción colectiva que tiene dos características: que es contenciosa y no convencional. Lo contencioso quiere decir que es un desafío público al poder, a cualquier instancia de poder, sea el Estado o sea un ente privado, en una asimetría de fuerzas. Lo no convencional, es entenderla como una acción colectiva que no sigue unas pautas establecidas, un reglamento o alguna regulación”, indicó el investigador.   

Con esta información se escogieron cinco municipios (Puerto Asís, Putumayo; Buenaventura en el Valle; Chaparral en Tolima; Apartadó en Antioquia y Montelíbano en Córdoba) donde se pudieron observar las distintas tendencias de protestas. Se trataba de “municipios muy fríos en protesta social, municipios muy calientes, municipios donde hubo mucha protesta social en los ochentas y luego disminuyó”, aclara Barrera. También pudieron identificar el rol de los policías y los resultados, como se muestra en el siguiente mapa.

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Rompiendo prejuicios

Para la capacitación, “entendimos un poco cuál es el procedimiento y qué dificultades se enfrentan en el servicio de policía”, comenta Barrera, “el policía es por definición práctico, no es teórico, siempre está en un límite entre la extralimitación y la omisión; por eso, ellos tienen un arreglo informal y es: ‘el mejor procedimiento de Policía, es el que no se hace’”. Según el investigador esto quiere decir que un policía nunca quiera aplicar un procedimiento porque sabe que esto tiene unas consecuencias y asume unos riesgos y “así sea el mejor procedimiento ajustado a la norma, siempre va a haber alguien insatisfecho”, dice.

Al entender estas percepciones, los investigadores empezaron a trabajar dos componentes: uno teórico y el otro de formación emocional. En el primero, “se buscó fortalecer principalmente la capacidad de entender mejor los conflictos y su dinámica en la sociedad, a partir de un análisis contextual, participativo e histórico”, comenta la coronel Patricia de la Unipep. Y en el segundo, se les brindaron herramientas de manejo de emociones, comunicación asertiva, formas de acercamiento a las comunidades y el uso del lenguaje.

En territorio uno de los aprendizajes que mayor se vio representado fue el control de emociones, así lo recuerda Víctor Barrera: “las primeras sesiones siempre eran una hora o una hora y media de comunidades señalando a los policías de todos los antecedentes de abuso que habían tenido y los policías manejando emociones, interactuando con las comunidades y tratándoles de decir que ellos estaban precisamente para hacer un trabajo distinto al que habían hecho otros policías”. Para la coronel Patricia este ejercicio permitió tender puentes entre la institucionalidad y las comunidades, resaltando el rol mediador de la Policía y aclarando que “la mayoría de inconformidades sociales no estaban relacionados con Policía Nacional, sino con otras instituciones del Estado y entidades privadas”. 

Una de las cosas que reconoce Víctor Barrera es que la formación se dio en muchas vías, una de ellas fue el cambio que sufrieron los investigadores del Cinep/PPP acerca del quehacer policial, “la realidad es mucho más compleja que un policía que van con un bolillo a pegarle a la gente, digamos, esa es como la imagen que se tiene y realmente eran policías que tenían mucha dificultad para operar, dificultades en el servicio, que enfrentan grandes dificultades emocionales para tramitar todo eso que tiene”.  

Estas jornadas de capacitación también permitieron vislumbrar reglas informales que se daban en el tinto, en la conversación o en el almuerzo y que no irradiaban a toda la institución porque los policías podrían tener un problema con su superior o un proceso disciplinario. Un ejemplo que llamó mucho la atención del equipo de investigación del Cinep/PPP fue el trabajo que iniciaron los policías con la Universidad Surcolombiana, en Neiva, que se caracteriza por una enemistad histórica entre estudiantes y policías. Los estudiantes al verse afectados por la infiltración de ‘capuchos’ en la protesta, ya que deslegitiman su reivindicación, comenzaron a hablar con los policías. Por debajo de cuerda, les indicaban cuando conocían que se iban a meter a la marcha para que los policías los capturaran. Otro ejemplo eran los espacios de diálogo que se abrían entre las comunidades indígenas y el Esmad cuando el conflicto había escalonado en violencia entonces “eran los dos cansados de haberse agarrado todo el día, un líder indígena y alto rango del Esmad se sentaban a conversar y decían está muy berraco, yo estoy mamado, usted esta mamado paremos dos horas y volvemos en un rato”, cuenta Barrera.

La protesta en escena

Dentro del proyecto se incluyó, además, un componente dedicado a los medios de comunicación debido a la identificación como tercer actor, que no participaba en la protesta, pero tiene un efecto importante en su interpretación y en las decisiones políticas que se realizan al respecto. Por ello, el trabajo se centró en “generar un espacio académico de formación y debate sobre la forma de narrar el conflicto y de la protesta social en el país, en específico, en los municipios priorizados”, aclara la coronel Patricia.  

Estos encuentros sirvieron para entender, con ejemplos concretos, cómo los periodistas cubrían la noticia. Como el caso del corresponsal de RCN en Putumayo, así lo narra Víctor Barrera, “él es un contratista, con una precariedad laboral brutal que tiene que ir por la chiva, por la novedad, que bajo la línea editorial del medio para que se lo publiquen. Y por ser de RCN, por tener solamente un chaleco, se le cerraban un montón de puertas. Entonces en eventos de protesta social, nadie le daba entrevistas, él no es que no quisiera entrevistar a los cocaleros, eran los cocaleros diciendo usted es RCN, ustedes nos estigmatizan entonces no le vamos a dar entrevistas”.

En estos espacios también fue posible que Consejo de Redacción y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) mostrarán sus resultados y análisis sobre las infracciones cometidas por los policías a los periodistas y a pesar de la resistencia inicial se logró entablar un diálogo para mirar cómo los periodistas podrían hacer un cubrimiento más habilitante al derecho de la protesta y, a la vez, cómo la Policía les podía generar mayores garantías en situaciones de protesta social.

Aprendiendo juntos

El desarrollo de este proyecto les dejó muchos aprendizajes tanto a la Policía como al equipo de investigadores del Cinep/PPP. El más básico, para Barrera, era conocer “las condiciones específicas bajo las cuales ellos están desarrollando su servicio” superando el estereotipo de que “los policías pueden hacer lo que se les da la gana” y comprendiendo la carga emocional que esto conlleva. Para la coronel Alba Patricia, los aprendizajes son dos: el diálogo y el trabajo en equipo, que “no serían nada novedoso, ese es uno de nuestros fines, pero que en estos territorios se ha notado de manera diferencial”.

Del trabajo en conjunto, la coronel reconoce este hecho como algo histórico puesto que “nunca se había realizado entre dos instituciones tan distintas en pensamiento e interpretación de la realidad social” y fundamental, ya que, “la visión del Cinep/PPP muy diferente a la nuestra permitió encontrarnos a sí mismos como institución, los acercamientos con varias organizaciones sociales nos permitieron recomponer relaciones con distintos grupos y movimientos que aportaron en el desarrollo exitoso al proyecto”. Para Barrera fue “un mensaje público muy poderoso en términos de decir Cinep/PPP y Policía estamos sentándonos a hablar sobre garantías de protesta y tomando acciones concretas para que esto suceda”.

Los resultados del proyecto son la creación de un perfil con énfasis en diálogo y acercamiento comunitario, un diplomado en Transformación Pacífica de Conflictos Sociales, un diagnóstico nacional y territorial de conflictividad social de la cual nace una estrategia de relacionamiento interinstitucional y una Guía de Transformación de Conflictos Sociales en el Servicio de Policía. El más importante para la Coronel Alba Patricia, “un incremento de confianza e imagen institucional en los territorio intervenidos” y según Barrera, el éxito del proyecto esta en que las comunidades ahora demanda este servicio de policía y los comandantes de los departamentos, al principio desconfiados, reconocieron su labor. 

La segunda fase de este proyecto ya está en planeación. En ella se piensan adicionar de 10 a 15 municipios y formar a 250 policías. Se buscará dar a conocer a las comunidades sus servicios y que estos sean los que soliciten el servicio. En las capacitaciones se quiere continuar con el aprendizaje basado en la experiencia, en donde los mismos policías generen las soluciones a las dificultades a las cuales se enfrentan. Porque como lo dice la coronel Patricia “trabajar por la paz de Colombia vale la pena”.     

[1] Policía Nacional, Alianza para la Paz y Cinep/PPP. (2018). Transformación de Conflictos Sociales. Diagnóstico Participativo.

*La información presentada en el mapa fue recopilada en la entrevista a Víctor Barrera, coordinador de la línea de Conflicto y Estado del Cinep/PPP.

Lida Bocanegra
Equipo de Comunicaciones 

 

De 1988 a 2018 el departamento de Caquetá vivió 355 episodios donde se denunciaban prácticas consideradas violaciones a los derechos humanos y violencia política, entre ellas estaban 199 casos de ejecución extrajudicial, 225 casos de tortura, 1440 desplazamientos forzados individuales, 177 heridos, muchos de estos perpetrados por los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) y 28 casos de desaparición forzada (Caso Tipo 15). Visibilizar casos como el de Caquetá es el objetivo de la Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política a la que pertenece el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP).

La idea de crear un banco de datos surgió a raíz de los altos niveles de violencia, los procesos de genocidio y el exterminio de fuerzas políticas como la Unión Patriótica; con el fin de denunciar y sistematizar la información sobre violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), además de hechos relacionados con el conflicto social ya que nadie realizaba esta labor. Desde 2005, se han conformado Bancos de Datos de Derechos Humanos en diferentes regiones del país con la ayuda y el trabajo del jesuita Javier Giraldo Moreno, movimientos de origen popular, investigativo e incluso religioso. De esta manera, se consolidó la Red Nacional de Bancos de Datos, como un proceso organizativo y colectivo integrado por organizaciones como la Corporación Caguán Vive, la Fundación Orlando Fals Borda, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, entre muchos otros.

En su dedicación por reconocer los diferentes hechos violentos en Colombia, la Red redactó una guía pedagógica que ayuda a sistematizar la cruel realidad colombiana, expresada en sus manifestaciones de violencia política y social que han azotado a las regiones a través de la historia del país. El Marco Conceptual es el instrumento con el que las organizaciones aliadas configuran, caracterizan y leen los hechos violentos de sus territorios. Además, define las categorías de violencia con ayuda de diferentes convenios y protocolos internacionales, lo que permite la objetividad de los hechos. Es la pauta para empezar a construir la memoria de las víctimas.

A partir de la creación de este Marco Conceptual en 1996 y actualizado en 2018, se dio paso a la revista Noche y Niebla donde se publican y registran las múltiples violencias y violaciones a derechos humanos de estas regiones. “Noche que oculta la verdad y Niebla que disemina la responsabilidad”, es el sentido de la revista.  Noche y Niebla también publica informes especiales catalogados como Casos Tipo que recogen hechos en regiones específicas que, por su contexto histórico social, sus actores, el rol de los medios de comunicación, la respuesta a las víctimas por parte de las instituciones gubernamentales, el papel del Estado y otros factores, permiten identificar patrones especiales en lo ocurrido. Desde 2003 se han publicado 15 Casos Tipo, algunos alrededor de las historias de Bojayá, la comuna 13 de Medellín y San José de Apartadó.

La cobertura territorial que tiene la Red permite ofrecer un panorama nacional y su cercanía con las comunidades, brinda confianza y credibilidad sobre la información que recauda. No es simplemente registrar el hecho sino comprender las realidades, ayudar a escribir y construir la historia del país a través de la realidad regional. Como lo mencionó Jerry Garavito en el marco de la VI Asamblea de la Red “Documentar los hechos, las historias desde las víctimas y la presencia regional del Banco es lo que ayuda a visibilizar la situación”. Sin embargo, la visibilidad de los casos no es suficiente, la Red propende también a la reducción de esa vulnerabilidad de las comunidades y al desescalamiento de los hechos violentos.

La Red ha sobrepasado diferentes obstáculos en su lucha por defender y visibilizar los derechos humanos. Ha sido víctima de presiones en cuanto a su contexto de acción y algunos colaboradores de los Bancos de Datos se han tenido que enfrentar a montajes jurídicos de amenaza y señalamiento por su labor en defensa de los derechos humanos. Al tiempo que afronta estas acciones adversas la Red es ampliamente reconocida por sus labores y publicaciones, por ejemplo, en el último Informe Anual de Derechos Humanos en Colombia que elaboró la embajada de Estados Unidos, el trabajo de los Bancos de Datos fue referenciado cuatro veces en torno a temas de tortura y tratos crueles, y detenciones ilegales y abuso físico. Esto demuestra la importancia que hay alrededor de las investigaciones que se hacen conjuntamente con las organizaciones regionales, pues de esta manera es como se logra el posicionamiento de las víctimas, que son el eje central de la Red.

Además de ser un espacio que trabaja y se construye de manera permanente la Red Nacional del Bancos de Datos hace un ejercicio fundamental de construcción de memoria histórica. Alrededor de la compilación de los datos en las regiones se reivindica el relato de todo un territorio, sus dinámicas políticas, sociales, económicas, étnicas y mucho más. Esta labor permite reconocer la diversidad del país desde una mirada analítica y sobrecogedora que a la vez se convierte en un proyecto social de incidencia en las políticas actuales. Sus acciones de memoria no solo se basan en la recopilación de información histórica de las regiones, sino también en los actos simbólicos que se realizan para recordar los crímenes hacia líderes o comunidades. Ejemplo de ello es el caso de la peregrinación en Trujillo, Valle del Cauca, por el asesinato de más de 200 personas entre 1986 y 1994, además del asesinato del padre Tiberio Fernández, por denunciar la barbarie que ocurría en el territorio.

Actualmente, son muchos los casos de hechos violentos y violaciones a derechos humanos que se comenten en el país y un gran número de ellos están en las sombras, ocultos bajo la complicidad de sus diversos actores. Sin embargo, aún queda la memoria de las víctimas que sobreviven, los testigos que deciden denunciar, aún en el silencio de las voces que han callado hay algo por contar. El esfuerzo conjunto es la clave para reivindicar la historia de las comunidades y regiones que se resisten a vivir en un país violento, ausente e impune.

 

María Fernanda Vera*
Equipo de Comunicaciones 

 

*Este artículo fue publicado originalmente en la edición de Septiembre de la Revista Jesuitas Colombia

 

El Grupo de familiares de víctimas de Crímenes de Estado de Boyacá : Vida, Memoria y Dignidad invitan el próximo 16 de julio a partir de las 8:30 a.m. a una caminata que parte del cementerio central de Duitama hasta la empresa Postobón punto donde fue asesinado Luis Orlando Saiz. Esta conmemoración se realiza al año del asesinato y reclama justicia frente a este caso y frente a todos los hechos de violencia que han ocurrido en el departamento de Boyacá  a manos de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD.