En junio, en medio de la crisis por el Covid19, se conmemora a los refugiados de todo el mundo. En nuestra región preocupan especialmente los migrantes venezolanos que protagonizan el segundo éxodo más grande en  el mundo y están aún más vulnerables con la pandemia. Expertos internacionales piden respuestas integrales a los estados de Colombia, Ecuador, Perú y El Caribe. 

En medio de la pandemia mundial, la población migrante venezolana está en mayor vulnerabilidad: sin casas, sin trabajo, sin alimentación, sin acceso a la salud y lejos de su patria y familiares. Preocupa la respuesta de los estados para proteger a los refugiados y refugiadas de Venezuela en el Caribe y América Latina. Así lo expresaron los invitados al conversatorio virtual “¿Qué le espera a la población migrante venezolana?” organizado por el CINEP/PPP y Aministía Internacional (AI), donde participaron los Relatores sobre Migrantes de la CIDH y de la ONU, Julissa Mantilla Falcón y Felipe González Morales, así como personas expertas de AI, Servicio Jesuita a Refugiados, la Universidad del Pacífico, el CSMM y Equilibrium.

Más de 5 millones de ciudadanos venezolanos, según la OEA y ACNUR, han tenido que salir de su país, lo que sitúa este éxodo como el segundo más grande del mundo, después de Siria. Con la llegada de la pandemia, algunas de estas personas se han visto obligadas a regresar a sus lugares de origen por la ausencia de garantías para continuar su vida de forma digna en los países de acogida.

En Colombia, la oficina de Migración registró hasta inicios de junio del presente año más de 70 mil retornados a través de su frontera.

Julissa Mantilla Falcón, relatora sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, recordó que la salida de venezolanos de su país responde a una violación a los Derechos Humanos que la Comisión sigue de cerca desde 2005. La relatora resaltó que no solo se trata de migrantes, sino de solicitantes de asilo, víctimas de trata de personas, refugiados y personas en situación de apatridia.

Para Mantilla, hay un elemento que algunos países están omitiendo y es obvio que no debe olvidarse: El virus no pide cédula, no pide pasaporte. Ello significa que deben garantizarse el acceso a salud y a medidas que permitan el aislamiento para personas extranjeras, aunque no tengan un estatus de regularidad, con lo que se protegen sus derechos así como se cuidaría también a los nacionales. 

Felipe González Morales de Naciones Unidas sostuvo que “la expresión ‘migrante’ oscurece de lo que se trata aquí y la situación”, en tanto quienes tuvieron que salir de su país lo hicieron de manera forzada y tienen necesidades especiales de protección y refugio. Por esta razón, llamó a promover su regularización, así como su derecho al retorno (cuando ellos lo quieran) y sus derechos sociales.

El Caribe, Ecuador, Colombia y Perú

Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que en el Caribe habría más de 140 mil ciudadanos venezolanos y en esa región se han presentado un uso de la detención migratoria para controlar el flujo en sus fronteras. Jiménez sostiene que es difícil obtener datos sobre cuántas personas están detenidas, y su condición. 

Feline Freier, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico en Perú, manifestó que en ese país recientemente se da la estigmatización hacia la población venezolana. Para Gustav  Brauckmeyer director ejecutivo de Equilibrium CenDe, el problema también es que en Perú no han manejado la realidad de movilidad humana de forma integral. 

Para ambos expertos es necesario que se garanticen derechos como el acceso a trabajo, la educación y la salud. Aunque en Latinoamérica no se ha acudido a la detención migratoria, tampoco se reconoce debidamente la estatus de refugiado, con la que se otorgarían garantías a los refugiados y el deber de protección al Estado receptor.

Desde Ecuador, el Coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo” Pablo de la Vega, dijo que en ese país hay más de 360 mil venezolanos, y se han presentado unas 28 mil solicitudes de asilo, de las que sólo 6 mil se han sido aprobadas. Adicionalmente, en el marco de la pandemia se presentó el Plan Espejo, con el que se cerró la frontera entre Ecuador y Colombia incluso por los pasos irregulares. 

Por último, Mauricio García Durán, director del Servicio Jesuita de Refugiados en Colombia, manifestó su preocupación ante riesgos como el de reclutamientos forzados, trata de personas y tráfico de migrantes. Además, aseguró que el reconocimiento del refugio es bastante limitado: Colombia ha concedido tan solo 57 estatus de refugio en cinco años, de 2015 a 2019. No obstante, Colombia es el mayor receptor de la movilidad humana proveniente de Venezuela con más de 1,8 millones de personas. 

El conversatorio completo puede ser visto en nuestra página de Facebook en este link:

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez

 

En la más reciente emisión de #DiálogosEnCuarentena, la congresista Ángela Robledo, el filósofo y economista Libardo Sarmiento y el investigador del CINEP/PPP Santiago Garcés hablaron sobre la realidad de la economía en Colombia, las decisiones del Gobierno para salir de la crisis y la necesidad de que la salud, la vivienda, la educación y el bienestar sean derechos, no mercancías

Estamos 20 años atrás en desarrollo económico

Sarmiento afirmó que Colombia venía desde hace cinco años con problemas en su balanza comercial, lo que significa que en ese lapso de tiempo no se generaba nuevo empleo, y había una tendencia recesiva en la economía. A esta situación se sumó la pandemia, que obligó al confinamiento de la fuerza de trabajo, lo que implica un golpe más a la economía.

El economista cuestionó las medidas que está tomando el Gobierno, vía decreto ley, en términos de pensiones, trabajo y garantías laborales. Decisiones que, en su criterio, devolverán a Colombia 20 años atrás en su desarrollo económico porque generarán desempleo, aumentarán la pobreza e incrementarán la brecha entre ricos y pobres

Adicionalmente, el experto afirmó que el capital especulativo y las mafias de ultraderecha ahora están haciendo una reingeniería del capitalismo mediante tres grandes premisas: la sobreexplotación de la fuerza de trabajo; la profundización de una economía extractivista; y aumentar la capacidad represiva del Estado, por ejemplo mediante la compra de tanquetas y armas para el ESMAD, para apagar las movilizaciones que despierten dichas medidas. 

La precarización del trabajo

Santiago Garcés estuvo de acuerdo en la lectura de Sarmiento sobre la situación, y agregó que según el DANE, en el primer trimestre el desempleo en Colombia llegó al 19,8%, lo que significa más de 4 millones de personas desempleadas. Sin embargo, aclaró que esta cifra no tiene en cuenta a la población inactiva, lo que elevaría la cantidad de personas que en este momento no tienen una labor de la cual derivar su sustento.

A ello se suma que el 80% de la población ocupada en el sector formal labora en pequeñas empresas, que no tienen las posibilidades de cubrir las nóminas de más de un mes en cuarentena. Garcés criticó que frente a esta situación el Gobierno creó el Ingreso Solidario, pero es insuficiente, y en cambio apuesta por una reforma laboral, permite diferir el pago de la prima de mitad de año y posibilitó la suspensión de contratos.

Entre tanto, recalcó que desde los gremios de empresarios se escuchan propuestas para permitir contrataciones por horas, o con salarios por debajo del mínimo en el campo, por lo que dijo estar preocupado de que la pandemia se pueda aprovechar para implementar un modelo de desarrollo antilaboral. Todo ello, en medio de un contexto que exige garantías para el trabajo, una renta mínima que permita la subsistencia de las familias y apoyos en el pago de nómina de las pequeñas y medianas empresas.  

Foto de: Esteban Agudelo, @chavocensura

Foto de: Esteban Agudelo, @chavocensura

“La pandemia desnuda la fragilidad del Estado Social de Derecho”

Ángela Robledo rememoró que apenas el año pasado en el mundo, y en Colombia, se estaban desarrollando movilizaciones exigiendo condiciones de vida digna y denunciando “que vivímos en uno de los países más desiguales del mundo”. Además, eran movilizaciones en las que las mujeres jugaban un papel fundamental, pidiendo el reconocimiento de la economía del cuidado y diciendo que la sobrecarga sobre sus vidas es evidente.

Con la llegada de la pandemia, la congresista manifestó que se desnudó la fragilidad del Estado Social de Derecho para proteger a los más vulnerables, y la para las mujeres esto ha significado un aumento desproporcionado de las violencias basadas en género. Además, también se ha traducido en un incremento de la pobreza: “En Colombia de cada 100 hombres pobres hay 120 mujeres pobres”, afirmó. 

Pero en medio de esta situación, a raíz de la necesidad de reclamar derechos, Robledo sostuvo que también se abrió una fisura en el capitalismo que nos invita a pensar en una agenda para el sur global, para Latinoamérica en términos de lo que necesita. Por ejemplo, sostiene que es necesario hablar del Sistema Nacional de Cuidado que busca reconocer, redistribuir y reducir las labores no remuneradas que culturalmente les ha sido asignadas a las mujeres. 

Es tiempo de pensar relaciones económicas fuera del capitalismo

Los invitados al diálogo estuvieron de acuerdo en que dichas fisuras podrían generar cambios, como en el caso de la salud, volviendo a un sistema público que sea garantista de derechos y no privado, porque la pandemia ha demostrado que los sistemas privados no pueden responder a una situación de crisis sanitaria global. Adicionalmente, los invitados resaltaron las protestas antiracistas que se están dando en el mundo, afirmando que se está poniendo de presente una agenda de derechos que es de género, étnica clase y de generación. 

Garcés insistió en la necesidad de una renta básica que permita a los trabajadores la subsistencia y posibilite también elevar las condiciones del trabajo. Sarmiento señaló que la experiencia en Argentina, de trabajadores que asumen a empresas en quiebra podría retomarse bajo formas cooperativas modernas que impulsen la economía.

Igualmente, invitó a que el distanciamiento sea únicamente físico pero no social, añadiendo que en momentos de Tánato-política, “en que se administra la muerte, se tiene que apostar por una movilización por la vida en toda su heterogeneidad”.

Por su parte, Robledo aseguró que es momento de pensar en relaciones económicas fuera del capitalismo, apostar por un fortalecimiento del Estado Social que garantice derechos y en el caso de las mujeres, asumir la tarea fundamental de “deconstruir la división sexual del trabajo, eso implicará repensar las relaciones de producción y reproducción”. 

#DiálogosenCuarentena es una conversación propuesta por el CINEP/Programa por la Paz y organizaciones aliadas. Con este ciclo de conversaciones digitales CINEP retoma los #DiálogosCinep, un espacio de intercambio de temas de interés que habitualmente realizamos en el edificio de la institución en Bogotá, Colombia. 

El conversatorio completo puede ser visto en nuestra página de Facebook, a continuación:

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez

Violencia en medio del confinamiento, restricción de movilidad que impide contacto con las comunidades y cese de ingresos, entre otras, son afectaciones a los líderes sociales durante la cuarentena. Cómo protegerlos fue el tema de conversación de los #DiálogosenCuarentena con la participación del CRIC, la ONIC, el Banco de Datos y la Defensoría del Pueblo.

Además del hambre y falta de acceso a servicios básicos por la cuarentena, las comunidades más alejadas del país están sobrellevando las presiones y violencias de organizaciones ilegales y los enfrentamientos con la Fuerza Pública que les dejan en medio del fuego cruzado. Los líderes sociales siguen llevando la peor parte: Han ocurrido 32 eventos de violencia política con 39 personas amenazadas o asesinadas por su labor de liderazgo en Colombia durante el confinamiento, según el Banco de Datos y Violencia Política del Cinep. 

Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va del año se superan los casos de asesinato a líderes con relación a 2019 en un periodo donde el aislamiento pone en jaque a quienes defienden el Acuerdo de Paz, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, el medio ambiente y los derechos de sus comunidades. Por eso el tema de los #diálogosencuarentena para este 7 de mayo fue la “Memoria y protección de líderes sociales en cuarentena” convocado con el apoyo de Verdad Abierta y la moderación de su director, el periodista Juan Diego Restrepo.

Joe Sauca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se refirió desde su territorio al panorama de peligro en aumento que viven las comunidades indígenas con la “presencia de ilegales y con acciones militares en contravía de las comunidades porque en medio de ese fuego cruzado queda la población”. 

Según el Cric, el 2019 cerró con 8 lideresas y 62 líderes asesinados en Cauca. Y en lo que va del 2020 (hasta el 30 de abril) 46 personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos y familiares han sido asesinadas en Cauca.

Foto cortesía de Gerald Bermúdez.

Para cuidarse, los indígenas de Cauca han dispuesto 398 puntos de control territorial de la guardia indígena y cerca de 9 mil comuneros y comuneras trabajando en la prevención y el aislamiento. “Pero al no haber presencia de contagio en 32 municipios de Cauca las medidas oficiales se abrirán al transporte y al comercio, lo que sería echar a la borda los esfuerzos de control territorial”, expresó el líder indígena durante el conversatorio virtual. 

Por su parte, Aida Quilcué, consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), afirmó que hay una constante en territorios como Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño y Córdoba “en donde al confinamiento de la pandemia se suma el del conflicto porque no pueden entrar ayudas humanitarias”. Conectada desde Tierradentro, Cauca, manifestó su preocupación por los peligros que enfrentan los pueblos indígenas en todo el país, debido a las presiones de grupos ilegales y la desconfianza en las instituciones del Estado.

Quilcué habló de los planes de contingencia del gobierno y aseguró que “la ayuda humanitaria y las medidas de bioseguridad han sido mínimas. Se hacen necesarias acciones concretas y contundentes más allá de la militarización porque en la práctica donde hay militares, hay más riesgo de que se repitan situaciones peligrosas como la que se presentó en Caloto y llegan otros actores armados”.

¿Qué dicen las cifras?

Mateo Gómez, director del SAT (Sistema de Alertas Tempranas) de la Defensoría del Pueblo, compartió datos del monitoreo frente a la afectación del conflicto armado en el panorama de la pandemia. “En la alerta temprana 018 le ponemos de presente al gobierno nacional que la pandemia tiene efectos especiales en comunidades donde hay grupos armados que generan zozobra y control”, aseguró.

El monitoreo de la Defensoría del Pueblo arroja que, hasta el 30 de abril, hubo 12 homicidios a líderes en medio de la pandemia. Según informó Gómez durante el conversatorio citado por Cinep:

“En el primer trimestre de este año vemos un aumento de casi el 32% (en asesinatos a líderes sociales). Para el mismo período de 2019 registramos 38 casos y en este año son ya 56”.

Por otro lado, Cristian Llanos del Banco de Datos de Violencia Política y Derechos Humanos del CINEP, manifestó que “existe un correlato en las agresiones a líderes sociales de años anteriores con lo que está pasando hoy”. 

Según Llanos, el Banco de Datos registró en 2019 el asesinato de 124 líderes sociales en Colombia. En 2020, ha registrado 87 agresiones (ataques, asesinatos, amenazas) a líderes o defensores de derechos en el país*. Mientras tanto, en el periodo de cuarentena (hasta el 1 de mayo) “hemos identificado 32 eventos de violencia política con 39 personas amenazadas o asesinadas por su labor de liderazgo”, aseguró Llanos. El registro del Banco de Datos se basa en información de las víctimas y sus organizaciones que hacen parte de la Red Nacional de Bancos de Datos.

Llanos afirmó que la violencia a líderes se extiende a sus círculos cercanos como sus familias y comunidades y que tienen un patrón: “hombre encapuchado, en moto, sin identidad que no permite indagar por quiénes están detrás del interés de acallar nuestros líderes”.

¿Cómo protegerlos?

Respecto a las medidas de protección para los líderes, Aida Quilcué afirmó que hay un grave problema en la ausencia de investigaciones de fondo por el ataque a líderes y comunidades indígenas. 

“Hace dos años trabajamos en un informe de memoria histórica y podemos afirmar que existe un genocidio de los pueblos indígenas. Así nos preguntamos ¿cómo no va a haber impunidad? La justicia ordinaria y la justicia de afuera no nos va a resolver los problemas y los tendremos que resolver nosotros mismos con la jurisdicción especial indígena”.

Foto cortesía de Gerald Bermúdez.

También Joe Sauca se refirió a “ejercicios propios de las autoridades indígenas donde incluso hemos logrado capturar a los victimizadores en muchos casos. El Estado debe reconocer nuestra jurisdicción que desarrollamos sin garantías porque el aparato de la justicia en Colombia no cuenta con los medios para detener la impunidad”.

Entre tanto, Juan Diego Restrepo se preguntó con insistencia el porqué es tan difícil superar la impunidad y dar con los intereses y autores detrás del ataque a líderes sociales. 

Por su parte, Mateo Gómez, de la Defensoría del Pueblo, se refirió a la efectividad de las alertas tempranas manifestando que “los cuellos de botella se deben a la focalización, a que la violencia es arbitraria y a que los actores armados ejercen un control arbitrario”. 

El diálogo concluyó con reflexiones sobre las estrategias que deberían tomarse para disminuir la violencia hacia líderes y lideresas.  Para el representante de la Defensoría, “una manera de proteger la vida es que la sociedad reconozca a los líderes y que el gobierno también lo haga no solo de manera formal, sino sincera”.

También agregó que: “vemos una gran lentitud en instituciones que tiene a cargo oferta de educación, salud, generación de ingresos. A éstas les dirigimos el 70% de las recomendaciones de las Alertas Tempranas”.

Cristian Llanos del CINEP resaltó la importancia de la memoria y de la pedagogía en Derechos Humanos como una forma de reconocer y ayudar a la disminución de la violencia contra líderes y lideresas. Según él, “la memoria, ayuda a que se reconozcan problemas de fondo y con ello se aporte a proteger vidas. Hay que construir una pedagogía por el respeto a los derechos humanos, porque muchas personas consideran a los líderes agentes de la insurgencia y apoyan que "los saquen del juego”".

Para concluir, Aida Quilcué hizo un llamado a fortalecer los procesos de unidad y las formas de organización sociales propias de las comunidades indígenas. Joe Sauca insistió en que, para proteger sus vidas y comunidades, es urgente que el gobierno reconozca el ejercicio invaluable de los procesos sociales y las miradas territoriales de las comunidades porque “no se puede gobernar solo desde Bogotá”.

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.


En el siguiente link encuentran el diálogo completo: https://www.youtube.com/watch?v=6FomKYpgD6E

 

Les contamos cómo está trabajando y avanzando la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad durante el confinamiento y cómo avanza en la construcción de la reconciliación y el diálogo social para la apropiación de la verdad.

Aunque estemos en confinamiento la Comisión de la Verdad no se detiene. Sin embargo, la entidad que se creó en abril de 2017 y tiene una duración de 3 años enfrenta grandes desafíos en esta coyuntura. Uno de los mayores retos para la Comisión pero también para el SIVJRNR en general es mantener a las víctimas del conflicto en el centro de las políticas públicas a nivel nacional, regional y local evitando caer en una “competencia” mal entendida con las nuevas víctimas de la pandemia. 

En términos operativos, la Comisión de la Verdad concentra sus esfuerzos en el procesamiento, análisis y contrastación de los testimonios de los informes y ajusta su plan de trabajo para seguir cumpliendo su mandato. Además, está desarrollando nuevas estrategias de trabajo en los territorios, en especial con las comunidades indígenas, altamente vulnerables a la epidemia.

En medio de la crisis social y sanitaria que viven Colombia y el mundo, en la Comisión surgen varias inquietudes con relación al papel que jugará el tema de la paz en la vida social, política y económica del país. Preocupan:

  • La crisis fiscal que vivirá el país y el impacto que traerá en los presupuestos para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y la implementación de los acuerdos de paz.
  • El papel que ocupará la paz en los planes de desarrollo que también se verán afectados por la crisis sanitaria.

Por otro lado, la Comisión ha hecho un llamado a los actores armados a una tregua, a un cese de la violencia, que permita a la sociedad y a las comunidades enfrentar la pandemia. Y el presidente Francisco de Roux ha invitado a la reflexión sobre las enormes desigualdades sociales que ha evidenciado el COVID y cómo impacta a los más vulnerables, en particular a las víctimas del conflicto armado: 

“El conflicto armado ha matado más gente en Colombia de lo que el Coronavirus ha matado en el mundo. Colombia también tendrá que hacer cambios estructurales muy hondos para parar la pandemia del conflicto armado”.

Avances

Les compartimos algunas cifras que permiten evidenciar los avances de la Comisión a dos años de puesta en marcha. En lo que tiene que ver con  la gestión del conocimiento para la producción del informe final, la Cev nos cuenta que ha realizado a la fecha 8.392 entrevistas a 15.665 personas (la mayoría víctimas y testigos directos de los hechos en diferentes territorios). Además, hay 29 Casas de la Verdad en funcionamiento, una estrategia de trabajo con la población en exilio y un modelo de investigación sobre causas, dinámicas e impactos del conflicto armado en los pueblos.

Se han realizado también 4 Encuentros por la verdad, 6 Diálogos para la no repetición con, un espacio de escucha con excombatientes de la antigua FARC-EP, tres contribuciones a la verdad: dos con Ernesto Samper y una con Jaime Caycedo, 10 procesos culturales y artísticos, cinco encuentros nacionales con los Pueblos Étnicos, entre muchos otros eventos donde la reconciliación y la convivencia han estado en el centro.

En el siguiente video la comisionada Alejandra Miller informa sobre los retos de la Comisión durante la cuarentena en Colombia:

 

Por: Katalina Vásquez G.

Gobierno, Farc y Cinep/Ppp expusieron sus puntos de vista y preocupaciones ante la crisis sanitaria y social que vive el país, y lo que esto podría significar para la implementación del Acuerdo de Paz. Compartimos un resumen y el video de nuestra emisión de #DiálogosenCuarentena. 

La conversación virtual reunió a Emilio Archila, Rodrigo Granda y Consuelo Corredor y abrió con las medidas que ha tomado el gobierno frente al virus del COVID-19. El Consejero Presidencial para la Consolidación y Estabilización, Emilio Archila, se refirió a la voluntad del presidente Iván Duque de continuar con la implementación y de generar de un paquete de medidas preventivas para víctimas y excombatientes. Más de 500 líderes sociales y 180 firmantes de paz han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz y el confinamiento ha agravado sus condiciones de seguridad.

El Consejero describió una estrategia en tres niveles para quienes siguen cumpliendo el Acuerdo de Paz:

“Primero, el apoyo a la gestión de oferta de programas sociales y económicos; uno segundo que tiene que ver con las comunicaciones y la salud, y un tercer nivel que se relaciona con la reacción en caso de que algo extraordinario ocurra”.

Según el Consejero, frente a la coyuntura de la emergencia sanitaria, el gobierno adoptó “unos protocolos de seguridad para proteger a los excombatientes que se extendieron a los 500 municipios en donde se encuentran”. Agregando que en la mesa técnica de salud se han adoptado manuales de autoprotección e higiene y se restringió la entrada y salida de personas que estén visitando los antiguos espacios territoriales.

Según Archila, se entregarán atenciones humanitarias en especie, con casi 100.000 mercados para las víctimas que están en el registro único y durante el primer año no han recibido atención. Además, enfatizó en la inversión de 46 mil millones de pesos de parte de la Unidad de Víctimas.

Por su parte, Ricardo Téllez también conocido como Rodrigo Granda, miembro del partido Farc y de la CSIVI, se refirió a las preocupaciones de su colectivo por lo que llamó falta de garantías e incumplimientos del gobierno que no logra proteger a los firmantes de paz menos aún en esta coyuntura de confinamiento: varias familias de ex combatientes fueron amenazadas y salieron desplazadas de Frontino a Dabeiba, Antioquia, esta semana, así como un grupo de disidencias atacó otros firmantes de paz en Argelia, Cauca, horas antes de este conversatorio. Además, según Granda, “a tres años de la implementación, uno de los aspectos más importantes para los excombatientes es el problema de la tierra para adelantar los proyectos productivos”. 

Granda expresó algunas dificultades que según él son fundamentales y pidió al gobierno especial atención a las condiciones salubres en los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) que son “absolutamente deficientes” por el hacinamiento y la carencia de agua potable, ya que únicamente el 34% tiene agua de acueducto. Dijo además que: 

“No se puede permitir que el proceso de paz sea una víctima más de esta pandemia”.

Por otro lado, se puso de manifiesto la preocupación por la seguridad alimentaria de los firmantes de paz que no consiguen en su mayoría insertarse a la vida productiva ni en sus proyectos colectivos. Por una parte, los desembolsos y apoyos aprobados a la fecha cobijan apenas a 3.934 ex farc de más de 13 mil que firmaron el Acuerdo (van 50 proyectos colectivos aprobados hasta ayer según informó Archila en la charla); y además la alimentación que proviene de gobierno llega solo a los antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación (ETCR). Pero allí solo permanecen 2.893 hombres y mujeres que dejaron las armas de las 13.046 personas en proceso de reincorporación.

¿Cómo el gobierno nacional apoyará la supervivencia de los ex combatientes y sus familias que no están en los ETCR? ¿Hay algún tipo de respaldo a los proyectos productivos que están fuera de los que ha aprobado gobierno o incluso los que no hacen parte del partido Farc? Fueron algunas preguntas del público durante este #DiálogoCinep que no alcanzaron a ser respondidas por el Consejero Presidencial.

Los riesgos

Por su parte, Consuelo Corredor, coordinadora del Cinep en la Secretaría Técnica de la CSIVI, habló de los múltiples retos que interpone el nuevo coronavirus. Para ella, los territorios donde están en marcha los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) se encuentran en especial riesgo “porque si esta situación de epidemia nos ha traído dificultades en el sector urbano, con mayor razón en el sector rural, y en esos PDET hay una precariedad en la estructura”.

La incapacidad de generar ingresos, la pérdida de empleos y las dificultades de acceso de los niños y niñas al sistema educativo, fueron otros puntos importantes para Corredor. Eso sumado a la seguridad alimentaria por la carencia de acceso a bienes en regiones apartadas, en donde, según Corredor, hay una “persistencia en el asesinato de líderes y lideresas sociales y de excombatientes, pues según el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, tres excombatientes han sido asesinados durante la cuarentena”.

Corredor también manifestó preocupación por el impacto que tendrá la pandemia en la velocidad de la implementación del Acuerdo, la participación restringida de las comunidades en los PDET, y las dificultades fiscales que van a llevar a ajustes presupuestales. A esto se suma el riesgo para las personas privadas de la libertad (hubo una masacre de 23 internos en la Cárcel La modelo Bogotá) y la persistencia de la violencia intrafamiliar y de género. 

“Preocupa que la paz termine en un segundo plano en la opinión pública en medio de tantos datos de contagiados y personas que lamentablemente han muerto por el COVID-19”.

Corredor planteó también la preocupación por las ex combatientes embarazadas en los antiguos ETCR, ante lo cual el Consejero Presidencial destacó que se tomaron medidas especiales para ellas. 

El Sistema Integral de Verdad y Justicia

Este Diálogo en Cuarentena también fue la oportunidad para relatar las medidas de las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) el cual, como el Acuerdo mismo, tiene en el centro a las víctimas. Para Consuelo Corredor, es importante estar atentos a que se garantice la participación de éstas en el Sistema, en medio del confinamiento y el rediseño en el trabajo de las instituciones que cesaron toda actividad pública. En el caso de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se recordó que los términos judiciales fueron suspendidos hasta el 27 de abril próximo, mientras que la Comisión de la Verdad anunció que está trabajando en el análisis de datos y contrastación de testimonios. 

Para la Comisión, es importante preguntarse si el gobierno nacional "ha hecho la relación entre la crisis que genera la pandemia y la afectación histórica que han vivido las víctimas, y si tienen algún planteamiento en ese sentido". Además, la Comisión ha llamado a los actores armados a una tregua "que permita a la sociedad y a las comunidades enfrentar la pandemia".

Entre tanto, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), que también está trabajando desde casa, ha advertido que la emergencia por el Covid-19 pondría en riesgo a cuerpos de personas no identificadas que permanecen en cementerios del país y que pueden corresponder a personas desaparecidas si no se toman las medidas adecuadas, en vista de la orden de cremación del Ministerio de Salud.

Para terminar, el Consejero Archila afirmó que “la política de paz con legalidad fue un acto de transparencia del Presidente Duque con el Acuerdo de Paz” en la medida que se dijo “esto es lo que se tiene, y para esto nos va a alcanzar”. E invitó a tener muchos más de estos espacios para seguir contrastando las opiniones. Además, aseguró que no ha habido disminución de recursos para los Pdets. 

#DiálogosenCuarentena es una conversación propuesta por el CINEP/Programa por la Paz y organizaciones aliadas. Con este ciclo de conversaciones digitales CINEP retoma los #DiálogosCinep, un espacio de intercambio de temas de interés que habitualmente realizamos en el edificio de la institución en Bogotá, Colombia. 


El conversatorio completo puede ser visto en nuestro Canal de YouTube a continuación:

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.