María José Pizarro, congresista, Alejandro Lanz de Temblores ONG y Víctor De Currea-Lugo, analista, retrataron la gravedad de la represión estatal al actual Paro Nacional evidenciando en vivo disparos y violencia en las movilizaciones, mientras se desarrollaban los Diálogos Cinep el pasado 2 de junio. 

“La vida y el futuro de los jóvenes es lo que está en juego, escuchen”, dice el profesor y periodista independiente Víctor De Currea-Lugo mientras corre en medio de disparos en las movilizaciones el pasado 2 de junio. DeCurrea se conectó a la conversación virtual desde Medellín, en una de las cientos de marchas convocadas en todo el país a diario en exigencia, primero, del desmonte de la Reforma Tributaria del gobierno de Iván Duque, y ahora en una enorme manifestación popular, artística y comunitaria de descontento social por el hambre, el desempleo y las precarias condiciones en las que vive la mayoría del pueblo colombiano agravadas por la pandemia, en medio de las cuales se presentan acciones vandálicas y una fuerte represión y violencia que la gente en las calles pide cesar, a cambio de ser escuchados en sus demandas y garantías de derechos.

A mes y medio del Paro Nacional que comenzó el 28 de abril en Colombia, congresistas, analistas y defensores de derechos humanos se encontraron en los “Diálogos Cinep” para reflexionar sobre lo que está en juego en esta movilización histórica que ha producido una grave escalada de violencia y violación de derechos humanos que incluye detenciones ilegales, violencia sexuales, desapariciones, torturas, homicidios, allanamientos, agresiones a la prensa y múltiples ataques físicos y verbales a los manifestantes a manos de la Fuerza Pública y particulares. 

 

El codirector ejecutivo de Temblores ONG puso en contexto la grave situación actual resaltando que la respuesta represiva del actual paro viene de una gran represión en las movilizaciones previas.  En 2020, tras el asesinato de 14 personas en el marco de las protestas por el homicidio de Javier Ordóñez y después del asesinato de Dylan Cruz a manos del ESMAD, se pensó que Colombi había llegado a lo más alto de la violencia en el trato a la protesta social, pero la realidad actual muestra un panorama más preocupante aún. Como lo recordó Alejandro Lanz en la conversación virtual, el Esmad no está asesinado apenas en este Paro. Ese Escuadrón, según documentaron en informes de Temblores Ong, es responsable de 34 asesinatos desde su creación hasta el Paro Nacional de 2019, el cual se vio suspendido por la pandemia de la Covid19.  

Este año “al menos 45 personas han sido asesinadas en el marco de las protestas sociales por parte de la Fuerza Pública”, aseveró Lanz. En la plataforma Grita de Temblores Ong también se han registrado 187 casos de heridas físicas por el uso de armas de parte de uniformados, 1.248 víctimas de violencia física y 65 víctimas de lesiones oculares. Temblores ha documentado este año 16 prácticas utilizadas violentas que las Fuerzas del Estado está empleando contra manifestantes*.

 

Y mientras los diálogos con el Comité del Paro, que carece de legitimidad en los sectores movilizados en las calles, siguen estancadas, conversaciones locales mediadas por la iglesia y académicos logran levantar algunos bloqueos de manifestantes sin que cese la violenta represión de parte de la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Para María José Pizarro, representante a la Cámara, lo más preocupante de la situación es que “no hay voluntad de diálogo ahora como no la hubo en 2018 para hablar con los estudiantes, no la hubo en 2019 y 2020 para hablar con la Minga Indígena, y mucho menos para cuestionar las violaciones a los DD.HH., la desproporción en el uso de la fuerza y la brutalidad policial”. 

Para Pizarro las organizaciones de derechos humanos están haciendo el trabajo que los organismos de control no hacen ante los abusos de la Fuerza Pública, mientras se dedican a empapelar a los congresistas y funcionarios públicos que están defendiendo los derechos de los manifestantes. A esta congresista y otros les abrieron una investigación en la Procuraduría “por falta disciplinaria por la presunta intromisión en un procedimiento policial”, lo que Pizarro califica como un ataque jurídico contra quienes han acompañado las movilizaciones. 

“Es necesario rectificar para cesar los desmanes de la Fuerza Pública. Esta parece ser una política de gobierno como un apolítica de escarmiento contra los jóvenes que se están movilizando (...) Hay lesiones no solo físicas sino emocionales a la juventud. Ya la gente no siente confianza en la institución”, aseguró María José desde el capitolio. 

Para ella, y los cientos de miles de manifestantes en las calles de Colombia y ciudades del mundo que también marchan en apoyo al Paro Nacional, el ministro de Defensa, Diego Molano, debe renunciar, pero sobre todo “es necesario el cambio de doctrina, en la política de seguridad, pues le da un tratamiento de enemigo público a la protesta, lo que genera una la degradación en las prácticas de la policía, el aumento de violaciones a los derechos humanos y un desprestigio a la Fuerza Pública”.  La representante a la Cámara por Bogotá concluye asegurando que darle a la protesta un tratamiento de guerra se puede constituir como un crimen de lesa humanidad. 

Para De Currea-Lugo, son “los sueños de los pelaos” los que están en juego. Sus reclamos, expuso, responden a un “hastío social de décadas de control de represión y malestar” y por ello el paro debe entenderse en términos existenciales. El investigador y profesor universitario recordó lo que vio y documentó en sus visitas a movilizaciones en Túnez y Siria: “Hay un momento en que las personas rompen la barrera del miedo, y cuando se rompe esa barrera, la gente se hace matar”. A esa situación, explica, estamos a punto de llegar en el Paro Nacional en Colombia. 

En cuanto a las salidas de esta crisis, el analista apuntó la necesidad de superar la visión político-electoral porque “la dignidad no es un problema electoral”. Por su parte, María José Pizarro subrayó la necesidad de “desescalar la violencia y pasar al diálogo para escuchar a los jóvenes”.

  

Para Alejandro Lanz, Colombia está en medio de una “transformación profunda de un poder que se está perdiendo por parte de quienes nos han gobernado en los últimos 20 años” y estamos viviendo lo violenta que puede ser esa transición, por lo tanto “el esfuerzo que tenemos que hacer es desescalar la violencia en este proceso de transformación”.  

Santiago Garcés, investigador del Cinep, resumió algunas ideas trazadas en el Diálogo Cinep resaltando la solicitud de “tipificar de manera adecuada los actos del servicio policial, la necesidad de una mayor trazabilidad en las órdenes en la Fuerza Pública, un proceso de desmilitarización de la Policía”. Además, invitó a no enceguecernos en la necesaria labor de denunciar los abusos, y no olvidarnos de ver también la fuerza y la esperanza ante las perspectivas de cambio político que la movilización actual está abriendo. 

Encuentre el conversatorio en Facebook: https://www.facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz/videos/5956944857656913/ 

En Youtube: https://youtu.be/IJRaFPhZ19w 

*Cifras con corte a junio 2 de 2021.

Por Juanjosé Gutiérrez y Katalina Vásquez. Equipo de Comunicaciones del Cinep / PPP

En su primera versión del 2019, Diálogos Cinep puso en la mesa del debate la crisis de asesinatos contra líderes sociales. Diana Sánchez, coordinadora del programa Somos Defensores, junto con Juan Fernando Vargas, profesor titular del la Universidad del Rosario, acompañaron este conversatorio para informar sobre la situación de los líderes y lideresas en el escenario del posacuerdo. ¿Quiénes los están matando?, ¿cuáles son los posibles motivos?, ¿cuál es la percepción sobre la gestión de las instituciones? Fueron estas algunas de las preguntas que proporcionaron el hilo conductor de este diálogo. 

Matar líderes: ¿qué puede estar pasando?

El profesor Vargas fue uno de los autores del informe “Matar a líderes sociales para el control territorial. Las consecuencias inesperadas de la paz”. De acuerdo con Vargas, el asesinato de líderes es un fenómeno sistemático que debe ser reconocido como tal: “es un fenómeno que tiene causas políticas evidentes, pero a pesar de eso, hasta hace poco comenzó a ser estudiado de manera rigurosa”, expresa el profesor. La falta de identificación de patrones comunes ha sido otro de los obstáculos que, según él, ha impedido que se establezca una mayor comprensión de los motivos centrales.

En términos de temporalidades, después del primer semestre del 2015, como establece Vargas, se presenta un aumento considerable de los asesinatos de líderes. De ahí que se facilite la elaboración de hipótesis y el cuestionamiento sobre afirmaciones tales como la exacerbación de estos hechos después de la firma de los Acuerdos en 2016: “¡Al parecer no es así! Este fenómeno se exacerbó dos años antes de la implementación del Acuerdo de Paz. Entonces la respuesta no puede ir por ese lado”, afirma.

Bajo este análisis, el profesor Vargas llamó la atención sobre la decisión de la entonces guerrilla de las FARC de aceptar un cese al fuego. Este hecho, ocurrido en diciembre de 2014, es para Vargas una de las causas del aumento de asesinatos. La paradoja para el profesor se presenta a simple vista: ¿a qué se puede deber el aumento de asesinatos en un periodo en donde hay un cese al fuego? “Una de las estrategias de grupos al margen de la ley para controlar territorios estratégicos es el asesinato selectivo de civiles”, sostiene Vargas. Es ahí donde los líderes de las comunidades se convierten en el objetivo militar directo de estos grupos armados.

El impedir la acción colectiva de las comunidades por medio de la coacción armada y violenta es, desde la perspectiva del académico, uno de los motivos del asesinato. “Nuestra hipótesis es que, una vez las FARC decretó el cese al fuego, de facto, se convirtió en una invitación a otros grupos armados al margen de la ley que no hacían parte de la negociación de paz, como bandas ‘neoparamilitares’, de ocupar los territorios dejados por el entonces grupo guerrillero. Ya no encontrarían resistencia armada”, afirma.

Estos efectos, según el profesor, también dan cuenta de una falencia del gobierno al momento de la negociación. “Hizo falta una estrategia de consolidación de una presencia institucional de seguridad, justicia y desarrollo económico en esos territorios. Ese vacío facilitó la apropiación de esos espacios por parte de los otros actores armados”, sostiene Vargas. De ahí que se desprenda el asesinato selectivo de líderes sociales como estrategia de control de los nuevos grupos armados al margen de la ley.

No obstante, en el informe se ha logrado identificar de una manera parcial a los perpetradores de los homicidios. Los ‘neoparamilitares’ y el ELN, según Vargas, fueron los principales victimarios identificados. Además, el académico resalta que estos asesinatos no necesariamente se intensifican en zonas donde haya presencia de cultivos ilícitos o de minería ilegal, pero sí en zonas donde hay demandas de restitución de tierras, “es ahí donde la situación es más grave. No estoy diciendo que la restitución de tierras explique el asesinato de líderes, pero sí es un factor que lo agrava”, dice Vargas.

Para una mayor comprensión del fenómeno, han sido varias las organizaciones defensoras de derechos humanos que se han asociado para obtener una lectura integral y sólida del asesinato a líderes. El Programa Somos Defensores, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), la Federación Comunal, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), el Cinep/Programa por la Paz, entre otros, son un ejemplo de asociación que tiene por objetivo una aproximación a los métodos y causas del asesinato de líderes.

Las organizaciones arriba mencionadas eligieron el periodo del posacuerdo (1 de enero de 2016 – julio de 2018) para desarrollar el análisis del fenómeno. “Cruzamos todas nuestras bases de datos y encontramos 343 casos de asesinatos. Sobre esa cifra estuvimos trabajando”, afirma la coordinadora del Programa Somos Defensores, Diana Sánchez. Dentro de los resultados obtenidos, Sánchez resaltó algunos patrones críticos dentro del fenómeno del asesinato de líderes sociales: “El gobierno insiste en que no hay sistematicidad, que son casos aislados y no tienen conexión. Podríamos pensar que efectivamente no hay una organización delictiva a nivel nacional que esté haciendo todo, pero sí hay un patrón común: están matando líderes sociales”, expresa Sánchez.

Es a partir de este patrón común que, según la coordinadora, es necesario prender las alarmas. De la misma forma, han identificado que estos asesinatos están muy relacionados con el intento de implementación de los pactos provenientes del Acuerdo de Paz. Otro patrón en el tipo de víctimas es que los líderes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) son las personas más afectadas por este tipo de violencia. “Las JAC son las organizaciones base del país, y son sus líderes los que están enfrentados a todo tipo de agresiones”, dice Sánchez. A lo anterior se suma que se ha descubierto la contratación de sicarios para los asesinatos: “eso quiere decir que hay alguna estructura detrás de los asesinatos. Para pagar sicarios debe haber una estructura criminal que lo haga, no puede ser aislado”, sostiene.

De otra parte, la coordinadora rescata que después del Acuerdo hubo una mayor sensibilización hacia la tarea que realizan los líderes sociales. Antes, según Sánchez, se representaba al líder social como un individuo que no actuaba por autonomía, sino por manipulación de guerrillas u otros grupos al margen de la ley. “Esto significa que el liderazgo social recobró la independencia que había perdido”.

Lo anterior, sin embargo, se ven truncado por los pocos avances en términos de esclarecimiento de los hechos que presenta la Fiscalía General de la Nación. Sánchez recalcó que la Fiscalía tomó como universo los asesinatos que se produjeron desde el 2016 hacia adelante: un total de 194 casos. De esos casos, afirmaron que un 50 % se había logrado esclarecer. Sin embargo, la coordinadora indica que este ‘esclarecimiento’ no necesariamente hacía referencia a condenas emitidas (que son, para Sánchez, el verdadero indicador de esclarecimiento), sino que también incluían las imputaciones. El criterio de ‘imputación’ se define como la etapa en la que la Fiscalía determina quiénes pueden ser los posibles responsables de los asesinatos. “Cuando fuimos a mirar, en realidad había 16 sentencias, es decir, un 8.5 % de esclarecimiento. No hay tal para decir que hubo un 50 %. Eso es lo que queda frente al mundo y el país. Eso es manipulación”, recalcó.

Por otra parte, Sánchez sostuvo que otra incompatibilidad que se presenta es con la identificación de los victimarios. Para la coordinadora las Fuerzas Militares también han sido identificadas como responsables de los asesinatos. “Siempre nos ha coincidido que las Fuerzas Militares y el ELN se compiten los números: están entre 6 y 7 asesinatos de líderes sociales al año. El gobierno presenta siempre al ELN como el victimario principal y no es así”, expresa. No obstante, la coordinadora del programa Somos Defensores fue enfática en afirmar que son responsables desconocidos quienes han cometido la mayoría de asesinatos.

Ante este escenario, Sánchez manifestó la preocupación por las incoherencias e inconsistencias que se han presentado desde el Gobierno y agentes del Estado como la Fiscalía. Este sentimiento se basa en las contradicciones evidentes en los reportes sobre avances en la investigación de los asesinatos a líderes sociales. Para Sánchez, es necesario enfocarse en la identificación de los actores que perpetúan estos crímenes.

Algunas cifras

Vale la pena destacar algunas cifras de los informes que fueron insumos de la conversación en Diálogos Cinep/PPP:

“Matar a líderes sociales para el control territorial” anotó que la evolución del asesinato de líderes sociales y de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC pasó de 30 asesinatos en el primer semestre de 2015, a más de 45 en el segundo semestre del 2017. Por su parte, Somos Defensores registró que para el tercer semestre de 2018 se presentaron 32 asesinatos a líderes sociales. Otros tipos de violencias identificadas, para ese mismo periodo, por la organización fueron: amenazas (87 casos), atentados (5 casos), detenciones arbitrarias (2 casos), judicializaciones (1 caso) y robo de información (1 caso). Esto dio un total de 128 agresiones individuales.

En cuanto a presuntos responsables, el informe titulado “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Posacuerdo”, resultado de la alianza de varias organizaciones sociales, identificó que entre julio y septiembre de 2018 un 59.3 % se atribuían a paramilitares, un 34.4% a desconocidos, 4.7% a la fuerza pública y un 1.6 % a guerrilla. 

 Video completo de #DiálogosCinep Nos siguen matando: asesinato de líderes sociales en el posacuerdo

 

Sergio Mahecha Jaimes
Equipo de Comunicaciones

    

  

 

¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan quienes dejaron las armas para emprender una lucha política? Alrededor de esta pregunta giró el último Diálogos Cinep/PPP de 2017 que se llevó a cabo el miércoles 1 de noviembre en las instalaciones del centro de investigación.

Contamos con la participación de Vera Grabe, antropóloga y ex militante del M—19; Carlos Velandia, administrador de empresas y ex miembro del ELN y Víctor Barrera, politólogo y coordinador del equipo de Conflicto, Estado y Desarrollo de Cinep/PPP.

La moderación estuvo a cargo del periodista Alfredo Molano Jimeno que planteó este diálogo desde los aprendizajes que han dejado procesos de paz anteriores en aras de comprender el momento de transición que Colombia hoy. ¿Qué necesita el país para hacer una transformación democrática? ¿La transformación que necesita será solo normativa o cultural? ¿Cómo se debe resolver el paso a la política sin armas que hará las FARC? Fueron tan solo algunos de los interrogantes que se plantearon en este espacio y que suscitaron distintas reflexiones desde el análisis del politólogo Víctor Barrera, como de la experiencia personales de Vera Grabe y Carlos Velandia.

Algunas de las intervenciones coincidieron en la responsabilidad no sólo de la sociedad, sino del sector político, pues como lo afirmó Carlos Velandia "no es cualquier cosa acabar una guerra de más de 50 años con el ejército guerrillero más grande del continente". Reconocer el esfuerzo que hicieron las partes demanda una madurez política que queda en duda hoy, con los retrasos que ha tenido la implementación en el Congreso de la República. "Si la Farc le apostaron a este proceso, la paz demanda generosidad de parte de muchos sectores políticos" afirmó Vera Grabe, refiriéndose a esto último.

A pesar de esto, Víctor Barrera reconoce que "no hay un jugador que en el gobierno esté defendiendo la paz tiempo completo" pues las agendas legislativas y el período electoral que se avecina influyen de distintas maneras en el devenir del Acuerdo de Paz, "no hay posibilidad de construir mayorías en un contexto donde se acercan las elecciones" afirmó Barrera.

Con respecto a los cambios que tiene que hacer la sociedad, Carlos Velandia habló desde su experiencia y afirmó que no ha sido tan fácil para él hacer ese tránsito aunque hayan pasado ya muchos años "Es la hora que no he podido abrir una cuenta de ahorros. Se  me ha limitado el ejercicio de ciudadanía" y reiteró "aunque la sociedad quiere la paz, no está dispuesta a ser muy generoso con los excombatientes".

Para Vera Grabe, no hay que poner en términos de malo o bueno la candidatura de Rodrigo Londoño a la presidencia “son decisiones que se toman y hay distintos riesgos que se corren" por eso insiste que la pedagogía de paz debe abordarse más allá de los acuerdos, precisa que hace falta un cambio de la mentalidad de parte de los colombianos para que el poder de la política no se quede dirigida a pensarla solo desde las urnas.

 

De grupos armados a partidos políticos

En la historia reciente varios grupos en diferentes partes del mundo han optado por la vía armada para exigir cambios políticos. Luego de negociar con sus respectivos gobiernos han dejado las armas y han accedido a la participación política, estos son algunos de esos grupos.

PIRA – Irlanda del Norte
El conflicto Irlandés parte del deseo independentista de una minoría católica del Reino Unido, en contraposición a la mayoría protestante que buscaba seguir siendo parte de la Monarquía británica.  Este conflicto generó la conformación de diferentes grupos armados que al enfrentarse entre ellos, desataron una guerra civil desde 1919. La organización terrorista con más militantes fue el Ejército Republicano Irlandés Provisional – PIRA (por sus siglas en inglés: Provisional Irish Republican Army).

Luego de 29 años de lucha armado inician conversaciones con el Gobierno Irlandés. Un poco más de una década duraron las negociaciones entre las partes que dieron como resultado el acuerdo de Belfast, conocido también como el Acuerdo de viernes santo, por la fecha de su firma en 1998. La refrendación de los acuerdos fue aprobada por el 94% de los votantes de República de Irlanda y el 71% de los votantes de Irlanda del Norte. El acuerdo incluyó reformas en la organización y la metodología de varias instituciones estatales en las que se les dio participación a los integrantes del PIRA.   El grupo armado solo dejó el uso de las armas hasta el 2005, siete años después de firmado el acuerdo cuando anunció su desarme.

Sudáfrica
La discriminación racial en Sudáfrica era tal, que el 1960 la Policía disparó contra una manifestación antigubernamental dejando un saldo de 69 muertos y 180 heridos, todos ellos de raza negra. Desde ese momento, líderes del Congreso Nacional Africano CNA, entre ellos Mandela, formaron el “Umkhonto We Sizwe” o Cabeza de Lanza que se caracterizaron por la práctica de la no violencia y la desobediencia civil. Este grupo fue el brazo armado de los movimientos antiapartheid y quienes iniciaron ataques armados en contra de las entidades estatales. En 1964 Mandela es enviado a prisión junto a otros integrantes del grupo armado, condenado a cadena perpetua.

En 1989 y frente a la presión internacional e interna por las políticas racistas, el recién nombrado presidente De Clerk inicia negociaciones secretas con Mandela, quien se convirtió en líder de los reclusos. En 1990 acuerda con el gobierno su libertad y la derogatoria de varias leyes que afectaban a la población negra. El gobierno aceptó al CNA como actor político e instalaron la asamblea constituyente. En 1994 Mandela gana las elecciones presidenciales y en 1996 aprueba la nueva constitución de Sudáfrica sin Apartheid.

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional – El Salvador    
Como resultado de las políticas de la Junta Revolucionaria de Gobierno, en 1980 inicia la guerra civil en el Salvador. Varios grupos guerrilleros con ideología de extrema izquierda crean el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que se dedicó a la lucha armada en contra del Estado por 12 años. En 1984 inician los acercamientos con José Napoleón Duarte a la cabeza del gobierno. Tras cuatro años de conversaciones, en México, se firma el acuerdo final en 1992  y el FMLN se convierte en partido político. En 2009 y luego de participar en varios procesos electorales, ganan las elecciones presidenciales con el apoyo del 51% de los votantes.

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca – Guatemala
Guatemala cuenta en su historial con 19 gobiernos militares. Estos gobiernos mantenían un estricto control de las entidades, de la población civil y una fuerte ofensiva contra los grupos guerrilleros. Uno de ellos es la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG, grupo en el que coincidieron cuatro grupos alzados en armas y creado en 1982. En 1986 con la elección de Marco Vinicio Cerezo, se inician las conversaciones entre Gobierno y guerrilla, apoyados por la ONU, pero después de varios intentos no llegaron a ningún acuerdo. Solo hasta 1996, diez años después, Alvaro Arzú concreta el acuerdo de paz entre ambas partes. La URNG se convirtió en partido político en 1997 y se ha presentado en las elecciones presidenciales sin lograr ganarlas, sin embargo ha logrado varias curules parlamentarias.

Fuerzas Nacionales de Liberación – Burundi
La República de Burundi está ubicada en África Oriental. Allí el conflicto es de tipo étnico. La población está dividida en tres grandes grupos: los Twa, los tutsi y los Hutu. Burundi se independizó de Bélgica en 1962 y tuvo sus primeras elecciones multipartidistas que dejaron como presidente a uno de los representantes Hutu. Pocos meses después de su posesión fue asesinado, hecho que generó la guerra civil entre los grupos étnicos. A partir de 1998 los gobiernos han iniciado conversaciones con varios grupos armados que han surgido con el paso del tiempo. Sin embargo, el proceso más importante se dio con las Fuerzas Nacionales de Liberación FNL.

Desde 2000 se intentaron acercamientos pero no se llegó a un acuerdo concreto. Con la ayuda de figuras representativas a nivel internacional como Nelson Mandela o Kofi Annan se inició el proceso de conversaciones en 2006. En 2008 se firmó el acuerdo final y se inició la transición de las FNL en un partido político llamado Consejo Nacional de las fuerzas democráticas de defensa de la democracia.  El partido logró la presidencia de la república con la llegada de Pierre Nkurunziza.

Movimiento 19 de abril – M19 – Colombia
Tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales de 1970 y el supuesto fraude electoral que dejó como ganador a Misael Pastrana, un grupo de integrantes de la Alianza Nacional Popular – Anapo, deciden crear el movimiento guerrillero M19 con el que buscaban presionar al gobierno. Este grupo se caracterizó porque su estrategia armada estaba acompañada de grandes golpes de opinión. Luego de 20 años de actividad guerrillera aceptan en negociación con el gobierno de Virgilio Barco entregar sus armas y dar por terminada la lucha armada a cambio de instalar una asamblea nacional constituyente que terminará en la Constitución Política de 1991.

Ingresaron a la arena política como el Partido Alianza Democrática Movimiento M19 y en elecciones obtuvieron 19 curules en la circunscripción especial para la Asamblea Constituyente. Uno de sus miembros, Antonio Navarro, fue elegido copresidente de dicha asamblea. Terminada la constitución, lograron 9 senadores y 12 representantes a la cámara en las elecciones de 1991. En las elecciones siguientes perdieron la personería jurídica por no alcanzar el umbral electoral.

 

Miguel Martínez

Laura Contreras

Equipo de Comunicaciones

El pasado 2 de agosto en las instalaciones de Cinep/Programa por la Paz se llevó a cabo el evento La verdad en juego: un diálogo con diversas organizaciones sociales sobre Comisión de la Verdad.

Los invitados a este conversatorio fueron: Oscar David Montero de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Marina Gallego de la Ruta Pacífica de las Mujeres, Juan Ruiz de Hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad y Fabio Arias de la Central Unitaria de Trabajadores. El moderador del diálogo fue el investigador de Cinep/PPP, Mauricio Archila.

La Comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición hace parte del SIVJRNR, que se creó en el punto 5 del acuerdo de paz firmado en la Habana. Uno de los puntos que más tiempo tomó en su discusión. Es por esto, que en esta versión de Diálogos Cinep/PPP la discusión se centró en exponer y comprender la diversidad de opiniones y posiciones de las  organizaciones sociales sobre la Comisión de la Verdad.

El investigador Mauricio Archila centró la conversación en 5 puntos fundamentales:

  1. La relación de la Comisión de la Verdad con los demás componentes del SIVJRNR.
  2. Cómo se relacionará lo judicial y lo extrajudicial en el marco de la Comisión de la Verdad.
  3. Cómo se desarrollará el mandato de centralidad de las víctimas. Cuál será la participación de estas en la Comisión de la Verdad.
  4. Qué se debe investigar en esta comisión.
  5. Qué tipo de verdad se espera de una Comisión de la Verdad: un relato sobre las causas de la violencia y su desarrollo o varios relatos de esta.

Por último, el investigador enfatizó en la idea de que la Comisión de la Verdad debería investigar “más que casos emblemáticos, dar cuenta de los patrones de victimización del conflicto armado”

Vea aquí la conversación que tuvieron las diferentes organizaciones participantes y algunas respuestas a los interrogantes planteados en esta versión de Diálogos Cinep/PPP