El testimonio de Benito Osorio ante la JEP reitera la importancia de la participación de terceros civiles para alcanzar la verdad y la justicia completas por el conflicto armado en Colombia. En 2020, Cinep / PPP entregó a la Jurisdicción un completo informe que sustenta cómo, en Urabá y Bajo Atrato, el pretexto de la guerra contrainsurgente sirvió para que “paras” y empresarios despojaran del territorio al campesinado y así implementaran proyectos económicos agroindustriales. Entrevista con Julián Salazar, investigador de la  Línea de Gestión del Territorio en el Pacífico del Cinep / PPP que acompaña las comunidades víctimas y reclamantes.

El exgobernador de Córdoba Benito Osorio Villadiego es uno de los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada por el Acuerdo de Paz. Uno de los siete macrocasos que adelanta desde que entró en funcionamiento  en 2017 es el que prioriza la situación territorial de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en Antioquia y Chocó: el macrocaso 04 en el cual fue vinculado Benito Osorio tras solicitud de sus abogados.

Desde sus declaraciones de agosto del año pasado, el ex gobernador señaló a empresarios y miembros de la Fuerza Pública de tener relaciones con grupos paramilitares, entre ellos a José Felix Lafaurie y el general ( r) Rito Alejo del Río. Su testimonio fue revelado por Noticias Caracol la semana pasada, generando polémica y la respuesta del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso respaldando la declaración del ex gobernador contra Lafaurie, presidente de Fedegán 

Según Osorio, Lafaurie le entregó a Mancuso nombres de quienes elegirían el nuevo fiscal general de la nación para que el jefe paramilitar hiciera presión a favor de Mario Iguarán, quien finalmente resultó elegido en el cargo. Sobre el compareciente pesa una condena de 19 años de prisión por el despojo de tierras en Córdoba, y gracias a estas declaraciones y “por cumplir con los compromisos de la Jurisdicción” obtuvo libertad transitoria por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP la semana pasada. 

La JEP destacó que Osorio Villadiego dio a conocer diversos nombres de personas, funcionarios y autoridades que facilitaron, auspiciaron o participaron en los hechos de despojo en la zona de Tulapas, donde la casa Castaño cedió el control territorial de la zona al bloque 'Élmer Cárdenas' y brindó información sobre el destino de los predios y su explotación agrícola y forestal a empresarios.

Sobre la relación de los privados, los “paras” y el despojo en Urabá y Bajo Atrato, el CINEP / PPP y las víctimas entregaron a la JEP y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) el informe Violencia, racismo y conflictos socioambientales. El despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los Ríos la Larga y Tumaradó.

Allí el Cinep documentó que de las 107 mil hectáreas que componen el Consejo, el 49% de la comunidad hace uso efectivo de 0.1 a 20 hectáreas, mientras que los terceros ajenos al territorio hacen uso de 9 a 10 mil hectáreas. Además, el 95% de las tierras productivas del territorio legalmente titulado están en manos de empresarios y paramilitares mientras que la comunidad dispone de un 5%.

Esta investigación fue adelantada por la Línea de Gestión del Territorio en el Pacífico del Cinep que durante 20 años ha acompañado el Consejo Comunitario de los Ríos la Larga y Tumaradó logrando que la JEP acreditara como víctima colectiva a las 48 comunidades y 5.803 personas que la integran. Julián Salazar, abogado investigador de la línea, comenta en entrevista los principales hallazgos y proyecciones de esta investigación y sus opiniones sobre las declaraciones de Benito Osorio.

¿Quiénes han sido los despojadores en el Bajo Atrato y Urabá de acuerdo a sus investigaciones?

Julián Salazar: La expansión del fenómeno paramilitar desde finales de los 80 y comienzos de los 90 se vio desde el Urabá Cordobés y descendió hasta el norte de Urabá, bajando hasta el centro y sur del Urabá antioqueño. Precisamente esa expansión se dio bajo el pretexto de combatir la insurgencia en la zona, especialmente en el Urabá antioqueño y Bajo Atrato chocoano. Ese pretexto solo sirvió para implementar proyectos económicos agroindustriales que se caracterizaban por la siembra de palma aceitera y por la llegada de grandes empresarios que pusieron su ojo en la zona. La expansión paramilitar en clave económica fue principalmente agenciada bajo un proyecto macro criminal por parte de la casa Castaño y sus diferentes frentes que hacían presencia en la zona, especialmente el frente bananero, y también el frente Alex Hurtado, encabezado por “HH”. También hacía presencia en Belén de Bajirá y Riosucio el Bloque Elmer Cárdenas.

En nuestras investigaciones hemos podido determinar que los paramilitares llegaban bajo amenazas, intimidaciones y homicidios para desplazar a población campesina y étnica para que luego llegaran comisionistas y personas que compraban la tierra a estas personas que, por sus condiciones de vulnerabilidad y desplazamiento, vendían a bajo precio.

En la expansión de este proyecto paramilitar se tejieron relaciones con diferentes instituciones privadas como públicas, entonces cuando se empezó a ampliar este proyecto en Córdoba se tejieron unas relaciones con el Fondo Ganadero de Córdoba, que por ejemplo en el caso de Tulapas, concertó con la casa Castaño que una vez se hiciera el desplazamiento estas tierras pasarían a sus manos y luego se realizaría su venta a un valor mucho más alto. 

En el caso del Consejo Comunitario de los Ríos la Larga y Tumaradó hay una caracterización de despojadores que el Cinep ha encontrado en sus estudios de larga data en la zona y que incluyen al Bloque Bananero y Helmer Cárdenas, así como comisionistas y empresarios que compraban la tierra entre los que podemos destacar a Juan Guillermo González, José Vicente Cantero,  Ángel Adriano Pino, Francisco Castaño y Wilmer Dorancé Romero, quién pidió pista en la JEP y no fue incluido porque no cumplió con sus compromisos de verdad y reparación a las víctimas.

También hay que hacer una mención a Sor Teresa Gómez, que con su cooperativa Asoprobeba, ejerció el despojo de tierras campesinas en las que pretendían hacer una especie de mini reforma agraria y tener una serie de grandes cultivos de palma aceitera y ganadería. Estos son principalmente los despojadores que tenemos identificados en La Larga y Tumaradó. 

En el caso de las declaraciones de Benito Osorio se evidencian las relaciones, la connivencia y el contubernio que se tejió entre los paramilitares, el Fondo Ganadero de Córdoba y otras élites políticas de la zona.

¿Cómo han llegado a estas conclusiones?

Hay diferentes fuentes donde hemos contrastado la información: unas fuentes primarias de entrevistas y diálogos con gente de las comunidades que son quienes han sufrido el flagelo de la violencia y el desplazamiento y que son los que tienen esa información a viva voz. Y también hay una contrastación de fuentes secundarias. Allí hay una producción de sentencias judiciales por parte de la Jurisdicción Especializada de Justicia y Paz que es la que se ha encargado de analizar todo el fenómeno paramilitar en Colombia y se creó con la Ley 975 de 2005.

Hay toda una serie de pronunciamientos y fallos que, en cierta forma, ha permitido esclarecer el fenómeno paramilitar en la zona. A pesar de que  hay unos vectores de impunidad muy grandes, estas sentencias han aportado mucho a la verdad judicial. Y también hay una gran producción académica sobre el tema, organizaciones que se han encargado de producir informes y documentos sobre el fenómeno del desplazamiento y despojo en Urabá, y en los que se ha procurado establecer estas relaciones y estos nexos entre los grupos paramilitares y agentes económicos y políticos en el despojo de la tierra. Entonces hay todo un ecosistema de información y fuentes que hemos logrado contrastar y analizar.

¿Qué información ha aportado a la JEP y la CEV el Cinep / PPP sobre el despojo de tierras en el Urabá y Bajo Atrato?

JS: En septiembre de 2020 presentamos el informe Violencia, racismo y conflictos socioambientales. El despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los Ríos la Larga y Tumaradó, en el que nos propusimos evidenciar las dinámicas de violencia en este consejo comunitario, trazar la genealogía de la violencia al interior del mismo desde que hizo presencia las FARC, pasando por la presencia paramilitar hasta cómo se ha reconfigurado el conflicto armado posterior a la firma del Acuerdo.

Pero adicionalmente ponemos la lupa en cómo la violencia, el despojo y desplazamiento permitió que llegaran estos proyectos económicos agroindustriales de expansión de la frontera agrícola, y cómo todos estos proyectos tienen un cambio en el uso del suelo y tienen toda una serie de impactos ambientales. Entonces lo que evidenciamos es que los proyectos de ganadería, de cultivo de banano, de la palma aceitera y de explotación de madera han generado todo un cambio en los ecosistemas del Consejo y que estos impactos han generado una vulneración en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

En este informe le decimos a la JEP y la CEV que en el conflicto armado no solo se violaron derechos civiles y políticos, no solo se cometieron homicidios, desplazamientos o masacres, sino que también se violaron estos otros derechos sobre los que hay que poner el ojo. Por ejemplo, hay una vulneración en el acceso al agua, en el trabajo de las comunidades, a la cultura, al medio ambiente y realmente hay que llamar la atención para que la Jurisdicción comience a considerar esto en su análisis jurídico sobre los diferentes casos. 

Nosotros también como representantes judiciales hemos venido retroalimentando a la JEP, especialmente en lo atañe a la presentación de observaciones sobre las versiones voluntarias que han hecho los comparecientes de FARC y Fuerza Pública. Allí hemos hecho un trabajo de sistematización de estas versiones y hemos presentado una serie de observaciones encaminadas a evidenciar que hay asuntos que faltan por esclarecer y sobre los que se debe aportar verdad.

¿Qué nos falta por saber sobre el despojo de tierras en este macro caso?

JS: Los mecanismos transicionales vigentes, me refiero a la Ley 975 y la Ley 1448, aún se encuentran en mora de develar una verdad amplia y completa respecto de la participación de actores económicos y terceros civiles en el marco del conflicto armado aunque hay que reconocer los avances, especialmente en el proceso de Justicia y Paz, en donde se ha abonado un camino para evidenciar las distintas interacciones entre actores económicos y grupos que participaron en el conflicto.

Sin embargo, todavía hay una brecha de impunidad respecto del nexo, la connivencia y el contubernio que hubo entre los grupos paramilitares y los poderes económicos, ya sean personas naturales o jurídicas, e inclusive con los poderes políticos que hubo en la zona.

La más reciente declaración de Benito Osorio en su versión voluntaria nombra al Presidente de Fedegán y otros personajes sobre los que dice que apoyaron a los paramilitares para que pudieran acceder a cargos públicos y pudieran estar en las élites políticas de Córdoba y Urabá. 

Entonces todavía falta por esclarecer cuáles son estas relaciones, por qué se motivaron, cuál era el propósito de generar estas relaciones y habrá que establecer cómo fue ese patrón macro criminal del desplazamiento forzado y posterior despojo de tierras para que después llegaran estos empresarios.

Además, se tendrá que aclarar cómo los paramilitares apoyaron, ya sea de forma logística o financiera, a estas personas, especialmente las élites políticas para que llegaran a cargos públicos. Es un tema que se deberá seguir trabajando, pero lo que uno concluye es que los grupos paramilitares no solo proveían seguridad sino que también tejían relaciones simbióticas en las que confluían los intereses de ambas partes. Ellos son actores armados con intereses políticos, militares y económicos, y esto ha confirmado que esos intereses económicos han llevado a crear estas relaciones que contribuyeron al conflicto armado.

Y adicionalmente, estos actores económicos se beneficiaron del conflicto armado porque así logran la compra a un precio muy bajo de la tierra de los campesinos desplazados.

También hay que decir que con los arreglos institucionales y por el paso que tuvo el Acuerdo de Paz por el Congreso, todos estos terceros civiles no son actores que tengan obligación de presentarse a la JEP sino que es de carácter voluntario si ellos lo desean. En este caso hay dos terceros que podrían aportar información: uno es Benito Molina, que está compareciendo; y el otro es Benito Osorio Villadiego, que tenía una voluntad particular de contar los nexos entre paramilitares y actores económicos, pero lastimosamente era una persona muy adulta y cuando iba a empezar a hablar falleció.

Esto quizás es una lección muy importante para la JEP, especialmente por la demora que ha tenido para empezar a recibir estos testimonios y que se hagan las versiones voluntarias. Este señor ya había expresado su voluntad pero la Jurisdicción por sus demoras, y tras la muerte de este señor, nos deja a medias y ahora solo resta el testimonio de Benito Molina.

La información de Osorio y la posterior carta de Mancuso reiteran el debate sobre la entrada de exparamilitares a la JEP: ¿Valdría la pena que la Jurisdicción los recibiera?

JS: Este debate de la entrada de paramilitares a la JEP evidentemente lo tenía que resolver la Jurisdicción y lo ha ido resolviendo y zanjando aunque aún quedan dudas por resolver. Allí hay que saber que la JEP tiene toda una estructura jurídica en la que tiene unas competencias y unas reglas sobre lo que puede conocer, entre esas reglas hay un factor que es el de competencia personal. Este factor ha quedado claro en que hay unos comparecientes que lo hacen de manera obligatoria y otros que lo hacen de forma voluntaria.

Los que lo hacen de manera obligatoria son exintegrantes de las FARC - EP y los exintegrantes o integrantes de la Fuerza Pública; los comparecientes voluntarios son los terceros civiles y agentes del Estado que no son integrantes de la Fuerza Pública. Allí hay una puerta que dejó el Acuerdo de Paz y es que otros grupos armados organizados que suscriban un acuerdo de paz también se pueden acoger a la Jurisdicción pero esto todavía no ha sucedido.

Respecto a los terceros civiles, son aquellas personas que no pertenecen a grupos armados al margen de la Ley, pero que de manera directa o indirecta han contribuido con los delitos que se han cometido en el marco del conflicto armado, especialmente los financiadores en la dinámica del conflicto.

Allí la JEP ha sido muy enfática en que la regla general es que no tiene competencia para conocer las conductas cometidas por paramilitares, y uno podría traer a colación otros argumentos como que en la esencia del Acuerdo de Paz nunca estuvo contemplado incluir a los paramilitares y también que los paramilitares tienen un juez natural que es la jurisdicción especializada de Justicia y Paz. Por lo tanto, la JEP no tendría por qué conocer las conductas de los paramilitares.

Pero como toda regla general tiene su excepción, la Sala de Apelación ha establecido dos reglas generales para saber si la JEP tiene la competencia de recibir paramilitares en sus análisis: que los paramilitares hayan cumplido distintos roles dentro de la estructura, que hayan participado como combatientes y como tercero civil, especialmente, como un financiador con un nexo muy estrecho con el conflicto armado aunque esa relación está muy gaseosa; y la otra regla es que efectivamente el compareciente que esté pidiendo pista en la JEP tiene que hacer una contribución a la verdad que sea más allá de lo establecido en la jurisdicción ordinaria. 

Es decir, hay un umbral muy claro y es lo que ya se dijo en la jurisdicción ordinaria: si el compareciente no está dispuesto a hacer una contribución que supere el umbral de lo dicho en esa jurisdicción, realmente no hay posibilidades de que pueda entrar a la JEP. Esto se hace porque hay un interés particular que es de las víctimas de acceder a la verdad, la justicia y la reparación. 

Esto es lo que la Sala de Apelación ha denominado un test de verdad, aunque todavía carece de unas reglas claras y uno podría pensar que ese test se puede zanjar con otro mecanismo que también tiene la Jurisdicción Especial para la Paz como es el compromiso concreto, claro y programado, que es una herramienta que se tiene para que los terceros digan qué están dispuestos a contar, en qué están dispuestos a reparar y aportar a las garantías de no repetición.

Este es el debate al interior de la JEP y que empezó cuando Salvatore Mancuso solicitó su entrada diciendo que antes de ser un combatiente, él había financiado las estructuras paramilitares. Sin embargo, lo que argumentó la magistratura en ese momento es que no se logró comprobar que él hubiera participado como tercero civil y por eso no logró su entrada. 

Sin embargo, es importante decir que hubo un salvamento de voto de dos magistradas en donde se decía que todavía no había información suficiente para lograr concluir que Salvatore Mancuso había participado como tercero civil.  Lo que dicen las magistradas es que habría que generar un diálogo con Mancuso, y mirar si se puede conseguir más información al respecto. Entonces todavía hay vacíos que se deben subsanar.

Por último, es relevante tener en cuenta el principio de integralidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), es decir, que se deben tener en cuenta los aportes de paramilitares en las diligencias de escucha que ha realizado la Comisión de la Verdad, de tal forma que pueda integrarse a los hallazgos de la JEP para tener un relato más completo sobre todo el fenómeno. 

 

 Por Equipo de Comunicaciones CINEP / PPP

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

La semana pasada se presentó ante la Justicia especial para la paz y la Comisión de la verdad, el informe “Violencia, racismo y conflictos socioambientales: el despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó en el medio Atrato chocoano. El objetivo de esta gestión es que ocho grandes empresarios ocupantes devuelvan a las comunidades, cerca del sesenta por ciento de más de ciento siete mil hectáreas, en el marco de la ley catorce cuarenta y ocho de víctimas y restitución de tierras. Esperemos que la fe y la esperanza de volver a poseer y usufructuar su tierra sea pronto realidad para los más de cinco mil habitantes de comunidades negras, indígenas y campesinos de este territorio.

En Colombia la tenencia, propiedad, acceso y uso de la tierra es un nudo gordiano sin resolver. Desde que somos república, hace doscientos años, la tierra prometida a los pueblos indígenas, campesinos pobres y comunidades negras no se ha cumplido.

El país vive una de las más dramáticas e injustas mediciones de alta concentración de la tierra en el mundo, junto a países como Brasil y varias naciones centroamericanas. El uno por ciento de las fincas más grandes ocupa el ochenta y un por ciento de la tierra. Según el Banco Mundial, Colombia es uno de los cinco países más desiguales en tenencia y acceso a la tierra del mundo, un título que nos debería dar vergüenza, pero que se volvió parte del paisaje social. A esto se suma que mientras que la propiedad de grandes extensiones de tierra sigue concentrándose en pocas manos, la pequeña está fragmentada en un número mayor de personas. El año pasado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi informó que los predios rurales privados del país suman sesenta y uno punto tres millones de hectáreas y están a nombre de cinco punto dos millones de propietarios, pero solo el veinticinco por ciento de esos propietarios son los dueños del noventa y cinco por ciento del territorio.

Pero los problemas de la tierra no se limitan a la desigualdad de la propiedad. La informalidad de la tenencia es otra de las dificultades en los territorios rurales de Colombia. Estudios de Fedesarrollo en el dos mil diecisiete afirman que aproximadamente algo más de ochocientos seis mil hogares rurales, equivalentes al cincuenta y tres por ciento de los que se dedican a actividades agropecuarias, nunca han tenido tierra.

La sumatoria de todos estos factores arroja una compleja situación de la cuestión agraria en el país. La debilidad del Estado en el diseño y aplicación de políticas rurales, la alta corrupción, y los múltiples intereses económicos particulares detrás de las riquezas de la tierra y el subsuelo, siguen interesando mucho más a los gobiernos que las necesidades, las luchas y esperanzas de más de nueve millones de víctimas del conflicto social y armado que ha vivido el país. Una prueba de esto es el bloqueo que se hace del Acuerdo Final que, en el punto uno, quiere avanzar en la solución de una importante parte de los problemas agrarios del país.

El Papa Francisco en el primer encuentro mundial de movimientos populares en el Vaticano, año dos mil catorce, expresó: “Al inicio de la creación, Dios creó al hombre, custodio de su obra, encargándole cultivar y proteger la tierra. Me preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo por el acaparamiento de tierras, la desforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados, son algunos de los males que arrancan al hombre de su tierra natal. Esta dolorosa separación, que no es sólo física, sino existencial y espiritual, está poniendo a la comunidad rural y su peculiar modo de vida en notoria decadencia y hasta en riesgo de extinción”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

 Este jueves la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibieron el Informe ‘Violencia, racismo y conflictos socioambientales: el despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó’, por parte del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP.

Esta rigurosa investigación fue presentada de manera virtual a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP y a la Comisión de la Verdad; y documenta las relaciones de complicidad y colaboración entre paramilitares y élites políticas, sociales y económicas del Urabá antioqueño para la apropiación ilegal, por medio de la amenaza y el asesinato, de grandes extensiones de tierra al interior de un territorio étnico y de cómo el desplazamiento masivo y el despojo del territorio del que fueron víctimas las comunidades negras de La Larga y Tumaradó en el municipio de Riosucio (Chocó) generó vulneraciones de derechos de índole económico, social, cultural y ambiental, afectándose en forma desproporcionada a estas poblaciones y aumentando su marginalidad.

Según Juan Pablo Guerrero Home, coordinador de la Línea Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP y coordinador de este Informe: “La incursión paramilitar de los 90 generó el vaciamiento del territorio colectivo, un 93% de la población abandonó sus tierras. Al día de hoy, el 95% de las tierras productivas se encuentran concentradas en manos de 8 personas ajenas al territorio, esto ha generado que alrededor de 856 familias de las 1.747 que actualmente residen en el territorio colectivo solo hagan uso y goce efectivo de muy pocas hectáreas, mientras que existen terceros que hacen uso entre 9 mil y 10 mil hectáreas”.

Según el CINEP, hay una clarísima situación de desprotección sobre el derecho de las comunidades afrodescendientes a su territorio colectivo y una transgresión a los procesos organizativos de comunidades negras en la subregión del bajo Atrato “que ha conllevado a violaciones al derecho a la vida, a la integridad, a la existencia digna, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, así como a derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural, el derecho colectivo a la integridad cultural, o el derecho a la supervivencia colectiva de las comunidades y sus miembros, situación que manifiesta un etnocidio no físico, pero sí simbólico de la diferencia que es considerado por CINEP como una discriminación estructural y una exclusión social basada en una violencia racializada”.

Con este informe fue presentada también una solicitud de medida cautelar ante la JEP de protección territorial a favor de las 49 comunidades que componen el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, que podría proteger 107.064 hectáreas de tierra y favorecer a 5.832 personas.

Para Julián Salazar Gallego, investigador del CINEP, “la medida cautelar permitirá blindar y conjurar los riesgos que pueden tener el sujeto colectivo por su participación en la JEP, más cuando el Consejo Comunitario ha sido acreditado como víctima colectiva en el marco del caso 004”.

 

  

Por: Comunicaciones CINEP/PPP. 

 

La comunidad de Salaminita, en Pivijay - Magdalena,  sufrió dos procesos de desplazamiento por grupos paramilitares. Uno de ellos fue en el centro poblado donde, luego del asesinato público de varios líderes sociales, derrumbaron las casas que existían. Con amenazas desplazaron a los pobladores de área rural, comprando sus predios a precios muy bajos. Antes los atropellos de los actores ilegales formaron la asociación ASORENACER con la que han luchado el derecho a volver a sus predios.

Esta línea de tiempo señala el proceso de lucha por el acceso a la tierra de estos campesinos los que han tenido que vivir difíciles actos de violencia. Aunque una orden judicial de restitución de tierras y reconstrucción del corregimiento arrasado, aún no se ha cumplido dicha orden judicial.

 

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Actualmente 108 familias campesinas reclaman a través de la política de Restitución de Tierras –Ley 1448- los predios de Chimborazo, Ceibones, Nigrinis y Cantagallar en el municipio de Puebloviejo, corregimiento de Tierra Nueva (Magdalena). Desde 1999 las familias empezaron a ser hostigados por los grupos paramilitares que hacían presencia en la región. Por varios años fueron víctimas del robo de su producción, del dinero de sus ventas, de amenazas y las niñas, niños y mujeres fueron vícitimas de violencia sexual. Luego los hechos a los que fueron sometidos, varias familias abandonaron la región hasta que en 2010 se organizaron en la Fundación de Desplazados y Personas Vulnerables –FUNDAPAD, con la que han adelantado acciones para el restablecimiento de sus derechos por medio de la ley de Justicia y Paz (Ley 975).

Esta línea de tiempo señala el proceso de lucha por el acceso a dicha tierra de estos campesinos en la que han tenido que vivir difíciles actos de violencia. Aún están a la espera de la demanda que fue admitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Santa Marta. 

 

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