Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


El pasado 26 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia publicó el informe que evalúa la situación de derechos humanos en el país durante el año pasado. El documento enfatiza la violación a los derechos civiles y políticos de las personas defensoras de derechos humanos, el modo de proceder de las fuerzas militares y de policía en situaciones de seguridad ciudadana, la lucha contra la impunidad y las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También examina la implementación del Acuerdo Final de Paz en perspectiva de derechos.

Si bien el Comisionado reconoce los esfuerzos del Gobierno y el compromiso de los excombatientes de las FARC en el proceso de reincorporación, el informe manifiesta, entre otros puntos, su preocupación por la persistencia de los altos niveles de violencia sobre personas defensoras de derechos humanos, comunidades campesinas, indígenas, negras y afrodescendientes, el incremento de privaciones arbitrarias de la vida y las graves violaciones a los derechos humanos contra niñas y niños en medio del persistente conflicto armado.

El documento, resalta la acción de los grupos criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o también llamadas Clan del Golfo, los Caparros y la mafia, así como de las organizaciones criminales transnacionales que emplearon extrema violencia en las disputas por el control de las economías ilícitas del narcotráfico, minería, despojo de tierras y la cooptación del Estado local y regional en Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Nariño, Guanía y Putumayo, entre otros departamentos.

Manifiesta su profunda preocupación por las disidencias de las FARC, la vuelta a las armas de algunos ex comandantes del equipo negociador de La Habana y la persistencia en la lucha armada del EPL y el ELN.

El informe registra 36 masacres con 133 personas asesinadas, la cifra más alta registrada desde 2014, además de 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incrementándose en un 50% comparado con el año 2018. Algunas de estas personas que participan en procesos judiciales y que involucran a altos funcionarios del Estado y miembros de las fuerzas militares, son víctimas de hostigamientos. Por eso, una conclusión tajante del Comisionado es que defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia. 

A esto se suma que los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado son insuficientes o corruptos. Particularmente, las autoridades civiles, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Armadas y de Policía, no cumplen de manera adecuada, eficiente y correcta su misión en un importante número de situaciones.

Los señores obispos de Apartadó, Quibdó y Tadó, en septiembre del año pasado, exhortaban a la comunidad del Chocó y al país diciendo: “Ante las problemáticas de un territorio fuertemente golpeado por el conflicto armado y la delincuencia organizada, es absolutamente necesario aspirar a gobernar con perspectivas de paz. Se requieren políticos y gobernantes constructores de paz, porque como afirma el papa Francisco: la buena política está al servicio de la paz. En este sentido, el reclamo por el desarrollo debe inspirarse en criterios de humanismo, sustentabilidad y autonomía territorial”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General del CINEP/Programa por la Paz

El equipo de Derechos Humanos presentó hoy ante la opinión pública la revista Noche y Niebla n. 59º en donde se expuso el panorama de derechos humanos y violencia política para este primer semestre de 2019 enfocada en el departamento de Antioquia. En el evento participaron el director del Cinep/PPP, Luis Guillermo Guerrero; Winston Gallego y Carolina Moreno, de la Corporación Jurídica Libertad del Banco de Datos de Antioquia; Javier Giraldo, S.J., investigador de Derechos Humanos del Cinep/PPP y Alejandro Angulo, S.J., coordinador del equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP.

Los voceros hicieron un balance de las violaciones de derechos humanos y violencia política que recoge la revista a lo largo de sus páginas. Luis Guillermo Guerrero resaltó el propósito de la publicación, “reducir la vulnerabilidad de las víctimas ya que el desconocimiento y la invisibilidad de lo que ocurre puede llegar a proteger y blindar a los victimarios y a encubrir la continuidad de estos crímenes”. Una de las miradas del balance de esta publicación es el fortalecimiento del paramilitarismo, la revista recogió 157 amenazas de muerte por parte del grupo armado entre enero y junio de 2019. Así mismo, las ejecuciones extrajudiciales fueron 19 para este mismo periodo. Las detenciones arbitrarias de la Policía Nacional suman 32 personas y hay testimonios de 6 ejecuciones, además de otras violaciones por parte del Ejército Nacional.

Javier Giraldo, S.J., destacó el nuevo enfoque para esta publicación, “mirar cómo se están realizando en la cotidianidad la persecución y exterminio del liderazgo social de base”. La revista recopiló 48 asesinatos de líderes sociales en todo el país entre enero y junio de este año, también se presentaron 37 atentados y 54 amenazas entre líderes, lideresas y comunidades que trabajan por la defensa de los derechos humanos, además 12 asesinatos de desmovilizados en su mayoría de las FARC. Una de las mayores problemáticas de estos casos es que se desconocen los victimarios, “hay un máximo nivel de clandestinidad, que hace imposible investigar y saber la identidad del victimario”.

Carolina Moreno se refirió a las relaciones que existen entre las violaciones de derechos humanos con el modelo de desarrollo del departamento de Antioquia, “estas visiones atienden a intereses particulares de grupos económicos y algunos políticos, que además hacen presencia en las diferentes regiones”. Según Carolina, megaobras y megaproyectos como el Túnel de Oriente, la hidroeléctrica Hidroituango, entre otros, son los causantes de desplazamientos, masacres y asesinatos. Por otro lado, el desempleo, la seguridad, la pobreza y la informalidad en Medellín han aumentado durante este año convirtiéndola en una de las ciudades más desiguales de América Latina.

Winston Gallego expuso el caso del Bajo Cauca antioqueño planteando, “es la región más pobre del departamento de Antioquia” y resaltó, “han asesinado 26 líderes sociales. La mayoría eran del PNIS(Plan Nacional Integral de Sustitución)”. Después de la desmovilización de las FARC, el Bajo Cauca vivió un incremento de la violencia por parte de otros grupos armados que llegaron a ocupar la zona como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Caparrapos, además de disidencias de las FARC. Según Winston, el incumplimiento de la implementación de los Acuerdos de Paz impide que la situación del territorio mejore.

“La asociación y las comunidades de paz son las herramientas para combatir esa lucha contra el militarismo y el paramilitarismo en las comunidades que están cansadas de la guerra” fue el llamado que hizo Alejandro Angulo S.J.  De esta manera, Luis Guillermo Guerrero recalcó que Noche y Niebla no es una revista estadística sino para la memoria de las víctimas y que esta publicación se da en un contexto de nuevas salidas violentas y cuestionamientos alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz.

Lee aquí el informe regional Antioquia, la guerra en desarrollo

María Fernanda Vera
Equipo de Comunicaciones 

 

 

El contexto del conflicto armado que ha vivido Colombia por más de 60 años ha llevado a que se presenten numerosas consecuencias que han afectado a la población colombiana de diferentes maneras. Los constantes combates entre la fuerza pública y los grupos armados, han sido el escenario donde las acciones de ambos actores han afectado a la población civil; de esta manera surgieron en Colombia los crímenes por agentes del estado, donde funcionarios públicos han cometido violaciones de los derechos humanos.

Hay que aclarar que la figura del crimen de estado no tiene su origen en Colombia, pues como nos cuenta Luis Alfonso Castillo, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, “con el fin de la segunda guerra mundial se empieza a ver de manera sistemática la criminalidad estatal, aparece la figura del enemigo interno, que era la amenaza de la estabilidad del funcionamiento de los estados amigos”. Es así como estas acciones empezaron a presentarse sin ningún control, y con la excusa del enemigo interno en muchos países se han cometido asesinatos de personas que no hacen parte de un contexto de guerra.

De acuerdo con David Suárez, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, “cuando hablamos de Crímenes de Estado pareciera ser una paradoja, porque el Estado es quien está destinado por su posición a proteger la vida, la honra, los bienes y la integridad de cada uno de los asociados que hacen parte de ese presunto pacto social en el que el Estado se compromete a garantizar los derechos de las personas, y las personas contribuyen a que el Estado se sostenga”. Más allá de que el Estado se encuentre inmerso en un conflicto armado, su principal preocupación debe ser velar por la seguridad de las personas que se encuentran amenazadas por ese conflicto, sin embargo, diferentes motivos han llevado a que funcionarios públicos atenten contra la vida de la población que confía en ellos.

Las cifras en Colombia no son exactas, pero se habla de más de 10.000 crímenes de estado, algunos de los cuales han sido llevados ante la justicia para poder sancionar a los responsables. Aun así, se han presentado casos donde las instituciones no han cumplido con su labor y se ha tenido que acudir a instancias internacionales, como explicaba Julián González, de la Comisión Colombiana de Juristas, “la jurisdicción internacional se activa en circunstancias muy particulares, y es cuando se surte el proceso interno o cuando los medios de los que dispone el país no son suficientes y la investigación no es profunda, cuando habiendo los recursos y los medios hay un tiempo donde queda muerto el proceso.”

Es difícil que los casos de crímenes de estado desaparezcan, cuando en medio de la búsqueda por la verdad de todo lo que ha pasado en el conflicto colombiano, persisten los grupos armados ilegales y se siguen presentado muertes de civiles y líderes sociales. No obstante, desde la Comisión Colombiana de Juristas creen que existen los mecanismos para reducir el número de víctimas, ya que según Julián González “el acuerdo (de paz) tiene a la comisión nacional de garantías de seguridad, cuyo fin único es desarticular bandas criminales que surgen al final del proceso de paz. La manera más sencilla y clara que debería juntar a todas las fuerzas sociales y a los actores más escépticos del estado es el cumplimiento del acuerdo de paz, es la manera como se puede proteger de forma más idónea a los líderes sociales. Las herramientas están solo falta tomar la decisión política”.

Finalmente, el mensaje de los expertos a la población colombiana es a persistir, como afirma David Suárez “Hay que perseverar, ser valientes en medio de la muerte, de las amenazas y de las agresiones. La sociedad civil, los reclamantes de tierras, los líderes, indígenas, campesinos y afrodescendientes están luchando por lo que han luchado siempre, la única manera de avanzar es perseverar.”

En este Rompecabezas nos acompañaron:

  • David Suárez. Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana
  • Luis Alfonso Castillo. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
  • Julián González. Comisión Colombiana de Juristas



Deivyd Manrique
Periodista Rompecabezas

 

 

Una semana que trasciende el espacio y el tiempo. Después de 32 años Semana por la Paz busca declarar a Colombia territorio de paz. Cinep/PPP refrenda su misión y su voluntad de vivir y actuar por una sociedad justa, sostenible y en paz.

La historia de una Semana

Sin saberlo, la historia de la Semana por la Paz la empiezan a construir los jesuitas desde 1700 cuando encargan al artesano santafereño José de Galaz la elaboración de la Custodia de la Iglesia San Ignacio de Bogotá, conocida como ‘La Lechuga’. Más de doscientos años después y tras la venta de esta pieza al Banco de la República nace el Programa por la Paz, una obra concebida por la Compañía de Jesús con el objetivo de apoyar iniciativas de paz de la sociedad civil y en cuyo seno se originó la Semana por la Paz.

Exactamente fue un 9 de septiembre de 1987, en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, que se desarrolló la primera versión de Semana por la Paz, un proyecto de promoción de la paz para visibilizar, aportar y promover las iniciativas de paz en el país. Luego, en 1993, la coordinación de este proyecto quedó a cargo de la Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz); para 1995, por invitación de la Provincia de la Compañía de Jesús, se unió la Pontificia Universidad Javeriana; y, posteriormente, en 2006, tras la unión del Cinep con el Programa por la Paz el Centro se suma a las organizaciones que integran el comité de impulso. Desde el 2011, Semana por la Paz adquirió una identidad propia y se convirtió en un espacio de la sociedad colombiana comprometida con la paz.

Según Luis Guillermo Guerrero, director del Cinep/PPP, “durante estos 32 años hemos insistido, persistido y resistido a todos los embates del conflicto para crear símbolos pedagógicos, para que respiremos por lo menos en un momento y pongamos a reflexionar acerca de la pregunta ¿Qué es la paz y cuál es su contenido?”. En estos 32 años de existencia se han realizado cerca de 32.000 actividades en los 16 departamentos del país.

“Somos territorio de paz”

En 2019, Semana por la Paz con el propósito de declarar a Colombia como un territorio de paz toma el lema “Soy y somos territorios de paz” para dejar atrás la polarización constante que se vive en el país alrededor de este tema. En esta Semana participaron más de 70 organizaciones, corporaciones, asociaciones y entidades gubernamentales, entre otras.   

Cinep/PPP también se sumó y, el pasado 3 de septiembre, se declaró territorio de paz a través de un acto simbólico donde más de 70 trabajadores de la organización entregaron sus “armas”, representaciones simbólicas de actos que los alejan de la paz, y firmaron un acuerdo con el fin de construir este ideal desde la cotidianidad.

Para el director, Luis Guillermo Guerrero, Cinep/PPP hace esta declaración “porque queremos dar ejemplo de que se puede construir paz hasta en lo más pequeño y de ahí en adelante”, esto significa, “dar el testimonio y uno que sea desde la profunda convicción de que si la paz no empieza también en esos pequeños territorios, bien sean geográficos o simbólicos, no estamos realmente empezando a tocar el germen de dónde está la base de la paz”. Esta base se encuentra en las relaciones con otros, con su entorno y con las demás especies donde se establece “cómo comemos, de qué comemos, de qué usamos, de qué compramos”. 

Por su parte, Andrés Aponte, investigador del equipo de Estado, conflicto y desarrollo, considera que “Cinep no se está declarando como tal como un territorio de paz, sino que está refrendando precisamente esa postura y visión que tiene de sociedad frente a la realidad colombiana que se ha vivido por más de 50 años”. Según Aponte, “es más que todo un respaldo a una misión y visión institucional que se compromete más allá de la coyuntura, pero que sin duda alguna está respaldando las transformaciones que se vienen dado en la sociedad con los Acuerdos de la Habana”.

Para conocer más sobre el sentido de la Semana por la Paz para Cinep/PPP escuche el siguiente podcast:

Un “proceso de paz” al interior

El proceso de declaratoria en Cinep/PPP tuvo dos momentos: uno personal y otro grupal. El momento personal se desarrolló una semana antes. En los pasillos y carteleras de la institución se platearon preguntas y reflexiones sobre aquellas problemáticas internas que se viven en el trabajo cotidiano y que impiden hacer de la paz una forma de vida. Durante una semana el equipo humano del Cinep/PPP escribió sus ideas y mensajes para enfrentar esas situaciones y elaborar una “agenda” de la negociación que sería insumo fundamental del “acuerdo de paz” que sería firmado en el acto simbólico.

Por su parte, el momento grupal se realizó en dos partes, primero, con los equipos de trabajo y, segundo, con toda la institución. Para el primero, cada grupo se tomó un tiempo de reflexión y diálogo sobre esas acciones o actitudes que se convierten en “armas” en la cotidianidad y que serían entregadas en la ceremonia como un compromiso para mejorar las relaciones con otros. Esta actividad se basó en la propuesta metodológica de la Semana por la Paz.

Finalmente, el segundo, fue la ceremonia de declaración, que se dio en las instalaciones de la institución y fue presidida por Jorge Julio Mejía, S.J., quien a partir de canciones invitó a la reflexión colectiva que se concretó en la ‘dejación de armas’ y la ‘firma del acuerdo de paz’. En el siguiente video conocerás un poco más sobre como Cinep/PPP vivió la Semana por la Paz:

 

Texto: Lida Bocanegra
Video: Miguel Martínez 
Crónica: Deivyd Manrique
Equipo de Comunicaciones 

 

 

De 1988 a 2018 el departamento de Caquetá vivió 355 episodios donde se denunciaban prácticas consideradas violaciones a los derechos humanos y violencia política, entre ellas estaban 199 casos de ejecución extrajudicial, 225 casos de tortura, 1440 desplazamientos forzados individuales, 177 heridos, muchos de estos perpetrados por los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) y 28 casos de desaparición forzada (Caso Tipo 15). Visibilizar casos como el de Caquetá es el objetivo de la Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política a la que pertenece el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP).

La idea de crear un banco de datos surgió a raíz de los altos niveles de violencia, los procesos de genocidio y el exterminio de fuerzas políticas como la Unión Patriótica; con el fin de denunciar y sistematizar la información sobre violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), además de hechos relacionados con el conflicto social ya que nadie realizaba esta labor. Desde 2005, se han conformado Bancos de Datos de Derechos Humanos en diferentes regiones del país con la ayuda y el trabajo del jesuita Javier Giraldo Moreno, movimientos de origen popular, investigativo e incluso religioso. De esta manera, se consolidó la Red Nacional de Bancos de Datos, como un proceso organizativo y colectivo integrado por organizaciones como la Corporación Caguán Vive, la Fundación Orlando Fals Borda, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, entre muchos otros.

En su dedicación por reconocer los diferentes hechos violentos en Colombia, la Red redactó una guía pedagógica que ayuda a sistematizar la cruel realidad colombiana, expresada en sus manifestaciones de violencia política y social que han azotado a las regiones a través de la historia del país. El Marco Conceptual es el instrumento con el que las organizaciones aliadas configuran, caracterizan y leen los hechos violentos de sus territorios. Además, define las categorías de violencia con ayuda de diferentes convenios y protocolos internacionales, lo que permite la objetividad de los hechos. Es la pauta para empezar a construir la memoria de las víctimas.

A partir de la creación de este Marco Conceptual en 1996 y actualizado en 2018, se dio paso a la revista Noche y Niebla donde se publican y registran las múltiples violencias y violaciones a derechos humanos de estas regiones. “Noche que oculta la verdad y Niebla que disemina la responsabilidad”, es el sentido de la revista.  Noche y Niebla también publica informes especiales catalogados como Casos Tipo que recogen hechos en regiones específicas que, por su contexto histórico social, sus actores, el rol de los medios de comunicación, la respuesta a las víctimas por parte de las instituciones gubernamentales, el papel del Estado y otros factores, permiten identificar patrones especiales en lo ocurrido. Desde 2003 se han publicado 15 Casos Tipo, algunos alrededor de las historias de Bojayá, la comuna 13 de Medellín y San José de Apartadó.

La cobertura territorial que tiene la Red permite ofrecer un panorama nacional y su cercanía con las comunidades, brinda confianza y credibilidad sobre la información que recauda. No es simplemente registrar el hecho sino comprender las realidades, ayudar a escribir y construir la historia del país a través de la realidad regional. Como lo mencionó Jerry Garavito en el marco de la VI Asamblea de la Red “Documentar los hechos, las historias desde las víctimas y la presencia regional del Banco es lo que ayuda a visibilizar la situación”. Sin embargo, la visibilidad de los casos no es suficiente, la Red propende también a la reducción de esa vulnerabilidad de las comunidades y al desescalamiento de los hechos violentos.

La Red ha sobrepasado diferentes obstáculos en su lucha por defender y visibilizar los derechos humanos. Ha sido víctima de presiones en cuanto a su contexto de acción y algunos colaboradores de los Bancos de Datos se han tenido que enfrentar a montajes jurídicos de amenaza y señalamiento por su labor en defensa de los derechos humanos. Al tiempo que afronta estas acciones adversas la Red es ampliamente reconocida por sus labores y publicaciones, por ejemplo, en el último Informe Anual de Derechos Humanos en Colombia que elaboró la embajada de Estados Unidos, el trabajo de los Bancos de Datos fue referenciado cuatro veces en torno a temas de tortura y tratos crueles, y detenciones ilegales y abuso físico. Esto demuestra la importancia que hay alrededor de las investigaciones que se hacen conjuntamente con las organizaciones regionales, pues de esta manera es como se logra el posicionamiento de las víctimas, que son el eje central de la Red.

Además de ser un espacio que trabaja y se construye de manera permanente la Red Nacional del Bancos de Datos hace un ejercicio fundamental de construcción de memoria histórica. Alrededor de la compilación de los datos en las regiones se reivindica el relato de todo un territorio, sus dinámicas políticas, sociales, económicas, étnicas y mucho más. Esta labor permite reconocer la diversidad del país desde una mirada analítica y sobrecogedora que a la vez se convierte en un proyecto social de incidencia en las políticas actuales. Sus acciones de memoria no solo se basan en la recopilación de información histórica de las regiones, sino también en los actos simbólicos que se realizan para recordar los crímenes hacia líderes o comunidades. Ejemplo de ello es el caso de la peregrinación en Trujillo, Valle del Cauca, por el asesinato de más de 200 personas entre 1986 y 1994, además del asesinato del padre Tiberio Fernández, por denunciar la barbarie que ocurría en el territorio.

Actualmente, son muchos los casos de hechos violentos y violaciones a derechos humanos que se comenten en el país y un gran número de ellos están en las sombras, ocultos bajo la complicidad de sus diversos actores. Sin embargo, aún queda la memoria de las víctimas que sobreviven, los testigos que deciden denunciar, aún en el silencio de las voces que han callado hay algo por contar. El esfuerzo conjunto es la clave para reivindicar la historia de las comunidades y regiones que se resisten a vivir en un país violento, ausente e impune.

 

María Fernanda Vera*
Equipo de Comunicaciones 

 

*Este artículo fue publicado originalmente en la edición de Septiembre de la Revista Jesuitas Colombia