El COVID-19 ha develado facetas antes disimuladas de instituciones que estaban en ruinas, una de ellas es la prisión. La crisis sanitaria actual ha puesto en jaque la institucionalidad del país. Les compartimos una opinión sobre la reciente masacre de 23 prisioneros en la cárcel La Modelo de Bogotá.

Por Jury Vanessa Marulanda Cardona*

“Si aceptáramos lo inaceptable, que el hombre tiene derecho a castigar, ¿qué persona querrá ejercer este derecho?

Sólo aquellas que hayan caído tan bajo que ya no se acuerden ni conozcan sus pecados”.

Lev Tolstói, Aforismos

La noche del 21 de marzo, personas privadas de la libertad iniciaron una protesta en más de diez cárceles del país, entre ellas La Modelo, La Picota y El Buen Pastor, en Bogotá. Hay diferentes versiones de su origen, por un lado, la preparación absolutamente deficiente de las cárceles para enfrentar una emergencia sanitaria como la que viene aconteciendo en el mundo: no hay un suministro continuo de agua, el altísimo porcentaje de hacinamiento, las condiciones de infraestructura, entre otras. Por otro lado, la cancelación de las visitas de familiares como medida para contener posibles contagios al interior de las prisiones. Pueden ser ambas, o puede ser, una conjugación de razones para alzar la voz en medio de una situación que deviene en inhumanidad.

La situación carcelaria en Colombia no ha sido un secreto ni para la llamada “opinión pública” y mucho menos para el sector justicia. Desde 1998 la Corte Constitucional declaró, por sentencia T – 153, la existencia un “estado de cosas inconstitucional” en el sistema penitenciario y carcelario.

Esto quiere decir, sin el lenguaje poco poético del Derecho, que había hacinamiento, que las condiciones de los centros, en cuanto al suministro de servicios públicos, era deficiente, que había un servicio de salud degradante, que había corrupción al interior, que había una alta tasa de personas privadas de la libertad sin contar con una condena en firme, en suma: que se estaban vulnerando los derechos humanos de la población interna de manera generalizada y sistemática.

Este diagnóstico ha sido reiterado en los últimos años a través de las sentencias T – 388 de 2013, en la T – 762 de 2015 y T – 197 de 2017.

La Corte no ha dejado de repetirlo, pero quien tiene la potestad de hacer política pública para impedir esta vulneración continua de la dignidad de quienes están tras esos muros, no han tomado las medidas necesarias para revertir esta situación.

Este desdén parece justificarse en lugares comunes que desplazan la responsabilidad del Estado hacia quien sufre por la negligencia política:

“¡Se lo merecen!”, “algo debieron hacer”, “el Estado no tiene por qué invertir en criminales”

 Son sutiles técnicas de neutralización para la crueldad por omisión.

De allí que, como respuesta a la protesta y a los acontecimientos que se desataron posteriormente, de forma particular en La Modelo, acudieron el INPEC, el Ejército y la Policía, quienes dispararon contra los levantiscos, como se puede apreciar en los vídeos compartidos por los mismos internos.

Pero no ha sido el uso letal de la fuerza la que ha generado alguna indignación social. Sí, ¡Hay celulares! ¡Hay datos! ¡Hay armas! ¡Hay estupefacientes! Hay un sinfín de cosas que funcionan mal al interior de las prisiones en Colombia, pero esa no puede ser la respuesta inmediata cuando todo el arsenal estatal se desborda ante un establecimiento rodeado por muros, por fronteras, por vallas y por exclusión; ni siquiera se intentó mediar una conversación.

Los titulares en los medios de comunicación resumen todo como “un plan criminal de fuga”, resultado: 23 muertes, los internos dicen que son más.

El poder que se pronuncia es aquel que tiene la potestad de producir muerte, de decidir quién puede vivir y quién no, como lo plantea Achille Mbembe en Necropolítica2, la soberanía es esa capacidad de decidir sobre la vida y la muerte, que en los campos de esclavizados y esclavizadas se traducía en decidir sobre la muerte, en dejar morir: un símil de las prisiones en la actualidad.

El autor describe la relación casi originaria de la Modernidad y el Terror: ejercer terror para lograr dominio es característico del ejercicio político, solo que ese terror se ha sofisticado (al menos en nuestros contextos de privilegio porque lo que muestra la muerte selectiva de líderes y lideresas sociales es que el terror continúa y de la peor forma). Ese terror sobre cuerpos invalidados que, constantemente, se les recuerda que cometieron un error, que no son aptos o aptas, que tienen que pagar con sus vidas, que sus actos fueron el resultado de una elección “libre y racional” y que la sociedad no les debe nada.

Hay una triple pérdida en quien está esclavizado que Mbembe describe como “pérdida de un «hogar», pérdida de los derechos sobre su cuerpo y pérdida de su estatus político” (2011, pp. 31-32). Aquí cabe recordar que quien está privado o privada de su libertad no puede ejercer derecho al voto y, después de cumplir su pena, tiene diversas limitaciones a su ciudadanía. También, en cualquier momento se está en exposición a la muerte: un motín, una infección, intoxicación, enfermedad, riñas, y demás, aquello que denomina Zaffaroni3 como “masacre por goteo” porque es el Estado el garante de estas vidas y que muera uno, dos, ¡veintitrés! Es su responsabilidad, aunque las autoridades se empeñen en negarlo y no es una novedad, ni resultado de una coyuntura, como bien lo demuestran Camilo Umaña y Aixa Cordero en su trabajo Análisis sobre muertes de personas privadas de la libertad4.

No es posible desconocer que la crisis actual ha puesto en jaque la institucionalidad del país. El COVID-19 ha develado facetas antes disimuladas de instituciones que estaban en ruinas, una de ellas es la prisión,

y la masacre cometida posteriormente es la manifestación explícita de que esas vidas no importan, de que se justificaba por su intento de fuga, de que “allí no hay problemas sanitarios” cuando la Corte lo ha dicho desde 1998.

Seguir creyendo que hay otro u otra que se puede descartar, eliminar e invalidar, como se puede leer en los comentarios a los titulares y como se puede leer de la declaración de la ministra Margarita Cabello, va a seguir generando situaciones devastadoras para muchos, para la naturaleza y para el planeta.

Resta esperar que las familias que acudieron a las puertas de La Modelo, como pudo apreciarse el domingo 22 de marzo a través de imágenes en medios de comunicación, reciban una respuesta sobre la identificación de los cuerpos. Me temo que esta masacre no será reconocida, al menos no por ahora, dado el silencio generalizado, y que llegará muy tarde, algo así como en Ante la ley de Kafka5, demasiado tarde. Al menos, lo que debieron hacer desde un principio, ya se hizo y fue declarar la emergencia carcelaria.

Posterior a la declaratoria de emergencia carcelaria y penitenciaria, se tomarán una serie de medidas, previamente recomendadas por diferentes organizaciones, entidades como la Defensoría del Pueblo y Universidades: libertad para aquellas y aquellos en situación de vulnerabilidad como mayores de 60 años, para quien adolece enfermedades graves, madres gestantes, cambio de medida de aseguramiento para quienes no tienen pena en firme, y demás, por supuesto con aprobación judicial. De allí que se esté estudiando la posibilidad de dar “libertad” a un gran porcentaje de la población interna que cumple los requisitos de la emergencia y sus casos específicos pueden ser analizados en aras de apaciguar la crisis actual.

Se habla de alrededor de 4.000 y 10.000 reclusas y reclusos que pueden “salir”, en un total de cerca de 124 mil personas privadas de la libertad, lo que demuestra un cierto grado de improvisación en la medida, por lo que surgen algunas preguntas: ¿Cuál va a ser el trámite que se va a dar en instancias judiciales? ¿cómo se va a tratar la congestión judicial preexistente? ¿es una medida temporal? La pregunta final sobre la temporalidad es determinante, ya que, si se plantea esta “solución” en medio de la coyuntura, cuando ésta pase la situación se va a volver a agravar, por lo que la Defensoría, entre otras entidades y personas, recomiendan que sea una medida permanente para alivianar un poco el estado de cosas inconstitucional.

Otra pregunta que surge es ¿cuál será la situación de quienes quedan tras los muros?

Las condiciones sanitarias al interior, previas a la crisis actual, no han cambiado, y hasta el momento, la única respuesta que se da es la ampliación del cupo carcelario, que realmente no modifica el problema de fondo, a saber, una política criminal que no es respetuosa de los derechos humanos (T – 762 de 2015). Reiterando lo anterior, este tipo de soluciones dada la insistencia de la Corte Constitucional y organizaciones de derechos humanos desde hace décadas, debieron preverse para que su ejecución no agudice esa condición de no-persona6 de las y los que están tras los muros de las prisiones colombianas.

 

Fotos cuerpo: CICR.


* Socióloga. Estudiante de Derecho de la Universidad de Caldas. Integrante del Grupo de Investigaciones sociohistóricas y contemporáneas en la línea de sociología jurídica del departamento de Antropología y Sociología, y del semillero: Última ratio y Política criminal, víctima y delito de la Universidad de Caldas y la Universidad de Manizales. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

2Mbembe, Achille. (2011). Necropolítica. España: Editorial Melusina.

3Zaffaroni, Eugenio Raúl. (2010). Masacres: Larvas y semillas. Lineamientos para un replanteo criminológico. Investigaciones. Corte Suprema de Justicia de la Nación. República Argentina. Vol 1, pp. 11-32.

4Umaña, Camilo Eduardo & Cordero, Aixa Tatiana. (2019). Análisis sobre muertes de personas privadas de la libertad: Una realidad adversa para lograr un derecho penal garantista. En Gutiérrez Quevedo, Marcela & Olarte Delgado, Ángela. (Ed.). (2019). Los riesgos del punitivismo, presunción de inocencia e indignidad carcelaria en Colombia (pp. 295-248). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

5 Kafka, Franz. (2015). La condena y otros relatos. Madrid: Akal.

6 Esposito, Roberto. (2011). El dispositivo de la persona. Buenos Aires. Amorrortu editores.

Casi cien personas de más de 20 organizaciones y ciudadanos independientes visitaron el ETCR “Román Ruiz” de la vereda Santa Lucía en Ituango. Con su visita la sociedad civil exigió la implementación del Acuerdo de Paz y garantías para los reincorporados que han enterrado a más de 12 firmantes de paz en Ituango y 180 en todo el país desde la firma del Acuerdo de paz.

"Nos duele salir porque el ETCR era una luz de esperanza y cambio para las comunidades campesinas, pero esa llama se fue apagando y con ella la oportunidad de que el municipio brillara como un laboratorio de paz en el norte de Antioquia", dijeron los ex combatientes al recibir la Caravana Humanitaria.

Esta fue una iniciativa que nació en Defendamos La Paz Antioquia y a la que se sumaron diversas organizaciones. El liderazgo de este trabajo en equipo lo tomó el Instituto Popular de Capacitación con el propósito de generar un diagnóstico de la comunidad reincorporada y campesina de Ituango pues en la zona la crisis humanitaria viene en ascenso desde la firma del paz.

Desplazamientos, confinamiento, asesinatos de ex combatientes, aumento del homicidio en general, combates, minería y narcotráfico se mezclan en un territorio codiciado no solo por ilegales sino por la clase empresarial y política antioqueña que desarrollo allí el proyecto hidroeléctrico más ambicioso y polémico de América Latina: HidroItuango.

La Caravana Humanitaria salió a la media noche de Medellín el pasado viernes en dos buses y vehículos particulares con acompañamiento de la Fuerza Pública, y llegaron a la mañana siguiente al casco urbano de Ituango. Luego de abordar una chiva (bus de escalera) y con el acompañamiento también de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Caravana llegó al medio día del sábado al antiguo ETCR

Algunos participantes se sorprendieron en el camino pues en la misma vía destapada donde han sido asesinados varios ex combatientes encontraron grafitis donde podía leerse “Agc Presente” y “Farc-Ep”. 

También había abundante presencia de Ejército y Policía que habitualmente no está e hizo presencia por solicitud de los organizadores de la caravana.

Los congresistas Iván Cepeda, María José Pizarro, Julián Cubillos y León Fredy Muñoz, de la Comisión de Paz de Congreso citada a la Caravana para una audiencia pública, no pudieron llegar al Etcr y debieron devolverse a Bogotá desde el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín. El gobierno les informó, según un video que publicaron en sus redes sociales, que el helicóptero que había sido destinado a su desplazamiento de Medellín a Ituango, había sido enviado a la frontera con Venezuela.

Para algunos ya presentes en el Etcr, se trató de una piedra en el camino de parte del gobierno para impedir que los congresistas llegaran al lugar. Otras autoridades convocadas como Ministerio Público y Concejo Municipal tampoco se hicieron presentes.

En la visita se desarrolló una asamblea de ex combatientes y ongs de Medellín en las que las Farc hicieron énfasis en una propuesta para ellos y ellas y para los Congresistas:

  • Una ruta clara de reincorporación donde no se desmonten las ayudas de alimentación, salud, educación, vivienda y tierras y se asesore los proyectos productivos que quedan en el territorio.
  • Que continúe el acompañamiento permanente de la ARN, CNR, las agencias de la ONU, entidades municipales y departamentales y diferentes organizaciones de la sociedad civil.
  • Que una vez trasladado el ETCR, las instalaciones físicas no sean destruidas y pasen a ser patrimonio de la comunidad campesina de la vereda Santa Lucía.
  • Acciones humanitarias y acompañamiento permanente a las comunidades campesinas, monitoreando el tema de derechos humanos y una veeduría por parte del senado y la cámara. 

En el Etcr y veredas aledañas los ex combatientes que cumpliendo el Acuerdo de Paz desarrollan 5 proyectos productivos colectivos (Café Paramillo, Internet Fibra óptica, Ganadería, Porcicultura y Avícola) donde se han invertido más de 700 millones de pesos. Por eso la Caravana fue también la oportunidad de pedir una vez acompañamiento para que estos proyectos no fracasen cuando los reincorporados encuentren una tierra apropiada y trasladen el Etcr. 

 

                                                                         

Por: Katalina Vásquez G.

"Hacemos un llamado al gobierno de Iván Duque para que al atender la emergencia creada por el Covid-19 y bajo el más básico principio de humanidad, no cierre el tránsito legal entre los dos países", compartimos el comunicado de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV).

Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV), iniciativa de la sociedad civil binacional, da su voz de alarma y expresa su profunda preocupación por la decisión del gobierno colombiano de cerrar los pasos fronterizos legales con Venezuela, sin haber explorado antes forma alguna de coordinación binacional para hacerle frente a la crisis que plantea la pandemia del COVID-19. Previamente, esos pasos formales, peatonales y de mercancías, estuvieron totalmente cerrados desde agosto de 2015, por decisión del Gobierno de Nicolás Maduro; luego, se los abrió para las personas en horario restringido, y para las mercancías, solo por Zulia-La Guajira.

Ante la pandemia del COVID-19, el cierre de los pasos fronterizos formales no es una medida efectiva y resulta más bien contraproducente. A lo largo de los 2.219 kms. de línea limítrofe, los dos países comparten desde siempre una vecindad marcada por intensas interacciones que es imposible frenar. Los cierres y la falta de coordinación binacional vulneran a toda la población que vive en las fronteras o que llega a ellas, aumentan los riesgos de una grave crisis sanitaria y fortalecen a los grupos criminales que se aprovechan de quienes cruzan el límite por cientos de trochas informales e irregulares.

Frente a la pandemia del Covid-19, pedimos que entidades como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Cruz Roja Internacional propicien el diálogo y la coordinación de las entidades de Colombia y Venezuela -incluidas las del gobierno interino de Juan Guaidó-, responsables de los asuntos fronterizos y de salud, o sirvan de canal para que, por su medio, estas procesen de inmediato toda la información pertinente, tomen las medidas urgentes, fortalezcan los mecanismos de control médico en los pasos de frontera y provean un canal humanitario para la entrada y el retorno de personas.

Finalmente, hacemos un llamado al gobierno del presidente Iván Duque para que, al atender la emergencia mundial creada por el COVID-19, Colombia se acoja a los principios cobijados por el derecho internacional humanitario y, bajo el más básico principio de humanidad, no cierre el tránsito legal entre los dos países. Igualmente, pedimos a las instituciones venezolanas que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria por canales regulares y agencias internacionales, y faciliten su entrega a instituciones sanitarias y ONG que ayuden a la población más vulnerable en la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela y en esta pandemia. Solicitamos a ambos países la reapertura del sistema consular y el tránsito legal por los pasos y puentes fronterizos.

Exhortamos también a la opinión pública para que, rechazando la xenofobia, refuerce los valores de solidaridad en la protección y acogida de seres humanos vulnerables que se han visto sometidos a una situación de extrema necesidad.


1. Martha Márquez, Instituto Pensar, Universidad Javeriana.
2. María Carolina Uzcátegui, empresaria venezolana.
3. Francisco Alfaro, investigador externo Universidad Simón Bolívar de Venezuela.
4. Magali Alba, Universidad Simón Bolívar de Cúcuta.
5. Francisco Martínez, empresario venezolano.
6. Alberto Zeledón Molinares, Universidad de la Guajira.
7. German Umaña, Universidad Nacional de Colombia.
8. Marleny Bustamante, Universidad de Los Andes, San Cristóbal, Táchira.
9. Socorro Ramírez, Universidad Nacional de Colombia.
10. Marina Sierra, Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta.
11. Francisco Javier Sánchez, Universidad de Los Andes, San Cristóbal, Táchira.
12. Amaury Padilla, Programa de Desarrollo y Paz del Cesar.
13. Indira Urbaneja, ONG Reunificados, Venezuela.
14. Daniel García-Peña, Universidad Nacional de Colombia.
15. Feliciano Reyna, Acción Solidaria Venezuela.
16. Gerardo Ardila, Universidad Nacional de Colombia.
17. Carmenza Muñoz, CINEP.
18. Hugo Ramirez, Semillero de Investigación, Universidad del Rosario.
19. Carlos Mejía, Oxfam Colombia.
20. Francine Jacome Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP.
21. Ronal Rodriguez, Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario.
22. Kristina Birke Daniels, FESCOL.
23. Alfredo Infante, Revista SIC, Centro Gumilla, Venezuela.
24. Mauricio García, Servicio Jesuita a Refugiados, en Colombia.
25. Silvia Leal, Servicio Jesuita a Refugiados, en Colombia.
26. Mariela Ramírez, Activista Social, Venezuela.
27. Eduardo Soto, Servicio Jesuita a Refugiados, en Venezuela.
28. Pilar Gaitán, La Paz Querida.
29. María Teresa Garcés, La Paz Querida.
30. Deborah Van Berkel Sinergia, Venezuela.
31. Ramón Jimeno, Colombia.
32. Carlos A. Romero. Universidad Central de Venezuela.
33. Armando Novoa, Exmagistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia.
34. Luis Eduardo Celis, PARES, Colombia.
35. Laura Gil, Centro de Opinión La Línea del Medio.
36. Yaneth Caicedo, Red Colombo-Venezolana de Movilidad Humana, Cúcuta.
37. Luz Stella Ortiz, Universidad Central de Venezuela.
38. Roberth Almanza, Institución educativa No 3 Maicao.
39. Mayra Medina, Pedagógico de Rubio (Upel) en Venezuela.
40. Karen Almanza Vides, Universidad de la Guajira.
41. Eimer Barajas, Esap Norte de Santander.
42. Meudis Quintero Ramos, Universidad de la Guajira.
43. Wendy Rojas, Universidad de la Guajira.
44. Maryoris Rojas, Universidad de la Guajira.
45. Suraya Pimienta, Universidad de la Guajira.
46. Fabio Mejia, Universidad de la Guajira.
47. Pedro Pinto, Universidad de la Guajira.
48. Andres Vides, Universidad de la Guajira.
49. Jo D’Elia, Civilis Derechos Humanos, Venezuela.
50. Jair Eduardo Restrepo Pineda, Corporación Universitaria Minuto de Dios.
51. Carlos David Rojas Mora, Universidad Católica Sedes Sapientiae, Perú.
52. Adriana Zapata Martínez, Universidad de Caldas.
53. Victor Alvarez, Economista y Premio Nacional de Ciencias, Venezuela.

 

Colombia y Venezuela, 14 de marzo de 2020

 En la página web de la Biblioteca Virtual del Banco de la República ya se pueden descargar gratuitamente las primeras 100 publicaciones que hacen parte de la colección Cinep/PPP.


Gracias a más 45 años de investigación y trabajo con comunidades en Colombia, el Cinep/PPP cuenta con una bibliografía amplia de publicaciones académicas, que son el resultado de una mirada rigurosa y crítica a la realidad colombiana. En este abundante material pueden encontrarse artículos, sistematizaciones de experiencias y libros sobre derechos humanos, movimientos sociales, violencia política, conflictos en los territorios, iniciativas de paz y reconciliación, educación popular, interculturalidad, género y ruralidad.

El Banco de la República incorporó 100 de esas publicaciones a su biblioteca virtual para descarga gratuita y las catalogó de la siguiente manera:

Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política

Que publica semestralmente, desde 1996, la revista Noche y Niebla donde se sistematizan las violaciones a los derechos humanos. En el catálogo virtual están disponibles 17 de estas sistematizaciones que se hacen en diversas regiones del país y registran un amplio universo de infracciones a las normas del derecho internacional humanitario y de violencia política.

Revista Cien Días

La revista Cien Días vistos por Cinep es una publicación institucional trimestral que desde 1988 ha relatado la realidad social, económica y política del país. Cada número de la revista recopila diversos puntos de vista de los investigadores del Cinep/PPP frente a un tema de coyuntura, para crear análisis rigurosos, analíticos y necesarios.

Construyendo paz con equidad desde Nariño

La Fundación Humanismo y Democracia (H+D) junto con el Cinep/PPP desarrollan el convenio "Fortalecer y visibilizar a las mujeres, a sus redes y apoyar sus iniciativas de desarrollo económico y construcción de la paz. Construyendo Paz con Equidad desde Nariño". Que tiene como objetivo contribuir a la visibilización, el fortalecimiento y la ampliación de capacidades de las mujeres campesinas e indígenas y de sus organizaciones en diez municipios de la región.

Papeles de paz

El equipo Iniciativas de Paz del Cinep/PPP junto con diversos aliados, realiza publicaciones de temas asociados al conflicto armado y la construcción de la paz. En el catálogo virtual pueden encontrarse 3 ediciones de libre descarga. 

Interculturalidad

A través de este proyecto se propone abordar la construcción de la interculturalidad en la escuela para responder a los retos que enfrenta la educación. En esta propuesta se trata de incorporar a los y las estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Mujeres rurales

Los Informes País sobre la situación de las mujeres rurales son una propuesta de la Iniciativa Basada en Compromisos "Mujer Rural y Derecho a la Tierra" de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC). La Iniciativa tiene como objetivo aumentar el acceso y control de la tierra y otros recursos de las mujeres. 

Guía para la paz territorial

Es una herramienta que aporta elementos para que, en cada región, sea posible diseñar estrategias de seguimiento, monitoreo y verificación sobre el cumplimiento del Acuerdo general para la terminación del conflicto entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. Las publicaciones se producen dentro del proyecto “Estrategia de Gestión del Conocimiento, Posicionamiento y Sostenibilidad”, en el marco del programa Nuevos Territorios de Paz (GC NTP), apoyado por la Unión Europea (UE) y el Gobierno de Colombia.

Datapaz

La base de datos de acciones colectivas/Datapaz es una base de datos que se basa en el archivo de prensa del Cinep/PPP. Contiene información cualitativa y cuantitativa desde el año 1979 a la fecha, y está relacionada con lugares y territorios, actores, motivos, confrontación y duración de las acciones de paz.

Acompañamiento a organizaciones de víctimas y comunidades rurales del departamento de Córdoba

Estas publicaciones fueron construidas desde las voces y el hacer de campesinos, indígenas, víctimas, mujeres y jóvenes del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio del departamento de Córdoba –GTTC; y recogen demandas y apuestas para la garantía de una vida digna en el territorio.

Acercando a la ciudadanía y al Estado en el marco de conflictos socioambientales en la Guajira 

Estas publicaciones son muestra del trabajo realizado por el Cinep/PPP en la Guajira desde el diálogo de saberes con la comunidad en procesos de interculturalidad que rescatan la memoria de los habitantes de la región. 

Emprendimientos juveniles rurales, nuevas identidades y paz territorial

¿Qué piensan los jóvenes rurales? ¿Cuáles son sus ideas y aspiraciones para sus territorios? Los jóvenes rurales pueden convertirse en un actor importante para el fortalecimiento comunitario y la disminución de la pobreza e inequidad en sus territorios. Las publicaciones de esta sección indagan en las miradas de ellos para comprender el quehacer cotidiano en al campo colombiano.

Aquí encontrarás las primeras 100 publicaciones de la colección del Cinep/PPP en la Biblioteca Virtual del Banco de la República.


Esas publicaciones son una parte del catálogo completo del Cinep/PPP, para explorar las demás publicaciones ingresa aquí. Los libros impresos se pueden solicitar a través del correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Por: Paola Llinás Aragón.

#CuarentenaNacional. Defendamos la Paz se une a los llamados a la acción y la responsabilidad. A continuación su comunicado completo:

Es hora de unirnos

Declaración de Defendamos la Paz

Ante la crisis global que está provocando la pandemia del COVID-19, Defendamos la Paz llama a toda la ciudadanía, a las organizaciones e instituciones de la sociedad colombiana a unir nuestros esfuerzos, recursos, capacidades y talento para superar en forma pronta y eficaz esta enfermedad planetaria.

  1. Solicitamos que en este momento crítico haya plena conciencia de la gravedad del problema, a actuar en forma responsable en el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones hechas por las autoridades, a trabajar en conjunto con ellas en la prevención y tratamiento del virus, a respaldar y cuidar al personal médico y del sector salud, y a cooperar con toda iniciativa cívica que controle y contrarreste el mal. A quienes lideran las fuerzas políticas a actuar con decisión para facilitar la puesta en obra de todas las medidas y reformas que requiere la salida de la crisis.
  2. Llamamos al Gobierno Nacional, a gobernadores y a alcaldes a incentivar el fortalecimiento de la red de salud; a estimular la coordinación entre el sector privado de salud y el sector público; a reforzar las medidas de aislamiento efectivo; a reforzar las instancias de atención e información que alivien el sistema hospitalario y eviten su colapso; a priorizar todas las formas de cuidado de los adultos mayores y de las personas que tengan enfermedades preexistentes o supresión inmunológica; a prestar la debida asistencia y recursos a los municipios y departamentos que no cuentan con infraestructuras hospitalarias ni personal suficiente para la atención de la creciente demanda, a proteger las poblaciones étnicas y rurales, y a compartir equitativamente las nuevas cargas en la atención del hogar con las mujeres.
  3. Llamamos al Gobierno Nacional a que atienda en forma simultanea los efectos recesivos que la actual situación trae sobre la economía. A diseñar una política que atienda la acentuación de la pobreza y la exclusión social de sectores de la población que no cuentan con recursos básicos de sustento, para desempleados o trabajadores sin contrato, y a adoptar medidas extraordinarias - dentro del respeto de los límites impuestos por la Constitución- que difieran el pago de deudas crediticias y servicios públicos.

Este difícil momento que afrontamos exige toda nuestra capacidad de sacrificio y colaboración. Pero también representa una oportunidad excepcional para reflexionar sobre nuestro modelo de vida y de sociedad; examen que permita encontrar soluciones para proteger la salud de todas y todos, transformar solidariamente nuestras relaciones económicas, y hacernos cargo del cuidado de la naturaleza. Es hora de unirnos.


Movimiento Defendamos la Paz

Colombia, 17 de marzo de 2020