Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


El año pasado, los cultivos de coca y la producción de cocaína aumentaron en Colombia. Fueron doscientas doce mil hectáreas y novecientas cincuenta toneladas de cocaína, una cifra récord, según mediciones del gobierno estadounidense. Desde esta cifra el presidente Trump incitó al mandatario colombiano Iván Duque a retornar a la fumigación con glifosato, suspendida desde hace cinco años por el gobierno Santos, ante la advertencia de la Organización Mundial de la Salud que consideró este herbicida como probablemente cancerígeno. La meta es reducir a la mitad los sembrados en tres años, incluyendo la erradicación manual forzada y un desarrollo alternativo, mil veces prometido, pero nunca bien diseñado.

¿Pero qué están viviendo hoy las comunidades cocaleras en Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo, sur del Tolima, norte del Cauca, bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, sur de Córdoba y del Pacífico?

El gobierno está aplicando la erradicación forzosa de los cultivos de coca, apoyado en la militarización y en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, a esto se suma la presión de los grupos armados ilegales del narcotráfico y las guerrillas por el control de la producción y de las rutas del narcotráfico, lo que ha causado hechos violentos, judicialización de la movilización social y deplorables asesinatos en varias regiones.

Por otra parte, ciento treinta mil familias de estas comunidades, con la esperanza de transformar su economía, se acogieron al Programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), producto del Acuerdo de paz, una alternativa de erradicación voluntaria que propone un proceso de transición económica, legalización de tierras, construcción de vías, servicios públicos, fomento, asistencia técnica y bancarización agropecuaria, productos comercializables y rentabilidad. Sin embargo, el gobierno, no está cumpliendo con el desarrollo del PNIS, los procedimientos en esa dirección son lentos, no hay voluntad política ni financiación ni las estrategias para perseguir a los narcotraficantes, reales dueños del negocio, son eficientes. En su lugar, el gobierno está aplicando prioritariamente la erradicación forzada y abre la puerta a la posibilidad de la aspersión con glifosato. Paradójicamente, ya está probado por años que estas estrategias son más costosas, ineficientes, impulsa la acción de los ilegales, no resuelve los profundos problemas de las comunidades y, al contrario, las hunde más en sus agobiantes problemas.

Hace un año los obispos del Pacífico y del Suroccidente del país expresaron un rotundo no a la fumigación con glifosato, al afirmar: “Rechazamos frontalmente la decisión ya anunciada por parte del Gobierno de la República de Colombia de reanudar las negativas para la vida humana y el medio ambiente; consideramos que el gobierno debe tener en cuenta que la presencia de estos cultivos es, en muchos casos consecuencia del abandono en que viven sumidos los habitantes de estas regiones. Invitamos al gobierno a que se exploren mecanismos complementarios que den una respuesta más integral sobre esta problemática que afecta a nuestros pueblos. Igualmente convocamos a toda la sociedad colombiana a deslindarse de lo ilícito, especialmente de la cultura narcotraficante; reiteramos el llamado al gobierno a que se priorice la protección de la vida humana, del medio ambiente y la sustitución voluntaria de cultivos”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.

El Instituto Kroc presentó su más reciente balance sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz, dejando saber su preocupación por las garantías de seguridad, y el poco avance en la materialización del punto 2  “Participación Política”. Compartimos el informe completo que goza de carácter independiente. 

Gobierno y Farc acordaron en La Habana que el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame sería responsable de hacer un monitoreo independiente a la implementación del Acuerdo. Esta tarea se ha venido realizando pues desde el año 2016 como parte del Componente Internacional, y este 16 de junio se presentó su cuarto informe correspondiente al periodo entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019. En él se detalla cómo en este periodo el avance general de la implementación fue del 6%. 

La implementación del Acuerdo Final en Colombia está entrando en una nueva fase, con mayor enfoque territorial, en la que se debe construir sobre los logros anteriores y reforzar dinámicas de transformación positiva en las zonas más afectadas por la violencia”.

Así lo expresó el Instituto que realiza análisis cuantitativo y cualitativo a las 578 disposiciones que contiene el Acuerdo. Ante la pregunta del equipo periodístico de CINEP / PPP sobre cuáles son las mayores dificultades en la implementación del acuerdo, Daniel Cano, coordinador político de Iniciativa Barómetro del Instituto Kroc en Colombia, respondió que, en primer lugar, preocupa la seguridad. Como es conocido por la opinión pública, la tragedia del asesinato de líderes sociales aumenta sin que el Estado logre medidas efectivas para proteger sus vidas y territorios. Son a la fecha, según Somos Defensores, 442 personas que ejercían liderazgo y defendían los derechos humanos han sido víctimas de homicidio en Colombia desde la firma del acuerdo hasta marzo de este año. 

Garantizar la seguridad continúa siendo la mayor amenaza a la implementación. Hoy son ya 200 los firmantes de paz asesinados tras la firma, mientras, según ONU, 2019 fue el año más mortal para los excombatientes con 77 asesinatos. La tasa de homicidios para firmantes de paz es pues casi 23 veces mayor que nacional.

Daniel Cano, también destacó que en el punto “Participación Política” los avances no son tantos como los que pudiesen haberse logrado a la fecha, teniendo en cuenta que su materialización implicaba bajo presupuesto. Tal es el caso de las circunscripciones especiales para las víctimas en el Congreso que se les siguen negando a pesar de haber sido pactadas en el Acuerdo.  El informe asegura que:

“En cuanto a la Reforma Rural Integral (punto 1) y a la Solución al problema de las drogas ilícitas (punto 4), los avances han sido significativamente menores”. 

 Y detalla que la implementación pasa por un momento crucial, puesto que transita de las disposiciones de corto plazo hacia las de mediano y largo plazo, con miras a un mayor enfoque territorial.

En los primeros dos años, cita el Krock, la implementación se enfocó en la dejación de armas y en la creación de la arquitectura institucional para la paz y los puntos en los que se avanzó fueron Fin del conflicto (punto 3) y Mecanismos de implementación, verificación y refrendación (punto 6). En el tercer año que analizaron y presentaron recientemente, el 2019, el enfoque que tomó protagonismo fue la implementación del Acuerdo en los territorios históricamente más afectados por el conflicto armado. 

Por ejemplo, se puso en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), cuyas entidades (JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Desparecidos) “han logrado fraguar la voluntad, autonomía e independencia para cumplir con sus respectivos mandatos, lo que les ha otorgado mayor legitimidad a las víctimas”. 

El cuarto Informe del Instituto Kroc resalta el esfuerzo en asuntos como el catastro multipropósito y la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), mientras señala que hay retos para el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), y su sostenibilidad. 

“Durante la primera mitad del periodo de estudio, el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) presentó atrasos, dando lugar a controversias sobre su funcionamiento”.

El cuarto informe hace énfasis en mantener el foco en la implementación efectiva e integral del Acuerdo de Paz y en la necesidad de fortalecer las regiones y señala además que, dado que las disposiciones del Acuerdo son interdependientes, es clave para su éxito implementarlo de manera integral.  Además, debido al COVID-19, el Instituto Kroc hace un llamado a comprender cómo las reformas económicas y sociales que el Acuerdo prevé, con enfoque territorial y lentes transversales étnico y de género, se hacen más urgentes que nunca para hacer frente a las desigualdades que se ensanchan y para construir una sociedad más incluyente. El Kroc invita a garantizar los recursos humanos y financieros para lograr la implementación del Acuerdo con más razón aún en medio de la crisis social y  sanitaria derivada por el nuevo coronavirus.
 

Acá podrá encontrar el informe completo: 

 

 

La información que entrega el Kroc es verificada por un equipo técnico de la Iniciativa Barómetro de la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM), la cual es de carácter independiente, a diferencia de otros informes que producen las partes de forma unilateral. Tal es el caso de la información que publica por cuenta propia el gobierno desde la Alta Consejería para el Posconflicto, por ejemplo, o bien, el componente Farc del CNR (Consejo Nacional de Reincorporación) o el Centro de Pensamiento y Diálogo integrado por algunos miembros del equipo de Farc en la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación). 

 En el CINEP/PPP realizamos, también por disposición del Acuerdo y junto al CERAC, la Secretaría Técnica de la CSIVI y presentamos informes periódicos sobre algunos aspectos de la Implementación del Acuerdo que pueden ser consultados acá: https://cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html

Por: Katalina Vásquez G.

 

Mientras el mundo se levanta tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía, en Colombia, aunque no sea noticia, la resistencia del pueblo afro también ocurre. En esta nota le echamos una mirada a lo que pasa en nuestro país y la perspectiva del CINEP/PPP sobre movilización afrocolombiana y negra en Colombia, un país que también discrimina y asesina a su gente negra. Educar, protestar y organizarse han sido las más destacadas estrategias de movilización de los afro en Colombia, según el análisis de Datapaz*.

Las vidas negras importan es el lema de ciudadanos en todo el mundo que han llenado las calles de las ciudades norteamericanas y europeas, tras el asesinato de George Floyd a manos de la Policía de Mineápolis. La ola ha llevado incluso al derribamiento de estatuas de personajes asociados al esclavismo y colonialismo como Cristóbal Colón y Edward Colston, en Inglaterra. Este momento también ha permitido hacer visibles las violencias y exclusión que día a día sufren hombres y mujeres afro en nuestro país y que, en Colombia, el pueblo afro y negro también ha sido ejemplo de movilización.

Este viernes 12 de junio en Puerto Tejada, Cauca, la comunidad exigió justicia por el asesinato de Janner García y Anderson Arboleda. El homicidio de Anderson ocurrió el 19 de mayo, tras recibir 3 golpes en la cabeza por parte de un uniformado; Janner García murió el 20 de abril por disparos, presuntamente de la Policía, en medio de un enfrentamiento con pandillas del que él no participaba. Sin embargo, no ha habido en nuestro país una movilización masiva de grandes proporciones en medio de la ola por el asesinato de Floyd, como sí en muchos lugares del mundo. 

Ana María Restrepo, investigadora de la línea Movilización del CINEP/PP, explica que aunque no hay muchos registros de protestas en el siglo XX por parte del movimiento social afrocolombiano y negro, sí tienen un repertorio amplio de manifestaciones en las calles de Colombia en los últimos años. El movimiento afro y negro emergió, según Restrepo, junto a los reclamos por la tierra de indígenas y campesinos en lo rural y en lo urbano, asociado a reivindicaciones de raza y lucha contra la discriminación; pero se vieron afectados por el conflicto y concentraron sus esfuerzos en formas de movilización distintas a la protesta en las calles. Sin embargo, tras el hastío por la opresión, en los últimos años se dieron grandes paros cívicos en Buenaventura y Chocó, logrando masivas protestas en las calles exigiendo sus derechos con algunas conquistas.

Por otro lado, Leidy Laura Perneth, investigadora de interculturalidad del CINEP/PPP,  analiza la situación en Estados Unidos como el levantamiento frente a un crimen de raza porque lo de Floyd da cuenta de que “las vidas negras ocupan una posición inferiorizada”. Perneth explica que durante la colonización se configuró una sociedad racializada que generó una distribución racista del trabajo: los sujetos negros fueron vinculados a la esclavitud, es decir, el trabajo gratuito que produce capital para los blancos. Para ella, es claro que esa idea se reproduce hasta nuestros días. “El sujeto negro es leído como alguien incapaz de acumular capital, entonces, el único modo que tiene ese sujeto de poseer es a partir de la criminalidad”, dice Leidy Laura, explicando el imaginario que criminaliza a los afro y que llevó a la Policía a neutralizarlo y asfixiarlo tras la llamada de un empleado de supermercado que se asustó ante su presencia.

‘Black Lives Matter’ también en Colombia

Contrario a las movilizaciones actuales en el mundo, las de Colombia no le han dado la vuelta al mundo. Ana María Restrepo hace historia y detalla que en nuestro país, algunos referentes del movimiento afrocolombiano y negro tienen sus orígenes en el Movimiento Cimarrón creado en 1982, o su cabildeo para ser reconocidos en la Carta Magna de 1991. Sus prácticas culturales, la fiesta, los bundes y festivales también pueden ser considerados elementos de la movilización del pueblo negro en Colombia, porque desde allí reivindican su reconocimiento, y realizan exigencias materiales para su vida.

Restrepo también recuerda que en los últimos años el sector negro, afro, raizal y palenquero (NARP) también se ha movilizado bajo la lógica de protestas en calle, y ha sacado adelante paros cívicos como los ya mencionados en Buenaventura y Quibdó ocurridos en 2017. También es de anotar el protagonismo de las mujeres. En 2014, ellas caminaron 600 kilómetros de Cauca a Bogotá, exigiendo el respeto de sus territorios y la autonomía de sus comunidades. La marcha fue encabezada por la lideresa Francia Márquez. Mientras, en Medellín, el 10 de junio pasado, las mujeres protestaron para que paren los afrofeminicidios, situación que se agravó durante cuarentena. Ana Mercedes Rivas fue asesinada en abril, en medio del confinamiento de su hogar, a manos de su propio esposo. 

Además, es de destacar el papel de la comunidad negra en la construcción paz. Como lo señala el informe Datapaz del CINEP/PPP en septiembre de 2019, las acciones colectivas por la paz realizadas por estos actores étnicos dan cuenta no solo de su resistencia a las violencias, sino de la reafirmación por su re-existencia frente a violencias estructurales, económicas, sociales y culturales que, aún hoy, le siguen disputando al centro y a las formas hegemónicas de desarrollo. 

Según Datapaz, las mayores estrategias de movilización de los afrocolombianos en las Acciones Colectivas por la Paz entre 1992-2019 fueron, en su orden, educar, protestar, actuar políticamente, organizar y resistir. A pesar de los contratiempos, las Comunidades Negras siguen apostando a la convivencia pacífica en la casa planetaria común.

 

Por: Juanjosé Gutiérrez

*Datapaz es una iniciativa de CINEP/PPP contiene información cualitativa y cuantitativa desde el año 1979 a la fecha, relacionada con lugares y territorios, actores, motivos, confrontación y duración de las acciones de paz.

 

 

 

En la más reciente emisión de #DiálogosEnCuarentena, la congresista Ángela Robledo, el filósofo y economista Libardo Sarmiento y el investigador del CINEP/PPP Santiago Garcés hablaron sobre la realidad de la economía en Colombia, las decisiones del Gobierno para salir de la crisis y la necesidad de que la salud, la vivienda, la educación y el bienestar sean derechos, no mercancías

Estamos 20 años atrás en desarrollo económico

Sarmiento afirmó que Colombia venía desde hace cinco años con problemas en su balanza comercial, lo que significa que en ese lapso de tiempo no se generaba nuevo empleo, y había una tendencia recesiva en la economía. A esta situación se sumó la pandemia, que obligó al confinamiento de la fuerza de trabajo, lo que implica un golpe más a la economía.

El economista cuestionó las medidas que está tomando el Gobierno, vía decreto ley, en términos de pensiones, trabajo y garantías laborales. Decisiones que, en su criterio, devolverán a Colombia 20 años atrás en su desarrollo económico porque generarán desempleo, aumentarán la pobreza e incrementarán la brecha entre ricos y pobres

Adicionalmente, el experto afirmó que el capital especulativo y las mafias de ultraderecha ahora están haciendo una reingeniería del capitalismo mediante tres grandes premisas: la sobreexplotación de la fuerza de trabajo; la profundización de una economía extractivista; y aumentar la capacidad represiva del Estado, por ejemplo mediante la compra de tanquetas y armas para el ESMAD, para apagar las movilizaciones que despierten dichas medidas. 

La precarización del trabajo

Santiago Garcés estuvo de acuerdo en la lectura de Sarmiento sobre la situación, y agregó que según el DANE, en el primer trimestre el desempleo en Colombia llegó al 19,8%, lo que significa más de 4 millones de personas desempleadas. Sin embargo, aclaró que esta cifra no tiene en cuenta a la población inactiva, lo que elevaría la cantidad de personas que en este momento no tienen una labor de la cual derivar su sustento.

A ello se suma que el 80% de la población ocupada en el sector formal labora en pequeñas empresas, que no tienen las posibilidades de cubrir las nóminas de más de un mes en cuarentena. Garcés criticó que frente a esta situación el Gobierno creó el Ingreso Solidario, pero es insuficiente, y en cambio apuesta por una reforma laboral, permite diferir el pago de la prima de mitad de año y posibilitó la suspensión de contratos.

Entre tanto, recalcó que desde los gremios de empresarios se escuchan propuestas para permitir contrataciones por horas, o con salarios por debajo del mínimo en el campo, por lo que dijo estar preocupado de que la pandemia se pueda aprovechar para implementar un modelo de desarrollo antilaboral. Todo ello, en medio de un contexto que exige garantías para el trabajo, una renta mínima que permita la subsistencia de las familias y apoyos en el pago de nómina de las pequeñas y medianas empresas.  

Foto de: Esteban Agudelo, @chavocensura

Foto de: Esteban Agudelo, @chavocensura

“La pandemia desnuda la fragilidad del Estado Social de Derecho”

Ángela Robledo rememoró que apenas el año pasado en el mundo, y en Colombia, se estaban desarrollando movilizaciones exigiendo condiciones de vida digna y denunciando “que vivímos en uno de los países más desiguales del mundo”. Además, eran movilizaciones en las que las mujeres jugaban un papel fundamental, pidiendo el reconocimiento de la economía del cuidado y diciendo que la sobrecarga sobre sus vidas es evidente.

Con la llegada de la pandemia, la congresista manifestó que se desnudó la fragilidad del Estado Social de Derecho para proteger a los más vulnerables, y la para las mujeres esto ha significado un aumento desproporcionado de las violencias basadas en género. Además, también se ha traducido en un incremento de la pobreza: “En Colombia de cada 100 hombres pobres hay 120 mujeres pobres”, afirmó. 

Pero en medio de esta situación, a raíz de la necesidad de reclamar derechos, Robledo sostuvo que también se abrió una fisura en el capitalismo que nos invita a pensar en una agenda para el sur global, para Latinoamérica en términos de lo que necesita. Por ejemplo, sostiene que es necesario hablar del Sistema Nacional de Cuidado que busca reconocer, redistribuir y reducir las labores no remuneradas que culturalmente les ha sido asignadas a las mujeres. 

Es tiempo de pensar relaciones económicas fuera del capitalismo

Los invitados al diálogo estuvieron de acuerdo en que dichas fisuras podrían generar cambios, como en el caso de la salud, volviendo a un sistema público que sea garantista de derechos y no privado, porque la pandemia ha demostrado que los sistemas privados no pueden responder a una situación de crisis sanitaria global. Adicionalmente, los invitados resaltaron las protestas antiracistas que se están dando en el mundo, afirmando que se está poniendo de presente una agenda de derechos que es de género, étnica clase y de generación. 

Garcés insistió en la necesidad de una renta básica que permita a los trabajadores la subsistencia y posibilite también elevar las condiciones del trabajo. Sarmiento señaló que la experiencia en Argentina, de trabajadores que asumen a empresas en quiebra podría retomarse bajo formas cooperativas modernas que impulsen la economía.

Igualmente, invitó a que el distanciamiento sea únicamente físico pero no social, añadiendo que en momentos de Tánato-política, “en que se administra la muerte, se tiene que apostar por una movilización por la vida en toda su heterogeneidad”.

Por su parte, Robledo aseguró que es momento de pensar en relaciones económicas fuera del capitalismo, apostar por un fortalecimiento del Estado Social que garantice derechos y en el caso de las mujeres, asumir la tarea fundamental de “deconstruir la división sexual del trabajo, eso implicará repensar las relaciones de producción y reproducción”. 

#DiálogosenCuarentena es una conversación propuesta por el CINEP/Programa por la Paz y organizaciones aliadas. Con este ciclo de conversaciones digitales CINEP retoma los #DiálogosCinep, un espacio de intercambio de temas de interés que habitualmente realizamos en el edificio de la institución en Bogotá, Colombia. 

El conversatorio completo puede ser visto en nuestra página de Facebook, a continuación:

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez

El CINEP/PPP, y otras organizaciones defensoras de DD.HH. se unen a la alerta hecha por Cococauca, sobre el aumento del riesgo en materia humanitaria que enfrentan comunidades en los municipios de Timbiquí, López de Micay y Guapi, en la costa pacífica de Cauca. Las organizaciones solicitan intervención estatal para garantizar los derechos de las poblaciones, así como el cese de las acciones bélicas por parte de los actores armados ilegales.

La alerta se suscribe en los términos de COCOCAUCA : “Los hechos de los últimos 17 meses muestran el grado de recrudecimiento del conflicto armado en la costa pacífica del Cauca…Con gran preocupación observamos, que los actores armados se aprovechan de la actual crisis del coronavirus. En este sentido han estado circulando panfletos y videos que buscan justificar sus acciones violentas y atemorizar a la población, con el propósito de controlar los territorios. Las comunidades se encuentran en situación de doble confinamiento, uno, por el coronavirus y dos, por los actores armados, que no permiten que las personas realicen sus actividades diarias. Significa que, además de temer por sus vidas, las comunidades de la costa pacífica del Cauca se encuentran en una situación crítica de abastecimiento de víveres”.

El CINEP/PPP se suma al llamado para que las autoridades locales, departamentales y el presidente de la república, Iván Duque, asuman la responsabilidad de protección de estas comunidades expuestas a la arbitrariedad de los armados. Respaldamos su llamado a los actores armados ilegales a suspender de inmediato sus acciones bélicas y la exigencia a la Fuerza Pública de cumplir de manera estricta el Derecho Internacional Humanitario.

Este llamado se suscribe a los órganos de control y protección, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, para que procedan de inmediato a ejercer su mandato ante esta profunda crisis humanitaria.

El centro reafirma la vocación pacífica de estas comunidades como lo expresa COCOCAUCA: “… abogamos por la paz con justicia social, como fundamento sustancial para seguir existiendo como grupo étnico. Rechazamos la violencia en nuestro pueblo y exigimos que se respete la vida de los habitantes”. Firman la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP) Coordinación Regional del Pacífico (CRPC) Cinep-Programa por la Paz COMUNDO Corporación PODION Red Nacional en Democracia y Paz (RNDP).

 

A continuación el comunicado completo: