Con 5.949 casos del nuevo coronavirus confirmados en Colombia, y tras 40 días de cuarentena nacional*, conversamos con el médico y periodista Víctor De Currea Lugo. Que trabajamos con una “foto del pasado” y que la primera línea de atención al Covid está desprotegida, son temas que preocupan al investigador, además de la crisis social que está evidenciando la desigualdad histórica y unas políticas de gobierno al servicio del mercado. Se aproxima un estallido social, según De Currea.

¿Cuál es el balance actual de la pandemia en Colombia desde el punto de vista sanitario?

Hay un problema grave y es que cualquier balance necesita de datos y que esos datos más o menos se acerquen a la realidad. En el caso de una pandemia los datos que uno consolida son como una foto del pasado, de hace dos días o tres días, uno nunca tiene datos al día real. En el caso colombiano el problema, para decirlo de una manera metafórica, es que no tenemos fotos de ayer o de antier si no de hace 15 días. 

Lo que tenemos son fotos de hace 15 días porque ese es el tiempo que está demorando un examen de una persona sospechosa de tener el virus hasta que se confirma o se descarta por medio de un examen. Entonces las demoras en el procesamiento de la muestra, pero además de eso el poco número de muestras, nos impiden tener información reciente y precisa.

Voy a dar un ejemplo: Corea del Sur llegó a hacer 20 mil muestras en un día, Colombia hizo 30 mil en el primer mes. Es decir, nosotros no tenemos datos para saber lo que realmente está pasando. 

Además, hay una nefasta política que pareciera -he dicho pareciera; no estoy afirmando nada- que busca presentar un supuesto aplanamiento de la curva cuando la foto no hace pensar que así sea. Entonces lo que uno ve es que desde el punto de vista sanitario hay información fragmentada pero no hay información total que nos permita saber exactamente dónde estamos. 

Ahora, la mortalidad si ya superó el 4.7 por ciento, es una mortalidad importante. Ahora, hay cosas perversas como los casos de Covid en las cárceles y que han autorizado traslado de presos de una cárcel a otra con lo cual se está creando nuevos focos de infección. Vemos 39 personas del personal sanitario en Pereira contagiadas; en Bogotá en la Clínica La Paz hay 40 funcionarios del sector salud contagiados, al igual que grupos importantes en Armenia, Barranquilla y otras zonas. Se demuestra una gran vulnerabilidad del trabajador el sector salud y la falta de equipos de protección. 

Entonces, podemos decir: 

  1. Que no tenemos datos consolidados
  2. Que tenemos una foto del pasado.
  3. Que no hay una política de protección ni siquiera a la primera línea de contacto con el Covid que es el personal de salud.

¿Y cómo ve la crisis social?

A nivel social lo que se mide no es que el virus haya creado unas nuevas condiciones socioeconómicas. Es que el virus ha evidenciado el hacinamiento y las desigualdades que ya teníamos.

Entonces, Colombia es un país donde hay una supuesta clase media pero resultó que la clase media tiene plata para vivir un mes. Lo he visto es que el hambre llegó mucho antes que el virus. Recorriendo Bogotá he encontrado bloqueos, protestas, cacerolazos y manifestaciones en San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Santa Fe, en el centro de la ciudad, entonces hay una gran precariedad.

Foto: Comuna 13, Medellín. Cortesía Esteban Agudelo- La 4-13.

Un tercer elemento es que el Estado y las empresas apuestan por el mercado. El Gobierno produjo más de 70 decretos ley que le apuestan a aumentar las ganancias de los bancos; se trata de una política que, por ejemplo, apunta a abrir la construcción como si  la gente comiera ladrillos, que apunta a darles la plata a las intermediarias de salud llamadas EPS y no directamente a los hospitales, que permite medidas de flexibilización laboral, como que Fenalco insiste en medidas de recorte de salarios, de recorte de garantías laborales y cosas similares. Tenemos un empresariado que además ha aumentado los precios en las grandes superficies; entonces lo que uno ve es que están todos los elementos para que haya un estallido social.  

¿Y tiene alguna proyección?

No es posible pensar de ninguna manera que los seres humanos del todo el planeta funcionan de una manera y los colombianos de otra. Eso de decir es que aquí no nos va a dar o aquel indicador no es, me parece una soberana tontería que hace parte de la cultura política colombiana de creernos la excepción. 

Lo que vemos a nivel mundial es lo siguiente: en este momento tenemos un promedio de 2.982.688 personas infectadas de las cuales han muerto 210 mil. El Instituto Nacional de Salud proyectó que en el caso colombiano podría haber 3 millones 900 mil personas afectadas; si hacemos caso a la tasa de mortalidad mundial la proyección en Colombia es brutal, o sea que lo que van a haber aquí es muchísimos muertos. Acá no se está aplanando la curva, es más, voy a decir algo más temerario, esto no ha empezado en Colombia, y lo que uno ve es que ya hay una gran crisis social, la fragilidad es terrible. 

Los neoliberales, han actuado al contrario de otros países que han corrido a mirar a Keynes. Dicho de otra manera, los que creían que el mercado lo podía todo, ahora están invocando el Estado, pero en Colombia todavía hay gente que sigue creyendo que el mercado nos salvará; o sea ni siquiera ante las evidencias se retrocede en la política social.

¿Alguna recomendación?

El sector salud debe insistir en su derecho a la salud, su derecho a la vida y a la salud. Es decir, una serie de médicos que trabaje sin equipos de protección es personal de salud que puede morir. Y un internista muerto no sirve para nada. Entonces la lucha por los elementos de protección personal es urgente en Colombia. Dos, el gobierno le sigue apostando a un modelo de salud con intermediación financiera, entonces hay formas de contratación, hay demoras en los pagos salariales y hay condiciones laborales absolutamente indignas. Y tercero hay un afán de las empresas por liberar la cuarentena para garantizar el reinicio de actividades en el sector de manufactura, no es el del sector de la alimentación, no en un incentivo para el campo. Lo que están pensado es con la billetera y eso lo vamos a terminar por medir en vidas humanas. ¿Y a uno qué le queda? Hacer un llamado a que la gente de manera consciente asuma una actitud frente a lo que se está dando, pero pues no deja de ser una cosa anecdótica, por decirlo de una manera. 

 

*Cifras al 28 de abril de 2020.

Por: Katalina Vásquez Guzmán.

 

El movimiento Defendamos la Paz ha enviado una carta dirigida a Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General Misión de Verificación de la ONU en Colombia, como protesta frente a la instrumentalización de la pandemia para minar el Acuerdo de Paz y ocultar la inacción del Gobierno respecto a su implementación. A continuación la carta completa.

 

Bogotá, 28 de abril de 2020

Señor
Carlos Ruiz Massieu
Representante Especial del Secretario General
Misión de Verificación en Colombia
NACIONES UNIDAS
Ciudad


Apreciado Señor Ruiz Massieu:

Nos dirigimos a usted para compartir nuestra preocupación y, a través suyo, alertar al Secretario General y a los miembros del Consejo de Seguridad sobre las embestidas en contra de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia en tiempos de coronavirus.

Como movimiento Defendamos la Paz, elevamos nuestra voz de protesta contra la instrumentalización de la pandemia para minar el Acuerdo de Paz. La crisis sanitaria no solo permite ocultar la inacción del Gobierno. Más importante aún, alimenta la campaña del partido de Gobierno en contra de la implementación de la paz.

Defendamos la Paz se pronuncia en contra de designios para que las reformas del Acuerdo de Paz, que el Gobierno y el partido de Gobierno fracasaron en obtener por vía legislativa, se hagan realidad por la puerta de atrás, mientras la ciudadanía permanece concentrada en la pandemia.

Llamamos la atención de la Misión de Verificación, de la Secretaría General y del Consejo de Seguridad sobre los hechos listados a continuación.

  1. EL AUMENTO DE ASESINATOS DE EXCOMBATIENTES Y LÍDERES SOCIALES

Nos acercamos a la cifra de 200 excombatientes asesinados. La Misión de Verificación ha registrado 197 homicidios desde la firma del Acuerdo de Paz. A este número deben sumarse los 39 intentos de asesinato y las 13 desapariciones de exmiembros de las Farc-EP.

En cuanto a defensores y defensoras de derechos humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó 108 homicidios en 2019 y registró 56 denuncias más a 24 de marzo de 2020.

El Gobierno permanece en silencio ante este atentado contra la paz, no se perciben iniciativas para detener el desangre y la pandemia le ha servido para camuflar su pasividad. La fuerza pública no reacciona, la Fiscalía General no avanza lo suficiente y los instrumentos proveídos por el Acuerdo de Paz, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, no son convocados por el Gobierno.

A continuación sigue la carta completa:

Santiago Garcés, investigador de la línea de movimientos sociales, tierra y territorio del CINEP/PPP, analizó el estado actual de los derechos laborales y las condiciones del acceso al trabajo en el país con la pandemia del COVID-19. A continuación, presentamos una entrevista en la que da luces de cómo deberían configurarse las propuestas económicas estatales para garantizar el sostenimiento de las poblaciones más vulnerables.

 

¿Cómo se está viendo afectado el derecho al trabajo en esta pandemia en el mundo? 

Primero es necesario decir que la situación precedente no era buena: un altísimo nivel de deuda pública y corporativa, un crecimiento económico débil desde la Gran Recesión de 2008, altísimos niveles de desigualdad social que implican poca demanda e impiden un jalonamiento de la economía, un parasitismo del sector financiero que asfixia la economía real, y la caída general de la tasa de ganancia en la gran mayoría de economías de los países desarrollados. La crisis económica y del trabajo ya era inminente por razones endógenas, más aún en las economías emergentes, donde muchos de los países ya estaban en recesión, o casi, como Argentina, México y Brasil.

La mayoría del trabajo que se ha creado en la recuperación desde la última gran recesión son trabajos de baja productividad con poca estabilidad laboral y con un tipo de ingreso que no garantiza la movilidad social. La subcontratación, en un sentido amplio, se ha erigido como una estrategia de acumulación del capital que ha derivado en una mayor flexibilización laboral y que se evidencia en el aumento generalizado de los contratos por prestación de servicios e incluso en la manera como se ocultan las relaciones laborales en la economía de las plataformas.

La situación no era buena y, de repente, llega el coronavirus que implica lo que la economía mainstream llamaría un “shock de oferta”: la gente no puede producir y tampoco puede comprar. Estamos hablando de que cerca de una cuarta parte de la población mundial está viviendo algún tipo de confinamiento y las estimaciones de diversos organismos multilaterales y de investigadores dicen que este va a ser el peor año de la economía global desde finales de la Segunda Guerra Mundial y probablemente tengamos un crecimiento negativo del PIB a nivel global.

La OIT ha hablado en sus estimaciones preliminares de un aumento entre 5,3 millones de desempleados o hasta 24,7 millones de desempleados y, por ejemplo, la cifra de desempleados en los años 2008 y 2009 aumentó 22 millones, por lo que estamos ante una situación bastante grave. Aún así, la pandemia no es algo que nos ataca “desde afuera”.

La manera en que nos afecta el virus es un producto histórico de la forma en que la humanidad se relaciona con la naturaleza.

Foto: Oxfam Internacional.

Diversas investigaciones han abordado cómo los grandes sistemas de producción de alimentos, presionados por el imperativo de la acumulación y la rentabilidad a toda costa, se han vuelto un caldo de cultivo para la evolución de patógenos que pueden afectar la vida humana. De igual manera, es la lógica depredadora del capital y la “escasez relativa” que esta produce la que ha empujado a millones de personas a mover la frontera agrícola, reduciendo la distancia entre virus que podrían estar en animales silvestres, y los humanos.

¿Y en Colombia en particular cómo se está vulnerando? 

La situación económica y laboral colombiana a la luz del contexto internacional y de su propia historia, ya de por sí era bastante difícil antes de la pandemia. Tenemos una informalidad laboral del 47%. El 80% de la gente que trabaja en el sector formal lo hace para pequeñas y medianas empresas que difícilmente pueden resistir el shock de la caída de la oferta y de la demanda.

También hay un contexto internacional en el frente externo bastante adverso que tiene que ver con la caída de los precios del petróleo y que implica una disminución de los ingresos del Estado. Ha habido también una fuga de capitales masiva del tercer mundo a refugios que los inversionistas consideran seguros como los bonos del tesoro estadounidense o la compra de oro y eso genera una volatilidad del tipo de cambio y una devaluación del peso.

El debate es cómo proteger a los sectores populares y a la inmensa mayoría de la sociedad en la crisis.

Y yo creo que aquí el gobierno se ha equivocado. Por ejemplo, el Decreto 488 permite a los trabajadores retirar parcialmente las cesantías, pero el asunto es que esto desnaturaliza el sentido de las cesantías que deberían invertirse en bienes durables como la educación o la vivienda. Para la economía popular y el resto que están por fuera del mercado formal de trabajo, ha habido un ingreso solidario que es absolutamente minúsculo y está excesivamente focalizado y no alcanza a cubrir ni de cerca a la población vulnerable por una crisis de esta magnitud.

Foto: Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).

Por otra parte, las medidas del gobierno han tendido a dotar de liquidez al sector financiero o intentar generar alivios que impliquen una disminución de costos para las empresas. Por ejemplo, la medida que plantea que el pago al sistema general de pensiones ya no se haga sobre el 12%, sino sobre el 3% del ingreso de los trabajadores para así disminuir los costos que implican tener contratadas a las personas. Y ha habido otras medidas como la creación de líneas de crédito para mantener a las nóminas contratadas, pero esto tiene varios problemas. Aparentemente es atractivo porque el Estado ha planteado servir de codeudor de hasta del 90% del crédito, pero por supuesto que esto genera que los intereses sean todavía más altos y además que es muy difícil que las pequeñas y medianas empresa accedan a estos créditos.

¿Cómo puede un trabajador hoy obtener garantías y protección si ocurren abusos? 

La pregunta es importante porque por supuesto que habrá situaciones donde una acción ágil de parte de los trabajadores pueda prevenir la terminación de un contrato o el abuso por parte del patrón. Pero yo sí quiero ser claro en que la crisis es muy grave y no hay manera en que esto no afecte la economía y al empleo. 

Lo principal debe ser presionar por una política fiscal activa y expansiva, por un gobierno que se ponga al servicio de la sociedad colombiana y no del sector financiero.

Ahora bien, hay cosas que pueden ocurrir entre patrones y trabajadores: se puede llegar a acuerdos. Los patrones pueden impulsar el trabajo en casa, una jornada laboral flexible, incluso, en casos extremos, unas vacaciones anuales anticipadas. También si por cuarentena tiene que acabarse la actividad, pues se pueden otorgar permisos remunerados o el salario sin la prestación de un servicio. Todo esto debe prevalecer frente a las peores opciones que son la disminución del salario, las licencias no remuneradas, la suspensión del contrato de trabajo o la terminación de la relación laboral.

El Ministerio del Trabajo ha dicho que va a estar atento a que este tipo de cosas no se presenten, pero soy escéptico. Los trabajadores informales y los contratistas, como los del Estado, pueden recurrir incluso a tutelas si sienten que se les está violando un derecho fundamental. Si los administradores de organismos estatales utilizan esta oportunidad para precarizar las condiciones de contratistas estarían cometiendo una sanción que puede ser denunciada y en la que podría intervenir la Procuraduría. No va a ser suficiente la acción individual de trabajadores y trabajadoras intentando hacer valer sus derechos, aunque eso hay que agotarlo y es fundamental.

¿Cuáles son las poblaciones o lugares más vulnerables?

En lo que refiere al trabajo, el sector más vulnerable es sin duda los y las trabajadoras de la economía popular, lo que se conoce como sector informal, porque por la cuarentena y el hecho de vivir al día, difícilmente pueden aguantar esta situación sin una acción pública coordinada del Estado. También las y los trabajadores de la salud que llevan décadas sufriendo la precarización de sus condiciones laborales y ahora la situación empeora porque, aunque seguramente se están haciendo esfuerzos coyunturales para fortalecer el sistema de salud de cara a la atención de la pandemia, lo cierto es que la deuda histórica es demasiado grande y tampoco hemos visto de parte del gobierno los esfuerzos fiscales que se han visto en otros países.

También las mujeres por múltiples razones. Es importante no dejar de notar que para las mujeres la cuarentena implica una intensificación del trabajo del cuidado y del trabajo doméstico, que nunca es remunerado en Colombia y ahora menos. Entonces hay una profundización de una situación de doble explotación. 

Foto: Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otra cosa que hay que tener en cuenta es la población rural dispersa que cuenta con un sistema de salud más precario, y un sector importantísimo que es el de las y los trabajadores que no paran por considerarse servicios públicos esenciales como la producción, provisión y distribución de alimentos.

En los medios de comunicación se ha fomentado mucho el discurso de volver héroes a los trabajadores que están en la "línea de batalla" y el heroísmo fomenta un ideal de que está bien el sacrificio por los demás, pero si esto no viene acompañado de una mejoría a las condiciones laborales, lo que hace es estilizar la muerte y la absoluta precariedad.

¿Qué recomendaciones tiene respecto a la garantía del derecho al trabajo para los empresarios, empleadores y el gobierno? 

Yo quiero insistir en que las medidas que ha tomado el gobierno son algunas francamente equivocadas como el Decreto 488, y otras absolutamente insuficientes. El enfoque de dotar de liquidez al sector financiero es absolutamente insuficiente, e incluso el esfuerzo fiscal del gobierno es paupérrimo comparado con otros países. En Colombia estamos hablando de que algo más de dos puntos del PIB se van a gastar para enfrentar esta crisis cuando en España es el 20% del PIB, en Perú el 12%, en Estados Unidos es cercano al 10%. Ha sido una respuesta excesivamente cauta.

En ese sentido la propuesta sería una política fiscal expansiva que tienda a proteger el empleo y los ingresos de las y los colombianos. El Estado debería entrar a subvencionar el pago de nómina de pequeñas y medianas empresas, debería plantear una renta básica de cuarentena, un ingreso mínimo que permita proteger la vida de las personas y llevar a cabo las medidas de distanciamiento social. También se necesita instaurar algún tipo de control de capitales que permita estabilizar la tasa de cambio, porque de lo contrario va aumentar el peso de la deuda soberana, ocurren presiones inflacionarias y también ve reducido el gobierno sus ingresos. 

Foto: Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por supuesto que sectores conservadores dirán que no hay plata para financiar esto, pero lo cierto es que sí hay alternativas si se decide que hay voluntad política y se quiere poner las instituciones a servicio de quienes lo necesitan y no de quienes ya tienen fortuna: crédito del Banco de la República, eliminación de exenciones de la pasada reforma tributaria, moratoria en el pago de la deuda externa, impuestos extraordinario a los ultra ricos, etc. Yo invito a las y los lectores a que consulten las propuestas que han elaborado el Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo o el Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional y muchos otros que están proponiendo alternativas frente a una gestión ortodoxa de la crisis.

¿Cree que la situación de confinamiento puede llevar a manifestaciones o protestas por los derechos laborales?

Hemos visto el surgimiento de protestas espontáneas de gente que no está exigiendo trabajo, sino condiciones de vida. Por supuesto que creo que hay que luchar por el trabajo digno y sin duda estoy convencido de que en la crisis económica que se viene va a haber fuertes luchas laborales, pero lo que está pasando es algo más profundo, son pobladores urbanos que luchan por condiciones básicas de existencia, y que implícitamente se sintonizan con el horizonte político que han trazado propuestas radicales como la renta básica universal, que podría ser una de las respuestas a la insistencia del capital de eludir las relaciones laborales contractuales y el conjunto de protecciones sociales y derechos que estas implican.

Sin embargo, el trabajo ha sido siempre un espacio social donde se han construido identidades para la acción colectiva y eso puede pasar en la actual coyuntura.

En la medida en que se revalorizan una serie trabajos (de la salud, de cuidado, de transporte de productos a domicilio, de producción y provisión de alimentos, etc.) puede que este nuevo reconocimiento simbólico le dé a estos sectores nuevos bríos para constituirse como sujetos autónomos que luchen por mejores condiciones y relaciones laborales.

Por ejemplo, el sistema de salud colombiano desde la Ley 100 ha precarizado las condiciones laborales en el sector salud. Espero que después de la pandemia sea muy difícil para los gobiernos neoliberales insistir en dicho modelo privatizador sin una amplia resistencia social.

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


Elijamos dignidad, no indigencia, es el título de una propuesta que hace Oxfam internacional para aportar a la construcción de un plan de rescate económico justo a nivel global, frente a la crisis del coronavirus. Los efectos del virus se pueden manejar si la solidaridad se aplica, si las políticas públicas de los Estados priorizan la protección de su población; y si los países ricos proporcionan apoyos económicos estratégicos a las naciones en desarrollo y más empobrecidas del planeta.

La suspensión de diversas actividades laborales en medio de la propagación del Covid19 tiene un enorme impacto económico mundial. La Organización Internacional del Trabajo calcula que podrían perderse en el mundo ciento noventa y cinco millones de puestos de trabajo. Esto significaría que las familias en el mundo no podrían acceder a tres punto cuatro billones de dólares en ingresos. A esto se suma que globalmente son dos mil millones de personas que trabajan en el sector informal, lo que significa que, en países de renta media, como Colombia, los informales suman el sesenta y siete por ciento de las personas ocupadas. Esto representa más de ciento cuarenta millones de informales en América Latina. Personas que no podrán cumplir largas cuarentenas porque el día que no trabajen no comen, su salud será frágil, con riesgo de contraer enfermedades y débil capacidad de trabajo.

En este contexto, las próximas decisiones que tomen el Banco Mundial, el FMI y los países del G20, deben ser efectivas si quieren mitigar los impactos económicos negativos. Se deben tomar medidas que beneficien directamente a las personas más empobrecidas y no solo rescatar grandes empresas. Por su parte, la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo ha solicitado dos punto cinco billones de dólares para rescatar la economías de los países en desarrollo y pobres.

Según Oxfam, entre las medidas posibles están: Primero: conceder subvenciones en efectivo para reforzar prestaciones sociales a empleados de bajo ingreso, esto activa la economía y las empresas asegurarán la fuerza laboral. Segundo: rescatar empresas de manera responsable. Dar prioridad a las pequeñas y medianas y rescatar empresas grandes que tomen en serio los intereses laborales. Tercero: suspender la deuda externa durante un año y condonarla cuando sea necesario. Cuarto: emitir derechos especiales de giro para estimular la economía global. Quinto: que los Estados ricos incrementen la cuota de ayuda a los Estados pobres, partiendo de su compromiso de destinar el cero punto siete por ciento de su PIB, incluyendo la respuesta del plan humanitario global ante el Covid19. Y, finalmente, una sexta medida es aplicar impuestos solidarios de emergencia, gravando beneficios extraordinarios, la riqueza de personas más ricas, productos financieros especulativos y actividades de impacto negativo en el medio ambiente.

Sin la aplicación de estas medidas la crisis sumirá en la pobreza a quinientos millones de personas en el mundo, perdiéndose hasta tres décadas de lucha contra la pobreza. El Padre Cantalamessa, en la homilía del viernes santo en la Basílica de San Pedro, expresó: “La pandemia del Coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que siempre han corrido los individuos y la humanidad: el del delirio de omnipotencia. Destinemos los ilimitados recursos empleados para las armas para los fines cuya necesidad y urgencia vemos en estas situaciones: la salud, la higiene, la alimentación, la lucha contra la pobreza, el cuidado de lo creado. Dejemos a la generación que venga un mundo más pobre de cosas y de dinero, si es necesario, pero más rico en humanidad”.

 

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.

Les contamos cómo está trabajando y avanzando la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad durante el confinamiento y cómo avanza en la construcción de la reconciliación y el diálogo social para la apropiación de la verdad.

Aunque estemos en confinamiento la Comisión de la Verdad no se detiene. Sin embargo, la entidad que se creó en abril de 2017 y tiene una duración de 3 años enfrenta grandes desafíos en esta coyuntura. Uno de los mayores retos para la Comisión pero también para el SIVJRNR en general es mantener a las víctimas del conflicto en el centro de las políticas públicas a nivel nacional, regional y local evitando caer en una “competencia” mal entendida con las nuevas víctimas de la pandemia. 

En términos operativos, la Comisión de la Verdad concentra sus esfuerzos en el procesamiento, análisis y contrastación de los testimonios de los informes y ajusta su plan de trabajo para seguir cumpliendo su mandato. Además, está desarrollando nuevas estrategias de trabajo en los territorios, en especial con las comunidades indígenas, altamente vulnerables a la epidemia.

En medio de la crisis social y sanitaria que viven Colombia y el mundo, en la Comisión surgen varias inquietudes con relación al papel que jugará el tema de la paz en la vida social, política y económica del país. Preocupan:

  • La crisis fiscal que vivirá el país y el impacto que traerá en los presupuestos para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y la implementación de los acuerdos de paz.
  • El papel que ocupará la paz en los planes de desarrollo que también se verán afectados por la crisis sanitaria.

Por otro lado, la Comisión ha hecho un llamado a los actores armados a una tregua, a un cese de la violencia, que permita a la sociedad y a las comunidades enfrentar la pandemia. Y el presidente Francisco de Roux ha invitado a la reflexión sobre las enormes desigualdades sociales que ha evidenciado el COVID y cómo impacta a los más vulnerables, en particular a las víctimas del conflicto armado: 

“El conflicto armado ha matado más gente en Colombia de lo que el Coronavirus ha matado en el mundo. Colombia también tendrá que hacer cambios estructurales muy hondos para parar la pandemia del conflicto armado”.

Avances

Les compartimos algunas cifras que permiten evidenciar los avances de la Comisión a dos años de puesta en marcha. En lo que tiene que ver con  la gestión del conocimiento para la producción del informe final, la Cev nos cuenta que ha realizado a la fecha 8.392 entrevistas a 15.665 personas (la mayoría víctimas y testigos directos de los hechos en diferentes territorios). Además, hay 29 Casas de la Verdad en funcionamiento, una estrategia de trabajo con la población en exilio y un modelo de investigación sobre causas, dinámicas e impactos del conflicto armado en los pueblos.

Se han realizado también 4 Encuentros por la verdad, 6 Diálogos para la no repetición con, un espacio de escucha con excombatientes de la antigua FARC-EP, tres contribuciones a la verdad: dos con Ernesto Samper y una con Jaime Caycedo, 10 procesos culturales y artísticos, cinco encuentros nacionales con los Pueblos Étnicos, entre muchos otros eventos donde la reconciliación y la convivencia han estado en el centro.

En el siguiente video la comisionada Alejandra Miller informa sobre los retos de la Comisión durante la cuarentena en Colombia:

 

Por: Katalina Vásquez G.