Ante la opinión pública presentamos el pasado 13 de abril el “Informe 2015 sobre la situación de derechos humanos y DIH en Colombia”. CINEP/Programa por la Paz y el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en Colombia y alertan sobre el riesgo que representa para la vida y la garantía del derecho a defender el aumento de las amenazas de grupos paramilitares en contra de líderes sociales y defensores de DD.HH.

Con relación a las violaciones a los derechos humanos por persecución política, abuso de autoridad e intolerancia social, se reportaron como principales presuntos responsable los paramilitares con 1064 hechos victimizantes, seguidos por la Policía Nacional con 572, el Ejército Nacional con 292. Las regiones más afectadas son Bogotá con 375 hechos, seguido por Cauca con 237, Santander con 188, y Valle del Cauca con 175. Con respecto al método de victimización más utilizado en Bogotá y Cauca es la amenaza; mientras que en Santander priman las ejecuciones extrajudiciales. Pero también se reportan casos de victimización como las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias.
 
Según Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general del CINEP/Programa por la paz, “una sociedad que amenace, persiga, asesine y desaparezca a sus defensores de derechos humanos es una sociedad que camina por los senderos de la antidemocracia, es una sociedad éticamente enferma, una sociedad con muchos desafíos para construir una paz con equidad, con justicia y con el reconocimiento profundo de la diversidad y dignidad de todos sus ciudadanos”.
 
Por otro lado, el registro hecho por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP confirma que la “guerra sucia sigue vigente en Colombia”, en palabras de Guerrero, puesto que en los casos de amenaza y asesinato, documentados durante 2015, los presuntos responsables actuaron de manera encubierta y no existen hasta el momento posibilidades de saber quiénes fueron los perpetradores. Esta idea la complementó Javier Giraldo,S.J., investigador del Banco de datos de Derechos Humanos del CINEP/PPP, explicando en contraste lo que sería una “guerra limpia”, dijo: “¿Que sería una guerra limpia? Aquella que establece parámetros entre combatientes, por su parte la guerra sucia es la que quiere destruir una persona porque tiene ideas contrarias usando métodos clandestinos”.
 
Otro de los asuntos que preocupan es la creciente criminalización de la protesta social mediante la judicialización de líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos que da cuenta de las variaciones de la violencia y atentan contra la superación del conflicto armado, “la defensa de los derechos humanos es el primero de nuestros deberes de paz”, afirmó Alejandro Angulo, S.J., coordinador del equipo de Derechos Humanos del CINEP/PPP.
 
Como caso regional Erika Agredo, líder y activista de la organización Territorios  por la vida digna en el Cauca, presentó la situación de los defensores de derechos humanos en este territorio, según Agredo, “el accionar paramilitar ha sido sistemático, 2015 fue el año de la amenazas y al parecer 2016 será el año de los asesinatos”. Según Agredo, en los últimos dos meses se han dado asesinatos de líderes afrodescendientes, campesinos e indígenas. Agredo señaló con nombre propio cinco de estos casos. 

 

 

La comunidad indígena está sufriendo amenazas y ataques directos de grupos armados surgidos con posterioridad a la desmovilización de los grupos paramilitares de la región: las pruebas presentadas por los líderes Zenú dan cuenta de 49 asesinatos desde 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Gisselle Martin y Jennipher Corredor

El pasado 11 de noviembre se dieron cita doce observatorios nacionales para compartir aprendizajes, dificultades y retos de la construcción de paz.

Con el objetivo de generar un diálogo de saberes y acercarse a las experiencias  que desde distintos observatorios de derechos humanos adelantan, el CINEP/Programa por la Paz junto con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, realizaron el encuentro “Mesa Nacional de Observatorios: Miramos hacia la paz”.

El grupo de investigación Derecho y Género de la facultad de derecho de la universidad de Los Andes dio apertura al encuentro exponiendo la inclusión de las mujeres en el debate local y la importancia de adoptar la perspectiva de género en el conflicto armado y cómo el movimiento nacional e internacional de mujeres ha sido especialmente efectivo en producir diagnósticos sobre las injusticias que se cometen contra estas en los conflictos armados, y sobre la necesidad de que las reparaciones tengan en cuenta las particularidades de su situación.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral-MOE presentó el trabajo realizado desde el Observatorio Político-Electoral de la Democracia el cual cuenta con distintas plataformas que trabajan en 35 regionales y con la ayuda de más de 380 organizaciones a nivel nacional, el proceso de recolección de información contribuye para dar diagnóstico en las regiones y brindar insumos para la toma de decisiones en instancias estatales.

El Observatorio de Culturas dependencia adscrita a la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte de Bogotá, en el último sondeo que realizó preguntó a los bogotanos por el tema de la paz, el posacuerdo y los diálogos de La Habana. Como resultado se percibe en Bogotá una ciudad desentendida de las negociaciones. 

Dentro de los temas discutidos en el encuentro se trató el tema de la participación de los medios de comunicación y el rol que juegan en la elaboración de la agenda pública en Derechos Humanos. Los medios tradicionales reafirman la polarización por lo que es importante considerar el trabajo de los medios comunitarios y alternativos.

Al terminar el encuentro se concluyó que la apropiación de prácticas y herramientas usadas dentro de los observatorios pueden crear lenguajes comunes, teniendo en cuenta las dinámicas diferenciadas y las miradas que se han volcado hacia la paz territorial, considerando la discusión de los derechos humanos como un medio pero dando preponderancia a la construcción de ciudadanía.

Otros observatorios asistentes: Movimiento Unidad Nacional de Víctimas- MUNALVIC; Observatorio de Realidad Social, Pastoral Social; Observatorio de Derechos; Humanos Policía Nacional; Observatorio del delito, Policía Nacional; Observatorio de transparencia y anticorrupción, Secretaria de Trasparencia; Observatorio de Construcción de Paz, universidad Jorge Tadeo Lozano; Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana-CEACSC y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

 

 

Los líderes indígenas que habitan el Sur del departamento de Córdoba realizaron denuncias sobre el escenario al que se enfrenta su comunidad en la “Mesa de Seguimiento a la Situación en Derechos Humanos del Pueblo Indígena Zenú del Alto San Jorge”. El riesgo y las afectaciones fueron discutidos el pasado 8 de septiembre.

Desde el año 2009 hasta la fecha han sido asesinados 49 miembros de la comunidad indígena. De acuerdo a los relatos de cinco líderes que tomaron la vocería durante el encuentro, cuatro jóvenes indígenas han sido asesinados en los últimos cuatro meses, dos de ellos líderes de la comunidad, hechos que evidencian un proceso sistemático de persecución y exterminio al pueblo Zenú.

Estas estrategias de control social y territorial hacen parte del recrudecimiento del conflicto social y armado generado por las bandas criminales, quienes cometen extorsiones, señalamientos y asesinatos a la población del Alto San Jorge.

Luego de las denuncias, el líder Israel Aguilar presentó peticiones dirigidas a las autoridades asistentes a la Mesa. En primera instancia solicitó medidas de protección colectivas para todo el pueblo indígena a la Unidad Nacional de Protección e investigaciones judiciales pertinentes que lleven a la captura de los responsables de los crímenes por parte de la Fiscalía. A esto se suma el compromiso de la comunidad internacional en el acompañamiento a los indígenas Zenú para visibilizar su situación ante el gobierno nacional. Esto último principalmente relacionado a la ausencia de los representantes del Ministerio del Interior-División de Asuntos Étnicos en el espacio, a pesar de las reiteradas invitaciones.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo informó sobre elaboración del Informe de Riesgo para los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador, en donde se espera alertar sobre la situación de los indígenas Zenú. Al cierre del evento, se redactaron los compromisos en un acta que fue firmada por todos los participantes dejando constancia de la petición de acompañamiento que requiere la comunidad indígena para contrarrestar la violencia de los grupos armados ilegales.

Gisselle Martín Chocontá
Equipo de comunicaciones