“No más militares en Catatumbo”, piden las organizaciones sociales de la región

Ante el crecimiento de la violencia en Catatumbo y Cúcuta, en días pasados el Gobierno nacional anunció el aumento de la militarización de la región, que ya cuenta con 12.000 soldados y 4.000 policías. Organizaciones de la zona se declararon altamente preocupadas por la medida, lo hicieron en la rueda de prensa del informe “Catatumbo: La guerra sin tregua” que elaboró Cinep/PPP.

“En una zona con 12.000 militares y 4.000 policías, que cuidan 48 pasos y trochas fronterizos, se han reactivado los tráficos ilegales, en especial el de personas hacia el interior de Colombia y el sur del continente; 49 líderes sociales fueron amenazados, 10 asesinados y 5 secuestrados; se registraron 350 casos de desaparición forzada, 70 de ellos en la frontera; 29 civiles han sido secuestrados, tres en los últimos once días. Todo ese pie de fuerza y seguridad y no hay información de quién está cometiendo los delitos y el 99% de las denuncias no tiene una sola respuesta”, explicó Wilfredo Cañizales, director de la Fundación Progresar.

La mayor preocupación de las organizaciones locales como la Fundación Progresar y el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) es la orden dada por el Gobierno nacional de aumentar la militarización de la zona, ya que el 20 de octubre se activaría una nueva fuerza de tarea rápida para la región. Esta medida ha sido implementada en ocasiones anteriores como en diciembre de 2017 cuando llegaron 6.000 hombres del Ejército a seis nuevos batallones, pero el empleó de dicha estrategia usualmente ha contraído altos picos de violencia.

¿Qué está pasando en Norte de Santander?

En el primer semestre de 2018, las cifras sobre violencia, tanto en Catatumbo como en Cúcuta, duplicaron los registros del mismo periodo en los años anteriores del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, según el informe “Catatumbo: La guerra sin tregua” que Cinep/PPP presentó con la revista Noche y Niebla No. 57. De enero a junio de este año se registraron 599 víctimas y 656 casos de vulneración a derechos humanos y DIH en todo el país, 91 de ellos ocurrieron en Catatumbo.

El aumento de la violencia en Catatumbo se debe a enfrentamientos entre las guerrillas del ELN, el EPL y otros actores por el dominio de la zona, como parte del conflicto armado. Es decir, en Catatumbo hay un aumento en las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC) como parte de las acciones en la guerra entre guerrillas, grupos armados ilegales y fuerza estatal.

En Cúcuta el panorama es diverso, pues los responsables de la violencia son grupos paramilitares, bandas criminales como los Rastrojos y las Águilas Negras, que controlan los tráficos y a la población. En el caso de Cúcuta, lo que se presenta es una permanente vulneración a los derechos humanos, en un escenario en el que no hay conflicto, pero sí violencia reiterativa.

La dinámica violenta se ve impulsada por la presencia de carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, que son los mayores compradores de la droga producida o transportada en la región. Esto sumado a la crisis de la migración venezolana que, como lo explicó Cañizalez, “ha facilitado que grupos paramilitares y Rastrojos sean integrados y recluten principalmente a menores venezolanos, además de que ha habido un aumento de desapariciones forzadas de venezolanos y que el tráfico de personas ahora sea de Venezuela hacia Colombia”.

El periodo revisado es el tercero más violento en Catatumbo desde 2010 y ha superado el promedio histórico semestral de casos. Los municipios más afectados hasta ahora han sido Tibú, Teorama y El Tarra.
  

Dentro de la estrategia de la Compañía de Jesús de regionalización, la Conferencia de Provinciales de América Latina – CPAL viene desarrollando la articulación de experiencias locales de varios países y en torno a diferentes ejes temáticos. Uno de ellos es el de derechos humanos y ecología integral cuyo grupo de homólogos, de los diferentes centros sociales, se reunió en las instalaciones del Cinep/PPP para concretar un plan completo de acción frente a los dos temas.

“Lo que busca este grupo es articular procesos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos de personas y poblaciones, pero también integrado a los derechos de la naturaleza” explica Galo Reinaldo Bogarín – Coordinador de la red de centros sociales de la CPAL. Los grupos de homólogos son parte de la estrategia que tiene la red de centros sociales para unirse en temáticas de interés comunes a lo largo de Latinoamérica.

Dentro de las múltiples problemáticas sociales que comparten los países de América Latina, uno de gran impacto en las comunidades es precisamente el relacionado a temas de medio ambiente. Durante este encuentro los representantes de cada centro social denunciaban prácticas comunes como el desplazamiento de poblaciones por proyectos extractivos. “Tenemos la tercera parte del territorio concesionada para proyectos mineros. Tenemos 950 proyectos en negociación y 583 proyectos ya aprobados para minería metálica. Hay 123 proyectos de generación de energía hidroeléctrica, 35 proyectos de generación de energía solar.” Dijo Pedro Landa del Grupo de homólogos de derechos humanos y ecología ambiental de Honduras.

En El Salvador es situación es muy similar. “Solo el 3% de nuestro territorio tiene bosque, después de Haití, somos el país con el territorio más vulnerable a cualquier tipo de crisis medioambiental. Solo con que llueva 3 días seguidos se genera desplazamiento de comunidades por crecientes de ríos o deslave de montañas” Manuel Escalante – Instituto de derechos humanos de la Uca

Los riesgos no son solo para las comunidades, los defensores de derechos humanos en Latinoamérica están en alto riesgo. Según Global Witness, durante 2016 fueron asesinados 200 líderes defensores del medio ambiente, el 60% de ellos sucedieron en países latinoamericanos. “En Honduras, lamentablemente, somos catalogados como el país más peligroso para la defensa del medio ambiente, en los últimos 10 años han asesinado 123 defensores y defensoras del medio ambiente” dijo Pedro Landa.

En medio de este complejo panorama, el grupo de homólogos quiere incidir para mejorar las condiciones tanto de las comunidades como de los defensores del medio ambiente. “El tema de la justicia ambiental es importante para la compañía porque es importante para la humanidad. En el fondo lo que hacemos es promover la protección de los derechos humanos y también los derechos de la naturaleza para que tengamos una casa común habitable” afirmó Rafael Moreno, S.J. – Coordinador de CPAL para redes socio pastorales de américa latina. “Ha sido una decisión de la Compañía de Jesús a nivel mundial el que todas las obras nos articulemos para responder y tener incidencia ante las problemáticas de la globalización” añadió.

El objetivo de lograr esa articulación es fortalecer las experiencias locales de cada país, pero también sumar esfuerzos para lograr mayor incidencia. “La problemática no puede ser solo resuelta en escalas locales. Estas problemáticas son globales y regionales por lo tanto, al fortalecer los procesos en la región podemos tener un panorama mucho más amplio y podemos tener más impacto en las acciones” según Galo Bogarín.

Para el próximo años la red de homólogos desarrollará dos informes. Uno sobre democracia y derechos humanos en América Latina en el que intentarán caracterizar las problemáticas que se presentan en términos de niveles de democracia y esto relacionado a los derechos humanos. El segundo será sobre el extractivismo en esta misma región, situando las condiciones que se desarrollan, los vínculos entre empresa y Estado, la megaminería como proceso de relacionamiento fundamentalmente a procesos externos que vienen a la región.

 

Miguel Martínez
Equipo de comunicación

Desde hace un año comenzaron en Cartagena y en el sur de la Guajira los talleres de formación política a comunidades de esos territorios. Hablamos con Jenny Ortiz y Luisa Fernanda Rodríguez, investigadoras del Cinep/Programa por la Paz que han estado al frente de este proyecto en representación de la organización. 

¿Cuál era el objetivo principal para la realización de estos talleres? 

Jenny Ortiz: Los talleres de formación política tienen la intención de aportar al proceso organizativo de las regiones en donde nosotros trabajamos. En este caso, Cartagena tenía un proceso anterior con la Escuela de Derechos Humanos y se decide seguir trabajando con la Mesa por la Defensa del Cerro de la Popa y construir colectivamente con ellos ocho talleres referentes a mecanismos de participación, derecho al territorio, género, diversos temas que le apuntan a fortalecer a la organización.

En la Guajira, se trabaja con organizaciones sociales y comunitarias y la idea es eso,  generar mecanismos de formación en procesos de participación política, en defensa de los derechos de los grupos  étnicos, en fortalecimiento de las propias organizaciones. Y los talleres tienen esta particularidad y es que se construyen colectivamente, surgen de las necesidades del contexto y de las necesidades de las organizaciones.

¿Cuál ha sido la importancia de trabajar en cada uno de estos territorios?

Luisa Rodríguez: En el sur de la Guajira, el proceso se lleva acabo con miembros de comunidades afro y de comunidades indígenas wayuu.  De las comunidades afro está Chancleta, Patilla, Roche, Tabaco, Las Casitas y de las comunidades indígenas wayuu las participantes invitadas por  Fuerza de Mujeres Wayuu, una de las organizaciones más fuertes en el sur de la Guajira y que ha trabajado el tema de los procesos organizativos frente a los impactos de la mega minería en los diferentes territorios y comunidades como El Rocío, la Horqueta y sobretodo el resguardo Lomamato.

Se trabaja con estas comunidades porque son las principales afectadas por la minería de Cerrejón, porque son las que conocen su territorio.  Además,  en el caso de las comunidades afro, están en proceso de inter reconocimiento como comunidades étnicas para ampliar las posibilidades de su territorio frente al Estado. Y ahí entra otro de los objetivos de este proceso de formación, frente a la ausencia del Estado en la Guajira pero además frente a la falta de reconocimiento como comunidades con derechos especiales, hace falta todo un proceso de formación en derechos étnicos, por eso se trabaja con estas comunidades y además todas coinciden que lo principal a defender es el territorio. 

J:  En ambos lugares coincide que es un proceso de formación política frente a un modelo de desarrollo. En el caso del sur de la Guajira, es el asunto del extractivismo. En el caso de  Cartagena, es el modelo de desarrollo turístico.

Las cuestiones diferenciales frente al sur de la Guajira son que  en Cartagena la mayoría de la población es afro y pobló el cerro de la Popa desplazada de Montes de María, de María la baja, del sur de Bolívar. Pero además al ser un sector urbano Cartagena, no hay reconocimiento de derechos territoriales. La esencia del territorio ahí no está amparada por un resguardo o un consejo comunitario como en el caso del sur de la Guajira sino que está amparada con procesos organizativos populares, juntas de acción comunal, trabajo organizativo de base. 

Esto se afronta con acciones jurídicas frente al despojo que ha habido en los asentamientos urbanos producto del modelo de desarrollo turístico. Y esto se convierte en un modelo de ciudad para el turista blanco, europeo, etc.  Por otro lado, se encuentran en un estado de vulneración de sus derechos. Viven en contextos urbanos pero sus necesidades básicas no están garantizadas, como el acceso al acueducto, al alcantarillado, a las basuras, la electricidad.   También ha sido muy fuerte la discusión de género,  hay muchas mujeres en condiciones de profunda vulneración de derechos y hay un proceso organizativo fuerte  desde la base y que pretende transformar las relaciones de género.

Otro componente transversal es la defensa del medio ambiente. Importante para ellos conocer cuáles son los proyectos de desarrollo que vienen para la región, y cómo se pueden articulan en defenderla, en conocerla y en saber cuáles son los impactos ambientales.

¿Cuál es el balance al cierre de los talleres de formación, cómo se ha visto ese progreso de las personas y las organizaciones?

L: En ese sentido, en la Guajira los temas tratados en los talleres fueron consulta previa, derecho al consentimiento, consulta autónoma, fundamento de los derechos étnicos, derecho al territorio, entender cuáles son los impactos del extractivismo en  las mujeres y por qué es diferente a lo que viven los hombres.

El tema de los reasentamientos que en el caso de la Guajira son 5 comunidades reasentadas parcialmente. Frente a toda esta variedad, el balance podría ser, que se aclara para ellos - para la diversidad de participantes que vienen de diferentes comunidades-  cómo organizarse de la mejor manera para defender algo común que es el territorio. Además de esto, poder analizar de manera crítica procesos que se creen que son positivos como la consulta previa, por ejemplo.  Y mirar todos los matices que tienen esos procesos al igual que en los procesos de reasentamiento. En términos generales es darles una serie de herramientas para que ellos puedan decidir frente a todo un proceso de interlocución y negociación que es totalmente desequilibrada con la empresa.

J: Podemos hacer un balance en dos sentidos; en el caso de Cartagena, hay dos factores que son interesantes y un reto que añadiría y es el proceso que han tenido los encuentros.  El primero fue en Barrancas y los líderes de las diferentes organizaciones presentaron al resto de los participantes sus problemáticas en el sur de la Guajira.  Y ahora que fueron a Cartagena,  los líderes de las organizaciones sociales dieron ese contexto de qué es lo que está pasando en Cartagena.  Fue muy interesante porque en  ambos nodos de formación empiezan a conocer qué es lo que está pasando en los otros territorios y al mismo tiempo comienzan a encontrarse, a sugerirse y a asesorarse.

Eso lleva al primer reto y es empezar a articular como región estas problemáticas.   Ir buscando las formas de tejer y de relacionar estos procesos y eso para nosotros es muy importante para comprender la región.

Y otro reto tiene que ver con la asesoría jurídica.  Son comunidades que han luchado y se han organizado y han aprendido políticamente en el camino, pero hay una alta exigencia de asesorías jurídicas. Es un reto muy significativo que hay que seguir trabajando porque entonces empieza también a dar unos niveles de exigencia.

Y un segundo asunto que justo es resultado de este último taller en la Guajira es el tema del género. Tanto en Cartagena como en la Guajira cuando se hace el taller de género las mujeres somos las interpeladas las que hablamos, las que nos empoderamos y por los hombres no pasa nada.  Y es un reto para el proyecto, empezar a construir y reflexionar sobre las masculinidades en estos contextos. Cómo se construyen estos hombres nuevos, cómo las concebimos en la reflexión porque atraviesan todas las cotidianidades, de las mujeres, de los hombres y de las comunidades.

L: Un balance positivo sería que este proceso de formación política es como una gran semilla para empezar a construir y fortalecer procesos en los que ellos se constituyan como sujetos y sujetas políticas de derechos frente a problemáticas territoriales, y conflictos territoriales que son comunes en la región y pues frente a eso encontrar estrategias tanto individuales como colectivas de defensa del territorio. Que el proceso de formación política que se dio acá ayuda a que los sujetos y sujetas tengan un proceso de construcción de defensa del territorio. 

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones

El sábado 13 de mayo, a las 2 de la tarde en el barrio Mariscal Sucre conmemoraremos desde allí, los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado. La junta de acción comunal del barrio Mariscal Sucre, amigos cercanos de los investigadores y de Carlos, habitantes de barrios cercanos y todos los interesados,se reunirán en el parque Mario Calderón, en una jornada de recolección de basuras, siembra de árboles siete cueros, pintada de murales a cargo del colectivo Dexpierte y música y rap en vivo a cargo de Jacob D.M.C. (dj set).

Cinep/Programa por la Paz habló con Dexpierte sobre su trabajo y lo que esperan de esta jornada.

¿Cómo nace el colectivo Dexpierte?

Dexpierte: Surgió hacia mediados del 2010 como parte de un proceso de organización estudiantil que llevábamos a cabo de manera autónoma, en el que nos pensamos las diferentes maneras que comunicar una realidad oculta que aún se mantiene en matices de grises. La historia oculta de Colombia, homenajes a líderes y luchadores políticos que han defendido históricamente el territorio de intereses ajenos a los propios.

En ese momento pensamos en que esto debía darse mediante las expresiones de acciones gráficas en el espacio público, con el fin de comunicar e interpelar aquellas realidades hegemónicas. Es una apuesta colectiva de comunicación, en realidad siempre lo hemos planteado como una invitación abierta a recorrer los olvidos interpuestos con el tiempo, olvidos marcados por la mentira, y el silencio como parte del dominio estructural sobre este pueblo. Es una apuesta gráfica por reconocer la identidad de lo que somos aún en medio de una guerra silenciosa, que intenta perpetuarse a manera de ley o norma.

 ¿Cuáles son sus apuestas y en cuáles proyectos han trabajado?

 D: En este momento las disputas por la memoria se amplían y abren las posibilidades de comunicación directa sobre los hechos que en este país han venido ocurriendo. Las expectativas están puestas en facilitar y servir de comunicadores de esa memoria no oficial en la que más de uno se ve reflejado cotidianamente, pero que aún necesita más color y sensibilidad para que pueda llegar a más personas. No existen finalidades en el colectivo, creo que a largo plazo nos podríamos ver en el mismo ejercicio, sólo que con mayor dedicación. Básicamente durante este tiempo hemos venido trabajando alrededor de estas apuestas colectivas por la memoria y el trabajo en aras de resaltar y dignificar el sentido de lo que somos como país y como región latinoamericana. 

¿Cómo se vinculan al homenaje que desde Cinep/PPP se le está haciendo a Mario, Elsa y Carlos?

D: Nos vinculamos desde los afectos que hemos generado desde hace algunos años que conocimos el caso del asesinato de Mario y Elsa en particular.

Nos vinculamos por el mismo sentido que tiene el colectivo al interpelar en el espacio público el uso y las disputas por la memoria.

El caso de Mario y Elsa es uno de los miles de casos en los que se ve el reflejo de la legitimidad de la impunidad en este país. Uno puede ser asesinado sin que existan responsables puntuales, pero siempre hay una estructura criminal que por acción u omisión, siempre se configurará como la responsable de este tipo de violaciones; este tipo de estructuras son las que nos han venido sometiendo en una guerra histórica durante años.

Por razones como esas creemos en la pintura como un lenguaje más, en el que se pueden relacionar desde las alegrías, las ausencias y los sueños que tenemos de manera individual o colectiva. Mario y Elsa no son sólo dos investigadores del Cinep, son los soñadores que cada uno llevamos dentro como transformadores de esta realidad.

¿Cuál es el mensaje que envían a las personas que quieran participar de este homenaje?

D: En esta ocasión la particularidad de la acción radica en que es una intervención en el parque que Mario Calderón creó hace algunos años y que actualmente se llama paradójicamente “Mariscal Sucre”. La idea es renovar y compartir ese día alrededor de un conflicto que aunque nos apacigua, siempre hay oportunidades para compartir en medio de la pintura, la música y una memoria activa que debe consolidarse en la transformación de nuestra propia realidad.

 

Más sobre Dexpierte:

www.dexpierte.blogspot.com

www.flickr.com/photos/dexpiertecolombia

 

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones



En el Diálogos Cinep/PPP del pasado 3 de mayo, el tema principal fue la justicia en los casos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia. A propósito de los veinte años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado, Cinep/PPP comienza este mes de rememoración con el tema de los mecanismos de justicia para resolver los casos de líderes y defensores asesinados, que han aumentado en los últimos meses.

Este diálogo tuvo como invitados a Gustavo Gallón, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas; Luz Marina Monzón, abogada de víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; Camilo Borrero, profesor de la Universidad Nacional y compañero de Mario Calderón y Javier Giraldo, jesuita e investigador del banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP. La moderación estuvo a cargo de Alejandro Angulo, jesuita e investigador del Cinep/PPP.

Giraldo S.J, haciendo alusión a la violencia política que ha causado tantas muertes y despojos en nuestro país, dijo que "vamos cada vez descubriendo que vivimos en una sociedad diseñada por los victimarios". Otra de las ideas con más fuerza de este diálogo fue la propuesta que hizo Alejandro Angulo S.J. desde su moderación: "que esta memoria no sea una memoria triste, sino que sea una memoria creativa" haciendo un llamado a la diversidad de formas que tenemos los colombianos para exigir justicia.

Por su parte, Luz Marina Monzón, abogada de víctimas, se refirió al asesinato de líderes y defensores como un ataque a la visibilización de las desigualdades, de las injusticias y de los abusos, y reforzó que "detrás de los asesinatos de los defensores de Derechos Humanos está el interés de seguir imponiendo un modelo económico y político".

Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, resaltó que a pesar de las dificultades que se han presentado con el proceso de paz, el avance por la construcción de la paz es muy superior a lo que tenía el país hace veinte años. Además, recordó a los investigadores del Cinep asesinados: "si Mario y Elsa estuvieran presentes, nos dirían que hay que seguir adelante, y eso es lo que ha hecho la comunidad de Derechos Humanos".

A propósito de este asesinato, Camilo Borrero recordó los veinte años de impunidad de este crimen, y la responsabilidad que aún tiene el estado con su familia y con la sociedad para esclarecerlo, pues aún no se ha dado con los autores intelectuales. A pesar de ello, Borrero afirmó que: "con todo en contra, pero con el espíritu a favor, tenemos la posibilidad de que la impunidad quede atrás, porque lo que está en juego no es un ajuste con el pasado, sino lo que queremos para el futuro, por eso es nuestro deber participar ahora".

Al concluir este diálogo, varios de los invitados coincidieron que la sociedad tiene un compromiso enorme para construir la paz en este momento. Y el estado la responsabilidad de no permitir que la impunidad siga siendo un común denominador en los casos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. Con este evento, el Cinep/Programa por la Paz da apertura al mes de conmemoración de los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa y Carlos Alvarado.

Asista al próximo evento: De la comunicación, la paz y la construcción de opinión pública. Una reflexión a propósito del legado de Elsa Alvarado

 Vea aquí la transmisión del evento:

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones