Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Cada 10 de diciembre se conmemora el día de los Derechos Humanos. Este día, en 1.948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos; un hecho histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Para Eleanor Roosevelt, una de las impulsoras de la declaración decía “en definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. […] Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano."

Este año, el tema del día de los Derechos Humanos está relacionado con la pandemia de COVID-19 y su mensaje central plantea la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurándose de que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación del mundo. Y esta recuperación será posible, solo si la humanidad alcanza objetivos comunes, justos y solidarios, que nos lleve a ser capaces de generar igualdad de oportunidades para todas las personas, abordando los fracasos que ya venían y que la pandemia ha desnudando, teniendo acceso y realizando los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, para hacer frente a las desigualdades y a la discriminación arraigadas, sistemáticas, entre géneros, entre etnias y entre generaciones.

No hay duda que la enfermedad del COVID-19 se ve alimentada por el agravamiento de la pobreza, el aumento de las desigualdades, la exclusión política y otras brechas en la protección de los derechos humanos. Solo las medidas de política pública y el compromiso de la sociedad en su conjunto para cerrar estas brechas y promover los derechos humanos pueden garantizar una plena recuperación y la reconstrucción de un mundo justo, solidario y con una relación de respeto de la humanidad con la madre naturaleza. En resumen, necesitamos otro tipo de desarrollo, basado en unas relaciones de crecimiento ecuánime entre la naturaleza y la humanidad, para cambiar las relaciones explotadoras de la especie humana sobre las demás especies, que acrecientan de manera inmisericorde las arcas de los grandes ricos del mundo. Una riqueza irracional, inmoral y generadora del hambre, la pobreza y las pandemias.

Necesitamos un nuevo compromiso social, nuevos paradigmas de vida, de economía y de política para generar una nueva época, una nueva era en el mundo. Toda la humanidad está involucrada en esto. Desde las personas hasta los Estados, desde la sociedad civil y las comunidades de base hasta los poderes económicos. La comunidad científica, las iglesias y religiones, todos tenemos una función que desempeñar en la construcción del mundo, ahora y después de la pandemia, de cara al buen vivir de las generaciones presentes y futuras.

A propósito de la realización de los derechos humanos para construir un mundo nuevo, el Papa Francisco en Laudato Sí número trece nos dice: “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos”.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Setenta y dos años después de la resolución de Naciones Unidas que adopta el 10 de diciembre como día internacional de los derechos humanos, la situación de Colombia es alarmante. Desde Soacha, Nariño y La Guajira, las comunidades más golpeadas nos cuentan cómo se protegen de la violencia estatal y la confrontación entre ilegales y empresas que se disputan sus territorios por la coca, el oro y el carbón en la serie radial “Datos para la construcción de memoria y verdad”. Esta primera entrega y muchos más podcast podrán ser escuchados en Spotify

Las violaciones a los derechos humanos en Colombia y la violencia política vienen en aumento desde el primer semestre de 2019. Así lo registra el Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep que semestre a semestre realiza el informe del tema de la mano de organizaciones sociales de todo el país. Tres de ellas se podrán escuchar y conocer en la primera entrega de la serie radial que se estrena en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

La Corporación de Derechos Humanos Tierra de Todos de Nariño, la  Mesa de organizaciones de Mujeres de Soacha y Fuerza de Mujeres Wayuú en La Guajira coinciden en su preocupación por el incremento de las violencias en contra de los líderes sociales, firmantes de paz, promotores de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, defensores del medio ambiente y el Acuerdo de Paz y general de las comunidades excluidas cuyas luchas pacíficas continúan a pesar de que su vida misma está en riesgo y siendo pisoteada sin que el Estado consiga protegerles y, en muchos casos, siendo sus mismos agentes quienes violentan a las comunidades hasta la muerte. La Policía colombiana, por ejemplo, pasó a ocupar el primer lugar en responsable de violadores de derechos humanos desplazando a los paramilitares, según el informe más reciente del Banco de Datos consignado en la revista Noche y Niebla No. 61. 

Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos para “que los gobiernos tomen medidas, y por otro [lado] que los ciudadanos conozcan mejor la problemática y exijan a sus representantes que actúen” (ONU). Es un día en que mundialmente se vela por el respeto, la dignidad y la igualdad de los seres humanos. 

En el más reciente Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que registró la situación de derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, se observan altos niveles de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas. La violencia contra líderes y lideresas sociales continúan escalando en medio de una alarma nacional que no logra detener la barbarie. Desde la firma del Acuerdo de Paz van más de 600 defensores de derechos humanos asesinos y más de 200 en lo que va de 2020

También son preocupantes las cifras de homicidios que revela el informe. En 2019 “el ACNUDH registró 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada por el ACNUDH desde 2014”. En 2020, hasta el 22 de noviembre se registraban 309 personas asesinadas en 77 masacres (Indepaz, 2020). 

Las organizaciones sociales coinciden en la urgencia de implementar el Acuerdo de Paz de manera integral y sin más incumplimientos de parte del gobierno, para mitigar las violencias de las que son víctimas día a día. Desde Nariño, Camila Alvarado y Juan Pablo Córdoba exponen que la coca y el incumplimiento en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) les tienen sumidos en un nuevo ciclo de horror.

“El territorio de Nariño tiene ciertas condiciones geográficas que han favorecido a la siembra de cultivos ilícitos y contribuye al financiamiento de ciertos grupos ilegales. Además, es objeto de disputas territoriales entre grupos armados, la fuerza pública y empresas multinacionales, actores fundamentales en el conflicto armado y las situaciones de violencia”, asegura Camila de la Corporación de Derechos Humanos Tierra de Todos, una de múltiples organizaciones que se articula a la Red Nacional BanDatos liderada por el Bando de Datos de Derechos Humanos del CINEP/PPP.

 

Un denominador común causante de la violencia, que evidencia la primera entrega de la serie es precisamente el control territorial por parte de grupos armados legales como el Ejército quien ha asesinado campesinos y firmantes de paz como ocurrió con Dimar Torres, o bien, por parte de empresas legales como es el caso de Cerrejón y las mineras. 

En la primera entrega de la serie radial se advierten múltiples afectaciones producto de este fenómeno las cuales varían en relación con el lugar donde se dan las disputas o el despojo. 

En la Guajira Cerrejón ha despojado a la población de sus tierras durante 40 años y, aunque se prometió progreso, hoy sigue siendo uno de los departamentos más pobres el país donde escasea el agua en parte debido a la explotación carbonífera que anualmente extrae millones de toneladas en la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. En La Guajira 69 mil hectáreas han sido concesionadas a la empresa privada para explotación minera. Carbones del Cerrejón Limited explota actualmente 14.493, según Noche y Niebla.

Además del despojo, la acción minera por parte de la empresa ha causado la muerte de nuestros Mayores, la pérdida de su cultura y sus prácticas ancestrales, el deterioro del medio ambiente y la salud, entre otras afectaciones”, explica Camila Peláez, integrante del semillero de la organización Fuerza de Mujeres Wayúu.

                                                                                                                         

El tercer episodio hace referencia al municipio de Soacha. Por medio de las voces de Soraya Garzón y Clemencia López, integrantes de la Mesa de Organizaciones de Mujeres de Soacha, se vislumbra el panorama de violencia que se vive en el territorio, el cual se caracteriza por la presencia de grupos armados ilegales, la delincuencia común y el microtráfico: 

“Pero también es un municipio que, aunque no se reconozca eso por parte de las autoridades y de la administración municipal, tiene problemáticas muy grandes en cuanto a la invasión de terrenos para viviendas informales, problemas de violencias intrafamiliar, desnutrición y desempleo”, según Soraya.

                                                                                                                       

La serie podrá ser escuchada a través de nuestras cuentas de Spotify (https://open.spotify.com/show/6zQHehBqY3KxumymQshW3J?si=K86VhwbASEWVxOD2uciXpw) y SoundCloud (https://soundcloud.com/cinep-programa-por-la-paz-1) desde este 10 de diciembre. 

Por Daniela Ramírez. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

El Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP- presentó el seis de octubre pasado, en la Revista Noche y Niebla número sesenta y uno, un balance de la situación de derechos humanos durante el primer semestre del presente año 2020. La revista mostró la tendencia nacional de violaciones de derechos humanos, violencia política y Derecho Internacional Humanitario. El CINEP asume el derecho y la responsabilidad de proponer una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las víctimas ya que el desconocimiento, invisibilidad o negación de la violación de los derechos humanos y la violencia política que está ocurriendo en el país, blinda y favorece a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes.

El balance general muestra que los departamentos más afectados por hechos violatorios de derechos humanos, durante el semestre pasado, fueron en su orden: Bogotá, con ciento ochenta y dos casos, Antioquia con ciento ocho casos, Cauca con cuarenta y seis hechos victimizantes y Norte de Santander y Santander con cuarenta y cinco y cuarenta y tres hechos violatorios de derechos humanos respectivamente.

Sobre los presuntos responsables, el informe expresa que unidades de la Policía Nacional fueron las mayores violadoras de derechos humanos durante el semestre pasado, con doscientos noventa y seis hechos; seguidos de los grupos paramilitares con doscientos veintitrés violaciones de derechos humanos y en tercer lugar las tropas del ejército nacional con ciento seis hechos violatorios de derechos humanos. En tanto que grupos guerrilleros, entre los que están el ELN, el EPL y otros, cometieron ciento veinticinco infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario consuetudinario.

Dentro de los métodos de victimización más recurrentes resultan altamente preocupantes las detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional, quienes durante el semestre pasado realizaron ciento setenta y tres hechos. Hirieron además a cincuenta y nueva civiles y amenazaron de muerte, según la versión de las víctimas, a treinta y siete más.

Igualmente grave resulta ser el fortalecimiento del paramilitarismo, quienes amenazaron de muerte en ciento sesenta y tres ocasiones, ejecutaron a cuarenta y siete ciudadanos inocentes y realizaron ocho casos de tortura.

El CINEP en su apuesta por la vida reitera su gran preocupación por la crisis de derechos humanos vigente en Colombia, al reconocer que centenares de colombianos y colombianas siguen siendo victimizados, en un contexto en el que se fortalece la reedición de la violencia política y social, así como el incumpliendo de la implementación del Acuerdo de Paz y la sistemática persecución a líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos.

San Juan Pablo II en el mensaje para la Jornada Mundial por la Paz en mil novecientos noventa y nueve expresó: «Quisiera destacar que ningún derecho humano está seguro si no nos comprometemos a tutelarlos todos. Cuando se acepta sin reaccionar la violación de uno cualquiera de los derechos humanos fundamentales, todos los demás están en peligro. Si se ignoran o desprecian los derechos humanos, o la búsqueda de intereses particulares prevalece injustamente sobre el bien común, se siembran inevitablemente los gérmenes de la inestabilidad la rebelión y la violencia».

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

CINEP/PPP y otras organizaciones sociales, con la coordinación de la Comisión Colombiana de Juristas, elaboraron el informe El Riesgo de Defender y Liderar cuyo objetivo es aportar a la identificación de hechos victimizantes comunes y diferenciales que sufren las personas defensoras de DD.HH., así como reconocer y dignificar su trabajo. 

“El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia" es un informe sobre labor de las personas, comunidades y organizaciones que defienden derechos y reivindican las causas sociales en Colombia, en el cual se abordan las violaciones a sus derechos, documentadas entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020.

Se trata de un documento elaborado por veinte organizaciones nacionales y regionales, bajo la coordinación de la Comisión Colombiana de Juristas, con el objetivo de contribuir a la denuncia, visibilización, reconocimiento y dignificación de la defensa de los derechos humanos de las personas, comunidades, organizaciones y pueblos, desde los enfoques diferenciales y también a la identificación de pautas comunes y aspectos diferenciales en las violaciones a sus derechos humanos.

Temas del informe:

• Contexto: Análisis de condiciones de exclusión, desigualdad y vulnerabilidad de las mujeres, las personas LGBT, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, denunciadas y visibilizadas por personas defensoras y por líderes y lideresas sociales, desde una perspectiva histórica y actual, e identificadas por organismos internacionales y regionales de derechos humanos y por algunas entidades estatales e instituciones gubernamentales.

• En el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2020, la base de datos de violencia sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas documentó 184 casos de violaciones de los derechos humanos de líderes, lideresas y personas defensoras. De estas 184 personas, 183 fueron asesinadas y una persona fue víctima de desaparición forzada. Como aspecto común a los asesinatos se identificaron las amenazas previas, algunas de ellas generalizadas contra determinado sector o comunidad, y otras selectivas, con nombre y apellido, haciendo alusión a la labor de los líderes, lideresas o personas defensoras.

• Enfoques y afectaciones diferenciales: Presentación de los aportes de ONIC, CNOA, Sisma Mujer, Colombia Diversa y del PUPSOC a través de un relato de luchas campesinas por la exigibilidad de los derechos en el Cauca. Estos procesos diversos constituyen referentes en la visibilización de los enfoques diferenciales, fortaleciendo desde distintas perspectivas la defensa de los derechos y exponiendo las dinámicas y modalidades de violencia contra las personas defensoras. Sus consideraciones permiten dimensionar los contextos en que confluyen diversos riesgos y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas defensoras en los territorios.

• A estas condiciones de vulnerabilidad se suman los riesgos a los que se encuentran expuestos quienes defienden la vida y lideran causas sociales, así como las múltiples discriminaciones que se focalizan en personas, comunidades y organizaciones y las afectaciones desproporcionadas en quienes defienden derechos y lideran causas sociales.

• Pautas comunes y aspectos diferenciales en las violaciones a los derechos humanos de los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, mujeres y personas defensoras LGTBI en Colombia, desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2019.

• Mediante el cruce de los registros y las bases de datos de las distintas organizaciones participantes, se constituyó una base compartida y consolidada de 396 violaciones de los derechos de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de los derechos humanos, correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. Del total de estos hechos, 392 casos corresponden a homicidios, el 98,99 % de las víctimas; y 4 corresponden a desaparición forzada, equivalentes al 1,01 % del total de víctimas.

• Componente regional: Propone una mirada a los territorios en los que habitan las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales, narrada por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de Antioquia, Cauca, Córdoba y Norte de Santander. En estos y otros departamentos, la violencia se ha agudizado con posterioridad a la firma del Acuerdo Final de Paz, presentándose de manera continua y reiterada y persistiendo en 2020.

• Según la base de datos en consolidación, la violencia contra los líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos entre el 1º de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 se concentró en 29 de los 32 departamentos que conforman el territorio colombiano, siendo Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, Caquetá, Norte de Santander y Córdoba los territorios más afectados. El panorama de violaciones de los derechos de quienes defienden derechos y lideran causas sociales, documentado por la CCJ entre enero y julio de 2020, muestra la continuación de las violaciones en estos departamentos y la focalización de las violaciones de los derechos en Huila, Chocó, Bolívar Caquetá Caldas, Boyacá, Tolima, Cesar, Arauca, Atlántico, Santander y Magdalena.

• Balance y respuesta estatal: Análisis de las acciones de las entidades estatales en materia de prevención y protección de las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales. El balance de la respuesta estatal y el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a exigirle al Estado garantías de seguridad y protección para quienes defienden derechos y lideran causas sociales en Colombia son parte del quehacer diario de las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en Colombia.

• Los seis aspectos abordados en el balance son: las garantías de seguridad en el Acuerdo Final de Paz (AFP); las herramientas de investigación y judicialización; el Plan de Acción Oportuna (PAO) y otras medidas gubernamentales; la criminalización de los líderes y lideresas sociales; los espacios de interlocución en materia de garantías; y las acciones jurídicas para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales

Algunas conclusiones:

• Las condiciones de marginalidad y exclusión, así como las causas, consecuencias e impactos del conflicto han sido denunciados por las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales, por sus pueblos, comunidades y organizaciones. Luego de estas denuncias continúan las amenazas, los asesinatos y las desapariciones forzadas, dando continuidad al ciclo de violencias contra quienes defienden los derechos y lideran las causas sociales.

• A los asesinatos y amenazas, que son las violaciones predominantes de los derechos humanos de las personas defensoras y que las cifras aún no reflejan fielmente, se suman el confinamiento, la tortura, el desplazamiento forzado, la violencia sexual basada en el género y la desaparición forzada. Este variado conjunto de violaciones de los derechos permite afirmar que persisten los altos niveles de violencia, que sus impactos continúan afectando a las personas, organizaciones y comunidades, y que es posible identificar diversas violencias acumuladas y focalizadas.

• Las lideresas y las personas defensoras LGBT se encuentran en situación de riesgo al ejercer su derecho a defender derechos. A lo anterior se suman las condiciones de discriminación, exclusión y las violencias marcadas por el género, orientación sexual, edad, pertenencia étnica, discapacidad y pobreza. Por ello resulta fundamental identificar estas afectaciones diferenciadas e incorporar los enfoques diferenciales en la documentación de los casos, así como en las medidas de prevención y protección y en las garantías de seguridad humana.

• Respecto a las lideresas y líderes de los pueblos afrodescendientes, los indígenas y el campesinado, su labor de defender derechos se ha focalizado en la exigibilidad de condiciones de vida digna y en su existencia como comunidades y pueblos. Cuando estos liderazgos son afectados se generan impactos que pueden llegar a afectar la existencia misma de estos colectivos y su permanencia en los territorios

Recomendaciones principales:

• Dar cumplimiento de manera concertada, eficaz e integral al enfoque diferencial étnico, territorial y de género del AFP, y en particular a las medidas y los mecanismos para la prevención de riesgos y la protección para personas defensoras, líderes y lideresas sociales con políticas adaptadas a sus contextos.

• Avanzar en la construcción de una política pública de desmantelamiento del paramilitarismo, como lo señala el AFP, que recoja la propuesta entregada por las organizaciones de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y conduzca al desmantelamiento efectivo de las estructuras políticas, económicas, socioculturales y militares de estos grupos.

• Articular y coordinar las iniciativas de la sociedad civil y los mecanismos existentes con anterioridad al AFP para la protección de los defensores y las defensoras y la promoción y defensa de los derechos humanos con el marco normativo derivado del AFP en materia de garantías de prevención, protección y seguridad humana.

El lanzamiento de este informe se puede ver en este enlace. A continuación, el informe completo:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Este 6 de octubre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 61 que evidencia un aumento progresivo en las victimizaciones desde 2019 y detalla como los territorios más afectados en el primer semestre de 2020 a Bogotá, Antioquia y Cauca; así mismo ubica como mayor violador de DD.HH. a la Policía. El caso de la minería de carbón, el ecocidio y el etnocidio en La Guajira también fue abordado revelando cómo, tras 40 años de explotación, no llega aún el prometido progreso.

El Banco de Datos presentó su habitual balance de Derechos humanos, DIH y violencia política en Colombia revelando que las regiones con mayor violación de derechos humanos en el primer semestre de 2020 fueron Bogotá D.C. con 182 victimizaciones; Antioquia, con 108 victimizaciones; y Cauca, con 46 victimizaciones.

Con la participación de Javier Giraldo SJ, Alejandro Angulo SJ, y Luis Guillermo Guerrero Guevara, director del CINEP/PPP,  se desarrolló un conversatorio y rueda de prensa virtual donde se socializaron los principales hallazgos de la Revista Noche y Niebla.

Según el Informe, la Policía fue el actor que más violó los derechos humanos, tomando en 2020 el primer lugar que en 2019 ocuparon los paramilitares. Este año el actor con más casos violatorios de Derechos Humanos ha sido la Policía Nacional con 296 hechos, seguida de los grupos paramilitares, con 223; y el Ejército Nacional con 106 casos. De las acciones perpetradas por las unidades de la Policía Nacional, se detalla que detuvieron arbitrariamente a 173 personas, hirieron a 59 civiles y amenazaron de muerte a 37 más.

En la conversación se llamó la atención sobre el aumento de las victimizaciones en el último año y medio pasando de 446 en el primer semestre de 2019, a 532 en el segundo semestre del año pasado. De enero a junio de 2020, las victimizaciones suman ya 609. Es decir, hay un aumento de 163 casos con relación a 2019. 

“¿Quién está matando de manera tan desenfrenada a líderes sociales, firmantes de paz y comunidades? En este país la justicia está aferrada a métodos trillados e inútiles”, expresó Javier Giraldo SJ durante el conversatorio.

También, se mostró preocupación por las acciones perpetradas por tropas del Ejército Nacional, quienes entre enero y junio de 2020 fueron responsables de 32 amenazas de muerte, 33 detenciones arbitrarias y 19 heridos y 4 casos de tortura. En cuanto a violencia político social fueron victimizados 192 líderes sociales de base en el primer semestre del año 2020. Las víctimas ahora son, en su mayoría, personas u organizaciones con menos visibilidad en los territorios.

De las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, la Revista Noche y Niebla no 61 documenta que los departamentos más afectados fueron: Cauca, con 103 infracciones; Bogotá, con 33 infracciones y Nariño, con 27 infracciones. Los que más infringieron el DIH fueron la guerrilla -incluye disidencias-, con 100 hechos; los grupos paramilitares, con 66 hechos; combatientes, con 36 hechos y el ELN, con 21 hechos.

Asimismo, 216 personas vieron vulnerado su derecho a la libertad. Por último, el Banco de Datos tuvo conocimiento de 4 victimizaciones por desaparición forzada e involuntaria y 6 victimizaciones por violencia sexual durante el semestre.

Minería y des-arroyo

María de los Ángeles García, de la Comunidad Afro de Manantialito y la Veeduría Akuaippa y Mónic López fueron las voceras de los pueblos de La Guajira que están viviendo las afectaciones de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.  

En La Guajira sufrimos la escasez de agua, de alimentos, y derechos por la empres Cerrejón”, aseguró María de los Ángeles García de la comunidad afro de Manantialito.

Mónica López Pushaina, vocera de la Comunidad Wayú aseguró que:

“La minería en La Guajira está acabando con nosotros”: 

¿Valen la pena las violaciones de los derechos humanos de la población del Cerrejón para obtener una ganancia económica de unos pocos afortunados? se preguntó el sacerdote Alejandro Angulo, del Banco de Datos.

Noche y Niebla incluye en esta edición un artículo regional preparado por el equipo de Interculturalidad del CINEP/PPP, el cual devela una vez más la incumplida promesa del desarrollo tras más de 40 años de explotación minera en La Guajira -uno de los departamentos más pobres de Colombia-. En la rueda de prensa las mujeres wayuú y afro detallan el etnocidio y el ecocidio que viven, tras 14 fallos judiciales que han rafiticado la vulneración de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos a la vida, al agua, a la salud, la consulta previa, la seguridad alimentaria, autonomía étnica, integridad cultural y la tierra, entre otros.

En el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día, lo suficiente para alimentar a 150 mil personas: El 40% de los cursos  de agua en ese departamento se ha perdido a partir de la actividad minera aumentando el estrés hídrico y la crisis de acceso al agua en un departamento que vive una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la pandemia del Covid-19.

Con Noche y Niebla, el CINEP/PPP ofrece una mirada de la difícil realidad de los derechos humanos en Colombia desde su aproximación, pues la misma violencia, los mecanismos del silencio y el silenciamiento de las víctimas, así como la impunidad instaurada, impiden recoger la totalidad de los hechos.


  

Por: Comunicaciones CINEP/PPP