Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

El Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP- presentó el seis de octubre pasado, en la Revista Noche y Niebla número sesenta y uno, un balance de la situación de derechos humanos durante el primer semestre del presente año 2020. La revista mostró la tendencia nacional de violaciones de derechos humanos, violencia política y Derecho Internacional Humanitario. El CINEP asume el derecho y la responsabilidad de proponer una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las víctimas ya que el desconocimiento, invisibilidad o negación de la violación de los derechos humanos y la violencia política que está ocurriendo en el país, blinda y favorece a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes.

El balance general muestra que los departamentos más afectados por hechos violatorios de derechos humanos, durante el semestre pasado, fueron en su orden: Bogotá, con ciento ochenta y dos casos, Antioquia con ciento ocho casos, Cauca con cuarenta y seis hechos victimizantes y Norte de Santander y Santander con cuarenta y cinco y cuarenta y tres hechos violatorios de derechos humanos respectivamente.

Sobre los presuntos responsables, el informe expresa que unidades de la Policía Nacional fueron las mayores violadoras de derechos humanos durante el semestre pasado, con doscientos noventa y seis hechos; seguidos de los grupos paramilitares con doscientos veintitrés violaciones de derechos humanos y en tercer lugar las tropas del ejército nacional con ciento seis hechos violatorios de derechos humanos. En tanto que grupos guerrilleros, entre los que están el ELN, el EPL y otros, cometieron ciento veinticinco infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario consuetudinario.

Dentro de los métodos de victimización más recurrentes resultan altamente preocupantes las detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional, quienes durante el semestre pasado realizaron ciento setenta y tres hechos. Hirieron además a cincuenta y nueva civiles y amenazaron de muerte, según la versión de las víctimas, a treinta y siete más.

Igualmente grave resulta ser el fortalecimiento del paramilitarismo, quienes amenazaron de muerte en ciento sesenta y tres ocasiones, ejecutaron a cuarenta y siete ciudadanos inocentes y realizaron ocho casos de tortura.

El CINEP en su apuesta por la vida reitera su gran preocupación por la crisis de derechos humanos vigente en Colombia, al reconocer que centenares de colombianos y colombianas siguen siendo victimizados, en un contexto en el que se fortalece la reedición de la violencia política y social, así como el incumpliendo de la implementación del Acuerdo de Paz y la sistemática persecución a líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos.

San Juan Pablo II en el mensaje para la Jornada Mundial por la Paz en mil novecientos noventa y nueve expresó: «Quisiera destacar que ningún derecho humano está seguro si no nos comprometemos a tutelarlos todos. Cuando se acepta sin reaccionar la violación de uno cualquiera de los derechos humanos fundamentales, todos los demás están en peligro. Si se ignoran o desprecian los derechos humanos, o la búsqueda de intereses particulares prevalece injustamente sobre el bien común, se siembran inevitablemente los gérmenes de la inestabilidad la rebelión y la violencia».

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

CINEP/PPP y otras organizaciones sociales, con la coordinación de la Comisión Colombiana de Juristas, elaboraron el informe El Riesgo de Defender y Liderar cuyo objetivo es aportar a la identificación de hechos victimizantes comunes y diferenciales que sufren las personas defensoras de DD.HH., así como reconocer y dignificar su trabajo. 

“El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia" es un informe sobre labor de las personas, comunidades y organizaciones que defienden derechos y reivindican las causas sociales en Colombia, en el cual se abordan las violaciones a sus derechos, documentadas entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020.

Se trata de un documento elaborado por veinte organizaciones nacionales y regionales, bajo la coordinación de la Comisión Colombiana de Juristas, con el objetivo de contribuir a la denuncia, visibilización, reconocimiento y dignificación de la defensa de los derechos humanos de las personas, comunidades, organizaciones y pueblos, desde los enfoques diferenciales y también a la identificación de pautas comunes y aspectos diferenciales en las violaciones a sus derechos humanos.

Temas del informe:

• Contexto: Análisis de condiciones de exclusión, desigualdad y vulnerabilidad de las mujeres, las personas LGBT, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, denunciadas y visibilizadas por personas defensoras y por líderes y lideresas sociales, desde una perspectiva histórica y actual, e identificadas por organismos internacionales y regionales de derechos humanos y por algunas entidades estatales e instituciones gubernamentales.

• En el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2020, la base de datos de violencia sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas documentó 184 casos de violaciones de los derechos humanos de líderes, lideresas y personas defensoras. De estas 184 personas, 183 fueron asesinadas y una persona fue víctima de desaparición forzada. Como aspecto común a los asesinatos se identificaron las amenazas previas, algunas de ellas generalizadas contra determinado sector o comunidad, y otras selectivas, con nombre y apellido, haciendo alusión a la labor de los líderes, lideresas o personas defensoras.

• Enfoques y afectaciones diferenciales: Presentación de los aportes de ONIC, CNOA, Sisma Mujer, Colombia Diversa y del PUPSOC a través de un relato de luchas campesinas por la exigibilidad de los derechos en el Cauca. Estos procesos diversos constituyen referentes en la visibilización de los enfoques diferenciales, fortaleciendo desde distintas perspectivas la defensa de los derechos y exponiendo las dinámicas y modalidades de violencia contra las personas defensoras. Sus consideraciones permiten dimensionar los contextos en que confluyen diversos riesgos y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas defensoras en los territorios.

• A estas condiciones de vulnerabilidad se suman los riesgos a los que se encuentran expuestos quienes defienden la vida y lideran causas sociales, así como las múltiples discriminaciones que se focalizan en personas, comunidades y organizaciones y las afectaciones desproporcionadas en quienes defienden derechos y lideran causas sociales.

• Pautas comunes y aspectos diferenciales en las violaciones a los derechos humanos de los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, mujeres y personas defensoras LGTBI en Colombia, desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2019.

• Mediante el cruce de los registros y las bases de datos de las distintas organizaciones participantes, se constituyó una base compartida y consolidada de 396 violaciones de los derechos de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de los derechos humanos, correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. Del total de estos hechos, 392 casos corresponden a homicidios, el 98,99 % de las víctimas; y 4 corresponden a desaparición forzada, equivalentes al 1,01 % del total de víctimas.

• Componente regional: Propone una mirada a los territorios en los que habitan las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales, narrada por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de Antioquia, Cauca, Córdoba y Norte de Santander. En estos y otros departamentos, la violencia se ha agudizado con posterioridad a la firma del Acuerdo Final de Paz, presentándose de manera continua y reiterada y persistiendo en 2020.

• Según la base de datos en consolidación, la violencia contra los líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos entre el 1º de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 se concentró en 29 de los 32 departamentos que conforman el territorio colombiano, siendo Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, Caquetá, Norte de Santander y Córdoba los territorios más afectados. El panorama de violaciones de los derechos de quienes defienden derechos y lideran causas sociales, documentado por la CCJ entre enero y julio de 2020, muestra la continuación de las violaciones en estos departamentos y la focalización de las violaciones de los derechos en Huila, Chocó, Bolívar Caquetá Caldas, Boyacá, Tolima, Cesar, Arauca, Atlántico, Santander y Magdalena.

• Balance y respuesta estatal: Análisis de las acciones de las entidades estatales en materia de prevención y protección de las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales. El balance de la respuesta estatal y el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a exigirle al Estado garantías de seguridad y protección para quienes defienden derechos y lideran causas sociales en Colombia son parte del quehacer diario de las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en Colombia.

• Los seis aspectos abordados en el balance son: las garantías de seguridad en el Acuerdo Final de Paz (AFP); las herramientas de investigación y judicialización; el Plan de Acción Oportuna (PAO) y otras medidas gubernamentales; la criminalización de los líderes y lideresas sociales; los espacios de interlocución en materia de garantías; y las acciones jurídicas para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales

Algunas conclusiones:

• Las condiciones de marginalidad y exclusión, así como las causas, consecuencias e impactos del conflicto han sido denunciados por las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales, por sus pueblos, comunidades y organizaciones. Luego de estas denuncias continúan las amenazas, los asesinatos y las desapariciones forzadas, dando continuidad al ciclo de violencias contra quienes defienden los derechos y lideran las causas sociales.

• A los asesinatos y amenazas, que son las violaciones predominantes de los derechos humanos de las personas defensoras y que las cifras aún no reflejan fielmente, se suman el confinamiento, la tortura, el desplazamiento forzado, la violencia sexual basada en el género y la desaparición forzada. Este variado conjunto de violaciones de los derechos permite afirmar que persisten los altos niveles de violencia, que sus impactos continúan afectando a las personas, organizaciones y comunidades, y que es posible identificar diversas violencias acumuladas y focalizadas.

• Las lideresas y las personas defensoras LGBT se encuentran en situación de riesgo al ejercer su derecho a defender derechos. A lo anterior se suman las condiciones de discriminación, exclusión y las violencias marcadas por el género, orientación sexual, edad, pertenencia étnica, discapacidad y pobreza. Por ello resulta fundamental identificar estas afectaciones diferenciadas e incorporar los enfoques diferenciales en la documentación de los casos, así como en las medidas de prevención y protección y en las garantías de seguridad humana.

• Respecto a las lideresas y líderes de los pueblos afrodescendientes, los indígenas y el campesinado, su labor de defender derechos se ha focalizado en la exigibilidad de condiciones de vida digna y en su existencia como comunidades y pueblos. Cuando estos liderazgos son afectados se generan impactos que pueden llegar a afectar la existencia misma de estos colectivos y su permanencia en los territorios

Recomendaciones principales:

• Dar cumplimiento de manera concertada, eficaz e integral al enfoque diferencial étnico, territorial y de género del AFP, y en particular a las medidas y los mecanismos para la prevención de riesgos y la protección para personas defensoras, líderes y lideresas sociales con políticas adaptadas a sus contextos.

• Avanzar en la construcción de una política pública de desmantelamiento del paramilitarismo, como lo señala el AFP, que recoja la propuesta entregada por las organizaciones de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y conduzca al desmantelamiento efectivo de las estructuras políticas, económicas, socioculturales y militares de estos grupos.

• Articular y coordinar las iniciativas de la sociedad civil y los mecanismos existentes con anterioridad al AFP para la protección de los defensores y las defensoras y la promoción y defensa de los derechos humanos con el marco normativo derivado del AFP en materia de garantías de prevención, protección y seguridad humana.

El lanzamiento de este informe se puede ver en este enlace. A continuación, el informe completo:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Este 6 de octubre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 61 que evidencia un aumento progresivo en las victimizaciones desde 2019 y detalla como los territorios más afectados en el primer semestre de 2020 a Bogotá, Antioquia y Cauca; así mismo ubica como mayor violador de DD.HH. a la Policía. El caso de la minería de carbón, el ecocidio y el etnocidio en La Guajira también fue abordado revelando cómo, tras 40 años de explotación, no llega aún el prometido progreso.

El Banco de Datos presentó su habitual balance de Derechos humanos, DIH y violencia política en Colombia revelando que las regiones con mayor violación de derechos humanos en el primer semestre de 2020 fueron Bogotá D.C. con 182 victimizaciones; Antioquia, con 108 victimizaciones; y Cauca, con 46 victimizaciones.

Con la participación de Javier Giraldo SJ, Alejandro Angulo SJ, y Luis Guillermo Guerrero Guevara, director del CINEP/PPP,  se desarrolló un conversatorio y rueda de prensa virtual donde se socializaron los principales hallazgos de la Revista Noche y Niebla.

Según el Informe, la Policía fue el actor que más violó los derechos humanos, tomando en 2020 el primer lugar que en 2019 ocuparon los paramilitares. Este año el actor con más casos violatorios de Derechos Humanos ha sido la Policía Nacional con 296 hechos, seguida de los grupos paramilitares, con 223; y el Ejército Nacional con 106 casos. De las acciones perpetradas por las unidades de la Policía Nacional, se detalla que detuvieron arbitrariamente a 173 personas, hirieron a 59 civiles y amenazaron de muerte a 37 más.

En la conversación se llamó la atención sobre el aumento de las victimizaciones en el último año y medio pasando de 446 en el primer semestre de 2019, a 532 en el segundo semestre del año pasado. De enero a junio de 2020, las victimizaciones suman ya 609. Es decir, hay un aumento de 163 casos con relación a 2019. 

“¿Quién está matando de manera tan desenfrenada a líderes sociales, firmantes de paz y comunidades? En este país la justicia está aferrada a métodos trillados e inútiles”, expresó Javier Giraldo SJ durante el conversatorio.

También, se mostró preocupación por las acciones perpetradas por tropas del Ejército Nacional, quienes entre enero y junio de 2020 fueron responsables de 32 amenazas de muerte, 33 detenciones arbitrarias y 19 heridos y 4 casos de tortura. En cuanto a violencia político social fueron victimizados 192 líderes sociales de base en el primer semestre del año 2020. Las víctimas ahora son, en su mayoría, personas u organizaciones con menos visibilidad en los territorios.

De las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, la Revista Noche y Niebla no 61 documenta que los departamentos más afectados fueron: Cauca, con 103 infracciones; Bogotá, con 33 infracciones y Nariño, con 27 infracciones. Los que más infringieron el DIH fueron la guerrilla -incluye disidencias-, con 100 hechos; los grupos paramilitares, con 66 hechos; combatientes, con 36 hechos y el ELN, con 21 hechos.

Asimismo, 216 personas vieron vulnerado su derecho a la libertad. Por último, el Banco de Datos tuvo conocimiento de 4 victimizaciones por desaparición forzada e involuntaria y 6 victimizaciones por violencia sexual durante el semestre.

Minería y des-arroyo

María de los Ángeles García, de la Comunidad Afro de Manantialito y la Veeduría Akuaippa y Mónic López fueron las voceras de los pueblos de La Guajira que están viviendo las afectaciones de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.  

En La Guajira sufrimos la escasez de agua, de alimentos, y derechos por la empres Cerrejón”, aseguró María de los Ángeles García de la comunidad afro de Manantialito.

Mónica López Pushaina, vocera de la Comunidad Wayú aseguró que:

“La minería en La Guajira está acabando con nosotros”: 

¿Valen la pena las violaciones de los derechos humanos de la población del Cerrejón para obtener una ganancia económica de unos pocos afortunados? se preguntó el sacerdote Alejandro Angulo, del Banco de Datos.

Noche y Niebla incluye en esta edición un artículo regional preparado por el equipo de Interculturalidad del CINEP/PPP, el cual devela una vez más la incumplida promesa del desarrollo tras más de 40 años de explotación minera en La Guajira -uno de los departamentos más pobres de Colombia-. En la rueda de prensa las mujeres wayuú y afro detallan el etnocidio y el ecocidio que viven, tras 14 fallos judiciales que han rafiticado la vulneración de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos a la vida, al agua, a la salud, la consulta previa, la seguridad alimentaria, autonomía étnica, integridad cultural y la tierra, entre otros.

En el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día, lo suficiente para alimentar a 150 mil personas: El 40% de los cursos  de agua en ese departamento se ha perdido a partir de la actividad minera aumentando el estrés hídrico y la crisis de acceso al agua en un departamento que vive una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la pandemia del Covid-19.

Con Noche y Niebla, el CINEP/PPP ofrece una mirada de la difícil realidad de los derechos humanos en Colombia desde su aproximación, pues la misma violencia, los mecanismos del silencio y el silenciamiento de las víctimas, así como la impunidad instaurada, impiden recoger la totalidad de los hechos.


  

Por: Comunicaciones CINEP/PPP

 

Liderazgos sin miedo

  • Dic 04, 2020
  • Publicado en Prensa

Cómo proteger a los líderes y lideresas sociales sigue siendo el reto de la sociedad colombiana. Compartimos una reseña del conversatorio Liderazgos sin miedo.

Ausencia estatal, inseguridad, violencia y erradicación forzada son algunos de los riesgos que enfrentan líderes sociales en Colombia, según el conversatorio: Líderes sociales: desafíos para su protección. La campaña que lleva el mismo nombre y consiste en acompañar y darle un espacio a los líderes y lideresas sociales de Colombia es una alianza de medios y ongs, entre ellos CINEP/PPP que, desde hace más de 50 años, registra y analiza la tragedia de los defensores de Derechos Humanos en este país, históricamente estigmatizados, atacados y aniquilados. 

Entre muchos retos, la protección y defensa de la vida son los principales pues, según se comentó, hasta el momento las medidas tomadas por el gobierno –como la militarización– han generado más afectación y violación a los derechos humanos como es el caso de asesinato de campesinos durante operativos de erradicación forzada o violación sexual de niñas por parte del Ejército. Además, los asesinatos a líderes y lideresas sociales siguen incrementando, especialmente en los territorios en los que hay presencia de cultivos de uso ilícito. Cauca, Antioquia y La Guajira son algunos de los departamentos con mayor riesgo. 

Según Sirley Muñoz de Somos Defensores, este año los asesinatos aumentaron en un 61% en relación con el año anterior; la comunicadora enfatizó en que se está presentando una reconfiguración del conflicto ‘‘Todavía no sabemos cómo llamar esta etapa; esto apenas está comenzando, las agresiones van en aumento. Lamentablemente, todavía viene una situación muy difícil para el país’’. 

Por su lado, los líderes e integrantes de radios comunitarias se han unido como colectivo en aras de crear sus propias herramientas de protección, teniendo una comunicación constante y activa, siempre trabajando junto a la comunidad, así lo afirmó Liverman Rengifo, integrante de la Red de radios comunitarias Cantoyaco del Putumayo. En este contexto, la función de las radios comunitarias ha sido clave para fortalecer a los líderes en el proceso de resiliencia. ‘‘Si reflexionamos, vamos a entender por qué es importante para esta democracia que las radios comunitarias tomemos posición y acompañemos los procesos de desarrollo de los territorios”, según Dione Patiño, de La Esquina Radio.

Unirse como comunidad y colectivo ha sido fundamental; de lo contrario, optar por el trabajo individual generaría más exposición y peligro, un arma de doble filo en un proceso de posconflicto, concluyó el conversatorio. 

Ha sido un proceso de construcción compartida. En palabras del Presidente de la Asociación Campesina del Bajo Cauca ASOCBAC, William Muñoz: 

‘‘Una cosa es hablar de paz y otra cosa es construir paz, y eso es un eje fundamental que nos atraviesa’’.

A pesar de los riesgos y la situación a la que hoy se enfrentan los líderes y lideresas, ellos y ellas aún apuestan por ‘‘no bajar la moral’’ y seguir siendo un apoyo entre entidades como una red que se protege entre sí. El papel de los medios en articular y visibilizar sus luchas también es fundamental, así como para increpar al Estado en su papel de protección a ellos y ellas.

El conversatorio completo puede ser visto en: https://www.facebook.com/watch/?v=353827009095300 

Por: Erika González. Comunicaciones CINEP/PPP

CINEP/PPP y otras organizaciones sociales que integran Democracia en Riesgo, alertan sobre la vulneración al derecho de la participación ciudadana. 

¿En Colombia se ha garantizado o promovido la participación de las personas y las comunidades en las decisiones que se adoptan, o, al menos, se han tomado en cuenta las necesidades específicas de los grupos en mayor condición de vulnerabilidad en este contexto? ¿Qué papel han jugado los escenarios formales de participación del nivel nacional o territorial, y qué tanto se ha dispuesto la información para que la ciudadanía pueda ejercer el control social incluso mediante el acceso y uso de los medios digitales, tan necesarios en esta coyuntura?

A la luz del recuento realizado a las normas expedidas por el Gobierno nacional amparadas en dos declaratorias de estado de emergencia el balance es negativo. En ningún decreto, se considera que es con la ciudadanía que puede ser mucho más eficaz la contención y mitigación de la pandemia.

La democracia no puede entrar en paréntesis, sin ciudadanía, y las autoridades no pueden ignorar que es con la ciudadanía que la democracia palpita y permanece.

Desde que la participación ciudadana se integra de manera expresa en la estructura institucional y política en Colombia con la Constitución de 1991, la nuestra ya no es una democracia limitada únicamente a elegir y ser elegido, sino que la ciudadanía tiene el derecho, el deber y cuenta con herramientas institucionales y mecanismos e instancias para participar e incidir en las decisiones públicas, controlar las actuaciones institucionales, así como también se reconoce su derecho a actuar en función de intereses colectivos mediante iniciativas no institucionales como la movilización y la protesta. La participación es un rasgo constitutivo de la vida colectiva del país y pilar fundamental de nuestro sistema democrático como también lo son el equilibrio de los poderes públicos y el imperio de la ley.

La participación de la ciudadanía en el escenario público en función de sus intereses y derechos permite, por ejemplo, el empoderamiento de los sectores más vulnerables pues cuando expresan su opinión se visibilizan y pueden incidir en la generación de los cambios que transforman sus vidas; así como también pueden expresar su desacuerdo con las decisiones públicas y vigilar la gestión y los resultados de las decisiones que se adopten.

Así ha sido reconocido en diversas leyes, pero especialmente en la ley 1757 de 2015, que enuncia de manera expresa la participación ciudadana como derecho que debe ser promovido, protegido y garantizado en sus distintas modalidades por el Estado y a través de las políticas públicas, con garantías de disponibilidad, es decir, contar con las condiciones normativas, institucionales y sociales para participar; de acceso, para ejercer la libre expresión, libre asociación, libre movilización, protesta social, elegir y ser elegido; de calidad, en términos de pertinencia, oportunidad, suficiente información para incidir en la construcción de lo público; y de permanencia como garantía de procesos sostenibles de participación ciudadana con los que se logre mayor incidencia en la construcción de lo público.

Sin duda las decisiones públicas son mucho más acertadas cuando toman en cuenta la opinión, reconocen la situación y atienden las demandas y necesidades ciudadanas. Esto, democratiza la gestión pública y la hace no solo más eficiente y eficaz, sino efectiva y transparente. Todo lo que se predica de un Estado democrático.

Por ello, limitar la participación ciudadana, aún en contextos de estados de emergencia constituye una grave afectación a la democracia y al estado de derecho. Si bien es comprensible que una emergencia de salud pública requiere la adopción de medidas que restringen en cierto grado derechos y libertades ciudadanas en aras de contener y mitigar la propagación de la pandemia, ello no implica que se elimine toda forma de participación ciudadana en decisiones que afectan directamente su bienestar y por supuesto su propia salud.

Organismos de supervisión de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas han sido enfáticos en señalar que en el marco de la pandemia los Estados tienen la obligación de garantizar la participación de la ciudadanía en la definición de las medidas que se adopten; primero, porque indiscutiblemente tales decisiones afectan a toda la población y regulan amplios aspectos de su cotidianidad como es, en este caso, garantizar su derecho a la salud, pero, en segundo lugar, porque sin duda tales decisiones tienen efectos económicos y sociales que impactan de manera diferencial a los distintos segmentos de la población y con mayor dureza a los grupos sociales más empobrecidos y excluidos. De igual forma, han resaltado la importancia de que las diversas decisiones tomadas por los Estados brinden la información necesaria para que el conjunto de la ciudadanía conozca el enfoque dado por el poder ejecutivo, lo pueda criticar o respaldar, pero, en todo caso, incidir en él.

Participación en Pandemia: Balance Negativo

¿Qué ha pasado en Colombia?, ¿se ha garantizado o promovido la participación de las personas y las comunidades en las decisiones que se adoptan, o, al menos, se han tomado en cuenta las necesidades específicas de los grupos en mayor condición de vulnerabilidad en este contexto? Pero, además, ¿qué papel han jugado los escenarios formales de participación del nivel nacional o territorial, y qué tanto se ha dispuesto la información para que la ciudadanía pueda ejercer el control social incluso mediante el acceso y uso de los medios digitales, tan necesarios en esta coyuntura? A la luz del balance realizado a las normas expedidas por el Gobierno nacional amparadas en dos declaratorias de estado de emergencia (decretos 417 y 637 de 2020) y de acuerdo con una lectura detallada de los decretos sobre cuya naturaleza cabría esperar enunciados específicos respecto de la participación ciudadana, el balance es negativo.

Al Gobierno nacional se le olvidó que en los fines sociales del Estado también se incluye “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación” (CP Art.2).

En los decretos para atender la emergencia la participación ciudadana brilla por su ausencia.

Las evidencias de un Estado que no cumple

1. Se profundiza un enfoque estatal de orden público en contra de la armonía entre derechos, deberes y libertades que excluye la participación ciudadana

Con la declaratoria de emergencia se adopta una perspectiva de orden público, comprensible ante la magnitud del riesgo del contagio de la covid-19, pero que resulta excesiva cuando la política se ejerce desde el control autoritario, de arriba hacia abajo y es ciega a las desigualdades sociales no por un principio de igualdad ante la ley sino más bien por una mirada excluyente que ignora los efectos diferenciales de la pandemia, y que deja por fuera la posibilidad de la participación ciudadana para contribuir a enfrentar la crisis. Atender una pandemia de esta magnitud es un gran reto tanto para el Estado como para la ciudadanía, pero no por ello debe ignorarse la importancia de contar con la ciudadanía para construir 3 mejores y más efectivas medidas para superar la crisis, pues la falta de participación ciudadana impacta negativamente en la garantía y condiciones para la realización de otros derechos.

No es suficiente con que se repita (y se repita) en los decretos emitidos, los postulados de las sentencias de la Corte Constitucional sobre la vigencia de los derechos humanos durante los estados de excepción, tales como: “es claro que el orden público no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad, sino que, por, sobre todo, consiste en la armonía de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado” (Sentencia C-045 de 1996), si las disposiciones que se incluyen en los decretos desconocen estos principios: en ningún decreto, emitido en el marco de un Estado democrático, participativo y pluralista, se considera que es con la ciudadanía que puede ser mucho más eficaz la contención y mitigación de la pandemia.

Esta afectación se evidencia de diferentes formas: el gobierno nacional no ha desarrollado ningún ejercicio de consulta con la ciudadanía y menos con las y los destinatarios del conjunto de decretos, dejando por fuera a la ciudadanía de una necesaria deliberación pública; tampoco ha propiciado la participación ciudadana en la elaboración, modificación y evaluación de las medidas bien sea sanitarias, económicas o sociales adoptadas para hacerle frente a la pandemia y es evidente la ausencia de justificación e información sobre determinaciones drásticas como las medidas de confinamiento y sus modificaciones, sobre las cuales no se conocen resultados de evaluaciones de sus efectos e impactos.

La declaratoria de estado de emergencia y los decretos amparados en ella, no deben representar un costo negativo para la democracia y menos para la participación ciudadana. Es necesario alertar sobre la protuberante ausencia de la participación ciudadana en los decretos expedidos en el marco de las dos declaratorias de emergencia, así como la ausencia de justificación e información sobre medidas drásticas y sus modificaciones, sin que ninguna cuente expresamente o incluya condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer un control social.

2. Ausencia y menoscabo de la deliberación pública en las instancias de participación

Ningún decreto en sus consideraciones previas ni en su articulado menciona que estos hayan sido producto de ejercicios de participación ciudadana o que se tenga previsto algún tipo de evaluación sobre su implementación y sus resultados, ni siquiera los fondos creados en el marco de las medidas de excepción y que concentran recursos multimillonarios y sobre cuyo manejo no ha habido transparencia e información oportuna y suficiente. Sólo la Junta Administradora de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias - covid19, del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuenta con seis representantes, todos designados por el presidente de la República y ninguno de ellos integra alguna de las instancias de participación ciudadana formalmente reconocidas. Las instancias de participación ciudadana del orden nacional – como el Consejo Nacional de Participación – no han sido convocadas ni tenidas en cuenta en ninguno de los momentos de la toma de decisiones públicas sobre le manejo de la pandemia, ni para el seguimiento y evaluación.

Las medidas de aislamiento preventivo obligatorio adoptadas en todo el territorio nacional, impactaron negativamente uno de los momentos clave del proceso de deliberación ciudadana para la democracia local: la formulación y aprobación de los planes de desarrollo municipales, distritales y departamentales para la vigencia 2020- 2023 que estaban en la fase de discusión ciudadana en cabeza de los Consejos Territoriales de Planeación para presentar recomendaciones al texto del borrador de los citados planes en las respectivas entidades territoriales. A pesar de que varios sectores, ciudadanos y políticos, pedimos desde el comienzo de las medidas de aislamiento obligatorio la ampliación de los tiempos para la deliberación ciudadana, solo hasta finales de mayo con el Decreto 683 se amplió el plazo como medida excepcional para presentar o ajustar los planes de desarrollo ante las corporaciones públicas correspondientes, hasta el 15 de julio. La deliberación ciudadana y de las corporaciones públicas incluso, tuvo grandes tropiezos dadas las dificultades que presentan para muchas regiones del país el acceso a tecnologías y canales digitales, así como a prácticas democráticas que garanticen un adecuado debate público, especialmente cuando se trata de medios virtuales.

Cabe destacar también que se ha afectado de manera grave el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades étnicas toda vez que las medidas de aislamiento preventivo obligatorio dificultan la participación de personas y comunidades interesadas, pues, de entrada, es inexistente la posibilidad de reunirse para debatir y discutir sus puntos de vista y mucho menos de tener acceso y condiciones adecuadas de conectividad para participar en eventuales audiencias virtuales, como las que propuso el Ministerio del Interior en marzo o las insinuaciones de flexibilizar o suspender este derecho que han surgido de algunos sectores empresariales.

3. Ausencia de garantías para el ejercicio de la participación

Ningún decreto está dirigido a proveer a la ciudadanía las garantías necesarias bien sean estas procedimentales, tecnológicas o de otra índole para materializar su derecho a la participación. Esta es la tercera evidencia de afectación al ejercicio del derecho a la participación derivadas de las medidas de distanciamiento social y de la enorme brecha digital existente en buena parte del territorio nacional que afecta de manera especial a los sectores y poblaciones marginados de la atención del Estado, pues no cuentan con los medios necesarios para su participación activa en el marco de una deliberación publica democrática. Los mismos que con frecuencia son los actores clave en la definición de temas de gran debate como los asuntos de la sostenibilidad ambiental.

Paradójicamente, el Decreto 540 de 2020 propone agilizar y flexibilizar los tiempos y procedimientos para la ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones en el país estipulando en diez días el plazo para el otorgamiento de licencias para la construcción de obras de infraestructura de telecomunicaciones – comprensible si se tienen en cuenta la necesidad de ampliar la conectividad – pero que ignora, de nuevo, los procedimientos de consulta previa a las comunidades que pueden verse afectadas por la instalación de dicha infraestructura.

El derecho a la protesta, visto como expresión colectiva en las calles, también se ha visto afectado por la adopción del aislamiento obligatorio. Los decretos 531 y 593 no incluyen ninguna circunstancia que permitan su materialización, ni se evidencia la forma en que el Estado lo va a garantizar. En la práctica esto se traduce en la privación total del derecho, puesto que siguen vigentes las medidas que prohíben la aglomeración de personas, sin tener en cuenta que las protestas se pueden realizar con las medidas de distanciamiento físico y de bioseguridad, que exige la necesidad de prevenir y controlar el número de contagios.

Preocupa también que durante este periodo no han cesado los asesinatos a líderes y lideresas sociales sin que se evidencie una clara acción del Estado para frenar y judicializar el origen de estas graves amenazas. De acuerdo con Indepaz, de enero a marzo, antes de la declaratoria de emergencia, se registran 85 asesinatos y entre el 26 de marzo al 13 de agosto se cuentan ya 98 asesinatos. El Gobierno Nacional debe actuar con contundencia para terminar con esta violencia genocida.

4. Imposibilidad de ejercer control social a las medidas y sus efectos

La cuarta evidencia está en la grave afectación al ejercicio del control social que se desprende en particular del decreto 491. Esta norma, que ya fue avalada por la Corte Constitucional, amplía el plazo para responder los derechos de petición hasta 35 días que podrán extenderse por otro periodo igual. En la práctica esto significa que la ciudadanía no podrá acceder a información, por ejemplo, sobre las medidas tomadas por una autoridad en el marco del estado de emergencia hasta 70 días después, con lo que se supera el tiempo de vigencia del estado de emergencia y de las medidas consagradas en los decretos.

Llama también la atención que no se evidencia un esfuerzo suficiente de parte del Ejecutivo por hacer manifiesto el fundamento específico de cada una de las medidas tomadas y su relación directa con la pandemia o sus consecuencias; muy por el contrario, lo que se encuentra es la repetición de los mismos enunciados generales sobre el curso de la pandemia y sobre la importancia de adoptar medidas. Sin embargo, no existe una relación clara entre esos enunciados con 5 los resultados que esperan obtener y los respectivos mecanismos de evaluación y, menos aún, de la participación ciudadana en el proceso de evaluación: a manera de ejemplo, ninguna de las cuentas creadas dispone de la posibilidad de veeduría y control ciudadano que garanticen un manejo eficiente y de cara a la ciudadanía sobre el uso de esos recursos.

No hay información suficiente, clara y precisa, y de fácil acceso para la ciudadanía, dispuesta en los canales de información establecidos sobre los decretos y las medidas adoptadas para el manejo de la pandemia y menos sobre el uso de los cuantiosos recursos públicos asignados a los diversos fondos. En las páginas oficiales no se encuentra información que permita a la ciudadanía ejercer control y veeduría sobre las medidas tomadas en el marco del estado de emergencia.

Es urgente aumentar la transparencia y la rendición de cuentas del Gobierno para vigilar y denunciar riesgos o hechos de corrupción que se pueden derivar de la adopción de medidas en el marco de un estado de emergencia. Las dificultades de acceso a la información no solamente favorecen la corrupción, sino que limitan el papel de la ciudadanía para prevenirla.

5. Falta de información y de transparencia en el uso de datos personales

El acceso a la información es otra evidencia que afecta e impide la participación ciudadana. En ningún decreto se encuentra información suficiente que permita conocer el modelo epidemiológico y la estrategia para enfrentar la pandemia, ni la relación que tiene el conjunto de medidas con la estrategia adoptada, así como tampoco un balance objetivo sobre la efectividad o no de las medidas de confinamiento, ni mucho menos sobre las razones que llevan a reactivar algunas actividades económicas y otras no, ni qué relación guardan estas decisiones con el comportamiento de la pandemia. Tampoco se evidencia un esfuerzo suficiente por someter dichas medidas a algún tipo de consulta o participación ciudadana, incluidos grupos expertos plurales y públicos, más allá de los integrantes del Gobierno Nacional.

Así mismo, se constatan riesgos con la utilización masiva de aplicaciones que recopilan datos de la población como herramientas para hacerle frente a la covid-19 sin los suficientes controles y limites respectivos. Al respecto, el decreto 614, que crea “Corona App”, no establece un límite de tiempo para la vigencia de la aplicación, no especifica la información recopilada, ni el posible uso que se dé a esa información. Esta normativa no se ajusta a los estándares internacionales y, por el contrario, abre la posibilidad a que sea utilizada con fines no necesariamente relacionados con el manejo de la pandemia.

La superación de la pandemia no puede significar un costo oneroso para la democracia

A la emergencia sanitaria que demanda medidas urgentes de Estado para controlar y mitigar el contagio, no puede sumarse el desconocimiento del Estado de derecho y tampoco eludir o resquebrajar los principios democráticos que sustentan nuestro ordenamiento social y político. La participación ciudadana es uno de sus pilares fundamentales y ha quedado relegada al olvido en las decisiones públicas de este periodo de crisis de salud pública. Y las crisis de salud pública no pueden resolverse como si se tratara de un problema de orden público.

Las medidas de aislamiento social y cuarentena, si bien son comprensibles para disminuir la velocidad y número de contagios son, de por sí, un obstáculo para la participación ciudadana. Pero si bien son medidas necesarias, que tienen que ser limitadas en el tiempo, proporcionales y ajustadas al problema sanitario que se enfrenta, no por ello se puede ignorar el importante papel de la sociedad civil en momentos de crisis para, por ejemplo, contribuir a identificar y evitar los riesgos de corrupción, monitorear los resultados de las medidas que adoptan las autoridades públicas, o contribuir a motivar la adopción de protocolos de bioseguridad en sectores renuentes a hacerlo, por falta de información, comprensión del alcance de la pandemia, o simplemente porque nadie los tiene en cuenta.

Antes de la pandemia ya había una creciente expresión de descontento con las políticas públicas adoptadas por el Gobierno del Presidente Duque, y frente al boicot del partido de gobierno a la implementación del Acuerdo de Paz. Las medidas de asilamiento y cuarentena han tendido a acallar las voces de la oposición y los sectores sociales inconformes. Sin embargo, el papel de la ciudadanía es vital para mantener viva una democracia, con o sin pandemia; y su voz tiene que ser consultada y escuchada frente a las decisiones que adoptan las autoridades respecto a la pandemia como también respecto de los demás ámbitos de la vida social, económica y política que siguen existiendo en medio de la crisis.

La democracia no puede entrar en paréntesis, sin ciudadanía, y las autoridades no pueden ignorar que es con la ciudadanía que la democracia palpita y permanece. Los riesgos que se evidencian como consecuencia del manejo dado a este momento de excepcionalidad del orden democrático, nos tienen que alertar sobre los riesgos de sentar precedentes hacia el futuro que puedan normalizar el recorte de los derechos y libertades y que se pretenda dejar a la ciudadanía por fuera de las decisiones que le atañen directamente, sin condiciones ni espacios necesarios para acceder a la información pertinente para ejercer control social y veeduría respecto a las decisiones que toman las autoridades nacionales y subnacionales, así como a expresar su voz de rechazo frente a decisiones que le resultan lesivas, o contrarias a su ideal de vida.

No se puede seguir gobernando, consultando únicamente la opinión de los grupos de poder político y económico. La experiencia internacional de esta y otras pandemias que ha enfrentado el mundo, han dado lecciones sobre la importancia de contar con la sociedad civil para disminuir los impactos que pueden ser desastrosos para las sociedades y más aún para los sectores más vulnerables, desprotegidos y discriminados. Pero también la ciudadanía ha demostrado ser activa y clave para prevenir y denunciar casos de corrupción que se pueden desatar con el manejo de los recursos públicos durante una pandemia. O para advertir y contrarrestar los excesos de sus gobernantes cuando se les enviste de poderes extraordinarios.

La democracia existe con, para y por la ciudadanía. Desconocerlo nos conduce como sociedad al abismo de los autoritarismos de diverso cuño.


 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.