Cinep/PPP y otras organizaciones sociales que integran "Democracia en Riesgo" alertan por la modificación al Decreto 003 de 2021, con el que se limita el derecho a la protesta permitiendo la intervención de la fuerza pública frente a los cortes de ruta temporales como permanentes. 

El gobierno de lván Duque anunció el viernes 18 de junio una modificación al Decreto 003 del 2021, con la cual limita la definición de protesta pacífica estipulando que los cortes de ruta -tanto los temporales como los permanentes- no constituyen una forma legítima de manifestación pacífica y por tanto pueden ser disueltos mediante la intervención represiva de la fuerza pública.

Dicho decreto, sin la anunciada modificación, por sí mismo constituía un cumplimiento insuficiente de la sentencia STC- 7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia del 22 septiembre de 2020, que reconocía la violación sistemática del derecho a la protesta por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. La sentencia profirió, entre otras, las siguientes directrices: llamó al gobierno nacional a mantener la neutralidad frente a la protesta social, instó a la conformación de una mesa de trabajo para la reestructuración de las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas y ordenó la creación de un estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza frente a las protestas, encaminado a prevenir los abusos de la fuerza pública, a evitar la estigmatización de los manifestantes, a detener el uso desproporcionado de armas letales y menos letales, a evitar las detenciones ilegales y tratos inhumanos y a frenar los ataques contra la libertad de expresión y de prensa.

En cumplimiento de la sentencia, el gobierno expidió el mencionado decreto constituido por declaraciones generales tendientes a reducir la respuesta inmediata de la policía nacional en las manifestaciones, haciendo énfasis en la importancia de la comunicación entre organismos de control, autoridades, fuerza pública y manifestantes en los Puestos de Mando Unificados durante las protestas. Sin embargo, el gobierno se negó a discutir y a transformar las directrices operacionales que constituyen el marco institucional que ha posibilitado los abusos policiales violatorios del derecho constitucional a la protesta pacífica, en contravía de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia.

Ahora, con la modificación normativa anunciada el viernes, el gobierno pasa del cumplimiento insuficiente al desacato abierto de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Frente a dicha conculcación de derechos, expresamos las siguientes consideraciones. La sentencia estipulaba con absoluta claridad que la reglamentación expedida para dar cumplimiento al fallo debía tener en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), las recomendaciones de Naciones Unidas y las señaladas por la propia sentencia. No hay duda de que la prohibición de todos los cortes de ruta inscrita en la modificación del Decreto 003 de 2021 constituye una violación clara de dichas directrices.

La doctrina de la CIDH, que es coherente con la jurisprudencia que hace parte del bloque de constitucionalidad al cual debe atenerse el gobierno colombiano, comprende los cortes de ruta como repertorio legítimo del ejercicio del derecho a la protesta. De igual forma la CIDH ha reconocido que la alteración del ejercicio del derecho de terceros producto de las protestas pacíficas hace parte de la mecánica de una sociedad plural, donde conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios y que deben encontrar los espacios y canales mediante los cuales expresarse. De igual forma, la CIDH ha indicado que ante la posible colisión de derechos, por ejemplo, el derecho de tránsito y el derecho de reunión, es preciso tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática. El gobierno nacional también ha violado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues la modificación anunciada pretende delimitar por vía de un decreto un derecho constitucional, lo que solo puede hacerse a través de una ley estatutaria. Se trata, en resumidas cuentas, de una violación en diferentes niveles tanto de la Constitución Política como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

En ese sentido, consideramos que la actuación del gobierno nacional constituye un ejercicio de criminalización del derecho a la protesta pacífica, que nos ubica en una suspensión de facto del orden constitucional, pues persiste en la deriva autoritaria y antidemocrática de expedir normas propias de un estado de excepción a través de decretos presidenciales ordinarios, eludiendo así los controles constitucionales previstos para este tipo de escenarios. Además, la presente criminalización del derecho a la protesta se articula con una visión estigmatizante de la conflictividad social, presente tanto en el gobierno como en la Policía Nacional, lo que configura el terreno propicio para la persistencia de las masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos que han enlutado al país en el marco de coyunturas recientes como el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, las protestas populares contra la violencia policial de septiembre de 2020 y el paro nacional del 2021.

El gobierno también ha vuelto a incumplir de manera directa el Acuerdo de Paz firmado por el Estado y ratificado por el Congreso de la República durante el 2016. El punto 2.2 del Acuerdo mandató la creación de un Proyecto de Ley de Garantías para la Participación y la Protesta, que tuviera como base un espacio nacional de diálogo a partir de una serie de lineamientos que incluían las garantías para la movilización y la armonización normativa para garantizar el derecho a la libertad de asociación y la protesta. A partir de una serie de encuentros, en los que participaron alrededor de 2500 personas en representación de al menos 1541 organizaciones sociales, se construyó un documento de lineamientos para la creación de dicho proyecto de ley, que el actual gobierno se empeña en desconocer. 

Por tanto, desde Democracia en Riesgo le exigimos al gobierno que desista de la anunciada modificación normativa, que avance en el cumplimiento cabal de la sentencia  STC-7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia, que privilegie el diálogo social como mecanismo de respuesta a la protesta social, que avance en la implementación integral del Acuerdo de Paz y que rectifique su tendencia autoritaria que ha puesto en grave peligro a la democracia colombiana.

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Cinep/PPP y otras organizaciones sociales que integran "Democracia en Riesgo"  rechazan el Proyecto de Ley 595 de 2021, que pretende darle facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General, permitiéndole inhabilitar, suspender y destituir a funcionarios públicos de elección popular. 

El proyecto de Ley 595/2021, “Por medio de la cual se reforma la ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”. presentando por la procuradora Margarita Cabello, respaldado por el Gobierno de Iván Duque mediante mensaje de urgencia y que está a punto de ser aprobado por el Congreso de la República constituye no sólo un evidente desconocimiento de las obligaciones del Estado Colombiano en relación a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 8 de julio de 2020, en la que se declaró responsable al Estado de Colombia por la violación de los derechos políticos y las garantías judiciales del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, sino también una muy grave afectación al sistema de pesos y contra pesos propio de todo sistema democrático en tanto supone el otorgamiento de potestades abusivas a dicha institución las cuales podrían derivar en serias vulneraciones a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.

El proyecto de ley pretende darle facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General, permitiéndole inhabilitar, suspender y destituir a funcionarios públicos de elección popular en contravía de lo planteado por la Corte Interamericana que obliga a que dichas potestades solo reposen en el poder judicial y especialmente en jueces de carácter penal, esto es fundamental toda vez que el actual diseño institucional de la Procuraduría General se presta para un manejo arbitrario y partidista de estas funciones ya que la cabeza de dicha institución es electa por el Congreso de la República y los funcionarios de mayor jerarquía y con facultades sancionatorias son empleados que no provienen de un sistema de carrera, posibilitando todo esto, injerencias políticas externas e internas en el desarrollo de los procesos disciplinarios.

Así mismo vemos con enorme preocupación el aumento de las funciones de policía judicial a la Procuraduría General, ya que gracias a ellas dicha institución podría adelantar interceptaciones telefónicas, seguimientos, allanamientos entre otros procedimientos sin el control previo de un juez de garantías poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, pero especialmente de quienes ejerzan la política en oposición a los partidos políticos afines al procurador de turno. Vale la pena recordar que este tipo de potestades sin los controles constitucionales efectivos han servido en nuestra historia reciente para cometer graves arbitrariedades y delitos que se pueden cometer en el marco de una democracia y de un Estado de Derecho.

También rechazamos que en medio de una de las peores crisis fiscales y económicas de nuestro país y a escasos meses de las elecciones de Congreso y presidenciales se usen este tipo de proyectos de ley para aumentar cargos públicos sin un límite específico, esta pretensión más que en unas necesidades de carácter misional sin los controles necesarios podrían derivar en un ejercicio claramente clientelar destinado a favorecer a los partidos políticos de la coalición de Gobierno que eligieron a la actual procuradora general.

De igual forma, vemos con extrañeza que el proyecto de ley contrario a lo establecido en la ley 5 de 1992 y múltiples sentencias de la Corte Constitucional sea tramitado como una ley ordinaria y no como una ley estatutaria tal y como debería ser, toda vez que dicho proyecto afecta de forma directa Derechos Fundamentales, eludiendo con esto tanto las mayorías, debates y el control previo de la Corte Constitucional que tienen las leyes de carácter estatutario.

Es por esto que desde Democracia en Riesgo llamamos al Congreso de la República a no aprobar el mencionado proyecto, a la comunidad internacional estar atenta y al conjunto de la ciudadanía para que ejerza el control político respectivo ante esta grave afectación de los derechos fundamentales, el Estado de derecho y la democracia en su conjunto.

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.