Este 6 de octubre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 61 que evidencia un aumento progresivo en las victimizaciones desde 2019 y detalla como los territorios más afectados en el primer semestre de 2020 a Bogotá, Antioquia y Cauca; así mismo ubica como mayor violador de DD.HH. a la Policía. El caso de la minería de carbón, el ecocidio y el etnocidio en La Guajira también fue abordado revelando cómo, tras 40 años de explotación, no llega aún el prometido progreso.

El Banco de Datos presentó su habitual balance de Derechos humanos, DIH y violencia política en Colombia revelando que las regiones con mayor violación de derechos humanos en el primer semestre de 2020 fueron Bogotá D.C. con 182 victimizaciones; Antioquia, con 108 victimizaciones; y Cauca, con 46 victimizaciones.

Con la participación de Javier Giraldo SJ, Alejandro Angulo SJ, y Luis Guillermo Guerrero Guevara, director del CINEP/PPP,  se desarrolló un conversatorio y rueda de prensa virtual donde se socializaron los principales hallazgos de la Revista Noche y Niebla.

Según el Informe, la Policía fue el actor que más violó los derechos humanos, tomando en 2020 el primer lugar que en 2019 ocuparon los paramilitares. Este año el actor con más casos violatorios de Derechos Humanos ha sido la Policía Nacional con 296 hechos, seguida de los grupos paramilitares, con 223; y el Ejército Nacional con 106 casos. De las acciones perpetradas por las unidades de la Policía Nacional, se detalla que detuvieron arbitrariamente a 173 personas, hirieron a 59 civiles y amenazaron de muerte a 37 más.

En la conversación se llamó la atención sobre el aumento de las victimizaciones en el último año y medio pasando de 446 en el primer semestre de 2019, a 532 en el segundo semestre del año pasado. De enero a junio de 2020, las victimizaciones suman ya 609. Es decir, hay un aumento de 163 casos con relación a 2019. 

“¿Quién está matando de manera tan desenfrenada a líderes sociales, firmantes de paz y comunidades? En este país la justicia está aferrada a métodos trillados e inútiles”, expresó Javier Giraldo SJ durante el conversatorio.

También, se mostró preocupación por las acciones perpetradas por tropas del Ejército Nacional, quienes entre enero y junio de 2020 fueron responsables de 32 amenazas de muerte, 33 detenciones arbitrarias y 19 heridos y 4 casos de tortura. En cuanto a violencia político social fueron victimizados 192 líderes sociales de base en el primer semestre del año 2020. Las víctimas ahora son, en su mayoría, personas u organizaciones con menos visibilidad en los territorios.

De las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, la Revista Noche y Niebla no 61 documenta que los departamentos más afectados fueron: Cauca, con 103 infracciones; Bogotá, con 33 infracciones y Nariño, con 27 infracciones. Los que más infringieron el DIH fueron la guerrilla -incluye disidencias-, con 100 hechos; los grupos paramilitares, con 66 hechos; combatientes, con 36 hechos y el ELN, con 21 hechos.

Asimismo, 216 personas vieron vulnerado su derecho a la libertad. Por último, el Banco de Datos tuvo conocimiento de 4 victimizaciones por desaparición forzada e involuntaria y 6 victimizaciones por violencia sexual durante el semestre.

Minería y des-arroyo

María de los Ángeles García, de la Comunidad Afro de Manantialito y la Veeduría Akuaippa y Mónic López fueron las voceras de los pueblos de La Guajira que están viviendo las afectaciones de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.  

En La Guajira sufrimos la escasez de agua, de alimentos, y derechos por la empres Cerrejón”, aseguró María de los Ángeles García de la comunidad afro de Manantialito.

Mónica López Pushaina, vocera de la Comunidad Wayú aseguró que:

“La minería en La Guajira está acabando con nosotros”: 

¿Valen la pena las violaciones de los derechos humanos de la población del Cerrejón para obtener una ganancia económica de unos pocos afortunados? se preguntó el sacerdote Alejandro Angulo, del Banco de Datos.

Noche y Niebla incluye en esta edición un artículo regional preparado por el equipo de Interculturalidad del CINEP/PPP, el cual devela una vez más la incumplida promesa del desarrollo tras más de 40 años de explotación minera en La Guajira -uno de los departamentos más pobres de Colombia-. En la rueda de prensa las mujeres wayuú y afro detallan el etnocidio y el ecocidio que viven, tras 14 fallos judiciales que han rafiticado la vulneración de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos a la vida, al agua, a la salud, la consulta previa, la seguridad alimentaria, autonomía étnica, integridad cultural y la tierra, entre otros.

En el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día, lo suficiente para alimentar a 150 mil personas: El 40% de los cursos  de agua en ese departamento se ha perdido a partir de la actividad minera aumentando el estrés hídrico y la crisis de acceso al agua en un departamento que vive una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la pandemia del Covid-19.

Con Noche y Niebla, el CINEP/PPP ofrece una mirada de la difícil realidad de los derechos humanos en Colombia desde su aproximación, pues la misma violencia, los mecanismos del silencio y el silenciamiento de las víctimas, así como la impunidad instaurada, impiden recoger la totalidad de los hechos.


  

Por: Comunicaciones CINEP/PPP

 

Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/Programa por la Paz renueva su marco conceptual.

Los casos de tortura a presos por parte de miembros de la fuerza pública crecían en los años 70. Ya para la década del 80 las torturas se convirtieron en desapariciones forzadas y ejecuciones  extrajudiciales. Ante dichos sucesos y la necesidad de explicar a la comunidad internacional y a Colombia  las graves violaciones a los derechos humanos que estaban sucediendo, en 1988 nace el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política como una iniciativa del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz quienes empiezan un proceso de sistematización y documentación de casos de violencia política.

Desde sus inicios el mecanismo de registro de hechos violentos se hizo a través de categorías sociológicas muy simples: “asesinatos políticos” refería a las muertes violentas que buscaban reprimir posiciones ideológicas o políticas y que se identificaban por las características de la víctima o del victimario se; y  “asesinatos presumiblemente políticos”, cuando las causas no eran contundentes. Se registraban también las desapariciones forzadas, las torturas, crímenes de “limpieza social”, acciones bélicas y muertes en combate.

Durante el proceso de ajuste de las categorías se ensayaron diferentes metodologías y criterios de clasificación, entonces el Banco de Datos se dividió uno quedó en Cinep (que se apoyaba en los casos judicializables) y el otro en Justicia y Paz (que recogía todo lo que se lograba recaudar con las víctimas, prensa y organizaciones). Finalmente, en 1996 con la aparición de la revista Noche y Niebla y tras un año de debate entre las organizaciones, se definió un único marco conceptual, las categorías cobraron mayor rigurosidad y se pusieron de acuerdo con seguir instrumentos internacionales que definen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados.

Con las modificaciones que a comienzos de siglo tuvo el derecho internacional y ante el carácter interno del conflicto colombiano,  el Banco de Datos se dio a la tarea de revisar sus protocolos. Según Javier Giraldo, S.J. “surge la petición de que se explore en el derecho internacional consuetudinario unas normas que tengan más alta aplicación, ya que este es un derecho internacional  no que firman los Estados, es una recopilación de normas universalmente reconocidas ”. Finalmente, en 2016 se inicia el proceso de actualización, ajustes y correcciones . En esta versión, “hay ganancias porque se está sujeto a la norma universal, se gana en muchos aspectos”, aseguró Giraldo.

En la Sexta Asamblea de la Red Nacional de Bancos de Datos se presentó la reformulación del marco conceptual en su capítulo sobre las Infracciones Graves al Derechos Internacional Humanitario, para adoptar textualmente las definiciones del informe del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el Derechos Internacional Consuetudinario.

Con los ajustes al marco conceptual se quiere ampliar el espectro de análisis para un eventual escenario de posconflicto y así poder tener más herramientas para leer la guerra y las dinámicas del conflicto. 

  

Jennipher Corredor
Equipo comunicaciones