Con preocupación por la expansión del paramilitarismo en todo el país y la persecución a la protesta social se lanzó este jueves 21 de abril la revista Noche y Niebla No. 64 "El estigma como política de Estado", informe producido por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP.

Con la participación de Martha Márquez, directora de Cinep; Javier Giraldo S.J. y Alejandro Angulo S.J. del Banco de Datos del Cinep; Olga Silva de Humanidad Vigente; y Alcibiades Rodríguez, líder indígena sikuani; se presentó la Revista Noche y Niebla No. 64 con el balance de Derechos Humanos, DIH y violencia política del año 2021. Además, se manifestaron las preocupaciones por la crisis humanitaria que vive actualmente el país.

“El Cinep/PPP asume el derecho y la obligación de plantear una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos y DIHC a nivel nacional, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las víctimas, ya que el desconocimiento de lo que ocurre blinda a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes”, explicó la directora del Cinep / PPP, Martha Lucía Márquez, al iniciar la conversación que se transmitió vía web.

Santander (321), Bogotá (205) y Cauca (191), fueron los departamentos con más violaciones a los Derechos Humanos, siendo la Policía Nacional (con 1102 hechos registrados) y los grupos paramilitares ( con 286 victimizaciones) los mayores responsables en el territorio nacional. 

En cuanto a la violencia político social, Cauca (con 331 hechos) sigue siendo el departamento con mayores niveles de victimización, seguido por Norte de Santander (116), Valle de Cauca (75), Huila (58),  Nariño (57) y Antioquia (48). En esta categoría los hechos victimizantes que más se presentaron fueron los asesinatos, amenazas y lesiones físicas; y los presuntos responsables fueron en su mayoría.

Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC) ocurrieron principalmente en Cauca, que registró 153 hechos de este tipo; y Antioquia, con 42; Guaviare, con 27; Valle del Cauca, con 25; y Bogotá D.C con 23. Los grupos guerrilleros ELN, EPL y disidencias de las FARC fueron los principales infractores del DIH en 2021 con 188 hechos, seguidos de los paramilitares con 74 y los combatientes sin identificar con 54. El Ejército Nacional (38 hechos) y la Policía (16) también violaron el DIH.

“Los más preocupante de 2021 es el avance y desarrollo muy grande del paramilitarismo en todo el país y la persecución a la protesta social, una persecución que ha ido dando al traste con la credibilidad de la justicia en Colombia”, explicó el padre Javier Giraldo SJ. fundador del Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep/PPP.

 

El Banco manifestó su preocupación porque, explican, tras las movilizaciones sociales del año pasado “se ha demonizado exacerbadamente a los jóvenes de la Primera Línea (...) La justicia que aplican los jueves viola sin consideración los principios que el derecho internacional ha conquistado durante siglos como debido proceso”.

Martha Lucía Márquez agregó que:

“Presentamos Noche y Niebla 64 en un contexto en el que se fortalecen los vientos de guerra, siguen los cuestionamientos al proceso de implementación de los acuerdos de La Habana (Cuba), la ejecución de excombatientes de las FARC-EP (más de 300 desde 2016), así como la sistemática persecución, estigmatización, judicialización y asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humano y miembros de la Primera Línea”, agregando que Cinep / PPP reitera hoy su gran preocupación por la crisis de derechos humanos vigente en Colombia.

Qué está pasando en la Orinoquía

La crisis humanitaria y social en la Orinoquía, región que ocupa un 30% del territorio colombiano, también se manifestó en esta rueda de prensa. De acuerdo con el boletín producido por el Banco “los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, habitantes ancestrales de estos territorios, viven hoy la tragedia causada por la fallida implementación de los Acuerdos de Paz firmados entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno nacional. A eso se suma la presencia y el accionar de los grupos paramilitares y las disidencias”. 

Además, los constantes operativos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación que han estado inscritos en la política de consolidación territorial, marcada por la “estabilización” son, de hecho, la imposición de mega operaciones como la denominada “Artemisa”, que han causado mayor empobrecimiento de las comunidades, su expulsión y el desplazamiento de personas de aquellos territorios que hacen parte de las áreas de manejo especial, Parques Nacionales Naturales y otras áreas protegidas, según describe el Banco de Datos del Cinep. 

Por su parte, Alcibiades Rodríguez, autoridad indígena que se desplazó de Vichada a Bogotá para compartir su testimonio, expresó que “la falta de compromiso gubernamental desconoce los derechos constitucionales de las comunidades campesinas e indígenas. La concentración de la tierra está asignada a los grandes empresarios del país. Declarando a las autoridades indígenas y campesinas como invasores de sus propios territorios”.

Alcibiades enfatizó en que el desconocimiento a la propiedad provoca el despojo de sus propios territorios. “Reclamar nuestros derechos, proteger la naturaleza y defender nuestro pueblo. Somos 102 pueblos indígenas en la Orinoquia colombiana, muchos de ellos en vía de extinción. Y el gobierno desconoce su existencia sin importarle sus derechos fundamentales”.

Entre tanto, Olga Silva, directora de Humanidad Vigente enfatizó en “la relación entre las violaciones a los DDHH, el desplazamiento y el crecimiento del monocultivo de palma aceitera”. Según Olga, “los grandes proyectos institucionales han despojado 7600 hectáreas, causando desplazamientos masivos de comunidades indígenas y campesinas”.

Olga Silva presentó además a la Red Llano y Selva con la cual el Banco de Datos produjo el artículo regional de esta edición de Noche y Niebla. Silva aseguró “hay una infraestructura social en la cual la distribución de la riqueza nacional ha sido mantenida durante muchos años en manos de un grupo muy pequeño y poderoso (...) En la Orinoquía, el Estado ha impuesto a través de una estrategia de terror mediante el paramilitarismo y grandes proyectos industriales vaciando territorios de las comunidades ancestrales”.

Por su parte, el padre Alejandro Angulo S.J. afirmó al cierre del conversatorio y rueda de prensa que la revista muestra una realidad que nos obliga a reflexionar sobre el estado de la sociedad. “Las violaciones de derechos humanos han llegado a un nivel de impunidad impresentable”, aseguró el jesuita para quien existe “una infraestructura social en la cual la distribución de la riqueza nacional ha sido mantenida durante muchos años en manos de un grupo muy pequeño y poderoso”.

Encuentre la Revista Noche y Niebla No. 64 acá: https://www.nocheyniebla.org/?p=1814

Escuche la lista de reproducción con algunos casos que presenta la revista en Spotify:

Por: Katalina Vásquez G. Periodista Cinep / PPP

Tras múltiples homicidios, amenazas, desapariciones, torturas, desplazamientos, confinamientos, retenciones, violencias sexuales, reclutamiento y utilización de niños en la guerra, y otras afectaciones por el conflicto armado que se recrudece en el sur del país, la sociedad civil de Nariño exige a los actores armados el cumplimiento de sus obligaciones humanitarias y al gobierno impulsar diálogos urgentes para un Acuerdo Humanitario.

Consideraciones

La sociedad civil del departamento de Nariño y las organizaciones étnico-territoriales, mestizas y campesinas agobiadas por las graves y constantes afectaciones en las comunidades y sus territorios en razón al conflicto armado, previendo la necesidad de proteger los derechos consagrados en la Constitución Política, los instrumentos de la Ley 89 de 1890, Ley 70 de 1993 y los Tratados y estándares internacionales de Derechos Humanos y, promoviendo la necesidad de aplicar urgentemente el Derecho Internacional Humanitario, presentan la siguiente propuesta:

Principios Humanitarios

  1. Respeto y garantía de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
  2. Respeto a la autonomía territorial y sus formas de gobierno.
  3. Implementación del enfoque étnico-territorial y del enfoque diferencial.
  4. Respeto de bienes civiles, sociales y de las fuentes de supervivencia económica. 

Contexto

En el marco del contexto de los últimos cuatro años, se ha presentado una continua violación de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario generando entre otras, homicidios selectivos, amenazas, desapariciones forzadas, torturas, homicidios de autoridades étnicas, líderes sociales y comunales, desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones de la libre movilidad, retenciones ilegales, violencia basada en género, violencia sexual, agresión sexual, abuso sexual, contaminación por uso de armas no convencionales, reclutamiento y utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y afectaciones a la población civil por erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito.

Esta situación se ha exacerbado por reconfiguración del conflicto armado en el país, especialmente en el Departamento, lo cual ha propiciado la presencia de múltiples actores armados en el territorio como la Fuerza Pública, el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, las FARC-EP, los AGC-Contadores, los grupos sucesores del paramilitarismo y otros actores armados.

Este panorama ha permitido además la expansión del accionar armado y la afectación de la población civil en Nariño. En este sentido, persiste la vulneración de los derechos de las mujeres y el impacto diferenciado de la violencia sexual hacia las mujeres negras, indígenas, mestizas, campesinas y de la población LGTBI.

De igual forma, se presenta una dinámica creciente de economías extractivas y de explotación de los recursos naturales del territorio lo que afecta la sostenibilidad ambiental y la pervivencia de las comunidades étnicas.

La falta de inversiones y el abandono en estos territorios ha llevado a que miles de familias recurran al cultivo de hoja de coca, como mecanismo de subsistencia, lo cual ha traído enormes problemas a las comunidades y sus territorios. En respuesta a esta problemática, la región ha vivido un gran incremento de la presencia militar estatal, lo cual intensifica la violencia y sus consecuencias en contra de la población civil.

En razón a lo anterior, se evidencian múltiples afectaciones a la población civil del Departamento limitando el derecho a la participación, propiciando el menoscabo de la autonomía, cultura y territorio de comunidades indígenas, negras, mestizas y campesinas en Nariño y afectando el tejido organizativo y social.

Propuesta de la sociedad civil para un Acuerdo Humanitario ¡Ya! en Nariño

Esta propuesta tiene como objetivo lograr un cumplimiento unilateral e irrenunciable de las obligaciones humanitarias de los actores del conflicto armado atendiendo a la realidad territorial y respetando los elementos propios de las comunidades negras, indígenas, mestizas y campesinas en Nariño desde una lógica étnico-territorial diferenciada.

Es así, como se presentan unos principios y acciones humanitarias mínimas demandables a los actores armados que permitan sustraer a la población civil de los efectos del conflicto.

A.    PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL Y DE LOS BIENES CIVILES, SOCIALES Y FUENTES DE SUPERVIVENCIA ECONÓMICA.

  1. Respetar la vida, integridad y libertad de la población civil, líderes y lideresas y defensores de derechos humanos.

  2. Abstenerse de llevar a cabo prácticas de desaparición forzada, de retenciones ilegales y/o privaciones arbitrarias de la libertad.

  3. Abstenerse de realizar actos de violencia sexual y/o cualquier otro acto que implique afectaciones a la integridad de la población civil, especialmente del uso de su cuerpo como arma de guerra.

  4. Respetar los bienes civiles, sociales y fuentes de supervivencia económica como viviendas, escuelas, casas y tiendas comunitarias, lugares de prácticas tradicionales, lugares sagrados y de culto, lugares de producción y/o bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, vehículos para el transporte terrestre, fluvial o marítimo y todos aquellos bienes que se destinen al uso civil. En la misma medida, respetar el medio ambiente como fuente de supervivencia de la población civil.

  5. Respetar las misiones humanitarias y sanitarias así como a sus bienes, centros de salud y personal médico, instalaciones, unidades y medios de transporte destinados a tareas sanitarias, misiones médicas, sanitarias o de cualquier otro instrumento de ayuda o de asistencia humanitaria.

B.    RESPETO A LA AUTONOMÍA TERRITORIAL, GOBERNABILIDAD Y DERECHO PROPIO DE LAS COMUNIDADES.

  1. Abstenerse de ejercer cualquier tipo de ataque contra las comunidades, autoridades étnicas tradicionales y/o ancestrales del territorio.
  2. Respetar las actividades organizativas de Consejos Comunitarios, Resguardos y Cabildos Indígenas, comunidades indígenas y negras, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales y en general todas aquellas actividades y dinámicas de autonomía territorial.
  3. Respetar la integridad, autonomía y el gobierno propio de las comunidades étnicas tradicionales y ancestrales del territorio.
  4. No establecer objetivos militares, bienes o instalaciones militares en proximidades a bienes civiles, zonas pobladas, parcelas individuales o familiares y/o lugares de alta afluencia Esto incluye evitar su proximidad y abstenerse de realizar operaciones militares o ataques militares dentro de dichos territorios.
  5. No realizar ataques indiscriminados como bombardeos y otras acciones militares que puedan afectar a la población civil de forma directa o indirecta y en ese sentido respetar los condicionamientos humanitarios y los principios de proporcionalidad, precaución y distinción.
  6. Respetar la sagralidad de los territorios colectivos y ancestrales como resguardos indígenas, consejos comunitarios y territorios campesinos y en este sentido no intervenirlos o hacer uso de ellos como medio para para desenvolver el conflicto armado o para ejecutar operaciones o acciones militares.
  7. No realizar acciones que cambien o alteren las vocaciones productivas de las comunidades y que alteren las actividades o fuentes destinadas al desarrollo y la pervivencia de las mismas.

C.    PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL.

  1. Proscribir todos los actos de violencia en razón al conflicto que afecten la vida e integridad personal de niños, niñas, adolescentes, mujeres, miembros de la comunidad LGBTI y de las comunidades étnicas.

  2. Cesar cualquier acto de violencia sexual en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres, miembros de las comunidades indígenas, negras, mestizas y campesinas, y miembros de las comunidades LGBTI. 

  3. Abstenerse de realizar actos de violencia sexual, explotación sexual, abuso sexual y/o cualquier otro acto que implique el uso del cuerpo de la mujer como instrumento de

  4. Abstenerse de ejecutar actos de violencia económica, social, cultural y cualquier otro acto que suponga la destrucción del conocimiento ancestral de las

  5. No impedir el retorno de los derechos de propiedad de las tierras a las mujeres por desplazamiento y/o cualquier otro acto de violencia vivida en los territorios ancestrales y

  6. Propiciar reparaciones individuales y colectivas hacia las mujeres por las pérdidas espirituales, humanas, territoriales y económicas vividas en razón del

D.    RECLUTAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

  1. Proscribir el reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y
  2. Finalizar la vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados, así como su presencia en zonas o campamentos

E.     RESPETO A LA LIBRE MOVILIDAD.

  1. Abstenerse de realizar acciones que afecten la libre movilidad de la población civil y/o acciones como desplazamientos, confinamientos, hostigamientos, bloqueos, asedios y cualquier otro tipo de restricción de movilidad o locomoción.

F.     PREVENCIÓN EN EL USO DE MINAS ANTIPERSONAL Y MUNICIONES SIN EXPLOTAR.

  1. Abstenerse de usar armas, métodos y medios no convencionales en ninguna parte del territorio, entre ellas cilindros bomba, tatucos, minas antipersonal, armas trampa y/o cualquier otro artefacto que pueda afectar la vida e integridad de la población civil de forma directa o indirecta.
  2. Adelantar acciones de desminado humanitario en el entorno de las comunidades, escuelas y caminos veredales, ríos, bienes de carácter civil, social y/o bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.

G.    CESE AL FUEGO BILATERAL Y SALIDA POLÍTICA Y NEGOCIADA DEL CONFLICTO.

  1. Propender por la convergencia de voluntades para lograr un cese al fuego multilateral que permita el escalamiento humanitario en la región.
  2. Minimizar los impactos del conflicto armado en la población civil y en ese sentido, retomar de manera urgente e inmediata los diálogos entre actores armados para la salida pacífica, política y negociada del conflicto.

H.    NO INCENTIVAR LA SIEMBRA DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO.

  1. Permitir la implementación integral del Acuerdo Final, así como del contenido del Punto 4 del mismo, especialmente en lo referente a los pactos adelantados para el territorio de acuerdo al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y de las actividades de sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito con las autoridades étnico territoriales.
  2. Abstenerse de promover, incentivar o sembrar cultivos de uso ilícito, así como otros cultivos o actividades que vayan en detrimento y afecten la autonomía territorial, identidad cultural y propiedades colectivas de las comunidades negras, indígenas, mestizas y campesinas.

Seguimiento y Verificación

Para el presente Acuerdo se propone que se constituya un comité de seguimiento y verificación el cual estará integrado por quienes suscriben el mismo en articulación con la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz y que cuente con el acompañamiento de organismos multilaterales y otras organizaciones e instituciones garantes y acompañantes que hacen presencia en el territorio.

Suscriben la presente propuesta,

Mesa Interétnica de Nariño                                                           

Consejo Comunitario Acapa

Palenque Afro Urbano                                                             

Consejo Comunitario Alto Mira Palenke Currulao de Nariño                                                      

Consejo Comunitario Rio Rosario

Agencia de Desarrollo del Pazcifico                                          

Red del Pacífico Nariñense- REDHPANA

Mesa Municipal de Mujeres Voces del Pacifico

Asociación de Lideresas del Pacifico Nariñense Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera

ABC Pacifico                                                                      

Resguardo Piguanbi Palangala Federación Comunal de Nariño                                                           

Pueblo Indígena Esperara Siapidara- ASIESNA

Asociación Porvenir Campesino -ASOPORCA                                   

Federación de Pescadores Artesanales Organización Biopacífico Colombia                                                             

Fundación Arcoíris

Red de Consejos Comunitarios del Pacifico -RECOMPAS                   

Red de Pobladores del Alto Patía- ASOPATÍA

Acompañan la presente propuesta,

Expresidente Ernesto Samper                                                                

Senador Antonio Sanguino

Senador Roy Barreras                                                                 

Senador Guillermo García Realpe

Senador Iván Cepeda                                                                  

Senadora Ángela María Robledo

Senadora Sandra Ramírez                                                                   

Senador Pablo Catatumbo

Senadora Aida Avella                                                                 

Representante María José Pizarro

Corporación Vivamos Humanos MamaCoca

Asociación de Municipios de la Costa Pacífica Sur- ASOMPAS

Resguardo Magui del Pueblo Awá del Municipio de Ricaurte

Red de Acueductos Comunitarios de Arboleda-Nariño

Personería de El Charco

Gobernación de Nariño- Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos

Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Nariño

Red de Programas de Desarrollo y Paz – REDPRODEPAZ

Partido Comunes Nariño

Comité Agrario del Movimiento Campesino El Peñol Personería de Leiva

Personería de Policarpa                                                                        

Personería de Tumaco

Personería de Santa Bárbara                                                                   

Personería de El Rosario

Personería de Francisco Pizarro                                                                   

Personería de La Tola

Alcaldía de Cumbitara                                                                        

Personería de Cumbitara

Alcaldía Olaya Herrera                                                                       

Alcaldía de Santa Bárbara

Alcaldía de Mallama                                                                           

Alcaldía Roberto Payán Secretaría de Gobierno- Alcaldía de Policarpa                                                         

Coordinación Nacional Agraria- Nariño

Comité de Integración del Macizo Colombiano- CIMA Nariño

Territorio Campesino Agroalimentario de Norte de Nariño- Sur del Cauca

Movimiento Étnico Estudiantil Unidos por el Pacífico -META

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos- CPDH-Nariño

Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda                       

Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos

Comité de Derechos Humanos de la Universidad de Nariño

Grupo Nariño Humanitario (Campaña Colombiana contra Minas, Fight for Humanity, Compromiso Humano, Instituto Sur Alexander Von Humboldt ISAIS)

Cofundadora de la Red Departamental de Mujeres

Centro de Investigación y Educación Popular- CINEP

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEUU

TELEMBI PACUAL Corrientes de Vida y Paz(UNIPA Telembi, Instituto Sur Alexander Von Humboldt ISAIS, Consejería de Mujeres Indígenas, Movimiento Juvenil 15 de Agosto, Bernardo Erazo Consejo Departamental de Paz, Consejería de la mujer AWA indígena del Sandé)

Coordinación Territorial Tumaco Comisión de la Verdad

Instituto de estudios para el desarrollo y la paz- INDEPAZ

Rodeemos el Diálogo

Representante Legal Iglesia Cristiana Pacto con Dios                        

Representante Legal de la Iglesia de Cristo Bet-EL Ministerio Bajo el Poder del Espíritu Santo                                                 

Asociación Colombia Profunda

Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar

Asociación de Parceleros del Toco- ASOCOMPARTO SOGUAMAR

Asociación de campesinos víctimas del conflicto armado de Aguas Blancas y Mariangola A

Asociación para el desarrollo de la mujer campesina Corporación para el Desarrollo Regional

MOVICE Capítulo Atlántico

Fundación Campesino Afrovíctimas del Cesar

Ruta Pacífica Valle del Cuca

ASODEMCUR

ENDA-Colombia

Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar ASCOCAMTICE

Comité Cívico por la defensa del agua, el territorio y los ecosistemas de Curumaní

Red de Derechos Humanos del Putumayo de Piamonte, Cauca y Cofanía

Jardines de Sucumbíos-Ipiales Nariño

Corporación para Educación y Autogestión Ciudadana- CEAC

Colectivo de Paz

Unión de Ciudadanas de Colombia

Corporación de Derechos Humanos Gustavo Marulanda         

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos-WOLA

Fundación Sol y Tierra                                                           

Martha Burbano: Santamaría Fundación

Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino ORDEURCA

Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos de Barrancabermeja- CREDHOS

Mesa Departamental de Mujeres de Nariño

Corporación Nibaru

Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos -REINICIAR

Consejo de Paz del municipio de Samaniego

 

A continuación el comunicado:

 

Por: CINEP / PPP y otras organizaciones.

Este jueves 23 de septiembre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 63 con el Informe de Derechos Humanos semestral producido el Banco de Datos y Violencia Política del CINEP/PPP que, entre otros, manifiesta su preocupación por el accionar de la Policía, presunto mayor violador de Derechos Humanos en el primer semestre del año con 926 víctimas.

El Banco de Datos y la Red Nacional de Bancos de Datos presentan a la opinión pública la Revista Noche y Niebla No 63, correspondiente al período enero 1 a junio 30 de 2021. Allí se documentan, caso por caso, las violencias políticas permanentes en Colombia durante el primer semestre del año, que evidencian la continuidad de prácticas sociales genocidas en Colombia, tanto en el contexto de los incumplimientos en la implementación del Acuerdo de Paz como en el Paro Nacional. 

“Denunciamos porque creemos que eso aporta a la protección de las víctimas”, aseguró Martha Lucía Márquez, directora del Cinep / PPP, al inicio de la rueda de prensa indicando que la institución “asume el derecho y la obligación de plantear una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos y DIH a nivel nacional, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las víctimas, ya que el desconocimiento de lo que ocurre blinda a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes”

“El estado de derecho se ha ido desmoronando cada día más. Lo que queda son las ruinas de un estado genocida”, aseguró el padre Javier Giraldo al inicio de la rueda de prensa y conversatorio que, con la presencia de una veintena de medios de comunicación, dio a conocer a la opinión pública el preocupante panorama de violencia socio-política en el primer semestre del año que consiguió documentar la Revista Noche y Niebla, aclarando también que dicho registro no pretende ser una estadística y es limitado incluso por las condiciones de terror y violencias en que las víctimas y testigos permanecen.

En la conversación desde la sede del Cinep / PPP en Bogotá se reveló que los departamentos con mayor violación de ddhh en el primer semestre de 2021 fueron Santander (304), Bogotá (149) y Cauca (107), seguidos de Boyacá (106), Cundinamarca (97), Valle del Cauca (84) y Antioquia (52). Los presuntos responsables de estas violaciones serían, en su mayoría, unidades de la Policía Nacional quienes, según los registros del Banco de Datos y la Red, causaron heridas a 358 personas, detuvieron arbitrariamente a 351; amenazaron de muerte a 137; torturaron a 38; ejecutaron extrajudicialmente a 26 ciudadanos, perpetraron acciones de violencia sexual contra 10 personas y desaparecieron a seis más. La mayoría de estas victimizaciones fueron cometidas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional dejando un total de 926 víctimas.

Entre abril y junio, meses de mayor intensidad del Paro Nacional, se presentaron la mayoría de lesiones físicas, amenazas y detenciones arbitrarias: se registraron 1388 víctimas de estas tres modalidades de violencia.

“Cientos de personas fueron capturadas y atacadas con gases lacrimógenos por parte del Esmad; hubo un desbordamiento de violencia en contra de los principios de un Estado Social Derecho; y misiones internacionales de observación a la violación de ddhh fueron testigos de la desaparición del estado de derecho en Colombia”, describió Giraldo, sacerdote jesuita fundador del Banco de Datos.

“El respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas fueron violados en todas sus expresiones político socioculturales”, agregó el padre refiriéndose a la represión vivida en el Paro Nacional que inició el 28 de abril y cuya evolución provocó que, lamentablemente, esta vez la Revista Noche y Niebla fuese más gruesa de lo habitual: se necesitaron más páginas para incluir el horror vivido por la población civil que recibió como respuesta a su ejercicio del derecho a la protesta un tratamiento de guerra y una violenta represión por parte del Estado. “Hubo y hay una cacería”, aseguró Giraldo.

El Paro Nacional de 2021 también se vivió en Boyacá. Diversos sectores de la población boyacense salieron a protestar exigiendo el cumplimiento de derechos como la vida, la salud, la educación, la alimentación y el ambiente; pero los manifestantes también fueron reprimidos por parte de la fuerza pública. 

En un ejercicio preliminar de documentación, se pudieron recopilar 22 casos de agresiones cometidas en el marco del paro nacional, que dejaron 106 violaciones de derechos humanos, lo cual hizo ubicar a Boyacá como el cuarto departamento con mayor número de violaciones de Derechos Humanos durante este semestre, precedido por Santander, Bogotá y Cauca.  

Se registraron detenciones, amenazas, lesiones y torturas en municipios como Sogamoso, Paipa, Duitama, Tunja y Monguí. Se resaltan casos de hombres que amenazan e intimidan a los manifestantes desde camionetas, jóvenes lesionados y torturados, como el caso del estudiante de Comunicación Social, Santiago Amaya, detenido, lesionado y torturado en Duitama el 1 de mayo de 2021, de dos personas con heridas oculares el 28 de junio de 2021 en Paipa, o las mujeres de Tunja agredidas el 15 de mayo de 2021 cuando salieron a protestar en rechazo a los abusos sexuales cometidos por la Policía Nacional en el marco del paro nacional.

Por su parte, Ana Milena Baquero Vega, víctima de crímenes de Estado e integrante del Grupo Memoria, Vida y Dignidad, y Gabriel Riaño, de la Mesa por la Salud de Boyacá, narraron las violencias sufridas histórica y recientemente en la región que, paradójicamente, muchos creen un remanso de paz. En Boyacá las prácticas de violación a los ddhh han sido sistemáticas y la respuesta que han recibido las comunidades que se organizan para exigir el respeto a sus derechos han sido, además de la represión violenta del Estado como se vivió en el Paro Nacional de este año, la desaparición forzada, las masacres como la del Páramo de La Sorna y las “ejecuciones judiciales”. 

Según la base de datos de Cinep/PPP, se han registrado alrededor de 143 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública y/o paramilitares, desde el año 1982 hasta el 2015 en el departamento de Boyacá, y se han documentado casos de 37 víctimas de desaparición forzada en los municipios se Miraflores, Zetaquirá, Páez, Campohermoso, San Eduardo, Berbeo, Boyacá, Chiscas, Puerto Boyacá, Pajarito y Guateque, de los que en su mayoría se tiene muy poca información.

Ana  Milena insistió en la necesidad de que los victimarios, entre ellos el Estado,  les pidan perdón y reconozcan públicamente su responsabilidad. Mientras tanto, Gabriel recordó que pese a que Boyacá ha sido fuertemente golpeada por el conflicto “ninguna de las regiones o municipios se priorizaron como PDET”.

“Debemos continuar la vigilancia a los responsables de la violación a la dignidad humana. Que exista una masa de gente que rechace estos crímenes y los denuncia y que tiene el valor de hacerlo indicando así que hay una conciencia clara de que esta forma de relación que es abusiva y violenta y que la justicia y no la fuerza es el camino para una sociedad amable”, indicó el padre Alejandro Angulo S.J. investigador del Banco de Dato subrayando que Noche y Niebla es una voz incansable por la justicia.

La directora de Cinep, Martha Márquez, recordó que “nos exigimos denunciar abiertamente las agresiones contra las víctimas del conflicto social y armado vigente en Colombia, vengan de donde vengan (... ) no  como notarios de la muerte, sino como ciudadanos comprometidos en la construcción de una sociedad diferente:  más justa y solidaria”. 

Encuentre la Revista Noche y Niebla No. 63 acá: https://www.nocheyniebla.org/?p=1744 

Encuentre la rueda de prensa y conversatorio en Youtube:

Encuentre una nota detallada de la revista acá: https://www.nocheyniebla.org/?p=1744&fbclid=IwAR2IEKsTTeh9_L9W4VkyHqTFB8hvKtPjlpZVglYM3JsQ3W1dJ1nWTelFYoE 

Escuche la lista de reproducción con algunos casos que presenta la revista en Spotify:

Por: Equipos Banco de Datos y Comunicaciones Cinep / PPP

 

El Banco de Datos de DDHH y Violencia Política presentó su informe semestral y anual sobre 2020 en la Revista Noche y Niebla No. 62 este 21 de abril dejando ver el aumento de violencias con relación al 2019, y un preocupante panorama con relación a los líderes y lideresas sociales, que fueron más asesinados y amenazados en 2020. Una mirada, también, al Pacífico caucano donde los pueblos resisten pacíficamente desde organizaciones sociales y expresiones culturales como la Caravana Fluvial por la vida.

Las violaciones a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la violencia política aumentaron en Colombia en 2020 con relación a 2019, reveló el Banco de Datos del Cinep / PPP este miércoles 21 de abril en la presentación de la Revista Noche y Niebla No. 62. El equipo de investigadores dio a a conocer además que en el segundo semestre de 2020 aumentaron los asesinatos y amenazas a líderes sociales con respecto al primer semestre de ese año

En el conversatorio y rueda de prensa virtual participaron los investigadores del Banco de Datos Javier Giraldo SJ. y Alejandro Angulo SJ., el director del Cinep/PPP Luis Guillermo Guerrero Guevara, y el líder social de Cococauca Dionisio Rodríguez Paz, quienes socializaron los principales hallazgos de la Revista Noche y Niebla que incluye un artículo regional sobre la costa pacífica del Cauca.

“En los últimos años el Banco ha ido analizando una metamorfosis progresiva en el campo de víctimas y victimarios (...) Las víctimas perseguidas son especialmente los liderazgos de base”, aseguró Javier Giraldo anotando que ellos y ellas carecen de reconocimiento regional o nacional.

En 2020 el informe registró 193 asesinatos, 61 atentados, 114 amenazas y 91 agresiones contra comunidades, líderes y lideresas sociales. Adicionalmente, el año pasado dio cuenta de 43 asesinatos y 15 atentados a firmantes de la paz, dejando como resultado un total de 517 victimizaciones contra el liderazgo social de base en el año. Además, el segundo semestre de este año fue el de mayor impacto sobre la vida de defensores de DD.HH., presentándose un aumento en los asesinatos (112 solo en este periodo de tiempo) y amenazas (66). 

De otra parte, Giraldo manifestó que en cuanto a los victimarios “estamos en una cuarta etapa de anonimato total”, en la que quienes cometen los homicidios de líderes y lideresas “son perpetradores desconocidos y eso facilita la impunidad”.  

Violaciones a Derechos Humanos 

De acuerdo con los datos reunidos por el Banco en 2020, los grupos paramilitares son los principales presuntos responsables de las violaciones a los DDHH, con 581 victimizaciones, seguidos por la Policía Nacional, con 490 y el Ejército Nacional con 243. Entre los hechos registrados resalta que 554 fueron amenazas, 263 detenciones arbitrarias, 194 ejecuciones extrajudiciales y 178 lesiones físicas.

Infracciones al DIH

En cuanto a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC), en 2020 el Banco de Datos registró 502 victimizaciones, siendo Cauca, Bogotá y Nariño los territorios más afectados con 232, 70 y 39 casos respectivamente.  

Los presuntos responsables de estas infracciones fueron, en su mayoría, los grupos guerrilleros con 235 victimizaciones, seguidos por grupos paramilitares (138), combatientes (68), el ELN (39), el Ejército Nacional (17) y el Estado Colombiano (5). 

Violencia política

El Banco de Datos tuvo información en 2020 de 836 víctimas de violencia político social, siendo los asesinatos, amenazas y lesiones físicas los principales métodos de victimización. Las regiones más afectadas fueron Cauca, con 300 victimizaciones; Nariño, con 76; Valle del Cauca, con 68; Antioquia, con 61; y Norte de Santander, con 56.

La edición N° 62 de la revista Noche y Niebla incluyó de forma específica los datos del segundo semestre del 2020, sobre los que se refirió Luis Guillermo Guerrero, al afirmar que “resulta preocupante el fortalecimiento del paramilitarismo”, evidenciado en 252 amenazas de muerte y 59 personas ejecutadas extrajudicialmente presuntamente por estos grupos entre julio y diciembre de 2020. 

Igualmente, el director de Cinep/PPP resaltó que son igualmente graves las acciones de las unidades de la Policía Nacional que en el mismo periodo “causaron 74 civiles heridos, ejecutaron presuntamente a 42 ciudadanos, detuvieron arbitrariamente a 28 personas y amenazaron de muerte a 26 más”. 

Cauca no se rinde

Guerrero también manifestó la alerta por la “crisis social y humanitaria que golpea al departamento del Cauca”, enviando un mensaje de apoyo a las comunidades tras el asesinato de Sandra Liliana Peña, autoridad indígena y gobernadora del Resguardo de La Laguna en Caldono el pasado 20 de abril. Este hecho se suma al atentado con explosivos en el casco urbano de ese municipio el 26 de marzo pasado, y a los enfrentamientos entre Ejército y disidencias del Ejército que dejaron 12 muertos, incluyendo civiles y un soldado el 17 de abril en Argelia. 

En cuanto a la costa pacífica del Cauca (López de Micay, Guapi y Timbiquí) la situación no es menos grave. Allí la minería de oro de aluvión, las actividades de narcotráfico y los cultivos de uso ilícito se han intensificado, conllevando afectaciones como la ausencia de soberanía alimentaria o la pérdida de autonomía de las comunidades.

“El narcotráfico y la minería indiscriminada, más la presencia de actores armados han causado inestabilidad en las comunidades negras y afectado su forma de resistir y existir en los territorios colectivos”, aseguró Dionisio Rodríguez de Cococauca durante la rueda de prensa. 

Estas conflictividades, han generado la agudización del conflicto armado, “la contaminación ambiental y la fragmentación del tejido social”, apuntó Rodríguez, quien también clamó por el respeto y reglamentación de la Ley 70 de 1993 que reconoce a las comunidades negras, sus prácticas ancestrales y su derecho colectivo a la tierra, entre otras cosas. E insistió en la responsabilidad del Estado en el deterioro de la vida en Cauca y los pueblos afro, indígenas y campesinos del Cauca.

El despertar de la conciencia 

Para finalizar el evento, el sacerdote jesuita Alejandro Angulo subrayó que la buena noticia “es que existe una masa de gente que rechaza estos crímenes y los denuncia, que guarda las denuncias para que no se olviden y que tiene el valor de ir a los tribunales y presentarlas buscando justicia”. 

Para el religioso, hay un despertar de la conciencia expresado en los grupos de personas que rechazan estas formas de relaciones violentas y que reconocen “que la justicia y no la fuerza es el camino real para una sociedad amable”. 

“Seguimos defendiendo nuestro territorio y nuestra cultura para preservar la vida. No nos rendiremos”, aseguró Dionisio Rodríguez al despedir la conversación.

Puede consultar la revista Noche y Niebla 62 en el siguiente link: https://www.nocheyniebla.org/?p=1693 

Encuentre la Rueda de prensa y conversatorio “Cauca no se rinde” acá: 

Por: Juanjosé Gutiérrez. Comunicaciones CINEP/PPP

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

El Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP- presentó el seis de octubre pasado, en la Revista Noche y Niebla número sesenta y uno, un balance de la situación de derechos humanos durante el primer semestre del presente año 2020. La revista mostró la tendencia nacional de violaciones de derechos humanos, violencia política y Derecho Internacional Humanitario. El CINEP asume el derecho y la responsabilidad de proponer una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las víctimas ya que el desconocimiento, invisibilidad o negación de la violación de los derechos humanos y la violencia política que está ocurriendo en el país, blinda y favorece a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes.

El balance general muestra que los departamentos más afectados por hechos violatorios de derechos humanos, durante el semestre pasado, fueron en su orden: Bogotá, con ciento ochenta y dos casos, Antioquia con ciento ocho casos, Cauca con cuarenta y seis hechos victimizantes y Norte de Santander y Santander con cuarenta y cinco y cuarenta y tres hechos violatorios de derechos humanos respectivamente.

Sobre los presuntos responsables, el informe expresa que unidades de la Policía Nacional fueron las mayores violadoras de derechos humanos durante el semestre pasado, con doscientos noventa y seis hechos; seguidos de los grupos paramilitares con doscientos veintitrés violaciones de derechos humanos y en tercer lugar las tropas del ejército nacional con ciento seis hechos violatorios de derechos humanos. En tanto que grupos guerrilleros, entre los que están el ELN, el EPL y otros, cometieron ciento veinticinco infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario consuetudinario.

Dentro de los métodos de victimización más recurrentes resultan altamente preocupantes las detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional, quienes durante el semestre pasado realizaron ciento setenta y tres hechos. Hirieron además a cincuenta y nueva civiles y amenazaron de muerte, según la versión de las víctimas, a treinta y siete más.

Igualmente grave resulta ser el fortalecimiento del paramilitarismo, quienes amenazaron de muerte en ciento sesenta y tres ocasiones, ejecutaron a cuarenta y siete ciudadanos inocentes y realizaron ocho casos de tortura.

El CINEP en su apuesta por la vida reitera su gran preocupación por la crisis de derechos humanos vigente en Colombia, al reconocer que centenares de colombianos y colombianas siguen siendo victimizados, en un contexto en el que se fortalece la reedición de la violencia política y social, así como el incumpliendo de la implementación del Acuerdo de Paz y la sistemática persecución a líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos.

San Juan Pablo II en el mensaje para la Jornada Mundial por la Paz en mil novecientos noventa y nueve expresó: «Quisiera destacar que ningún derecho humano está seguro si no nos comprometemos a tutelarlos todos. Cuando se acepta sin reaccionar la violación de uno cualquiera de los derechos humanos fundamentales, todos los demás están en peligro. Si se ignoran o desprecian los derechos humanos, o la búsqueda de intereses particulares prevalece injustamente sobre el bien común, se siembran inevitablemente los gérmenes de la inestabilidad la rebelión y la violencia».

Luis Guillermo Guerrero Guevara.