Acaba de ser publicada Suma Paz: La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado, la obra más reciente de Elvira Sánchez-Blake. En ella reconstruye a partir de testimonios de amigos y familiares la vida y el legado de estos investigadores del CINEP-PPP asesinados en 1997.

"Una historia de amor entre dos seres que amaron la vida, la naturaleza, y que murieron por defender el páramo de Sumapaz". Así describe el padre Francisco de Roux, actual presidente de la Comisión de la Verdad, el libro Suma Paz: La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado, del que además es autor de su prólogo.

El texto escrito por la comunicadora social-periodista Elvira Sánchez-Blake y publicado por Icono Editorial, reconstruye a manera de crónica literaria los últimos días de vida de Mario Calderón y Elsa Alvarado, la pareja de esposos e investigadores del CINEP-PPP asesinados a manos de paramilitares ordenados por Carlos Castaño, debido a su trabajo ambiental y comunitario en defensa de la reserva ambiental de Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca y donde además se encuentra el páramo más grande del mundo.

En la madrugada del 19 de mayo de 1997, hombres fuertemente armados ingresaron a la vivienda de la pareja en Bogotá y perpetraron el hecho en el que también murió Carlos Alvarado, el padre de Elsa que junto a su esposa Elvira Chacón visitaban a su hija para celebrar el día de la madre.

“En una investigación de cerca de tres años realicé más de 35 entrevistas y consulté diferentes documentos de entidades como el CINEP-PPP y la Comisión Colombiana de Juristas. Reuní todas estas voces de personas que conocieron a Mario y Elsa para construir el retrato más fiel posible de lo que fue su vida”, comentó la autora el pasado 21 de junio de 2021 en redes sociales del CINEP-PPP.

En la primera parte del relato la autora hace un repaso por las memorias de las voces que conocieron a los investigadores y destaca sus experiencias formativas, el encuentro como pareja y los proyectos que lideraron. En un segundo momento relata los hechos alrededor del asesinato y todo lo que posteriormente siguió: la reacción de sus amigos y familiares, así como el proceso judicial con énfasis en los aparatos criminales que se formaron desde entonces y que siguen vigentes. Por último, aparece la voz de Iván, el hijo de Mario y Elsa sobreviviente del ataque, que antes que víctima prefiere ser identificado como un agente activo en la construcción de una visión alternativa de país.

El trabajo social, los asuntos ambientales, los conflictos políticos, la esperanza y la juventud, son otros de los temas que aborda esta crónica que se convierte al mismo tiempo en el testimonio de amor y entrega por la sociedad de parte de una pareja de académicos.

Javier Giraldo S.J., investigador del CINEP-PPP y quien además tuvo la oportunidad de conocer y compartir con Mario Calderón, destacó la importancia de la labor investigativa y literaria de la autora. “Producto de su trabajo, Elvira logra plasmar en el libro un retrato fiel de lo que había en Elsa y Mario; unas vidas extensas y cuyo registro, que podría llevar volúmenes, logra sintetizarlas de una forma muy especial”, dijo.

A la luz de los hechos recientes en nuestro país relacionados con las movilizaciones sociales en el marco del Paro Nacional, la obra de Sánchez-Blake también se convierte en un llamado para que las instituciones y la misma sociedad civil respalden el trabajo de líderes sociales y defensores de derechos humanos que se ha visto amenazado de forma alarmante en el último tiempo.

Entre el 1 de enero y el 9 de julio de 2021, según el registro de Indepaz, han sido asesinadas 86 de ellas por su labor en la exigencia de una vida más digna para sus comunidades, además de 28 firmantes del Acuerdo de Paz. En total, serían más de 600 defensores de Derechos Humanos y la vida asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz y casi 300 hombres y mujeres que dejaron las armas.

Siga la entrevista de Elvira Sánchez-Blake con Javier Giraldo S.J., en nuestro canal de Instagram a continuación: https://www.instagram.com/tv/CQZAsyPJzH6/?utm_source=ig_web_copy_link 

Por: Comunicaciones CINEP / PPP.

Tras un recorrido  de ocho días por el país, la Misión SOS Colombia entregó su informe preliminar en el que documentó once patrones de violaciones a los derechos humanos durante el Paro Nacional, y donde exige garantías a la protesta y protección no solo a los manifestantes sino para la prensa, la misión médica y la defensa de los derechos humanos. 

Este lunes 12 de julio fueron presentados los primeros hallazgos y recomendaciones de la Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia, integrada por 41 delegados internacionales, entre ellos el Secretario General del Vaticano, quienes visitaron 11 regiones entre el 3 y el 12 de julio. 

“En algunos lugares del país, integrantes de la Misión se vieron hostigadas por la fuerza pública. Al mismo tiempo, cerca de los lugares donde estaba la Misión manifestantes fueron víctimas de asesinatos, agresiones oculares y se hallaron los cuerpos sin vida de jóvenes (Duván Felipe Barros Gómez y Alquimedez Santana en Bogotá y Cali, respectivamente) de puntos de resistencia que estaban desaparecidos”, señala el informe entregado por la Misión que acudió al país ante el llamado urgente de 10 organizaciones de la sociedad civil colombiana.

Además, “mientras la Misión se encontraba en Colombia, fueron atacados tres jóvenes afrodescendientes integrantes de las primeras líneas de Jamundí, quienes ejercían liderazgo en la Unión de Resistencias de ese municipio. El ataque se presentó el 6 de julio de 2021, el mismo día en el que los jóvenes participaron en una reunión con funcionarios públicos, entre ellos el secretario de gobierno del municipio (ex agente de la policía), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación con el fin de denunciar las graves violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional durante la protesta. Uno de los jóvenes fue asesinado y otros dos resultaron heridos. En esa misma semana, la Misión conoció tres casos de amenazas directas por parte de la Policía contra participantes de la primera línea y de la olla comunitaria de Siloé, incluido un amedrentamiento en el marco de un evento cultural convocado por quienes han liderado la manifestación en esta comuna de Cali”, describen los delegados y delegadas.

En rueda de prensa, los delegados y delegadas comenzaron por señalar que la Misión pudo constatar que, en el marco del Paro Nacional, se están utilizando técnicas de combate para aniquilar a la población civil que está manifestándose en las calles de Colombia. Y que identificaron tres actores principales responsables de las violaciones a los DD.HH.: La Fuerza Pública, paramilitares que actúan en connivencia con la Fuerza Pública y personas civiles armadas. 

El informe preliminar entregado por la Misión se señala que, aunque lograron documentar 180 denuncias directas agresiones físicas, persecución, hostigamiento y violación a los DD.HH desde que inició el Paro el pasado 28 de abril, “se debe advertir que existe un alto número de casos que no pudieron ser recogidos por la estrechez del tiempo y el terror a las consecuencias de testificar”. 

En el documento se describen once patrones de violaciones a los DD.HH. que pudieron ser verificados por el grupo de delegadas y delegados en sus visitas a Atlántico, Magdalena, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Cauca, Nariño, Santander, Quindío, Caldas y Valle del Cauca:

1) Homicidios selectivos.

2) Lesiones personales. 

3) Tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. 

4) Lesiones oculares. 

5) Agresiones con armas de fuego.

6) Violencias basadas en género. 

7) Violencia y tortura sexual.

 8) Detenciones arbitrarias e ilegales. 

9) Judicializaciones arbitrarias.

10) Desapariciones forzadas. 

11) Estigmatizaciones, señalamientos y persecuciones.

Lisa Haugaard, delegada de EE.UU. y co directora de Latin America Working Group, expresó que desde su organización “vamos a presionar fuertemente y ya estamos pidiendo un congelamiento en la cooperación de EE.UU. para la Policía hasta que haya realmente una reforma. Por su parte Félix Ovejero, delegado de España, resaltó la exigencia a la Unión Europea “que suspenda la venta de armamento militar y material antidisturbios” en virtud de los criterios de la misma comunidad sobre la exportación de armas. 

Con quiénes habló la Misión

Durante los 8 días de visita, la Misión se reunió con las organizaciones impulsoras desde Colombia y con las siguientes organizaciones: 

La Fundación para Libertad de Prensa (FLIP), la Mesa de Empresas y Derechos Humanos, representantes del Comité Cívico de Buenaventura, representantes del Movimiento Ambientalista, representantes del Movimiento Estudiantil, SISMA Mujer, Caribe Afirmativo y representantes de la Iglesia Católica. Además, se llevaron a cabo diálogos con representantes de entidades del Estado a nivel nacional (Defensoría del Pueblo) y de la Comunidad Internacional (Embajada de Alemania, Embajada de México, Embajada de Bélgica, Delegación Europea, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y la Misión de Verificación de Naciones Unidas. 

En la visita a regiones los delegados y delegadas se entrevistaron con integrantes de las Primeras Líneas, organizaciones sociales, comunitarias, juveniles, culturales, de Derechos Humanos, campesinas y colectivos de LGBTIQA+, y de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes y, con víctimas de la fuerza pública y así como, de los paramilitares; y se celebraron reuniones con representantes de las gobernaciones, alcaldías, Ministerio Público y Policía Nacional en algunos territorios.

Lisa Haugaard manifestó que la Misión fue testigo de la creatividad y la solidaridad en medio de la protesta, pero también de la fuerza con que ha sido tratada: “Los jóvenes nos mostraban las cicatrices de balas y otros proyectiles en sus cuerpos, también están experimentando un continuo hostigamiento de parte de la Fuerza Pública y otros actores”, afirmó durante la rueda de prensa

Preocupados por falta de garantías a la protesta

En el informe preliminar la Misión señala que “se observan organismos de control como instituciones débiles y cooptadas”, y evidencia una “omisión en sus funciones y falta de acompañamiento hacia personas manifestantes en los procesos de denuncia de violaciones de Derechos Humanos y seguimiento en los procedimientos que lleva a cabo la fuerza pública”. 

Miriam Pixtún, delegada de Guatemala, aseguró que en las reuniones que sostuvo la Misión con instituciones del Estado se encontraron con dos hechos relevantes: “una aparente voluntad y respeto por los DD.HH. pero que contrasta con los hechos que fuimos documentando”, y “la actitud casi generalizada de los funcionarios públicos de señalar a la Policía como víctima de los manifestantes”.

El informe en ese sentido apunta al “temor, la inseguridad y la falta de confianza en las instituciones estatales” para denunciar hechos de violaciones a los DD.HH. como una de las causas del “subregistro de la magnitud de la violencia experimentada y sus consecuencias”. 

Las recomendaciones al Estado Colombiano

La Misión presentó cinco tipos de recomendaciones entre las que se incluyen acciones inmediatas a tomar por parte del Gobierno y organismos internacionales, y otras actuaciones que en un mediano plazo podrían ser adoptadas por el Estado, la comunidad internacional y las empresas. 

Félix Ovejero destacó entre ellas el fin de la represión a la protesta, así como la protección a la labor de personas defensoras de DD.HH., comunicadoras sociales, integrantes de organismos de la sociedad civil y de brigadas médicas. En materia de desaparición forzada el informe también reclama que se reconozca, active e implemente el mecanismo de búsqueda urgente para dar con el paradero de las personas que aún están desaparecidas.

En cuanto a justicia, la Misión recomienda que las investigaciones por violaciones a DD.HH. se lleven a cabo “por instancias jurisdiccionales de orden civil”, así como “que se asegure el acceso a justicia, reparación integral y garantías de no repetición”. Adicionalmente, las organizaciones y delegados internacionales invitan a adoptar medidas efectivas para “desmantelar los grupos parapoliciales y paramilitares”, y “desmilitarizar y reformar de manera estructural la Policía Nacional a fin de llevar a cabo la demandada disolución del ESMAD”.

El informe final de la Misión SOS Colombia se espera que sea presentado en agosto de 2021, momento en el que también se entregará el seguimiento de los avances en las recomendaciones realizadas, entre tanto, los y las delegadas realizarán acciones de incidencia y litigio en espacios internacionales para dar a conocer sus hallazgos. 

Encuentre el informe preliminar de la Misión SOS Colombia a continuación: 

 

Por: Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP

Del 3 al 12 de julio, once regiones de Colombia son visitadas por la Misión de Observación Internacional SOS Colombia, integrada por más de 40 delegados y delegadas de 12 países.

A dos meses del inicio del Paro Nacional en Colombia, delegados y delegadas de Europa y América Latina, Estados Unidos y Canadá, visitan 11 regiones del país documentar y denunciar la represión y las violaciones a los Derechos Humanos en medio de las protestas iniciadas el 28 de abril pasado y que, al 30 de junio, suman 84 personas asesinadas, 1790 personas heridas -entre ellas 114 por arma de fuego-, y 75 presuntamente desaparecidas, en un complejo panorama que incluye, además, violencia sexual contras las mujeres, desmembramiento y calcinamiento de cuerpos de los manifestantes, y ataques armados a la movilización a manos de la Fuerza Pública y civiles*. 

"Esta Misión busca identificar mecanismos extrajudiciales y judiciales que han llevado a la impunidad jurídica y social antes y después de la aplicación de acciones represivas, así como también, develar porqué y cómo se quiere evitar la rendición de cuentas sobre las responsabilidades y actuaciones de los agentes estatales en el Paro Nacional".

Son 40 delegados y delegadas de 12 países (Gran Bretaña, México, Canadá, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Guatemala, España, Alemania, Italia, Bélgica y País Vasco): dirigentes políticos y sociales, prensa internacional y defensores de derechos humanos, junto a las organizaciones locales impulsoras, "recibirán testimonios de primera mano de víctimas de represión estatal durante el reciente Paro Nacional en 11 regiones de Colombia con el fin de identificar los contextos en que han ocurrido estos hechos, las afectaciones y el estado actual de las investigaciones de 7.704 agresiones documentadas por organizaciones sociales durante 55 días de protestas sociales".

La Misión SOS Colombia por garantías a la protesta y contra la impunidad en Colombia se realizará entre el 3 y el 12 de julio de 2021, y visitará puntos de resistencia, entidades gubernamentales y de policía de 11 regiones: Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, Valle del Cauca, Nariño, Atlántico, Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Santander. Y dialogará con víctimas, autoridades y protagonistas del Paro más largo en la historia de Colombia. Además presentará un informe con conclusiones y recomendaciones sobre la garantía del derecho a la protesta y contra la impunidad en Colombia.

Según las organizaciones colombianas "las acciones de contención y represión realizadas por la policía, su Fuerza Disponible, su fuerza especial Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- y el Ejército Nacional, a través de operaciones psicológicas y de presión aéreas, la militarización de las ciudades en los sitios de manifestación, la paramilitarización de operaciones policiales y de las manifestaciones de sectores pudientes con respuestas similares, son indicadores de patrones y propósitos con métodos proscritos por el derecho internacional de los derechos humanos".

Esta visita es el fruto de un llamado a la solidaridad internacional ante la falta de garantías para el libre ejercicio de la protesta y es coordinada por las siguientes organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos de Colombia: Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP / PPP; Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU; Corporación Jurídica Libertad, CJL; Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; Fundación Forjando Futuros; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PCDHDD; Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas; Alianza de organizaciones sociales y afines; y Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP.

A continuación el comunicado: 

 

 A continuación el comunicado en inglés:

 

*Boletín No. 20 de la Campaña Defender La Libertad. 

Por: Comunicaciones Cinep / PPP

Tras sesionar en Colombia, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) condenó al Estado colombiano por su acción u omisión en el genocidio continuado, y los crímenes de guerra y de lesa humanidad contra población civil por razones políticas. El TPP es un tribunal de opinión y representa un llamado ético a los estados y la sociedad.

Por más de un siglo Colombia ha enfrentado “un proyecto  de  reorganización  social  a  través  del terror, en el que la comisión de muchos de los crímenes concretos denunciados (...) se subsume en el crimen, central en este análisis, de genocidio”, de acuerdo con el fallo del Tribunal que sesionó en su versión número 48 en Colombia entre el 25 y el 27 de marzo pasados recibiendo información de 54 casos que evidenciaron el genocidio político, los crímenes contra la paz y la impunidad cometidos desde 1912 a la fecha. 

“El conjunto de la violencia estatal y para-estatal ha estado al  servicio  de  un  intento  sistemático,  organizado  y  constatable  de  destrucción  parcial  de la identidad nacional colombiana”, agrega el fallo. En su lectura virtual el jurado se refiririó al genocidio contra los pueblos étnicos, movimientos campesinos y sindicales, organizaciones político-electorales, personas exiliadas, y a casos como la masacre de las bananeras o las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” para explicar los fundamentos que los llevaron a condenar al Estado colombiano por estos crímenes. 

El Tribunal condenó al Estado de Colombia por crímenes  de  lesa  humanidad  y  crímenes  de  guerra, el incumplimiento  de  sus  obligaciones  de  prevención,  investigación  y  sanción del genocidio; por  haber  adoptado doctrinas  militares  y  estrategias  de  seguridad  basadas  en  la existencia   de   un   enemigo   interno, haber  promovido  o  permitido  la  afectación  grave  de  los  territorios  y  de  los ecosistemas para  la  implantación  de  proyectos  económicos, y por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en los acuerdos  de paz, entre otros.

Las recomendaciones del Tribunal 

En el fallo, que puede ser encontrado en https://www.tppcolombia.com/, también se hacen recomendaciones al Estado Colombiano, entre ellas: Respetar y hacer respetar los derechos humanos como se comprometió en los pactos internacionales y la Constitución colombiana, proceder a la restitución completas de tierras a los despojados, disolver las asociaciones "convivir" y estructuras paramilitares, sancionar debidamente a los autores de ejecuciones extrajudiciales y "aplicar   y   facilitar   la   aplicación   del   acuerdo   de   paz   de   2016   en   todos   sus componentes,  en  particular  el  Sistema  integral  de  verdad,  justicia,  reparación y  no repetición", entre otras.

Para el jurado del TPP, Daniel Feierstein, el tratamiento de la verdad sobre lo que pasó en Colombia resulta relevante porque “el genocidio cobra su realización simbólica en el momento en que un pueblo ya no es capaz de narrarse la historia que ha vivido, sino que la fragmenta y conceptualiza en formas que no le permiten recuperar la identidad que el momento material del genocidio había venido a destruir”. 

El pueblo se levanta por el pueblo

El sacerdote jesuita e investigador del Cinep / PPP Javier Giraldo explicó la relevancia del Tribunal al señalar que este tipo de entidades serán necesarias “hasta que el último ser humano hambriento sea saciado, y hasta que se abra un camino de vida que acabe con la explotación de los muchos por los pocos”, y añadió que pese a que el TPP es un tribunal de opinión que no tiene un carácter vinculante, y no tiene el poder de ‘sentar en el banquillo’ a los acusados, en realidad ello es una virtud, porque los obliga a pronunciarse para crear sentidos apelando a la ética para que se respeten los DD.HH.

El sacerdote concluyó que el TPP cierra su tercera intervención en Colombia apuntando “las características genocidas de la trayectoria estatal, y lo hace en un momento en que el pueblo colombiano está levantado contra las manifestaciones de ese genocidio. Barricadas y puertos de resistencia se están multiplicando en toda la geografía nacional y quizá, por primera vez, se ponen en cuestión estructuras económicas, políticas, militares y culturales en las cuales soterradamente se ampararon por varios siglos las prácticas genocidas”, y añadió que “esta sentencia se le entrega y regala a un pueblo que despierta y busca caminos de emancipación de su opresión”.  

Encuentre el video completo de la lectura del fallo la rueda de prensa y el panel en: 

 

Encuentre el fallo completo en: https://www.tppcolombia.com/

 

Por Juanjosé Gutiérrez. Equipo de Comunicaciones del Cinep / PPP

María José Pizarro, congresista, Alejandro Lanz de Temblores ONG y Víctor De Currea-Lugo, analista, retrataron la gravedad de la represión estatal al actual Paro Nacional evidenciando en vivo disparos y violencia en las movilizaciones, mientras se desarrollaban los Diálogos Cinep el pasado 2 de junio. 

“La vida y el futuro de los jóvenes es lo que está en juego, escuchen”, dice el profesor y periodista independiente Víctor De Currea-Lugo mientras corre en medio de disparos en las movilizaciones el pasado 2 de junio. DeCurrea se conectó a la conversación virtual desde Medellín, en una de las cientos de marchas convocadas en todo el país a diario en exigencia, primero, del desmonte de la Reforma Tributaria del gobierno de Iván Duque, y ahora en una enorme manifestación popular, artística y comunitaria de descontento social por el hambre, el desempleo y las precarias condiciones en las que vive la mayoría del pueblo colombiano agravadas por la pandemia, en medio de las cuales se presentan acciones vandálicas y una fuerte represión y violencia que la gente en las calles pide cesar, a cambio de ser escuchados en sus demandas y garantías de derechos.

A mes y medio del Paro Nacional que comenzó el 28 de abril en Colombia, congresistas, analistas y defensores de derechos humanos se encontraron en los “Diálogos Cinep” para reflexionar sobre lo que está en juego en esta movilización histórica que ha producido una grave escalada de violencia y violación de derechos humanos que incluye detenciones ilegales, violencia sexuales, desapariciones, torturas, homicidios, allanamientos, agresiones a la prensa y múltiples ataques físicos y verbales a los manifestantes a manos de la Fuerza Pública y particulares. 

 

El codirector ejecutivo de Temblores ONG puso en contexto la grave situación actual resaltando que la respuesta represiva del actual paro viene de una gran represión en las movilizaciones previas.  En 2020, tras el asesinato de 14 personas en el marco de las protestas por el homicidio de Javier Ordóñez y después del asesinato de Dylan Cruz a manos del ESMAD, se pensó que Colombi había llegado a lo más alto de la violencia en el trato a la protesta social, pero la realidad actual muestra un panorama más preocupante aún. Como lo recordó Alejandro Lanz en la conversación virtual, el Esmad no está asesinado apenas en este Paro. Ese Escuadrón, según documentaron en informes de Temblores Ong, es responsable de 34 asesinatos desde su creación hasta el Paro Nacional de 2019, el cual se vio suspendido por la pandemia de la Covid19.  

Este año “al menos 45 personas han sido asesinadas en el marco de las protestas sociales por parte de la Fuerza Pública”, aseveró Lanz. En la plataforma Grita de Temblores Ong también se han registrado 187 casos de heridas físicas por el uso de armas de parte de uniformados, 1.248 víctimas de violencia física y 65 víctimas de lesiones oculares. Temblores ha documentado este año 16 prácticas utilizadas violentas que las Fuerzas del Estado está empleando contra manifestantes*.

 

Y mientras los diálogos con el Comité del Paro, que carece de legitimidad en los sectores movilizados en las calles, siguen estancadas, conversaciones locales mediadas por la iglesia y académicos logran levantar algunos bloqueos de manifestantes sin que cese la violenta represión de parte de la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Para María José Pizarro, representante a la Cámara, lo más preocupante de la situación es que “no hay voluntad de diálogo ahora como no la hubo en 2018 para hablar con los estudiantes, no la hubo en 2019 y 2020 para hablar con la Minga Indígena, y mucho menos para cuestionar las violaciones a los DD.HH., la desproporción en el uso de la fuerza y la brutalidad policial”. 

Para Pizarro las organizaciones de derechos humanos están haciendo el trabajo que los organismos de control no hacen ante los abusos de la Fuerza Pública, mientras se dedican a empapelar a los congresistas y funcionarios públicos que están defendiendo los derechos de los manifestantes. A esta congresista y otros les abrieron una investigación en la Procuraduría “por falta disciplinaria por la presunta intromisión en un procedimiento policial”, lo que Pizarro califica como un ataque jurídico contra quienes han acompañado las movilizaciones. 

“Es necesario rectificar para cesar los desmanes de la Fuerza Pública. Esta parece ser una política de gobierno como un apolítica de escarmiento contra los jóvenes que se están movilizando (...) Hay lesiones no solo físicas sino emocionales a la juventud. Ya la gente no siente confianza en la institución”, aseguró María José desde el capitolio. 

Para ella, y los cientos de miles de manifestantes en las calles de Colombia y ciudades del mundo que también marchan en apoyo al Paro Nacional, el ministro de Defensa, Diego Molano, debe renunciar, pero sobre todo “es necesario el cambio de doctrina, en la política de seguridad, pues le da un tratamiento de enemigo público a la protesta, lo que genera una la degradación en las prácticas de la policía, el aumento de violaciones a los derechos humanos y un desprestigio a la Fuerza Pública”.  La representante a la Cámara por Bogotá concluye asegurando que darle a la protesta un tratamiento de guerra se puede constituir como un crimen de lesa humanidad. 

Para De Currea-Lugo, son “los sueños de los pelaos” los que están en juego. Sus reclamos, expuso, responden a un “hastío social de décadas de control de represión y malestar” y por ello el paro debe entenderse en términos existenciales. El investigador y profesor universitario recordó lo que vio y documentó en sus visitas a movilizaciones en Túnez y Siria: “Hay un momento en que las personas rompen la barrera del miedo, y cuando se rompe esa barrera, la gente se hace matar”. A esa situación, explica, estamos a punto de llegar en el Paro Nacional en Colombia. 

En cuanto a las salidas de esta crisis, el analista apuntó la necesidad de superar la visión político-electoral porque “la dignidad no es un problema electoral”. Por su parte, María José Pizarro subrayó la necesidad de “desescalar la violencia y pasar al diálogo para escuchar a los jóvenes”.

  

Para Alejandro Lanz, Colombia está en medio de una “transformación profunda de un poder que se está perdiendo por parte de quienes nos han gobernado en los últimos 20 años” y estamos viviendo lo violenta que puede ser esa transición, por lo tanto “el esfuerzo que tenemos que hacer es desescalar la violencia en este proceso de transformación”.  

Santiago Garcés, investigador del Cinep, resumió algunas ideas trazadas en el Diálogo Cinep resaltando la solicitud de “tipificar de manera adecuada los actos del servicio policial, la necesidad de una mayor trazabilidad en las órdenes en la Fuerza Pública, un proceso de desmilitarización de la Policía”. Además, invitó a no enceguecernos en la necesaria labor de denunciar los abusos, y no olvidarnos de ver también la fuerza y la esperanza ante las perspectivas de cambio político que la movilización actual está abriendo. 

Encuentre el conversatorio en Facebook: https://www.facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz/videos/5956944857656913/ 

En Youtube: https://youtu.be/IJRaFPhZ19w 

*Cifras con corte a junio 2 de 2021.

Por Juanjosé Gutiérrez y Katalina Vásquez. Equipo de Comunicaciones del Cinep / PPP