Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

El veinte de julio pasado inició una nueva legislatura del Congreso de Colombia, con la esperanza de que realmente tenga un papel pertinente en tiempos de covid-19. Pues, hasta el momento, como lo analiza la Misión de Observación Electoral -MOE-, en un reciente informe, el Congreso se volvió un espectador de las medidas adoptadas por el Presidente de la República, no actuó como un órgano de control político y se limitó a ser un apéndice del Gobierno.

El Informe de la MOE agrega que, durante la última legislatura, el Congreso no contó con una adaptación rápida al contexto generado por el Covid-19, lo que no permitió una formulación de propuestas dirigidas a enfrentar la emergencia.

Nos recuerda este informe que, adicional al control judicial realizado por la Corte Constitucional, el Congreso de la República está llamado a realizar un control político al Gobierno nacional respecto a la declaratoria del estado de emergencia y el correcto ejercicio de las facultades excepcionales que le son otorgadas por la Constitución Política. Sin embargo, debido a las controversias generadas sobre la forma en que debía sesionar el Congreso, si eran válidas o no las sesiones virtuales o si necesariamente tenían que ser presenciales, se perdió tiempo valioso para ejercer un control dinámico y efectivo a las medidas adoptadas en el estado de excepción y no generó respuestas a la crisis desde las demandas de la ciudadanía. No hay duda que, el momento que atraviesa nuestro país requiere más que nunca del correcto funcionamiento del Congreso. Más que nunca su trabajo debe ser eficiente y eficaz, pero todo quedó reducido al formalismo y a los mecanismos metodológicos de cómo sesionar, desatendiendo lo que los ciudadanos necesitan: legislar para solucionar los problemas acuciantes de semejante pandemia.

A esto se agrega los debates sobre los acuerdos interpartistas para elegir al nuevo presidente del Congreso y de cómo en esto se favorece más las conveniencias que las calidades profesionales, políticas y éticas de los candidatos. Para el caso actual, el acuerdo interpartidista para elegir la presidencia del Congreso, promocionó el nombre de Arturo Char. Según el analista León Valencia, el señor Char está señalado por Aida Merlano de participar en la trama de corrupción que la llevó a la cárcel y también de haber participado en la burlesca fuga que protagonizó la condenada. Igualmente, la Corte Suprema adelanta una indagación. A pesar de ser un impedimento ético indiscutible su opción está en pie. Pero si esto fuera poco, añade Valencia, la organización “Trabajen Vagos” le registra, a Char, ciento cuarenta y nueve inasistencias al Congreso entre los años dos mil catorce a dos mil dieciocho. Es decir, ¿una persona que no tomó en serio su responsabilidad como congresista, metido en deshonestas investigaciones judiciales, es quien ha sido tenido muy en cuenta para orientar las labores del Congreso? En Colombia seguimos utilizando los cargos públicos para alimentar los bolsillos propios y para desarrollar el más desvergonzado clientelismo político; mezclado con negocios legales e ilegales, que a su vez están defendidos por las armas de grupos ilegales y algunos sectores armados legales.

Necesitamos en Colombia una nueva visión y práctica del papel del Congreso como el espacio de poder que legisla, que elabora las leyes que nos gobiernan. En consecuencia, debería ser el escenario por excelencia de la participación y de la democracia de una nación. Por eso, es indispensable y estamos en mora, desde hace ya décadas, de corregir el rumbo del Congreso, ponerlo al servicio de la construcción de un país diverso e incluyente, limpiarlo de las elites clientelistas y corruptas que lo utilizan para sus beneficios egoístas.

El Papa Francisco en el mensaje para la celebración del Día Mundial de la Paz del año pasado expresó: “Sabemos bien que la búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. La política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre, pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación y destrucción".

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General CINEP/Programa por la Paz

El CINEP/PPP, y otras organizaciones de la sociedad civil internacional acompañan la Misión por la Vida y por la Paz a la Orinoquía y Llanos Orientales e instan a los Gobierno Nacional y Departamentales a brindar garantías a las personas y organizaciones participantes.

Las organizaciones de la sociedad civil internacional que suscriben el presente comunicado acompañamos la Misión por la Vida y por la paz a la Orinoquia y los Llanos Orientales en los departamentos de Meta y Guaviare convocada por un muy importante grupo de organizaciones de la sociedad civil colombiana, defensoras de derechos humanos, articuladas en la Red Llano y Selva.


Con el objetivo de verificar y documentar la grave situación humanitaria y de riesgo que viven las comunidades, los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, intensificada por las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional por la pandemia del COVID-19, por la presencia y actuación de diferentes grupos armados y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.


Como Organizaciones Internacionales de sociedad civil estaremos atentas al desarrollo de esta iniciativa que tendrá lugar entre el 18 y 27 de julio de 2020 y exhortamos al Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales de Meta y Guaviare a garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos, reconocer el carácter humanitario de la misión y respetar el Derecho Internacional Humanitario.


Espacio de Cooperación para la Paz.  

 

A continuación el comunicado completo: 

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

La violencia sexual es un delito perverso y repugnante que se ensaña especialmente contra las niñas y mujeres jóvenes en Colombia. Según Medicina Legal, los delitos sexuales en el país se han mantenido por encima de los veintiún mil casos anuales en los últimos diez años. En dos mil dieciocho llegó a la alarmante cifra de veintidós mil setecientas ochenta y ocho denuncias. Es decir que, cada día, sesenta y dos niños, niñas y jóvenes entre los cero y diecisiete años, fueron abusados. Las niñas llevaron la peor parte; representan cerca del ochenta y cinco punto cinco por ciento de las denuncias. Actualmente, cada día de cuarentena son abusados sexualmente veintidós niñas y cuatro niños. Además de los reprochables hechos que con frecuencia suceden en el círculo familiar cercano, están los casos generados por integrantes de instituciones escolares, deportivas, de iglesias de distintas denominaciones, de la fuerza pública y de los actores armados ilegales, en medio del conflicto armado que aún vive el país. Infortunadamente, es un fenómeno tan recurrente que no se puede reducir a unos casos aislados, este problema es más profundo y estructural de lo que difunden los medios.

Pero lo más indignante y doloroso es que el noventa y ocho por ciento de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes están en impunidad, según lo expresa la directora del Instituto Colombiano de Bienestar familiar. La acción de la justicia es ineficiente y muchas veces normaliza y excusa estas conductas. La repetida impunidad, desalienta a las víctimas que ven como una y otra vez son revictimizadas en los procesos. Preguntémonos: ¿Cómo transformar la cultura machista y patriarcal que ha sido parte de la generación de este fenómeno? ¿Qué pasa cuando quienes deberían educar, proteger y defender los derechos de los menores son quienes los vulneran?

Las consecuencias que se derivan del abuso sexual a menores son múltiples: embarazos precoces y no deseados; aislamiento de las niñas; abandono del proceso escolar; exposición a trabajos precarios y se perpetúa el círculo del abuso sexual violento. Esto sin contar con las consecuencias psicológicas, morales y físicas.

En este contexto se necesita redoblar esfuerzos y compromisos que van desde la aplicación de políticas públicas pertinentes para trabajar el fortalecimiento de las familias, hasta programas de educación sexual en la escuela, articulados a programas que entidades eclesiales y de sociedad civil lleven a cabo. Programas que garanticen la igualdad de género, el cierre de brechas para que las menores y jóvenes tengan mayores oportunidades y elementos para fortalecer sus decisiones y afrontar situaciones de vulnerabilidad. De igual manera es necesario apoyar cambios de fondo en la aplicación de una justicia que realmente aporte a la superación de la impunidad contra las víctimas inermes.

En el encuentro sobre la protección de los menores en la Iglesia, en febrero del año pasado, el Papa Francisco nos hace ver que estamos ante un problema universal que desgraciadamente se ve en todas partes. El abuso sexual a menores es una plaga universal y a la vez que confirma su gravedad en nuestras sociedades, no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia. No se puede comprender el abuso sexual a menores sin tomar en consideración que siempre es la expresión del abuso de poder. Debemos tomar medidas prácticas, científicas y sociales, pero también medidas espirituales que el mismo Señor nos enseña para vencer el espíritu del mal.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General CINEP/Programa por la Paz

El CINEP/PPP, y otras organizaciones defensoras de DD.HH. se manifiestan sobre el informe realizado por la Contraloría respecto al desvío del Arroyo Bruno, y su implicación en la garantía de derechos de comunidades Wayúu y afro que habitan en la zona. 

La Contraloría General de la República radicó ante el juzgado de seguimiento informe de auditoría de cumplimiento sobre los aspectos ambientales relacionados con el desvío del arroyo Bruno en el marco del seguimiento a la sentencia SU-698 de 2017, que ordena la protección de los derechos al agua, soberanía alimentaria y salud de comunidades Wayúu, derechos que han sido vulnerados por la empresa Carbones del Cerrejón Limited, con la desviación de una importante fuente hídrica en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con los hallazgos, el informe obtuvo una calificación final que corresponde al rango de INEFICIENTE, encontrando un total de catorce (14) hallazgos administrativos de los cuales siete (7) tienen una posible connotación disciplinaria. Además, señaló que estas deficiencias impactan en el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Constitucional.

El órgano de control evaluó la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, Corpoguajira, quienes entre otras instituciones públicas conforman una mesa “inter-institucional” de la que absurdamente hace parte la empresa Carbones del Cerrejón. El informe de la Contraloría se concentra en el deficiente informe con el que las entidades y Cerrejón justifican mantener el arroyo Bruno desviado, en lugar de liberar las aguas hacia su cauce natural.

La Contraloría manifiesta que el informe de la mesa interinstitucional se desvía de lo ordenado por la Corte Constitucional, respecto a la medida provisional, y no se da “estricto cumplimiento a lo requerido en la Sentencia SU 698/17, en lo requerido por la Orden Octava”. En otras palabras, no existe por parte de la Mesa Interinstitucional una decisión de fondo, sustentada, y participativa para mantener el arroyo desviado, lo que significaría un desacato a lo ordenado por la Corte Constitucional.

Es de recordar que la Corte Constitucional había previsto que la medida de retornar las aguas hacia su cauce natural podría adoptarse si era necesario desde el punto de vista ambiental y en aplicación del principio de precaución para mantener la integridad del arroyo Bruno, mientras se realiza un estudio ordenado en la sentencia mediante el cual se pretenden abordar una serie de 7 incertidumbres o variables que no fueron tenidas en cuenta al momento de autorizar el desvío y la destrucción del arroyo.


De manera particular, la Contraloría hace un reparo sobre la falta del respeto a la cultura y espiritualidad del pueblo Wayuu. En su informe reconoce que:


“desconocer los derechos de las comunidades trae consigo una afectación o impacto a su cultura y una subvaloración de la relación espiritual que tiene la comunidad Wayuú, teniendo en cuenta que su interacción con la naturaleza no se da solo por estar al lado del Arroyo, sino que existen interacciones mucho más allá de la distancia; como ellos mismos lo mencionan "el pueblo Wayuú rompería su arraigo y esa comunicación que existe entre los de la montaña y los de abajo".


Es importante entender la interacción pueblo - ecosistema como un todo, y no limitarla a un espacio en sí, lo que demuestra una carencia en el verdadero conocimiento del territorio natural y de los beneficios ecosistémicos que ofrece. La comunidad Wayuú entiende el territorio, teniendo en cuenta elementos culturales y espirituales, lo que implica que el Arroyo sea visto como "un ser viviente, importante en su totalidad y no en fracciones o tramos"


La auditoría también cuestiona que la decisión de mantener el cauce desviado se orientó em alto grado desde un punto de vista netamente económico, y en esa vía, cuestionó la rigurosidad del empleo del Análisis Costo Beneficio como la herramienta más adecuada teniendo en cuenta los valores ecológicos que están en juego: “Los elementos ecológicos de un ecosistema altamente sensible, fraccionado y diezmado como el Bosque Seco Tropical, o en lo particular como el Arroyo Bruno con sus estructuras y funciones, cuentan con servicios ecosistémicos sin sustitutos para las comunidades, lo que significa que por más que se intente calcular su valor desde la perspectiva de la Economía de Mercado, este tenderá al infinito por sus características inconmensurables. Se trata de valores superiores que difícilmente podrían entrar dentro de la lógica de un Análisis Costo Beneficio.”

Los hallazgos administrativos con posible connotación disciplinaria dan cuenta de la frágil institucionalidad ambiental, y dan la razón a las comunidades en su histórica denuncia de la cooptación empresarial del gobierno en las decisiones públicas que, menoscaban derechos y condenan poblaciones mientras favorecen empresas multinacionales. Una muestra de lo anterior se sintetiza en algunos elementos alertados por la Contraloría, respaldando lo denunciado en un sin número de ocasiones por las comunidades:

  1.  Recalcó la gravedad de que la Mesa Interinstitucional hubiese concluido no retornar las aguas del arroyo a su cauce natural y mantener el desvío con base en información débil, superficial, deficiente y parcializada, sin generar espacios de participación, ni considerar el daño irreversible que puede significar a la población que interactúa con dicho ecosistema.
  2. Resaltó que el informe con el que se sustenta mantener el desvío falta información frente al monitoreo del cauce natural, de las aguas subterráneas, los acuíferos, la fauna y flora afectada en el cauce natural.
  3. Insistió que lo observado representa un riesgo de asimetría y posibles riesgos morales con la información dado que el desarrollo del informe de la mesa se soporta en documentos e información predominantemente aportada por la misma empresa Cerrejón Limited.
  4. Confirmó y reiteró que las entidades y empresa desconocen lo ordenado por la Corte Constitucional en términos de la participación de las comunidades.
  5. Reconoció que no se han establecido por parte de la empresa medidas de compensación que realmente subsanen los impactos de la intervención de áreas de gran valor ecológico. Lo cual para las comunidades es un imposible dada la irreparabilidad de los daños y la necesidad de proteger el arroyo de ser explotado.
  6. Reafirmó que el informe usa preferencialmente la información de la construcción y operación del canal artificial construido para la desviación, dejando de lado información sobre el curso natural del arroyo que fue afectado por la desviación.
  7. Resaltó la inobservancia sobre las ventajas y desventajas comparativas de retornar o no las aguas de forma temporal al cauce natural;
  8. Cuestionó que no se realizaron observaciones que se presenten y evalúen los beneficios ambientales y sociales de retornar temporalmente el flujo del agua al tramo de cauce natural, tales como la restauración de las condiciones naturales y sus beneficios que se han perdido.
  9. Insistió en que no se tuvo en cuenta las necesidades y requerimientos de las comunidades para la garantía de su derecho al agua, como tampoco lo relacionado a los riesgos del posible agotamiento del recurso hídrico local y regional por el proyecto de desviación y el avance de los tajos mineros.
  10. Subrayó que en ningún aparte del informe se suministran los datos de los caudales de oferta hídrica del arroyo a lo largo del año en su cuenca baja, los datos de los caudales de demanda de cada comunidad, no se aclara si estos se suplen o no con las fuentes relacionadas, tampoco se define el caudal ecológico del Arroyo Bruno y cuales son en definitiva las deficiencias o las condiciones de suministro de agua requeridas para las comunidades.
  11. Observó que con la construcción del nuevo cauce se originó la modificación del sistema hidrogeológico y reconoce que retornar temporalmente las aguas al cauce natural, implica la eventual restauración de las condiciones naturales y la recuperación de los beneficios ambientales que se afectaron o perdieron con la desviación.
  12. Recordó que Corpoguajira ha incumplido en la revisión, ajuste y/o modificación de medidas compensatorias establecidas a Cerrejón Limited ante las obras asociadas al desvío del arroyo Bruno que, habían sido identificadas por la Contraloría en una auditoría realizada en 2017. 

Lo reportado por la Contraloría respalda lo que se ha venido denunciando por parte de comunidades indígenas Wayúu, el pueblo afro, guajiro, organizaciones sociales, ambientalistas, académicas y defensoras de derechos humanos que durante años nos hemos opuesto al desvío del arroyo Bruno para el avance de la explotación de carbón por parte de la empresa Carbones del Cerrejón Limited con la venia de entidades del Estado Colombiano.


El arroyo Bruno no se puede reemplazar, seguiremos alzando nuestra voz para que no siga el desastre que han causado y que uno de los afluentes y tributarios del principal río en la Guajira, el río Ranchería, no sea explotado y destruido.

A continuación el comunicado completo: 

 

Más de un centenar de organizaciones sociales, comunidades y defensores de derechos humanos emitieron un comunicado este miércoles 8 de julio en respaldo del arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, que en una reunión virtual de la Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales dijo que el Gobierno estaba aplicando una “venganza genocida” contra los acuerdos de paz y el pueblo que los acompaña. En ese sentido, es relevante recordar que según denuncia el partido FARC, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 han sido asesinados más de 200 excombatientes.  

La declaración significó un pronunciamiento de la nunciatura apostólica en el que dice no estar de acuerdo con las afirmaciones del religioso, así como que tampoco comparte su visión respecto a la implementación del acuerdo de paz. No obstante, a la posición de Monsalve se unieron distintas organizaciones que ratificaron el análisis, y lo respaldaron llamándolo “artesano de la paz”. 

El caminante por la paz

Leyner Palacio, líder de Bojayá describe a Monseñor como una persona solidaria, sencilla, que comprende las realidades de las personas y que logra acercarse de forma muy fácil a la gente. Palacio destaca su compromiso: 

“Es impresionante ver cómo, cuando él identifica una vulneración de derechos humanos, se compromete con la solución de esa problemática”. 

Leyner sostiene que Darío Monsalve es un hombre que no tolera la injusticia y repudia cualquier actitud ambigua sobre la construcción de la paz. Por eso los califica como un artesano de la paz, una que construye de la mano de las víctimas, reuniéndose con los más vulnerables, pero también llevando sus mensajes a la institucionalidad. 

El líder de Bojayá asegura que Monseñor acogió el mensaje del Papa Francisco en el sentido de dar el primer paso para buscar una salida negociada al conflicto. “Darío Monsalve no ha dado un paso, sino varios y en distintas direcciones por la paz”, por ejemplo, impulsando acuerdos humanitarios regionales para que se respete a las comunidades más afectadas. 

Hay un grupo de obispos que se ha comprometido con la paz, Monsalve es uno de ellos

A propósito de la relevancia que han tenido grupos religiosos en la construcción de paz, acuerdos humanitarios y desescalamiento del conflicto, el sacerdote jesuita e integrante del CINEP/PPP Javier Giraldo explica que precisamente hay un grupo de obispos que está empeñado en esa labor, y Monsalve hace parte de ese grupo. “Yo lo conozco desde antes, pero desde que llegó a Cali asumió ese papel de constructor de paz en el sentido de estar comprometido con los grupos más vulnerables de la ciudad y todo el Pacífico”, afirma Giraldo. 

El genocidio, la hecatombe del Pacífico y la voz que amplifica el reclamo de las comunidades

En su comunicado, la Nunciatura manifiesta que se debe tener cuidado al usar el término genocidio en discusiones legítimas sobre las políticas de un gobierno. Sin embargo, Giraldo reclama que según el derecho internacional, el genocidio “es una serie de acciones que buscan destruir un grupo humano con identidad propia, por ejemplo, el grupo humano conformado por líderes sociales en diferentes regiones del país”. 

De acuerdo con esta posición, Leyner Palacio respalda las palabras de los religiosos en el sentido de calificar como genocidio al asesinato de líderes sociales, que solo en 2020, ya supera el centenar de casos. Además, declara la situación del Pacífico como una hecatombe cuyo reflejo se ve en Bojayá: “Hay más de 7 mil personas en confinamiento, es una zona de guerra y eso es contrario al deseo del 96% de los bojayaseños, que en 2016 dio un ‘sí’ a la paz”. 

Por esta razón, invitó a que más allá de criticar lo que Monseñor ha planteado, se revisen sus denuncias para que se corrija la situación humanitaria en la región y se evite que el Pacífico vuelva a vivir la crudeza de la guerra. 

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez.