Pasado un mes del Paro Nacional la "Campaña Defender la Libertad" ha registrado 5.320 vulneraciones a los Derechos Humanos, muchas de ellas recaen sobre la juventud colombiana que está  movilizándose por otra sociedad y otro mundo posible.

Una gran diversidad de jóvenes, mujeres y hombres, se resisten a un no futuro en Colombia. Las movilizaciones tienen un fundado arraigo en la exclusión, la desigualdad, la falta de oportunidades y la pobreza de muchos jóvenes en el país; más allá de la estigmatización de vandalismo criminal que el gobierno insiste en recriminarles.

Pero este injusto señalamiento va más allá de la estigmatización. Según la “Campaña defender la Libertad”, después de un mes de Paro Nacional, iniciado el 28 de abril de 2021, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos son de 5.320 vulneraciones, entre las que se encuentran: 59 homicidios, 32 de ellos fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, los demás fueron realizados por "civiles" sin identificar. 866 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, en particular por el ESMAD. 87 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas presuntamente por la Policía Nacional. 2152 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos. Según la Defensoría del Pueblo, son 89 personas desaparecidas; según la Fiscalía la cifra es de 129 personas, y según algunas organizaciones de derechos humanos, ascienden a 346 personas desaparecidas. Los números indican tendencias y no es lo central, un problema de fondo es que aterradoramente un alto porcentaje de estas violaciones recaen sobre la juventud colombiana. Están eliminando a la juventud, sus vidas, sus proyectos y sus sueños.

¿Pero qué es lo que reivindican los diversos grupos de jóvenes? La diversidad y pluralidad de estos grupos o individuos no da para una agenda única ni se trata de unificarla ni de homogenizarla, sería un gran error de lectura. Las nuevas generaciones tienen otro tipo de propuestas menos delimitadas y estáticas a lo que se suele llamar una agenda homogénea en los parámetros y comprensiones de los movimientos juveniles y de estudiantes de las décadas de los años 60 o 70 del siglo pasado. Hoy existen jóvenes mujeres, hombres y diversidades sexuales, que los reúne diversas y ricas iniciativas, imaginarios, sueños y redes artísticas, animalistas, ambientalistas, emprendimientos económicos, etc., donde las narrativas expresan que otro mundo y otra sociedad es posible. Es una crítica propositiva a los modelos económicos, sociales y políticos que han existido. Es una explosión no solo en contra de un tipo de sociedad mercantilista, rentista, excluyente, segregacionista y depredadora de la naturaleza, sino una propuesta donde la diferencia, la diversidad de sentidos, de seres, de culturas, de modos de vida de sexos y géneros pueden convivir y ser creativos. Pero igualmente, no es una propuesta sino múltiples y pluriformes propuestas que se encuentran, interaccionan, se tensionan y buscan nuevas formas de transformar conflictos y generar arreglos complementarios y colaborativos.

En estos momentos de Paro Nacional si se escucha el grito juvenil a fondo, las agendas buscan especialmente, los derechos al trabajo, al estudio a la salud, el cumplimiento del Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto armado, una nueva política pos-extrema derecha e izquierda armada, con estrategias de violencia donde los jóvenes son los primeros en perder la vida. Los jóvenes quieren diálogo y no guerra; quieren menos armas y más trabajo; quieren menos ignorancia y más libros; quieren menos autoritarismo e incumplimiento de acuerdos y más construcción participativa de una democracia incluyente que reconoce como una riqueza las diferencias. Un país liberado de los corruptos, de élites regionales y nacionales que viven muy bien. Los jóvenes sueñan en una nación donde se realicen los derechos humanos, donde los ciudadanos asuman sus responsabilidades políticas, donde el Estado cumpla con sus compromisos y donde vivir con justicia y dignidad sea un sueño posible.

 

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

 

Porqué es importante la visita de la CIDH en medio de los abusos policiales y violación a los derechos humanos a un mes del Paro Nacional en la opinión de Alejandro Angulo y Víctor Barrera, investigadores del Cinep / PPP.

Después de la lluvia de críticas al gobierno colombiano por negarse a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la canciller Marta Lucía Ramírez dio hoy luz verde para que este organismo arribe a Colombia el próximo 7 de junio. La visita había sido solicitada en medio del SOS por la preocupante situación de derechos humanos donde se suman decenas de muertos, cientos de desaparecidos y miles de casos de agresiones en medio del Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril y cumplió un mes de movilización y respuesta represiva que incluye, además de uso excesivo de la fuerza y armas de fuego como se evidencia en videos y fotografías divulgadas ampliamente en la web por organismos defensores de derechos humanos, ongs y ciudadanos, la participación de civiles con armas apoyados por los policías, la desaparición y quema de personas, y el posible uso de propiedades privadas para centros de reclusión y tortura.  

“No se han tomado las medidas urgentes que requiere la gravedad de los casos”, explica Alejandro Angulo, , fundador y actual investigador del Banco de Datos y Derechos Humanos del Cinep / PPP, recalcando la importancia de la visita de la CIDH. Para Víctor Barrera, del equipo Conflicto, Estado y Paz del Cinep, esta visita “puede salvar la vida de decenas y centenares de personas que van a seguir siendo víctimas de violaciones de derechos humanos”. 

“Sería un factor disuasivo en un contexto donde estamos viendo una violencia estatal desbordada”, anota Víctor quien la considera necesaria precisamente porque hay un escenario de “creciente impunidad donde los organismos de control están siendo inoperantes”. Además, el Congreso no está en ejercicio pleno de sus funciones, lo que configura un escenario donde no hay condiciones institucionales para limitar los abusos que se están presentando. 

Las intervenciones de la Cidh, tanto medidas cautelares, como peticiones, o visitas a los países, etc., son necesarias cuando las autoridades de los estados no han tenido la capacidad o la voluntad de garantizar los derechos humanos, frenar las violaciones y hacer justicia”, explica Alejandro Angulo.

“Por esa razón, las organizaciones de víctimas colombianas acudieron a estas instancias internacionales, dado que el Gobierno y el Estado colombianos no han puesto freno a la situación de graves violaciones de derechos humanos, a pesar de que ya ha pasado un mes desde que comenzó el paro nacional; por el contrario, continúa la vulneración de la vida e integridad personal de la población de forma sistemática por parte de la Fuerza Pública y de algunos particulares armados que han actuado con impunidad”, agrega Angulo, sacerdote jesuita. 

Para el investigador, negar o postergar la visita “es una señal inequívoca de que no hay voluntad política de remediar las causas del descontento popular ni de atender a sus justos reclamos de que se cumpla la Constitución” y  “da pie para pensar que hay intención de ocultar los hechos y maquillar la negligencia institucional. Recuérdese cómo, el gobierno dictatorial de Videla en Argentina también quiso postergar de la visita de la CIDH para realizar modificaciones en los centros de detención clandestina y trasladar a los detenidos a una isla, con el objeto de que la Comisión no se diera cuenta de las atrocidades que se estaban cometiendo”.

Según Angulo, es necesario insistir en la veeduría y acompañamiento internacional ante la crisis en Colombia. Por ejemplo, “en ocasiones anteriores de ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”) la mediación de los organismos internacionales ayudó a poner algún freno a estos crímenes”. Según Angulo, en este momento es vital seguir insistiendo en la presencia de las instancias del Sistema Regional de DDHH. 

“Colombia no puede esquivar la responsabilidad de defender los derechos y la dignidad de su población. La situación es demasiado grave cuando incluso los defensores de derechos humanos se sienten desprotegidos y algunos de ellos han resultado agredidos. Frente a la desprotección de su dignidad por parte de su propio Gobierno el pueblo colombiano tiene el derecho y el deber de recurrir a la ayuda internacional en la defensa de sus derechos básicos”.

Víctor Barrera concluye que “la Corte sería la instancia más adecuada para esclarecer cuáles han sido los eventos y los patrones en las violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional en circunstancias donde el Estado está desconociendo los registros de organizaciones gubernamentales y parece que no está ofreciendo cifras transparentes”.

Por: Katalina Vásquez. Equipo de Comunicaciones CINEP / PPP.

Cinep/PPP y otras organizaciones sociales de latinoamérica y Colombia expresan su rechazo a los casos de abuso policial presentados en el marco de la protesta social en Colombia, y exigen el respeto a los DD.HH. 

“Que la solidaridad entre los pueblos sea una garantía en la defensa de la vida y la justicia, que defender nuestros derechos no nos cueste la vida”

Las organizaciones sociales y personas firmantes, desde varios países nos unimos en solidaridad con el pueblo colombiano, con las y los manifestantes, que desde diferentes voces y sectores ejercen su derecho legítimo a la protesta pacífica. Jóvenes, mujeres, indígenas, campesinos, afrodescendientes, maestros, estudiantes, trabajadores, indignados e indignadas que hacen uso de la movilización social pacífica para elevar su voz, en el marco del Paro Nacional que vive Colombia desde el 28 de abril.

1. Rechazamos la militarización de las calles colombianas. El uso excesivo de la fuerza por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública es inaceptable, esto se constituye en una violación de derechos humanos.

2. Denunciamos los atropellos y las violaciones a los Derechos Humanos. La respuesta a la movilización social que resulta de múltiples crisis que afronta Colombia y nuestra América Latina no puede ser el abuso, las detenciones arbitrarias, las desapariciones, la violencia sexual y las masacres. Exigimos se respeten los protocolos de intervención y de acción en medio de la protesta social, teniendo en cuenta los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad.

3. Resaltamos la importancia de evitar estigmatizaciones de las y los manifestantes, en especial por parte del funcionariado público y llamamos a todos a desistir de la violencia. Las exigencias en el marco del Paro Nacional en Colombia son legítimas, en tanto buscan la vida digna en el país, la protección de los territorios, la lucha contra las causas que han agudizado el empobrecimiento en estos tiempos de pandemia y el incumplimiento de los acuerdos de paz.

4. Pedimos a los organismos internacionales de Derechos Humanos, al movimiento internacional de Derechos Humanos, a la comunidad diplomática, a las instancias de la ONU y la OEA que le exijan al Estado colombiano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales frente a su deber de garantía y protección de la vida, integridad, libertad y derechos de quienes hacen uso del derecho legítimo a la protesta y la movilización social.

5. Instamos a todos los actores políticos colombiano y, en particular al gobierno, trabajar por una salida democrática e inmediata a la crisis, en estricto apego al ordenamiento jurídico nacional e internacional. Es fundamental atender las justas exigencias de las poblaciones, que no se reducen al retiro o aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria y de impedir la avanzada de proyectos de ley que atentan contra los derechos humanos.

6. Abrazamos a las víctimas de la violencia y de los crímenes de Estado, exigimos que se haga justicia y que no queden en la impunidad. Es urgente una misión humanitaria en los territorios más atropellados, como en Cali, Bogotá y el suroccidente colombiano.

Para quienes defendemos la tierra, el territorio, el ambiente como fuentes esenciales de la vida, es nuestro deber alentar a que se tomen medidas en favor de la dignidad humana y que se rompan los ciclos de violencia, criminalización y estigmatización.

Hoy nuestra solidaridad es con el pueblo colombiano, porque mañana puede ser con el pueblo guatemalteco, boliviano, brasileño, hondureño, nicaragüense, peruano y con toda Nuestra América Latina y el Caribe.

Que el clamor e indignación de los pueblos no nos sea indiferente y que defender nuestros derechos no nos cueste la vida.

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Artículo 1, Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, ONU).

Fundación Ecuménica Para El Desarrollo y La Paz - FEDEPAZ (Perú)

Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA (Perú)

Comissão Pastoral da Terra (Brasil)

Apoio - associação de auxílio mútuo da região leste (Brasil)

Associação Semeando Saúde e Vida (Brasil)

Frente de Luta por Moradia (Brasil)

Grito dos Excluídos Continental Movimento se defesa do Favelado regiao episcopal belem (Brasil)

Rede Jubileu Sul Brasil Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil (MST)

María Elizabeth Moreno (Colombia)

Fundación San Alonso Rodríguez SIEMBRA

Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial (Colombia)

Derechos Humanos Sin Fronteras - Perú

Centro Hondureño de Promoción Para el Desarrollo Comunitario

Centro de Investigación y Educación Popular CINEP- (Colombia)

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador

Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas - FGER

Equipo de Reflexión Investigación y Comunicaciones (ERIC-SJ)

CAFOD

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos - CALDH

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Este 19 de mayo conmemoramos 24 años desde el asesinato de los investigadores de Cinep/PPP Mario Calderon y Elsa Alvarado, así como del padre de Elsa, Carlos Alvarado. Su vida y luchas siguen en nuestra memoria.

Mario Calderón y Elsa Alvarado fueron dos luchadores por la paz, el medio ambiente y la justicia en Colombia. Eran investigadores del CINEP y dicen sus compañeros que eran la pura alegría y ganas de cambiar el país. Enamorados de la vida concibieron a su hijo Iván y lucharon con muchas comunidades por una vida más digna.

Mario, Elsa y el padre de Elsa, don Carlos Alvarado, fueron asesinados en su casa el 19 de mayo de 1997. La familia de Elsa y Mario se reunieron para celebrar el día de la madre y fueron asaltados por sicarios paras. La abuela y el pequeño Iván sobrevivieron y hoy son símbolo de la fuerza y el amor.

Elsa, Mario y Don Carlos siguen en nuestra memoria y viven en la llama de la lucha que hoy se enciende en Colombia.

Por: Comunicaciones CINEP / PPP.

 

Organizaciones de Colombia y Guatemala solicitan una audiencia pública a la (CIDH) sobre la criminalización contra defensoras y defensores del territorio, la tierra y el ambiente en el marco de la pandemia.

Veinticinco organizaciones sociales de Colombia y Guatemala solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia en su próximo período de sesiones que se desarrollará virtualmente del 21 de junio al 2 de julio. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH (Guatemala) y el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP / Programa por la Paz (Colombia), en alianza con otras ongs, dirigieron la solicitud a María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la CIDH en Washington, desde abril pasado. 

“En Guatemala y Colombia, la criminalización contra defensores/as de derechos al territorio, la tierra y el medio ambiente en contextos de transición como un fenómeno regional, es parte de un continuum de violencia que no terminó con la firma de los Acuerdos de Paz, sino que más bien mutó de manera considerable”, alertan los solicitantes de la audiencia que tiene por objeto  poner en conocimiento de la CIDH la grave situación de criminalización en contra de las personas defensoras de derechos al territorio, la tierra y el medio ambiente, en los países de Colombia y Guatemala, así como sus implicaciones en el marco de la pandemia generada por el Covid-19. 

Las organizaciones buscan presentar casos concretos de las graves situaciones y vulneraciones de derechos humanos en ambos países, a través de patrones sistemáticos de los procesos de criminalización de líderes/as, dirigentes comunitarios, étnicos, campesinos y defensores/as de derechos humanos, que reclaman y reivindican el legítimo derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente en Guatemala y Colombia. Y para ellos, primero, expondrán la caracterización y delimitación del fenómeno de la criminalización contra comunidades campesinas y afrodescendientes, pueblos indígenas y defensores del derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente y, su impacto en el marco de la pandemia generada por el Covid-19. Y en un segundo momento, mostrarán los principales patrones en los cuales se explica el aumento de la criminalización y su correlación con la vulneración de derechos fundamentales de las personas defensoras del derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente

En la solicitud se alerta sobre la preocupación por la violación a los derechos fundamentales a la protesta social, la libre expresión, y la defensa de los Derechos Humanos en Colombia y Guatemala en el marco de estados de excepción ocasionados por la pandemia, así como la expansión sin precedentes de las actividades extractivas como la minería, la extracción de hidrocarburos, la agricultura a gran escala, los monocultivos y la deforestación. 

Durante el año 2019 Colombia fue el país donde más se cometieron asesinatos contra defensores del medio ambiente en el mundo, y Guatemala el sexto, según informe de la ONG Global Witness de julio de 2020, señalan las ongs en la solicitud a la CIDH. 

A continuación la carta con la solicitud:

 

 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

Por: Comunicaciones CINEP / PPP