Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

La Minga indígena llegó a Bogotá el diecinueve de octubre tras varios de días de movilización desde el Cauca, a ella se unieron los estudiantes, las comunidades campesinas y afrocolombianas, así como colectivos culturales y de derechos humanos. Pero, ¿cuál era el propósito de la Minga? Los coordinadores expresaron que el objetivo central de ella era político y no precisamente reivindicativo, es decir, no se trataba de pedir cosas o beneficios, sino de hacer un llamado por la defensa de la vida, del territorio, la democracia y de la paz. Y esto, debido a cuatro puntos principales: el primero, los asesinatos de los líderes sociales, muchos de ellos indígenas. El segundo, el incumplimiento de los acuerdos de paz con las antiguas Farc; en tercer lugar, el incumplimiento de los pactos alcanzados en las pasadas movilizaciones del año pasado y, en cuarto lugar, la concentración de poder por parte del actual gobierno, debilitando la democracia y el Estado social de derecho.

Una meta de la Minga era preguntarle el presidente Iván Duque, qué había hecho para detener el baño de sangre que vive el departamento del Cauca en un año en un año que suma nueve masacres, con treinta y seis víctimas mortales. Además, con diez asesinatos de integrantes de organizaciones afiliadas a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria -Fensuagro-, cifra que hace parte de los setenta y seis homicidios de líderes que ya registra esta zona del país, afirmaban representantes de la movilización.

Pero a pesar del llamado de la Minga al diálogo, el presidente no accedió. La Minga buscaba crear un diálogo sincero desde sus territorios, como ciudadanos, como constituyente primario del Estado.

El presidente no se acercó, lo máximo que hizo fue enviar emisarios del alto gobierno, pero no escuchó en directo la voz de la Minga. El gobierno fue sordo y no estableció una relación directa para generar una conversación sincera y transparente entre diversos, para crear un camino constructivo que ayudara a debilitar alternativas de confrontación, desarmando los conflictos negativos, que solo llevan a represar los problemas, a no afrontarlos y a hundir a la gente en el dolor y la pobreza.

Si la Minga buscaba un diálogo directo con el presidente de Colombia, es porque lo reconocen como tal. El diálogo con la Minga, era una gran oportunidad. Pero de nuevo se desaprovechó y el Gobierno prefirió señalarla como una estrategia de los violentos y desconocerla.

Finalmente, la Minga dejó siete enseñanzas ejemplares: primera, la protección de bienes públicos, durante siete días no se conoció ningún acto de vandalismo o daño. Segunda: la limpieza de los lugares en los que se hospedaron los indígenas quedó impecables. Tercera: fue una movilización organizada tanto en Bogotá, como en su recorrido por las carreteras nacionales, sin bloqueos al transporte público. Cuarta: la guardia indígena estableció mecanismos para evitar las infiltraciones de personajes que pretendieran producir disturbios. Quinta: la minga mantuvo su propia movilización si bien apoyaron el paro nacional convocado por centrales obreras, Fecode y estudiantes, entre otros sectores. La sexta enseñanza se refiere al uso de canales democráticos para dar cuenta de los resultados políticos de la Minga a las comunidades. Finalmente, la séptima enseñanza se refiere a la distancia que tomó la Minga de los intereses partidistas.

En la carta encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco no dice: “los pueblos originarios no están en contra del progreso, si bien tienen una idea de progreso diferente, muchas veces más humanista que la de la cultura moderna de los desarrollados. No es una cultura orientada al beneficio de los que tienen poder, de los que necesitan crear una especie de paraíso eterno en la tierra. La intolerancia y el desprecio ante las culturas populares indígenas es una verdadera forma de violencia. Pero ningún cambio auténtico, profundo y estable es posible si no se realiza a partir de las diversas culturas, principalmente de los pobres”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

El Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP- presentó el seis de octubre pasado, en la Revista Noche y Niebla número sesenta y uno, un balance de la situación de derechos humanos durante el primer semestre del presente año 2020. La revista mostró la tendencia nacional de violaciones de derechos humanos, violencia política y Derecho Internacional Humanitario. El CINEP asume el derecho y la responsabilidad de proponer una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las víctimas ya que el desconocimiento, invisibilidad o negación de la violación de los derechos humanos y la violencia política que está ocurriendo en el país, blinda y favorece a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes.

El balance general muestra que los departamentos más afectados por hechos violatorios de derechos humanos, durante el semestre pasado, fueron en su orden: Bogotá, con ciento ochenta y dos casos, Antioquia con ciento ocho casos, Cauca con cuarenta y seis hechos victimizantes y Norte de Santander y Santander con cuarenta y cinco y cuarenta y tres hechos violatorios de derechos humanos respectivamente.

Sobre los presuntos responsables, el informe expresa que unidades de la Policía Nacional fueron las mayores violadoras de derechos humanos durante el semestre pasado, con doscientos noventa y seis hechos; seguidos de los grupos paramilitares con doscientos veintitrés violaciones de derechos humanos y en tercer lugar las tropas del ejército nacional con ciento seis hechos violatorios de derechos humanos. En tanto que grupos guerrilleros, entre los que están el ELN, el EPL y otros, cometieron ciento veinticinco infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario consuetudinario.

Dentro de los métodos de victimización más recurrentes resultan altamente preocupantes las detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional, quienes durante el semestre pasado realizaron ciento setenta y tres hechos. Hirieron además a cincuenta y nueva civiles y amenazaron de muerte, según la versión de las víctimas, a treinta y siete más.

Igualmente grave resulta ser el fortalecimiento del paramilitarismo, quienes amenazaron de muerte en ciento sesenta y tres ocasiones, ejecutaron a cuarenta y siete ciudadanos inocentes y realizaron ocho casos de tortura.

El CINEP en su apuesta por la vida reitera su gran preocupación por la crisis de derechos humanos vigente en Colombia, al reconocer que centenares de colombianos y colombianas siguen siendo victimizados, en un contexto en el que se fortalece la reedición de la violencia política y social, así como el incumpliendo de la implementación del Acuerdo de Paz y la sistemática persecución a líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos.

San Juan Pablo II en el mensaje para la Jornada Mundial por la Paz en mil novecientos noventa y nueve expresó: «Quisiera destacar que ningún derecho humano está seguro si no nos comprometemos a tutelarlos todos. Cuando se acepta sin reaccionar la violación de uno cualquiera de los derechos humanos fundamentales, todos los demás están en peligro. Si se ignoran o desprecian los derechos humanos, o la búsqueda de intereses particulares prevalece injustamente sobre el bien común, se siembran inevitablemente los gérmenes de la inestabilidad la rebelión y la violencia».

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

CINEP/PPP y otras organizaciones sociales envían una carta al presidente de Colombia Iván Duque para que acepte la invitación de la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio la Justicia y la Paz a conversar. 

Señor Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, 

La voz de la gente humilde le extiende su mano callosa y dolorida para que usted se siente con ellos y los escuche. La Minga busca abrir la palabra, creando diálogos sinceros desde sus territorios. Como Presidente de todos y todas los y las colombianas escuche la voz del constituyente del Estado mismo.

Presidente, acérquese, acoja, y escuche la voz de la Minga.

Permita que el genuino sentir de los pueblos indígenas, afro-colombianos y campesinos sea reconocidos, para que no sea usurpado por aquellos que aún depositan su fe ciega en el valor de las armas. Afirmar que estos ciudadanos son manejados y manipulados, es no reconocer su autonomía política y sus propuestas para vivir en un país en paz.

Los diálogos sinceros y transparentes entre diversos, generan un camino de construcción y debilitan las alternativas violentas, desarmando los conflictos negativos, que solo llevan al dolor y la pobreza de la sociedad.

Al ser usted el Presidente de todas y de todos, lo convocamos a que despliegue su capacidad de acción y, oriente al Estado para crear los espacios de diálogo pertinente y, así garantizar la protección de los derechos efectivos de los habitantes de nuestra golpeada ruralidad.

Si La Minga busca un diálogo directo con el poder Ejecutivo, con el presidente de Colombia, es porque lo reconocen a usted como tal. Esta Minga, Presidente, es una gran oportunidad y responsabilidad para avanzar en la dirección de la paz real, concreta, diversa, feliz, justa y para todas y todos.

Presidente, acérquese, acoja, y escuche la voz de la Minga.

A continuación, la carta completa:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

CINEP/PPP y otras organizaciones sociales, con la coordinación de la Comisión Colombiana de Juristas, elaboraron el informe El Riesgo de Defender y Liderar cuyo objetivo es aportar a la identificación de hechos victimizantes comunes y diferenciales que sufren las personas defensoras de DD.HH., así como reconocer y dignificar su trabajo. 

“El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia" es un informe sobre labor de las personas, comunidades y organizaciones que defienden derechos y reivindican las causas sociales en Colombia, en el cual se abordan las violaciones a sus derechos, documentadas entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020.

Se trata de un documento elaborado por veinte organizaciones nacionales y regionales, bajo la coordinación de la Comisión Colombiana de Juristas, con el objetivo de contribuir a la denuncia, visibilización, reconocimiento y dignificación de la defensa de los derechos humanos de las personas, comunidades, organizaciones y pueblos, desde los enfoques diferenciales y también a la identificación de pautas comunes y aspectos diferenciales en las violaciones a sus derechos humanos.

Temas del informe:

• Contexto: Análisis de condiciones de exclusión, desigualdad y vulnerabilidad de las mujeres, las personas LGBT, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas, denunciadas y visibilizadas por personas defensoras y por líderes y lideresas sociales, desde una perspectiva histórica y actual, e identificadas por organismos internacionales y regionales de derechos humanos y por algunas entidades estatales e instituciones gubernamentales.

• En el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2020, la base de datos de violencia sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas documentó 184 casos de violaciones de los derechos humanos de líderes, lideresas y personas defensoras. De estas 184 personas, 183 fueron asesinadas y una persona fue víctima de desaparición forzada. Como aspecto común a los asesinatos se identificaron las amenazas previas, algunas de ellas generalizadas contra determinado sector o comunidad, y otras selectivas, con nombre y apellido, haciendo alusión a la labor de los líderes, lideresas o personas defensoras.

• Enfoques y afectaciones diferenciales: Presentación de los aportes de ONIC, CNOA, Sisma Mujer, Colombia Diversa y del PUPSOC a través de un relato de luchas campesinas por la exigibilidad de los derechos en el Cauca. Estos procesos diversos constituyen referentes en la visibilización de los enfoques diferenciales, fortaleciendo desde distintas perspectivas la defensa de los derechos y exponiendo las dinámicas y modalidades de violencia contra las personas defensoras. Sus consideraciones permiten dimensionar los contextos en que confluyen diversos riesgos y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas defensoras en los territorios.

• A estas condiciones de vulnerabilidad se suman los riesgos a los que se encuentran expuestos quienes defienden la vida y lideran causas sociales, así como las múltiples discriminaciones que se focalizan en personas, comunidades y organizaciones y las afectaciones desproporcionadas en quienes defienden derechos y lideran causas sociales.

• Pautas comunes y aspectos diferenciales en las violaciones a los derechos humanos de los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, mujeres y personas defensoras LGTBI en Colombia, desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2019.

• Mediante el cruce de los registros y las bases de datos de las distintas organizaciones participantes, se constituyó una base compartida y consolidada de 396 violaciones de los derechos de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de los derechos humanos, correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. Del total de estos hechos, 392 casos corresponden a homicidios, el 98,99 % de las víctimas; y 4 corresponden a desaparición forzada, equivalentes al 1,01 % del total de víctimas.

• Componente regional: Propone una mirada a los territorios en los que habitan las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales, narrada por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de Antioquia, Cauca, Córdoba y Norte de Santander. En estos y otros departamentos, la violencia se ha agudizado con posterioridad a la firma del Acuerdo Final de Paz, presentándose de manera continua y reiterada y persistiendo en 2020.

• Según la base de datos en consolidación, la violencia contra los líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos entre el 1º de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 se concentró en 29 de los 32 departamentos que conforman el territorio colombiano, siendo Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, Caquetá, Norte de Santander y Córdoba los territorios más afectados. El panorama de violaciones de los derechos de quienes defienden derechos y lideran causas sociales, documentado por la CCJ entre enero y julio de 2020, muestra la continuación de las violaciones en estos departamentos y la focalización de las violaciones de los derechos en Huila, Chocó, Bolívar Caquetá Caldas, Boyacá, Tolima, Cesar, Arauca, Atlántico, Santander y Magdalena.

• Balance y respuesta estatal: Análisis de las acciones de las entidades estatales en materia de prevención y protección de las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales. El balance de la respuesta estatal y el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a exigirle al Estado garantías de seguridad y protección para quienes defienden derechos y lideran causas sociales en Colombia son parte del quehacer diario de las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en Colombia.

• Los seis aspectos abordados en el balance son: las garantías de seguridad en el Acuerdo Final de Paz (AFP); las herramientas de investigación y judicialización; el Plan de Acción Oportuna (PAO) y otras medidas gubernamentales; la criminalización de los líderes y lideresas sociales; los espacios de interlocución en materia de garantías; y las acciones jurídicas para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales

Algunas conclusiones:

• Las condiciones de marginalidad y exclusión, así como las causas, consecuencias e impactos del conflicto han sido denunciados por las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales, por sus pueblos, comunidades y organizaciones. Luego de estas denuncias continúan las amenazas, los asesinatos y las desapariciones forzadas, dando continuidad al ciclo de violencias contra quienes defienden los derechos y lideran las causas sociales.

• A los asesinatos y amenazas, que son las violaciones predominantes de los derechos humanos de las personas defensoras y que las cifras aún no reflejan fielmente, se suman el confinamiento, la tortura, el desplazamiento forzado, la violencia sexual basada en el género y la desaparición forzada. Este variado conjunto de violaciones de los derechos permite afirmar que persisten los altos niveles de violencia, que sus impactos continúan afectando a las personas, organizaciones y comunidades, y que es posible identificar diversas violencias acumuladas y focalizadas.

• Las lideresas y las personas defensoras LGBT se encuentran en situación de riesgo al ejercer su derecho a defender derechos. A lo anterior se suman las condiciones de discriminación, exclusión y las violencias marcadas por el género, orientación sexual, edad, pertenencia étnica, discapacidad y pobreza. Por ello resulta fundamental identificar estas afectaciones diferenciadas e incorporar los enfoques diferenciales en la documentación de los casos, así como en las medidas de prevención y protección y en las garantías de seguridad humana.

• Respecto a las lideresas y líderes de los pueblos afrodescendientes, los indígenas y el campesinado, su labor de defender derechos se ha focalizado en la exigibilidad de condiciones de vida digna y en su existencia como comunidades y pueblos. Cuando estos liderazgos son afectados se generan impactos que pueden llegar a afectar la existencia misma de estos colectivos y su permanencia en los territorios

Recomendaciones principales:

• Dar cumplimiento de manera concertada, eficaz e integral al enfoque diferencial étnico, territorial y de género del AFP, y en particular a las medidas y los mecanismos para la prevención de riesgos y la protección para personas defensoras, líderes y lideresas sociales con políticas adaptadas a sus contextos.

• Avanzar en la construcción de una política pública de desmantelamiento del paramilitarismo, como lo señala el AFP, que recoja la propuesta entregada por las organizaciones de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y conduzca al desmantelamiento efectivo de las estructuras políticas, económicas, socioculturales y militares de estos grupos.

• Articular y coordinar las iniciativas de la sociedad civil y los mecanismos existentes con anterioridad al AFP para la protección de los defensores y las defensoras y la promoción y defensa de los derechos humanos con el marco normativo derivado del AFP en materia de garantías de prevención, protección y seguridad humana.

El lanzamiento de este informe se puede ver en este enlace. A continuación, el informe completo:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Este 6 de octubre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 61 que evidencia un aumento progresivo en las victimizaciones desde 2019 y detalla como los territorios más afectados en el primer semestre de 2020 a Bogotá, Antioquia y Cauca; así mismo ubica como mayor violador de DD.HH. a la Policía. El caso de la minería de carbón, el ecocidio y el etnocidio en La Guajira también fue abordado revelando cómo, tras 40 años de explotación, no llega aún el prometido progreso.

El Banco de Datos presentó su habitual balance de Derechos humanos, DIH y violencia política en Colombia revelando que las regiones con mayor violación de derechos humanos en el primer semestre de 2020 fueron Bogotá D.C. con 182 victimizaciones; Antioquia, con 108 victimizaciones; y Cauca, con 46 victimizaciones.

Con la participación de Javier Giraldo SJ, Alejandro Angulo SJ, y Luis Guillermo Guerrero Guevara, director del CINEP/PPP,  se desarrolló un conversatorio y rueda de prensa virtual donde se socializaron los principales hallazgos de la Revista Noche y Niebla.

Según el Informe, la Policía fue el actor que más violó los derechos humanos, tomando en 2020 el primer lugar que en 2019 ocuparon los paramilitares. Este año el actor con más casos violatorios de Derechos Humanos ha sido la Policía Nacional con 296 hechos, seguida de los grupos paramilitares, con 223; y el Ejército Nacional con 106 casos. De las acciones perpetradas por las unidades de la Policía Nacional, se detalla que detuvieron arbitrariamente a 173 personas, hirieron a 59 civiles y amenazaron de muerte a 37 más.

En la conversación se llamó la atención sobre el aumento de las victimizaciones en el último año y medio pasando de 446 en el primer semestre de 2019, a 532 en el segundo semestre del año pasado. De enero a junio de 2020, las victimizaciones suman ya 609. Es decir, hay un aumento de 163 casos con relación a 2019. 

“¿Quién está matando de manera tan desenfrenada a líderes sociales, firmantes de paz y comunidades? En este país la justicia está aferrada a métodos trillados e inútiles”, expresó Javier Giraldo SJ durante el conversatorio.

También, se mostró preocupación por las acciones perpetradas por tropas del Ejército Nacional, quienes entre enero y junio de 2020 fueron responsables de 32 amenazas de muerte, 33 detenciones arbitrarias y 19 heridos y 4 casos de tortura. En cuanto a violencia político social fueron victimizados 192 líderes sociales de base en el primer semestre del año 2020. Las víctimas ahora son, en su mayoría, personas u organizaciones con menos visibilidad en los territorios.

De las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, la Revista Noche y Niebla no 61 documenta que los departamentos más afectados fueron: Cauca, con 103 infracciones; Bogotá, con 33 infracciones y Nariño, con 27 infracciones. Los que más infringieron el DIH fueron la guerrilla -incluye disidencias-, con 100 hechos; los grupos paramilitares, con 66 hechos; combatientes, con 36 hechos y el ELN, con 21 hechos.

Asimismo, 216 personas vieron vulnerado su derecho a la libertad. Por último, el Banco de Datos tuvo conocimiento de 4 victimizaciones por desaparición forzada e involuntaria y 6 victimizaciones por violencia sexual durante el semestre.

Minería y des-arroyo

María de los Ángeles García, de la Comunidad Afro de Manantialito y la Veeduría Akuaippa y Mónic López fueron las voceras de los pueblos de La Guajira que están viviendo las afectaciones de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.  

En La Guajira sufrimos la escasez de agua, de alimentos, y derechos por la empres Cerrejón”, aseguró María de los Ángeles García de la comunidad afro de Manantialito.

Mónica López Pushaina, vocera de la Comunidad Wayú aseguró que:

“La minería en La Guajira está acabando con nosotros”: 

¿Valen la pena las violaciones de los derechos humanos de la población del Cerrejón para obtener una ganancia económica de unos pocos afortunados? se preguntó el sacerdote Alejandro Angulo, del Banco de Datos.

Noche y Niebla incluye en esta edición un artículo regional preparado por el equipo de Interculturalidad del CINEP/PPP, el cual devela una vez más la incumplida promesa del desarrollo tras más de 40 años de explotación minera en La Guajira -uno de los departamentos más pobres de Colombia-. En la rueda de prensa las mujeres wayuú y afro detallan el etnocidio y el ecocidio que viven, tras 14 fallos judiciales que han rafiticado la vulneración de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos a la vida, al agua, a la salud, la consulta previa, la seguridad alimentaria, autonomía étnica, integridad cultural y la tierra, entre otros.

En el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día, lo suficiente para alimentar a 150 mil personas: El 40% de los cursos  de agua en ese departamento se ha perdido a partir de la actividad minera aumentando el estrés hídrico y la crisis de acceso al agua en un departamento que vive una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la pandemia del Covid-19.

Con Noche y Niebla, el CINEP/PPP ofrece una mirada de la difícil realidad de los derechos humanos en Colombia desde su aproximación, pues la misma violencia, los mecanismos del silencio y el silenciamiento de las víctimas, así como la impunidad instaurada, impiden recoger la totalidad de los hechos.


  

Por: Comunicaciones CINEP/PPP