Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

No hay una receta para construir la paz en Colombia, pero sí existen pistas inspiradoras para avanzar en su construcción. En este clima reflexivo de semana santa, propongo un decálogo para construir la paz:

Una primera pista es que la paz no es solo la ausencia de violencia. De nada sirve callar las armas si seguimos sumidos en la violación de los derechos humanos, en la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la exclusión, en una polarización decorada de ideología y en la violación al primer derecho, el derecho a la vida. ¿Si no hay vida, si no se respeta y dignifica la vida, para qué los derechos?

Una segunda pista: la paz se hace desde los territorios concretos. Es lo que llama el Acuerdo de Paz, la paz con enfoque territorial. Quiere decir que es diferente, hacer la paz en la Costa Caribe que hacer la paz en el piedemonte amazónico o en la Costa Pacífica. Y es diferente porque las regiones tienen sus propias historias: económica, de relaciones sociales de conflictos políticos; también tienen diferentes estructuras ecológicas y desarrollos ambientales; incluso, diferentes comprensiones de la vida, según las culturas indígenas, afrodescendientes, mestizas y campesinas que la habitan.

Una tercera pista para la construcción de la paz es que ella necesita de diversos componentes para su realización con sus particularidades territoriales a nivel social, político, cultural y ambiental; y dentro de una dinámica histórica en permanente cambio e incertidumbre, como lo ha demostrado la pandemia del Covid 19.

Una cuarta pista nos señala que la paz nace desde los territorios, pero a la vez debe ser una construcción en diálogo, en tensión positiva con el contexto nacional y global. No existen regiones aisladas especialmente cuando se trata de asuntos y procesos económicos y políticos.

Una quinta pista para construir la paz nos invita a pensar en cómo transformar uno de los factores que más ha deteriorado la sociedad colombiana: la continuidad de la violencia en las regiones y la presencia de actores armados ilegales fuera de la ley, algunas veces en connivencia con sectores de la fuerza pública.

Una sexta pista que impacta negativamente la construcción de la paz en el país es la inoperancia y la manipulación del poder judicial. La alta impunidad, de más del 95%, en los crímenes políticos; la politización y la falta de independencia de los entes judiciales, hace que los ciudadanos no crean en la justicia y más bien asuman hacer justicia por mano propia.

Una séptima pista para construir la paz es reconocer que en los territorios y regiones hay propuestas, existen alternativas que las fuerzas vivas locales han elaborado desde su conocimiento profundo de su propia realidad. La paz necesita reconocerse descentralizada de Bogotá y que las soluciones se tramiten en un diálogo positivo entre la región y la nación.

Una octava pista para la construcción de la paz es el fortalecimiento de las administraciones e instituciones gubernamentales locales y regionales. Se necesita una presencia efectiva, eficiente y eficaz del Estado, en cada uno de los territorios, generando una apropiación ciudadana del escenario político, como lo indica nuestra Constitución Nacional.

La novena pista para construir la paz propone uno de los puntos más difíciles de solucionar en nuestra sociedad, el desmonte de las economías ilegales, pero en especial el desmantelamiento de la perversa relación entre economías legales e ilegales, vulgarmente conocido como “el lavado de activos”. Si continua esta alianza no va a ser posible la paz.

La décima pista para construir la paz es el costo y la financiación para avanzar en su implementación. Tema esencial pero igualmente poco trabajado en profundidad y compartido con claridad.

El Papa Francisco en su visita a Colombia nos exhortaba con invitaciones a la construcción de paz así: “La búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. Que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares y a corto plazo. Quise venir hasta aquí para decirles que no están solos, que somos muchos los que queremos acompañarlos en este paso; este viaje quiere ser un aliciente para ustedes, un aporte que en algo allane el camino hacia la reconciliación y la paz".

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

Del 25 al 27 de marzo el Estado colombiano será juzgado por el genocidio político, la impunidad y los crímenes contra la paz, en la sesión 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se realizará en Bucaramanga, Bogotá y Medellín con transmisión virtual. 

El Tribunal Permanente de los Pueblos – TPP- es un espacio que la sociedad civil mundial promueve desde 1979. Es un tribunal internacional de opinión con sede en la Fundación Lelio y Lisli Basso (Italia),  y tiene sus raíces históricas en el Tribunal Russell sobre la guerra del Vietnam (1966-1967), y se fundamenta en la Declaración universal de los derechos de los pueblos proclamada en Argelia en 1.976.

La sesión 48º del TPP “El Genocidio Político en Colombia 2021” tendrá como jurados a Luciana Castellina (Italia), Daniel Feierstein (Argentina), Luigi Ferrajoli (Italia), Mireille Fanon-Mendès-France (Francia), Philippe Texier (Francia), Antoni Pigrau Solé (Barcelona), Esperanza Martínez (Ecuador), Andrés Barreda (México), entre otras personalidades internacionales. La Fiscalía del TPP estará a cargo de los juristas colombianos Iván Velásquez y Ángela María Buitrago, y el Estado colombiano será citado para su respectiva representación y defensa.

“La Colombia que hoy acude por tercera vez al TPP es una Colombia completamente perpleja frente al asesinato permanente, sistemático y sin perspectivas de detención de sus líderes sociales de base”, aseguró Javier Giraldo SJ en el lanzamiento del TPP. 

En el marco de esta sesión organizaciones sociales, étnicas, de víctimas, de derechos humanos y políticas denunciarán (i) las prácticas genocidas y en general el genocidio político, continuado y extendido que han sufrido sus miembros y colectivos a lo largo de su existencia; (ii) los crímenes contra la Paz ocurridos luego de la Firma del Acuerdo Final de Paz entre las FARC y el Estado Colombiano, y (iii) la impunidad y ausencia de Justicia frente a todos estos hechos.

Comunicado: Organizaciones y Movimientos Sociales reclaman al Estado colombiano a comparecer por genocidio político ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

Según su Estatuto, el TPP promueve el respeto universal y efectivo de los derechos humanos fundamentales y de los pueblos, examinando los casos de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidos por los Estados, por autoridades no estatales y por grupos u organizaciones privadas. A lo largo de las décadas, el Tribunal ha acompañado las transformaciones y las luchas de la época post-colonial, la afirmación del desarrollo del neocolonialismo económico, la globalización, la reaparición de la guerra, la migración, evidenciando la persistencia de grave crímenes, como los crímenes contra la humanidad, el medioambiente y el genocidio, sin que exista una jurisdicción competente a nivel internacional para prevenir y sancionar dichos crímenes.

Los tribunales de los pueblos no tienen implicaciones judiciales para quienes son sometidos (Estados, empresas, dirigentes políticos), sino que apelan a la conciencia ética de la humanidad para condenar graves violaciones a los derechos humanos y cambiar el rumbo de Estados y sociedades. En sus Sentencias, por lo tanto, el Tribunal no se limita a la aplicación de las normas existentes sino que destaca vacíos y límites del Sistema Internacional de protección de los Derechos Humanos con el fin de trazar su evolución.

Emisión en: youtube.com/TribunalPermanentedelosPueblosColombia2021 y facebook.com/TPPColombia2021   

También se emitirá en las Fan Page de Facebook de CINEP y organizaciones aliadas.

“Si hay una represa subterránea que se reedita constantemente para retomar los anhelos convergentes del pueblo, también hay una técnica fraudulenta patentada y siempre reeditada para frustrar y aplastar esas aspiraciones”, explica Javier Giraldo. Esta será la sesión número 48 de su historia y la tercera en Colombia, donde se contó con su presencia en 1991 (Sesión sobre La impunidad de los crímenes de lesa humanidad en América Latina) y 2006-2008 (Sesión sobre Las empresas transnacionales y los derechos de los pueblos en Colombia), y en algunas experiencias locales como el Tribunal Internacional de Opinión de Barrancabermeja en 1999 y el juicio ético contra el despojo en Puerto Gaitán, Meta en 2014. 

 A continuación el comunicado:

 


Esta semana sesiona el Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia

Después de meses de documentación de más de cuarenta casos, y de preparativos del Comité de Impulso del Tribunal Permanente de los Pueblos Colombia 2021, este jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de marzo, sesionará en el país este Tribunal de Opinión de carácter internacional que juzgará al Estado colombiano por las conductas de Genocidio político, crímenes contra la paz e impunidad, a lo largo de un siglo de nuestra historia. El Tribunal sesionará en Colombia a solicitud de 176 organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos y de  200 personalidades.

Las audiencias de presentación de casos del Tribunal que se desarrollarán durante estas tres jornadas, tendrán una modalidad semipresencial. Por razones de la pandemia solo estará en el país uno de los jurados y los demás recibirán los testimonios vía Internet. Las personas que presentarán los casos estarán de manera presencial en recintos preparados para tal fin con medidas de bioseguridad, y podrán ver en todo momento al jurado. De esta forma, se realizarán las sesiones en recintos con aforo controlado. 

El público puede seguir todas las audiencias por las redes del Tribunal:

Facebook:  https://www.facebook.com/TPPColombia2021 

YouTube:  https://youtube.com/c/TribunalPermanentedelosPueblosColombia2021 

En la página del TPP: https://yavieneeltpp.wixsite.com/yavieneeltpp 

En Inglés:  https://www.facebook.com/Colombia-Human-Rights-Committee-583191355399478/ 

En Francés: https://www.facebook.com/france.ameriquelatine/ 

El jurado del Tribunal Permanente Colombia 2021 está integrado por destacadas figuras del derecho, los derechos humanos y la academia a nivel internacional como el jurista Luigi Ferrajoli; el relator de Naciones Unidas para defensores, Michel Forst; el filósofo especialista en estudios sobre el genocidio Daniel Feierstein, la catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y sobreviviente del campo de concentración clandestino que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), Garciela Daleo; o la defensora de derechos humanos Mireille Fanon Mendès-France presidenta de la Fundación Frantz Fanon, integrante del Grupo de Trabajo de expertos para afrodescendientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ver perfiles completos de los jueces. Enlazar

Como fiscales del TPP actuarán la exfiscal Ángela María Buitrago y el exmagistrado Iván Velásquez, juristas colombianos de reconocida trayectoria que ya presentaron la acusación respectiva el pasado 26 de enero en la Sesión inaugural cuando el Tribunal Permanente de los Pueblos recibió el escrito y aceptó el juzgamiento al Estado colombiano por estas conductas.

Las audiencias de presentación de casos

Durante el primer día en Bucaramanga, el jueves 25, se presentarán 17 casos que ejemplifican el exilio como práctica social genocida, el genocidio contra el movimiento campesino, con ejemplos como ANUC-UR y CNA, San Vicente de Chucurí, Casanare y masacres paramilitares en Cajibío, Cauca. También el caso de las prácticas sociales genocidas contra el movimiento sindical como lo ocurrido con la USO, la CUT o Sinaltrainal, y contra partidos y movimientos políticos cómo la UNO y A luchar.

El día martes, 26 de marzo, la audiencia se llevará a cabo en Bogotá donde se presentarán ante el jurado 13 casos que constatan la sistematicidad del genocidio político como los históricos entre ellos la masacre de Las Bananeras y Santa Bárbara, así como los ataques contra las repúblicas independientes en los años 40. También se dará continuidad a la presentación de casos de prácticas genocidas contra movimientos políticos, los crímenes contra la paz cometidos contra organizaciones alzadas en armas que suscribieron Acuerdos de Paz, y otras prácticas genocidas transversales como la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

La tercera y última jornada, el sábado 27 de marzo en Medellín, se centrará en la presentación de 14 casos sobre genocidio contra pueblos indígenas y negros, la población LGBTI, el movimiento estudiantil, y la documentación del paramilitarismo como práctica social genocida.   

Ver la programación general. 

La importancia del Tribunal Permanente de los Pueblos

El Tribunal Permanente de los Pueblos hace parte de los Tribunales Internacionales que surgieron después de la segunda guerra mundial, conformados por connotados intelectuales como el filósofo Bertrand Rusell y Jean Paul Sartré en 1960, cuando juzgó los crímenes de guerra cometidos en la guerra de Vietnam. En América Latina ha estado conformado por personalidades como el escritor y nobel colombiano Gabriel García Márquez y el argentino Julio Cortázar cuando se juzgaron las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras. A pesar de que no cuenta con carácter gubernamental o estatal, el Tribunal es un escenario para investigar y juzgar aquellas violaciones de derechos humanos individuales y colectivas, que han sido ignoradas por los Estados, por lo que se ha convertido en un referente universal para el avance de los derechos humanos.

En Colombia sesionó en 1991 y en 2008 cuando juzgó la impunidad de las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica, así como el papel de las multinacionales en estas graves violaciones, respectivamente. Sus fallos constituyen un inmenso referente ético, político y jurídico en la medida en que se basan en el derecho internacional y sus decisiones son adoptadas en marcos jurídicos nacionales e internacionales. También son momentos de conciencia y opinión pública frente a fenómenos no siempre visibles o evidentes para la sociedad.

Durante esta sesión el Tribunal Permanente de los Pueblos juzgará el genocidio político contra amplios sectores de la oposición durante todo el siglo XX y lo corrido del siglo XXI en Colombia. Cabe señalar que la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio de 1948 sólo reconoció los genocidios étnicos o raciales, y excluyó la persecución política de esta categoría. No obstante, existen antecedentes históricos y desarrollos jurisprudenciales que permiten concluir la existencia de la práctica de genocidio político. En particular, en Colombia, las sucesivas prácticas de exterminio contra movimientos políticos como el Gaitanismo, A Luchar, Partido Comunista, Frente Unido, o la Unión Patriótica, pero también otros casos como el genocidio contra los pueblos étnicos, el movimiento campesino o sindical, casos que conocerá el jurado del TPP Colombia 2021, pueden ser considerados expresiones de este genocidio político. 

En el mismo sentido, el Estado colombiano será juzgado ante el TPP por crímenes contra la paz, que van más allá de la violación de los armisticios e incluyen acciones de las partes que vulneran la validez o la implementación de los Acuerdos, como matar o desaparecer a los firmantes. 255 firmantes de paz asesinados y más de 1300 líderes asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla de las Farc-EP y el Estado colombiano, indican que estamos repitiendo ciclos de violencia. En tal sentido, también se espera un pronunciamiento del TPP sobre la impunidad que, si bien no es un delito en sí misma, es la negación de un derecho de las víctimas consagrado en instrumentos internacionales de derechos humanos. 

La importancia que se reconozca como genocidio político las sucesivas e históricas violencias vividas en nuestro país consiste justamente en la comprensión adecuada del fenómeno, que el mismo sea reconocido por los mecanismos de justicia transicional –en particular la Justicia Especial para la Paz –JEP- y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad –CEV- en sus fallos e informes, y que su reconocimiento contribuya a la tipificación en el orden jurídico interno y al impulso de casos de graves violaciones a los derechos humanos que siguen en la impunidad, para que Colombia supere definitivamente estos ciclos de violencia y para que no se repitan nunca más. 

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó a finales de febrero, el informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia entre enero y diciembre del año pasado. Los resultados fueron graves y desalentadores. El país registró la cifra más alta de masacres desde el año 2014, fueron 76 casos, que dolorosamente implicó la muerte de 292 personas.

Colombia, un país en el que se han realizado más de una docena de diálogos de paz en más de tres décadas, un país donde se han construido iniciativas y diversas expresiones de paz en contextos locales y regionales, existe de manera compleja y contradictoria, más de una fuerza extrema con intereses económicos y políticos mezquinos cuyo objetivo es reeditar una y otra vez el conflicto armado, porque este conflicto les trae más y mejores dividendos a sus oscuros intereses.

A pesar de que la tasa nacional de homicidios disminuyó respecto del año 2019, en varios territorios del país se intensificó la violencia y aumentó el control territorial y social por parte de grupos armados ilegales y criminales, con nefastas consecuencias para los derechos humanos. La ausencia de una presencia integral del Estado, en regiones como Cauca, Chocó, Putumayo y Valle de Cauca y la incapacidad para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación; está llevando a que la balanza se incline a favor de los violentos. El informe advierte que un alto número de masacres y violaciones a los derechos humanos se presentó contra personas líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos, principalmente en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional, en donde prosperan las economías ilícitas que fomentan una violencia endémica. El informe destaca cómo la violencia causó desplazamiento masivo en varias regiones del país afectando a más de 25 mil personas especialmente en Antioquia, Chocó y Nariño. A esto se suman más de 74 mil personas que sufrieron confinamiento por las restricciones impuestas por los grupos armados y acciones de la fuerza pública, no propiamente por efectos de la pandemia. Finalmente, la Alta Comisionada de Derechos Humanos exhorta a redoblar esfuerzos en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz, para impulsar cambios positivos de índole estructural que contribuirán a mejorar los derechos humanos. Igualmente insta al Estado para que establezca una presencia integral a fin de contener la violencia en los territorios más afectados, prevenir el aumento del control territorial y social por grupos armados no estatales y criminales, proteger a la población y proveer servicios esenciales.

En septiembre del año pasado, ante los hechos que el informe de la Alta comisionada de Derechos humanos relató, los obispos expresaron: “Es desgarrador constatar la extensa lista de asesinatos y atentados que han tenido lugar en el país en los últimos meses. Las agresiones contra la vida y dignidad humanas son cada vez más atroces. Los Obispos reafirmamos que la vida humana es sagrada y que atentar contra ella es un crimen gravísimo y que no es posible alcanzar la paz si no se respeta y se defiende la vida. Demandamos de todos los que siguen generando violencia que pongan definitivamente fin a esta maquinaria de muerte y llamamos al pueblo colombiano y a las entidades gubernamentales a asumir un compromiso claro y valiente con la defensa de la vida”.

 

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

Víctimas y organizaciones rechazan el nombramiento de José Augusto Rendón como Defensor del Pueblo de Urabá por sus relaciones con despojadores de tierras en la región.

Reclamantes de restitución de tierras, víctimas de la violencia paramilitar y organizaciones sociales y de derechos humanos recibimos con absoluto desconcierto y desazón el nombramiento de José Augusto Rendón García como Defensor del Pueblo Regional en el Urabá, mediante la Resolución 298 de 2021.

Las acciones del señor Rendón García, que son ampliamente conocidas por la opinión pública en la región del Urabá y por quienes hemos tenido el infortunio de coincidir con él en los estrados judiciales, evidencian una actitud abiertamente mercenaria contra la restitución de tierras y los derechos de las víctimas del conflicto armado. Estos hechos, verificados y documentados incluso por la entidad hoy a su cargo, dan cuenta de cómo, en su calidad de apoderado de opositores, profirió “advertencias” sobre nuevos ciclos de violencia paramilitar en caso de que las víctimas se negaran a hacer acuerdos con los empresarios y siguieran impulsando procesos de restitución en la zona.

Sus representados en el pasado, a partir de un vínculo de estrecha confianza, tienen en común el ser compradores de tierras que fueron enajenadas mediante elaborados mecanismos de cooptación, coacción y violencia ejercida sobre campesinos y comunidades étnicas en una región dominada por la presencia de actores armados ilegales.

Así se destacan casos como el de la familia Argote, que en virtud de diversos procesos de restitución de tierras se ha visto condenados por la justicia a devolver tierras en el municipio de Chigorodó. Esta familia se destaca por la vinculación de algunos de sus integrantes a procesos judiciales, dada la cercanía comercial y funcional de sus empresas con organizaciones paramilitares para el manejo de sus finanzas.

El señor Rendón García ha fungido como apoderado judicial de Heriberto Salvador Romero Cortez y Luz Marina Maya, opositores reconocidos en un proceso de restitución individual que fue acumulado a la solicitud de restitución de derechos territoriales del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU). En el marco de la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo en 2014 a favor de COCOLATU, se destacan las intervenciones del ahora Defensor Regional que, además de desconocer de plano la naturaleza e importancia del proceso de restitución de tierras, fueron manifestaciones cargadas de hostilidad y de una intención claramente intimidatoria hacia las comunidades reclamantes.

A lo anterior se suman prácticas como la promoción de acuerdos entre reclamantes y los empresarios a los que representa y a quienes él trata como “campesinos”. Dichos empresarios actúan en contra de los derechos de los verdaderos despojados y buscan legitimar los procesos históricos que permitieron la presencia de actores armados y que terminaron por representar grandes beneficios para los empresarios del banano en el Urabá.

En consecuencia, este nombramiento debe ser catalogado como una afrenta hacia la dignidad de las víctimas y sus organizaciones quienes hemos luchado por décadas para recuperar el derecho a la tierra que fue usurpado entre otros factores gracias a un fenómeno de cooptación de la institucionalidad que pareciera estar destinado a repetirse en el presente.

Sobre este nuevo proceso de secuestro institucional en función del despojo hemos alertado en el pasado a partir de situaciones como la ocurrida en el año 2019 con el Juez Segundo de Apartadó, Alejandro Rincón Gallego, quien tuvo el descaro de agredir y amenazar a una mujer víctima por atreverse a reclamar las tierras de los bananeros en una audiencia en la que ese juez aseguró que la restitución de tierras era “la mentira más grande en Colombia”, o la entrega de la dirección territorial de la Unidad de Restitución de Tierras a Dayra Reina Hernández, otra reconocida defensora de opositores y declarada enemiga de la restitución.

El mensaje que nos transmite el Estado es claro en el sentido de consolidar en el Urabá antioqueño una receta antirrestitución que tiene como ingredientes a funcionarios públicos en la rama judicial, en los entes de control e incluso en la entidad creada por la Ley 1448 de 2011 para garantizar ese derecho, que están en función de entorpecer, retrasar e impedir los procesos y, lo que es peor, estigmatizar y amedrentar a los reclamantes de tierras.

La Defensoría del Pueblo debe responder por el riesgo a los derechos a la vida y a la integridad de los reclamantes que se deriva de la amenaza latente que representa el nombramiento de José Augusto Rendón García como Defensor Regional. Nada podemos esperar de una persona reconocida por desacreditar, mancillar y amenazar a las víctimas del conflicto en cabeza de una entidad cuya función es la salvaguarda de los derechos humanos; por el contrario, su probada connivencia y aquiescencia con los beneficiarios y protagonistas del despojo puede verse fortalecida con el acceso privilegiado a la información sobre las víctimas con la que cuenta el Ministerio Público que podrá terminar siendo utilizada con fines oscuros.

Una vez más, el Estado les ha fallado a las comunidades víctimas de la violencia paramilitar en el Urabá, una vez más el poder de las élites políticas y económicas ha demostrado ser la verdadera fuente de la institucionalidad que le da la espalda a los colombianos que reclamamos verdad, justicia y garantías de no repetición.

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

El gobierno de Iván Duque y la Fiscalía anunciaron que unificarán la cifra de líderes sociales y metodología de recolección de información, lo que generó rechazo en las organizaciones sociales. El padre Javier Giraldo, del Banco de Datos de  Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, asegura que ni Fiscalía ni gobierno generan confianza en los organismos de derechos humanos ni menos en las víctimas. 

Tras finalizar una revisión del Plan de Acción Oportuna (PAO), el presidente Duque anunció el pasado 3 de febrero que se acordó “una hoja de ruta para la unificación de la metodología y el levantamiento de información relacionado con el asesinato de líderes sociales teniendo como base fundamental las investigaciones que adelanta la Fiscalía General”. 

Históricamente, además de instituciones del Estado como Fiscalía o Defensoría del Pueblo, la sociedad civil ha llevado su propio registro riguroso de las violaciones a derechos humanos. Organizaciones como el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, INDEPAZ y Somos Defensores hacen seguimiento de los homicidios y ataques a líderes sociales con diferentes criterios y alcances regionales. Además de sus informes particulares, al finalizar 2020 varias organizaciones publicaron en conjunto el Informe El Riesgo de Defender y Liderar que aborda las violaciones a sus derechos documentadas entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020. 

“El Banco de Datos hace el esfuerzo que se puede por llegar al entorno más cercano de la víctima, los familiares, las organizaciones a las cuales pertenecía, y eso es lo que recogemos en la Revista Noche y Niebla”, explica el sacerdote jesuita Javier Giraldo. Y detalla que, ante la decisión del gobierno Duque, “desafortunadamente su política frente a los órganos de control y judicialización del Estado ha sido desastrosa porque ha nombrado como cabeza de las órganos (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría e incluso Contraloría) a amigos de él que comparten toda su visión de la realidad colombiana y la ideología uribista y por lo tanto, como órganos de control, de investigación judicial o disciplinaria realmente a mí no me merecen ninguna confianza”. 

“Si la investigación sobre el asesinato de líderes sociales se va a basar solamente en lo que ellos tienen, eso no le va a dar confianza ni a las víctimas ni a los organismos de Derechos Humanos”, asegura el padre Giraldo.

Para Javier Giraldo SJ, “la justicia, empezando por la Fiscalía, ha llegado a una degradación muy grande” y no tiene credibilidad, “además, cuando uno se mete en los procesos y analiza cómo están funcionando ve que de justicia jurídica tienen muy poco, es más bien una justicia política”. 

Adicionalmente, el sacerdote jesuita manifiesta que hay una pauta general para ir por la pista de quién disparó, pero no  por los responsables de los ataques y la violencia sistemática contra la población. “El último eslabón y el de menos interés es justamente el autor material, es como hacer una investigación sobre un revólver”, asegura.

(...) Una pista que daría más elementos para resolver este tipo de crímenes es revisar lo que hacía la víctima, todas las víctimas pertenecen a organizaciones de base, y esto puede dar luces sobre qué derechos defendía la víctimas y qué interés tenía el victimario en silenciarla”. 

Para Giraldo, quien acompaña organizaciones de víctimas desde hace cuatro décadas,  actualmente hay un giro en las formas sobre el asesinato de líderes sociales y tiene que ver con el anonimato de quienes cometen el hecho: “Hace un tiempo los pistoleros dejaban un rastro, un indicio, o actuaban a nombre de un grupo paramilitar o sicarial. Ahora no dejan ninguna pista”. En este momento, “el formato más común del asesinato de líderes sociales es que llegan dos pistoleros encapuchados en moto, disparan y se van. Ni siquiera quienes están alrededor de la víctima y vieron al encapuchado pueden dar testimonio de nada”.  El investigador explica que este giro al anonimato está pensado para que las investigaciones no lleguen a nada porque no dejan indicios.

Más allá de las cifras, la representante en Colombia de la ACNUDH Juliette de Rivero recalcó que “lo importante es prevenir los asesinatos y ataques en su contra”, y que “cada institución del Estado cumpla a cabalidad con su función, sea ésta de control, de investigación u otro, para proteger derechos y esclarecer, prevenir y sancionar estos crímenes”. 

En el primer semestre de 2020 la revista Noche y Niebla, registró un total de 100 lideresas y líderes sociales asesinados, en el mismo periodo de tiempo Somos Defensores contó 95 homicidios a defensores(as), mientras que INDEPAZ indica que en todo 2020 fueron asesinados 310 defensoras y defensores de derechos humanos. 

Por Juanjosé D. Gutiérrez  R. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP