Este jueves 23 de septiembre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 63 con el Informe de Derechos Humanos semestral producido el Banco de Datos y Violencia Política del CINEP/PPP que, entre otros, manifiesta su preocupación por el accionar de la Policía, presunto mayor violador de Derechos Humanos en el primer semestre del año con 926 víctimas.

El Banco de Datos y la Red Nacional de Bancos de Datos presentan a la opinión pública la Revista Noche y Niebla No 63, correspondiente al período enero 1 a junio 30 de 2021. Allí se documentan, caso por caso, las violencias políticas permanentes en Colombia durante el primer semestre del año, que evidencian la continuidad de prácticas sociales genocidas en Colombia, tanto en el contexto de los incumplimientos en la implementación del Acuerdo de Paz como en el Paro Nacional. 

“Denunciamos porque creemos que eso aporta a la protección de las víctimas”, aseguró Martha Lucía Márquez, directora del Cinep / PPP, al inicio de la rueda de prensa indicando que la institución “asume el derecho y la obligación de plantear una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos y DIH a nivel nacional, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las víctimas, ya que el desconocimiento de lo que ocurre blinda a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes”

“El estado de derecho se ha ido desmoronando cada día más. Lo que queda son las ruinas de un estado genocida”, aseguró el padre Javier Giraldo al inicio de la rueda de prensa y conversatorio que, con la presencia de una veintena de medios de comunicación, dio a conocer a la opinión pública el preocupante panorama de violencia socio-política en el primer semestre del año que consiguió documentar la Revista Noche y Niebla, aclarando también que dicho registro no pretende ser una estadística y es limitado incluso por las condiciones de terror y violencias en que las víctimas y testigos permanecen.

En la conversación desde la sede del Cinep / PPP en Bogotá se reveló que los departamentos con mayor violación de ddhh en el primer semestre de 2021 fueron Santander (304), Bogotá (149) y Cauca (107), seguidos de Boyacá (106), Cundinamarca (97), Valle del Cauca (84) y Antioquia (52). Los presuntos responsables de estas violaciones serían, en su mayoría, unidades de la Policía Nacional quienes, según los registros del Banco de Datos y la Red, causaron heridas a 358 personas, detuvieron arbitrariamente a 351; amenazaron de muerte a 137; torturaron a 38; ejecutaron extrajudicialmente a 26 ciudadanos, perpetraron acciones de violencia sexual contra 10 personas y desaparecieron a seis más. La mayoría de estas victimizaciones fueron cometidas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional dejando un total de 926 víctimas.

Entre abril y junio, meses de mayor intensidad del Paro Nacional, se presentaron la mayoría de lesiones físicas, amenazas y detenciones arbitrarias: se registraron 1388 víctimas de estas tres modalidades de violencia.

“Cientos de personas fueron capturadas y atacadas con gases lacrimógenos por parte del Esmad; hubo un desbordamiento de violencia en contra de los principios de un Estado Social Derecho; y misiones internacionales de observación a la violación de ddhh fueron testigos de la desaparición del estado de derecho en Colombia”, describió Giraldo, sacerdote jesuita fundador del Banco de Datos.

“El respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas fueron violados en todas sus expresiones político socioculturales”, agregó el padre refiriéndose a la represión vivida en el Paro Nacional que inició el 28 de abril y cuya evolución provocó que, lamentablemente, esta vez la Revista Noche y Niebla fuese más gruesa de lo habitual: se necesitaron más páginas para incluir el horror vivido por la población civil que recibió como respuesta a su ejercicio del derecho a la protesta un tratamiento de guerra y una violenta represión por parte del Estado. “Hubo y hay una cacería”, aseguró Giraldo.

El Paro Nacional de 2021 también se vivió en Boyacá. Diversos sectores de la población boyacense salieron a protestar exigiendo el cumplimiento de derechos como la vida, la salud, la educación, la alimentación y el ambiente; pero los manifestantes también fueron reprimidos por parte de la fuerza pública. 

En un ejercicio preliminar de documentación, se pudieron recopilar 22 casos de agresiones cometidas en el marco del paro nacional, que dejaron 106 violaciones de derechos humanos, lo cual hizo ubicar a Boyacá como el cuarto departamento con mayor número de violaciones de Derechos Humanos durante este semestre, precedido por Santander, Bogotá y Cauca.  

Se registraron detenciones, amenazas, lesiones y torturas en municipios como Sogamoso, Paipa, Duitama, Tunja y Monguí. Se resaltan casos de hombres que amenazan e intimidan a los manifestantes desde camionetas, jóvenes lesionados y torturados, como el caso del estudiante de Comunicación Social, Santiago Amaya, detenido, lesionado y torturado en Duitama el 1 de mayo de 2021, de dos personas con heridas oculares el 28 de junio de 2021 en Paipa, o las mujeres de Tunja agredidas el 15 de mayo de 2021 cuando salieron a protestar en rechazo a los abusos sexuales cometidos por la Policía Nacional en el marco del paro nacional.

Por su parte, Ana Milena Baquero Vega, víctima de crímenes de Estado e integrante del Grupo Memoria, Vida y Dignidad, y Gabriel Riaño, de la Mesa por la Salud de Boyacá, narraron las violencias sufridas histórica y recientemente en la región que, paradójicamente, muchos creen un remanso de paz. En Boyacá las prácticas de violación a los ddhh han sido sistemáticas y la respuesta que han recibido las comunidades que se organizan para exigir el respeto a sus derechos han sido, además de la represión violenta del Estado como se vivió en el Paro Nacional de este año, la desaparición forzada, las masacres como la del Páramo de La Sorna y las “ejecuciones judiciales”. 

Según la base de datos de Cinep/PPP, se han registrado alrededor de 143 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública y/o paramilitares, desde el año 1982 hasta el 2015 en el departamento de Boyacá, y se han documentado casos de 37 víctimas de desaparición forzada en los municipios se Miraflores, Zetaquirá, Páez, Campohermoso, San Eduardo, Berbeo, Boyacá, Chiscas, Puerto Boyacá, Pajarito y Guateque, de los que en su mayoría se tiene muy poca información.

Ana  Milena insistió en la necesidad de que los victimarios, entre ellos el Estado,  les pidan perdón y reconozcan públicamente su responsabilidad. Mientras tanto, Gabriel recordó que pese a que Boyacá ha sido fuertemente golpeada por el conflicto “ninguna de las regiones o municipios se priorizaron como PDET”.

“Debemos continuar la vigilancia a los responsables de la violación a la dignidad humana. Que exista una masa de gente que rechace estos crímenes y los denuncia y que tiene el valor de hacerlo indicando así que hay una conciencia clara de que esta forma de relación que es abusiva y violenta y que la justicia y no la fuerza es el camino para una sociedad amable”, indicó el padre Alejandro Angulo S.J. investigador del Banco de Dato subrayando que Noche y Niebla es una voz incansable por la justicia.

La directora de Cinep, Martha Márquez, recordó que “nos exigimos denunciar abiertamente las agresiones contra las víctimas del conflicto social y armado vigente en Colombia, vengan de donde vengan (... ) no  como notarios de la muerte, sino como ciudadanos comprometidos en la construcción de una sociedad diferente:  más justa y solidaria”. 

Encuentre la Revista Noche y Niebla No. 63 acá: https://www.nocheyniebla.org/?p=1744 

Encuentre la rueda de prensa y conversatorio en Youtube:

Encuentre una nota detallada de la revista acá: https://www.nocheyniebla.org/?p=1744&fbclid=IwAR2IEKsTTeh9_L9W4VkyHqTFB8hvKtPjlpZVglYM3JsQ3W1dJ1nWTelFYoE 

Escuche la lista de reproducción con algunos casos que presenta la revista en Spotify:

Por: Equipos Banco de Datos y Comunicaciones Cinep / PPP

 

Las organizaciones sociales de la Alianza Contra la Desaparición Forzada entregaron a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) -creada por el Acuerdo de Paz- el Informe sobre desaparición forzada en Guaviare y Boyacá este 5 de agosto. El informe completo es privado, sin embargo compartimos un resumen a continuación.

“Desaparición Forzada en Guaviare y Boyacá: consolidando el protagonismo de familiares y la comunidad en la implementación territorial del mandato de la UBPD” es el título del informe entregado a la UBPD este 5 de agosto de 2021, y fue elaborado durante tres años por la Alianza contra la Desaparición Forzada.

Las desapariciones registradas en este informe ocurrieron entre 1990 y 2018, aunque se recogieron datos para casos del periodo de La Violencia.

Y contiene información que se recolectó gracias a que las organizaciones pudieron reconocer y recorrer 41 espacios indicados por pobladores y familiares o documentados para investigaciones sobre violaciones de Derechos Humanos, correspondiendo 28 para el Guaviare, y 12 casos a la provincia de Lengupá, en Boyacá, que reúne los municipios de Berbeo, Campohermoso, Miraflores, Páez, San Eduardo y Zetaquirá. En total se registraron 50 espacios documentados con coordenadas exactas o relativas.

En la mayoría de los casos, la responsabilidad de las desapariciones reportadas en este informe (28) se atribuye a grupos paramilitares, 10 a las FARC-EP, uno al Ejército Nacional, 10 no tiene determinado un autor y sobre el caso del periodo de La Violencia se adjudica a los chulavitas.

El objetivo del Informe es identificar la violencia y el conflicto armado en los departamentos de Guaviare y Boyacá ha sido un proceso de largo aliento; así como la comprensión de sus dinámicas y el reconocimiento de las comunidades campesinas, indígenas y étnicas como sujetos de derechos para permitirse acciones de exigibilidad de derechos como mecanismo para contrarrestar las violaciones a los Derechos Humanos.

Este documento es un ejercicio de aproximación a los hechos de violencia sucedidos y relatados por los pobladores de los departamentos de Guaviare y Boyacá, entre ellos, los y las familiares de las víctimas de las personas dadas por desaparecidas, líderes y lideresas en los territorios, a partir de múltiples ejercicios originados en la confianza establecida con las organizaciones sociales y que permitió el acercamiento y la construcción de contextos y tejido social para la visibilización de las múltiples violencias ejercidas a lo largo de la historia por actores armados legales e ilegales. Este informe tiene la finalidad de dar a conocer a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) la información recolectada y analizada durante tres años con el objetivo de lograr la pronta localización, identificación y entrega digna de las y los desaparecidos en el departamento de Guaviare y en la Provincia de Lengupá, en el departamento de Boyacá. 

La investigación no pretende generar una tesis explicativa de las razones del conflicto, pero sí es una iniciativa para la creación de la memoria histórica a partir del diálogo directo con las organizaciones sociales y las víctimas en territorios a partir de la pedagogía popular usada en la metodología y el fortalecimiento de los procesos organizativos con el objetivo de construir tejido social para la búsqueda de la verdad.

La creación de conciencia colectiva sobre la responsabilidad frente al delito de desaparición forzada ha sido una valorable decisión por parte familiares de víctimas de desaparición forzada, el compromiso con el trabajo en la defensa de los Derechos Humanos y el trabajo participativo en las acciones humanitarias de localización y búsqueda ha sido un largo proceso que han tenido que caminar en soledad y olvido. Este informe es el resultado del trabajo conjunto entre las organizaciones ya mencionadas.

El informe en primer lugar aborda el análisis del contexto histórico de la Provincia de Lengupá, Boyacá y el departamento de Guaviare, en segunda medida, hace un profundo análisis de la desaparición forzada y de los hallazgos forenses en el desarrollo del proyecto, en el tercer punto, se realiza un recuento histórico de los casos recolectados por la Red de Bancos de Datos denominada la Cronología de la Agresión y finalmente, se realizan algunas recomendaciones. Boyacá: La Provincia de Lengupá. La Provincia de Lengupá en Boyacá, es un territorio conformado por los municipios de Miraflores, Páez, San Eduardo, Berbeo, Campohermoso y Zetaquira. Se ubica en la hoya hidrográfica del río Lengupá, se extiende desde el páramo de Vijagual hasta el inicio de los llanos orientales. Limita con la Provincia de Neira, Sugamuxi, Márquez, Valderrama y el departamento de Casanare. Es una tierra fértil donde se cultivan alimentos de clima templado, entre los que se destacan hortalizas, legumbres, caña de azúcar, café, plátano, frutas como chamba, gulupa, mora, pitahaya, entre otras.

El proyecto 

El proyecto “Desaparición forzada en Guaviare y Boyacá: Consolidando el protagonismo de familiares y comunidad en la implementación territorial del mandato de la UBPD” ha abierto la posibilidad de reconstruir el tejido social a partir de la solidaridad, la participación activa y la escucha. De los casos documentados, es evidente la inoperancia de instituciones del Estado que no han atendido sus denuncias, que no recepcionan su documentación y que impiden el acceso a la justicia. La documentación y acción de exigencia institucional abren la posibilidad para el 2021 que más familiares se sumen a este proceso en el que la atención eficaz y la búsqueda e identificación sean la prioridad.

La invitación a familiares de personas desaparecidas es a sumarse a estos procesos en los que se puedan tramitar los dolores propios de la ausencia y se genere organización alrededor de las exigencias de atención, identificación y búsqueda. La topografía y el paisaje majestuoso de la Provincia guardan en sus suelos cuerpos sin identificar, vidas e historias de familias que les buscan y extrañan, que no descansan bajo la zozobra que dejan las desapariciones forzadas: ¿qué le pasó? ¿dónde está? Ante esta realidad, la solidaridad es el hilo y la puntada para la recomposición del tejido social, en el que se motiva la participación a través de la identificación de lugares que, como el Alto de La Buenavista, para actores armados como los paramilitares en los 90’s y principios de 2000 fue un botadero en el que se lanzaron cuerpos humanos. Ante la barbarie, se han desarrollado siete peregrinaciones en este lugar característico de la cruda y cruel violencia que sucedió en la Provincia, en la que se generan exigencias y propuestas de reparación colectiva, así como la invitación de señalar aquellos lugares conocidos por ocultar cuerpos de personas sin identificar. 

Guaviare

Es un departamento de Colombia, epicentro del conflicto armado durante varias décadas, especialmente, en la década de los años 80’s y 90’s y la década del 2000. Por ser un departamento, donde se desarrolló la economía ilegal de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, y por ende los eslabones primarios del narcotráfico (cultivo, procesamiento de la pasta base de coca y el comercio local tanto de los precursores químicos para el procesamiento de la base de coca, como de la misma pasta de coca), así como un territorio donde hicieron y hacen presencia varios frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo (FARC-EP) y a partir del año 1997, la presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), provenientes del departamento de Córdoba y el Urabá Antioqueño. 

Los actores armados que históricamente han hecho presencia en el departamento del Guaviare, han sido en primer lugar los narcotraficantes quienes desde la década de los años 70’s generaron violencia y durante mucho tiempo victimizaron a la población, a través de asesinatos o los denominados ajustes de cuentas; fueron estas dinámicas las que justificaron la llegada al territorio de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (en adelante FARC-EP), quienes arribaron a comienzos de la década de los 80’s, entrando por la región del río Guayabero, caracterizada por ser una región histórica por su cercanía con La Macarena, Meta y en particular por la región del Pato Guayabero, lugar referente en los orígenes de esa insurgencia. 

Se estima que las cifras que tienen las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil son un subregistro de la situación del departamento, especialmente, con los casos de violencia sexual contra las mujeres y la desaparición forzada. Esto es consecuencia del terror que estos actores armados impregnaron en sus víctimas, la estigmatización social e institucional al que lamentablemente en la mayoría de los casos eran sometidas las víctimas como una forma de revictimización y de escarnio público, el cual conllevaba a que las víctimas tuvieran miedo y desconfianza para denunciar. 

Es importante resaltar que la sociedad civil a través de las organizaciones sociales y de víctimas han cumplido un papel importante y estratégico especialmente en la implementación del punto cinco del Acuerdo de Paz, a través de ejercicio de pedagogía sobre el funcionamiento del SIVJRNR y del mandato de los tres mecanismos, especialmente de la UBPD, a través de la metodología de talleres, y actividades que han permitido compartir con las víctimas de desaparición forzada y con referentes sociales y comunitarios claves en el territorio en los procesos de búsqueda y localización de sus seres queridos. 

Este trabajo, según explican los investigadores e investigadoras, ha contribuido para que los tres mecanismos puedan encontrar comunidades con niveles de conocimiento sobre sus objetivos, sus mandatos y funcionamiento. Lo anterior, a partir del establecimiento de relaciones de confianza, permitiendo compartir la información sobre los hechos de violencia y violaciones a los Derechos Humanos con ocasión al conflicto armado, la desaparición de sus familiares, posibles lugares de enterramiento de cadáveres, información sobre los presuntos responsables y así iniciar los procesos de búsqueda en el departamento.

La alianza es integrada por el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa Por la Paz (CINEP/PPP), el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (Colectivo OFB), la Corporación para la Vida, la Paz y el Desarrollo Sostenible (Vida-Paz) y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC) con la coordinación del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y la financiación de la Embajada del Reino de los Países Bajos.

Encuentra una entrevista sobre este informe en: https://www.instagram.com/tv/CSKl0sdpwBR/?utm_source=ig_web_copy_link 

Por: Equipo Comunicaciones y Banco de Datos de DDHH y Violencia Política del CINEP / PPP.

Acaba de ser publicada Suma Paz: La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado, la obra más reciente de Elvira Sánchez-Blake. En ella reconstruye a partir de testimonios de amigos y familiares la vida y el legado de estos investigadores del CINEP-PPP asesinados en 1997.

"Una historia de amor entre dos seres que amaron la vida, la naturaleza, y que murieron por defender el páramo de Sumapaz". Así describe el padre Francisco de Roux, actual presidente de la Comisión de la Verdad, el libro Suma Paz: La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado, del que además es autor de su prólogo.

El texto escrito por la comunicadora social-periodista Elvira Sánchez-Blake y publicado por Icono Editorial, reconstruye a manera de crónica literaria los últimos días de vida de Mario Calderón y Elsa Alvarado, la pareja de esposos e investigadores del CINEP-PPP asesinados a manos de paramilitares ordenados por Carlos Castaño, debido a su trabajo ambiental y comunitario en defensa de la reserva ambiental de Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca y donde además se encuentra el páramo más grande del mundo.

En la madrugada del 19 de mayo de 1997, hombres fuertemente armados ingresaron a la vivienda de la pareja en Bogotá y perpetraron el hecho en el que también murió Carlos Alvarado, el padre de Elsa que junto a su esposa Elvira Chacón visitaban a su hija para celebrar el día de la madre.

“En una investigación de cerca de tres años realicé más de 35 entrevistas y consulté diferentes documentos de entidades como el CINEP-PPP y la Comisión Colombiana de Juristas. Reuní todas estas voces de personas que conocieron a Mario y Elsa para construir el retrato más fiel posible de lo que fue su vida”, comentó la autora el pasado 21 de junio de 2021 en redes sociales del CINEP-PPP.

En la primera parte del relato la autora hace un repaso por las memorias de las voces que conocieron a los investigadores y destaca sus experiencias formativas, el encuentro como pareja y los proyectos que lideraron. En un segundo momento relata los hechos alrededor del asesinato y todo lo que posteriormente siguió: la reacción de sus amigos y familiares, así como el proceso judicial con énfasis en los aparatos criminales que se formaron desde entonces y que siguen vigentes. Por último, aparece la voz de Iván, el hijo de Mario y Elsa sobreviviente del ataque, que antes que víctima prefiere ser identificado como un agente activo en la construcción de una visión alternativa de país.

El trabajo social, los asuntos ambientales, los conflictos políticos, la esperanza y la juventud, son otros de los temas que aborda esta crónica que se convierte al mismo tiempo en el testimonio de amor y entrega por la sociedad de parte de una pareja de académicos.

Javier Giraldo S.J., investigador del CINEP-PPP y quien además tuvo la oportunidad de conocer y compartir con Mario Calderón, destacó la importancia de la labor investigativa y literaria de la autora. “Producto de su trabajo, Elvira logra plasmar en el libro un retrato fiel de lo que había en Elsa y Mario; unas vidas extensas y cuyo registro, que podría llevar volúmenes, logra sintetizarlas de una forma muy especial”, dijo.

A la luz de los hechos recientes en nuestro país relacionados con las movilizaciones sociales en el marco del Paro Nacional, la obra de Sánchez-Blake también se convierte en un llamado para que las instituciones y la misma sociedad civil respalden el trabajo de líderes sociales y defensores de derechos humanos que se ha visto amenazado de forma alarmante en el último tiempo.

Entre el 1 de enero y el 9 de julio de 2021, según el registro de Indepaz, han sido asesinadas 86 de ellas por su labor en la exigencia de una vida más digna para sus comunidades, además de 28 firmantes del Acuerdo de Paz. En total, serían más de 600 defensores de Derechos Humanos y la vida asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz y casi 300 hombres y mujeres que dejaron las armas.

Siga la entrevista de Elvira Sánchez-Blake con Javier Giraldo S.J., en nuestro canal de Instagram a continuación: https://www.instagram.com/tv/CQZAsyPJzH6/?utm_source=ig_web_copy_link 

Por: Comunicaciones CINEP / PPP.

Tras un recorrido  de ocho días por el país, la Misión SOS Colombia entregó su informe preliminar en el que documentó once patrones de violaciones a los derechos humanos durante el Paro Nacional, y donde exige garantías a la protesta y protección no solo a los manifestantes sino para la prensa, la misión médica y la defensa de los derechos humanos. 

Este lunes 12 de julio fueron presentados los primeros hallazgos y recomendaciones de la Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia, integrada por 41 delegados internacionales, entre ellos el Secretario General del Vaticano, quienes visitaron 11 regiones entre el 3 y el 12 de julio. 

“En algunos lugares del país, integrantes de la Misión se vieron hostigadas por la fuerza pública. Al mismo tiempo, cerca de los lugares donde estaba la Misión manifestantes fueron víctimas de asesinatos, agresiones oculares y se hallaron los cuerpos sin vida de jóvenes (Duván Felipe Barros Gómez y Alquimedez Santana en Bogotá y Cali, respectivamente) de puntos de resistencia que estaban desaparecidos”, señala el informe entregado por la Misión que acudió al país ante el llamado urgente de 10 organizaciones de la sociedad civil colombiana.

Además, “mientras la Misión se encontraba en Colombia, fueron atacados tres jóvenes afrodescendientes integrantes de las primeras líneas de Jamundí, quienes ejercían liderazgo en la Unión de Resistencias de ese municipio. El ataque se presentó el 6 de julio de 2021, el mismo día en el que los jóvenes participaron en una reunión con funcionarios públicos, entre ellos el secretario de gobierno del municipio (ex agente de la policía), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación con el fin de denunciar las graves violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional durante la protesta. Uno de los jóvenes fue asesinado y otros dos resultaron heridos. En esa misma semana, la Misión conoció tres casos de amenazas directas por parte de la Policía contra participantes de la primera línea y de la olla comunitaria de Siloé, incluido un amedrentamiento en el marco de un evento cultural convocado por quienes han liderado la manifestación en esta comuna de Cali”, describen los delegados y delegadas.

En rueda de prensa, los delegados y delegadas comenzaron por señalar que la Misión pudo constatar que, en el marco del Paro Nacional, se están utilizando técnicas de combate para aniquilar a la población civil que está manifestándose en las calles de Colombia. Y que identificaron tres actores principales responsables de las violaciones a los DD.HH.: La Fuerza Pública, paramilitares que actúan en connivencia con la Fuerza Pública y personas civiles armadas. 

El informe preliminar entregado por la Misión se señala que, aunque lograron documentar 180 denuncias directas agresiones físicas, persecución, hostigamiento y violación a los DD.HH desde que inició el Paro el pasado 28 de abril, “se debe advertir que existe un alto número de casos que no pudieron ser recogidos por la estrechez del tiempo y el terror a las consecuencias de testificar”. 

En el documento se describen once patrones de violaciones a los DD.HH. que pudieron ser verificados por el grupo de delegadas y delegados en sus visitas a Atlántico, Magdalena, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Cauca, Nariño, Santander, Quindío, Caldas y Valle del Cauca:

1) Homicidios selectivos.

2) Lesiones personales. 

3) Tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. 

4) Lesiones oculares. 

5) Agresiones con armas de fuego.

6) Violencias basadas en género. 

7) Violencia y tortura sexual.

 8) Detenciones arbitrarias e ilegales. 

9) Judicializaciones arbitrarias.

10) Desapariciones forzadas. 

11) Estigmatizaciones, señalamientos y persecuciones.

Lisa Haugaard, delegada de EE.UU. y co directora de Latin America Working Group, expresó que desde su organización “vamos a presionar fuertemente y ya estamos pidiendo un congelamiento en la cooperación de EE.UU. para la Policía hasta que haya realmente una reforma. Por su parte Félix Ovejero, delegado de España, resaltó la exigencia a la Unión Europea “que suspenda la venta de armamento militar y material antidisturbios” en virtud de los criterios de la misma comunidad sobre la exportación de armas. 

Con quiénes habló la Misión

Durante los 8 días de visita, la Misión se reunió con las organizaciones impulsoras desde Colombia y con las siguientes organizaciones: 

La Fundación para Libertad de Prensa (FLIP), la Mesa de Empresas y Derechos Humanos, representantes del Comité Cívico de Buenaventura, representantes del Movimiento Ambientalista, representantes del Movimiento Estudiantil, SISMA Mujer, Caribe Afirmativo y representantes de la Iglesia Católica. Además, se llevaron a cabo diálogos con representantes de entidades del Estado a nivel nacional (Defensoría del Pueblo) y de la Comunidad Internacional (Embajada de Alemania, Embajada de México, Embajada de Bélgica, Delegación Europea, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y la Misión de Verificación de Naciones Unidas. 

En la visita a regiones los delegados y delegadas se entrevistaron con integrantes de las Primeras Líneas, organizaciones sociales, comunitarias, juveniles, culturales, de Derechos Humanos, campesinas y colectivos de LGBTIQA+, y de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes y, con víctimas de la fuerza pública y así como, de los paramilitares; y se celebraron reuniones con representantes de las gobernaciones, alcaldías, Ministerio Público y Policía Nacional en algunos territorios.

Lisa Haugaard manifestó que la Misión fue testigo de la creatividad y la solidaridad en medio de la protesta, pero también de la fuerza con que ha sido tratada: “Los jóvenes nos mostraban las cicatrices de balas y otros proyectiles en sus cuerpos, también están experimentando un continuo hostigamiento de parte de la Fuerza Pública y otros actores”, afirmó durante la rueda de prensa

Preocupados por falta de garantías a la protesta

En el informe preliminar la Misión señala que “se observan organismos de control como instituciones débiles y cooptadas”, y evidencia una “omisión en sus funciones y falta de acompañamiento hacia personas manifestantes en los procesos de denuncia de violaciones de Derechos Humanos y seguimiento en los procedimientos que lleva a cabo la fuerza pública”. 

Miriam Pixtún, delegada de Guatemala, aseguró que en las reuniones que sostuvo la Misión con instituciones del Estado se encontraron con dos hechos relevantes: “una aparente voluntad y respeto por los DD.HH. pero que contrasta con los hechos que fuimos documentando”, y “la actitud casi generalizada de los funcionarios públicos de señalar a la Policía como víctima de los manifestantes”.

El informe en ese sentido apunta al “temor, la inseguridad y la falta de confianza en las instituciones estatales” para denunciar hechos de violaciones a los DD.HH. como una de las causas del “subregistro de la magnitud de la violencia experimentada y sus consecuencias”. 

Las recomendaciones al Estado Colombiano

La Misión presentó cinco tipos de recomendaciones entre las que se incluyen acciones inmediatas a tomar por parte del Gobierno y organismos internacionales, y otras actuaciones que en un mediano plazo podrían ser adoptadas por el Estado, la comunidad internacional y las empresas. 

Félix Ovejero destacó entre ellas el fin de la represión a la protesta, así como la protección a la labor de personas defensoras de DD.HH., comunicadoras sociales, integrantes de organismos de la sociedad civil y de brigadas médicas. En materia de desaparición forzada el informe también reclama que se reconozca, active e implemente el mecanismo de búsqueda urgente para dar con el paradero de las personas que aún están desaparecidas.

En cuanto a justicia, la Misión recomienda que las investigaciones por violaciones a DD.HH. se lleven a cabo “por instancias jurisdiccionales de orden civil”, así como “que se asegure el acceso a justicia, reparación integral y garantías de no repetición”. Adicionalmente, las organizaciones y delegados internacionales invitan a adoptar medidas efectivas para “desmantelar los grupos parapoliciales y paramilitares”, y “desmilitarizar y reformar de manera estructural la Policía Nacional a fin de llevar a cabo la demandada disolución del ESMAD”.

El informe final de la Misión SOS Colombia se espera que sea presentado en agosto de 2021, momento en el que también se entregará el seguimiento de los avances en las recomendaciones realizadas, entre tanto, los y las delegadas realizarán acciones de incidencia y litigio en espacios internacionales para dar a conocer sus hallazgos. 

Encuentre el informe preliminar de la Misión SOS Colombia a continuación: 

 

Por: Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP

Del 3 al 12 de julio, once regiones de Colombia son visitadas por la Misión de Observación Internacional SOS Colombia, integrada por más de 40 delegados y delegadas de 12 países.

A dos meses del inicio del Paro Nacional en Colombia, delegados y delegadas de Europa y América Latina, Estados Unidos y Canadá, visitan 11 regiones del país documentar y denunciar la represión y las violaciones a los Derechos Humanos en medio de las protestas iniciadas el 28 de abril pasado y que, al 30 de junio, suman 84 personas asesinadas, 1790 personas heridas -entre ellas 114 por arma de fuego-, y 75 presuntamente desaparecidas, en un complejo panorama que incluye, además, violencia sexual contras las mujeres, desmembramiento y calcinamiento de cuerpos de los manifestantes, y ataques armados a la movilización a manos de la Fuerza Pública y civiles*. 

"Esta Misión busca identificar mecanismos extrajudiciales y judiciales que han llevado a la impunidad jurídica y social antes y después de la aplicación de acciones represivas, así como también, develar porqué y cómo se quiere evitar la rendición de cuentas sobre las responsabilidades y actuaciones de los agentes estatales en el Paro Nacional".

Son 40 delegados y delegadas de 12 países (Gran Bretaña, México, Canadá, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Guatemala, España, Alemania, Italia, Bélgica y País Vasco): dirigentes políticos y sociales, prensa internacional y defensores de derechos humanos, junto a las organizaciones locales impulsoras, "recibirán testimonios de primera mano de víctimas de represión estatal durante el reciente Paro Nacional en 11 regiones de Colombia con el fin de identificar los contextos en que han ocurrido estos hechos, las afectaciones y el estado actual de las investigaciones de 7.704 agresiones documentadas por organizaciones sociales durante 55 días de protestas sociales".

La Misión SOS Colombia por garantías a la protesta y contra la impunidad en Colombia se realizará entre el 3 y el 12 de julio de 2021, y visitará puntos de resistencia, entidades gubernamentales y de policía de 11 regiones: Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, Valle del Cauca, Nariño, Atlántico, Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Santander. Y dialogará con víctimas, autoridades y protagonistas del Paro más largo en la historia de Colombia. Además presentará un informe con conclusiones y recomendaciones sobre la garantía del derecho a la protesta y contra la impunidad en Colombia.

Según las organizaciones colombianas "las acciones de contención y represión realizadas por la policía, su Fuerza Disponible, su fuerza especial Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- y el Ejército Nacional, a través de operaciones psicológicas y de presión aéreas, la militarización de las ciudades en los sitios de manifestación, la paramilitarización de operaciones policiales y de las manifestaciones de sectores pudientes con respuestas similares, son indicadores de patrones y propósitos con métodos proscritos por el derecho internacional de los derechos humanos".

Esta visita es el fruto de un llamado a la solidaridad internacional ante la falta de garantías para el libre ejercicio de la protesta y es coordinada por las siguientes organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos de Colombia: Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP / PPP; Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU; Corporación Jurídica Libertad, CJL; Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; Fundación Forjando Futuros; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PCDHDD; Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas; Alianza de organizaciones sociales y afines; y Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP.

A continuación el comunicado: 

 

 A continuación el comunicado en inglés:

 

*Boletín No. 20 de la Campaña Defender La Libertad. 

Por: Comunicaciones Cinep / PPP