Más de un centenar de organizaciones sociales, comunidades y defensores de derechos humanos emitieron un comunicado este miércoles 8 de julio en respaldo del arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, que en una reunión virtual de la Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales dijo que el Gobierno estaba aplicando una “venganza genocida” contra los acuerdos de paz y el pueblo que los acompaña. En ese sentido, es relevante recordar que según denuncia el partido FARC, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 han sido asesinados más de 200 excombatientes.  

La declaración significó un pronunciamiento de la nunciatura apostólica en el que dice no estar de acuerdo con las afirmaciones del religioso, así como que tampoco comparte su visión respecto a la implementación del acuerdo de paz. No obstante, a la posición de Monsalve se unieron distintas organizaciones que ratificaron el análisis, y lo respaldaron llamándolo “artesano de la paz”. 

El caminante por la paz

Leyner Palacio, líder de Bojayá describe a Monseñor como una persona solidaria, sencilla, que comprende las realidades de las personas y que logra acercarse de forma muy fácil a la gente. Palacio destaca su compromiso: 

“Es impresionante ver cómo, cuando él identifica una vulneración de derechos humanos, se compromete con la solución de esa problemática”. 

Leyner sostiene que Darío Monsalve es un hombre que no tolera la injusticia y repudia cualquier actitud ambigua sobre la construcción de la paz. Por eso los califica como un artesano de la paz, una que construye de la mano de las víctimas, reuniéndose con los más vulnerables, pero también llevando sus mensajes a la institucionalidad. 

El líder de Bojayá asegura que Monseñor acogió el mensaje del Papa Francisco en el sentido de dar el primer paso para buscar una salida negociada al conflicto. “Darío Monsalve no ha dado un paso, sino varios y en distintas direcciones por la paz”, por ejemplo, impulsando acuerdos humanitarios regionales para que se respete a las comunidades más afectadas. 

Hay un grupo de obispos que se ha comprometido con la paz, Monsalve es uno de ellos

A propósito de la relevancia que han tenido grupos religiosos en la construcción de paz, acuerdos humanitarios y desescalamiento del conflicto, el sacerdote jesuita e integrante del CINEP/PPP Javier Giraldo explica que precisamente hay un grupo de obispos que está empeñado en esa labor, y Monsalve hace parte de ese grupo. “Yo lo conozco desde antes, pero desde que llegó a Cali asumió ese papel de constructor de paz en el sentido de estar comprometido con los grupos más vulnerables de la ciudad y todo el Pacífico”, afirma Giraldo. 

El genocidio, la hecatombe del Pacífico y la voz que amplifica el reclamo de las comunidades

En su comunicado, la Nunciatura manifiesta que se debe tener cuidado al usar el término genocidio en discusiones legítimas sobre las políticas de un gobierno. Sin embargo, Giraldo reclama que según el derecho internacional, el genocidio “es una serie de acciones que buscan destruir un grupo humano con identidad propia, por ejemplo, el grupo humano conformado por líderes sociales en diferentes regiones del país”. 

De acuerdo con esta posición, Leyner Palacio respalda las palabras de los religiosos en el sentido de calificar como genocidio al asesinato de líderes sociales, que solo en 2020, ya supera el centenar de casos. Además, declara la situación del Pacífico como una hecatombe cuyo reflejo se ve en Bojayá: “Hay más de 7 mil personas en confinamiento, es una zona de guerra y eso es contrario al deseo del 96% de los bojayaseños, que en 2016 dio un ‘sí’ a la paz”. 

Por esta razón, invitó a que más allá de criticar lo que Monseñor ha planteado, se revisen sus denuncias para que se corrija la situación humanitaria en la región y se evite que el Pacífico vuelva a vivir la crudeza de la guerra. 

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez. 

El Instituto Kroc presentó su más reciente balance sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz, dejando saber su preocupación por las garantías de seguridad, y el poco avance en la materialización del punto 2  “Participación Política”. Compartimos el informe completo que goza de carácter independiente. 

Gobierno y Farc acordaron en La Habana que el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame sería responsable de hacer un monitoreo independiente a la implementación del Acuerdo. Esta tarea se ha venido realizando pues desde el año 2016 como parte del Componente Internacional, y este 16 de junio se presentó su cuarto informe correspondiente al periodo entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019. En él se detalla cómo en este periodo el avance general de la implementación fue del 6%. 

La implementación del Acuerdo Final en Colombia está entrando en una nueva fase, con mayor enfoque territorial, en la que se debe construir sobre los logros anteriores y reforzar dinámicas de transformación positiva en las zonas más afectadas por la violencia”.

Así lo expresó el Instituto que realiza análisis cuantitativo y cualitativo a las 578 disposiciones que contiene el Acuerdo. Ante la pregunta del equipo periodístico de CINEP / PPP sobre cuáles son las mayores dificultades en la implementación del acuerdo, Daniel Cano, coordinador político de Iniciativa Barómetro del Instituto Kroc en Colombia, respondió que, en primer lugar, preocupa la seguridad. Como es conocido por la opinión pública, la tragedia del asesinato de líderes sociales aumenta sin que el Estado logre medidas efectivas para proteger sus vidas y territorios. Son a la fecha, según Somos Defensores, 442 personas que ejercían liderazgo y defendían los derechos humanos han sido víctimas de homicidio en Colombia desde la firma del acuerdo hasta marzo de este año. 

Garantizar la seguridad continúa siendo la mayor amenaza a la implementación. Hoy son ya 200 los firmantes de paz asesinados tras la firma, mientras, según ONU, 2019 fue el año más mortal para los excombatientes con 77 asesinatos. La tasa de homicidios para firmantes de paz es pues casi 23 veces mayor que nacional.

Daniel Cano, también destacó que en el punto “Participación Política” los avances no son tantos como los que pudiesen haberse logrado a la fecha, teniendo en cuenta que su materialización implicaba bajo presupuesto. Tal es el caso de las circunscripciones especiales para las víctimas en el Congreso que se les siguen negando a pesar de haber sido pactadas en el Acuerdo.  El informe asegura que:

“En cuanto a la Reforma Rural Integral (punto 1) y a la Solución al problema de las drogas ilícitas (punto 4), los avances han sido significativamente menores”. 

 Y detalla que la implementación pasa por un momento crucial, puesto que transita de las disposiciones de corto plazo hacia las de mediano y largo plazo, con miras a un mayor enfoque territorial.

En los primeros dos años, cita el Krock, la implementación se enfocó en la dejación de armas y en la creación de la arquitectura institucional para la paz y los puntos en los que se avanzó fueron Fin del conflicto (punto 3) y Mecanismos de implementación, verificación y refrendación (punto 6). En el tercer año que analizaron y presentaron recientemente, el 2019, el enfoque que tomó protagonismo fue la implementación del Acuerdo en los territorios históricamente más afectados por el conflicto armado. 

Por ejemplo, se puso en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), cuyas entidades (JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Desparecidos) “han logrado fraguar la voluntad, autonomía e independencia para cumplir con sus respectivos mandatos, lo que les ha otorgado mayor legitimidad a las víctimas”. 

El cuarto Informe del Instituto Kroc resalta el esfuerzo en asuntos como el catastro multipropósito y la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), mientras señala que hay retos para el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), y su sostenibilidad. 

“Durante la primera mitad del periodo de estudio, el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) presentó atrasos, dando lugar a controversias sobre su funcionamiento”.

El cuarto informe hace énfasis en mantener el foco en la implementación efectiva e integral del Acuerdo de Paz y en la necesidad de fortalecer las regiones y señala además que, dado que las disposiciones del Acuerdo son interdependientes, es clave para su éxito implementarlo de manera integral.  Además, debido al COVID-19, el Instituto Kroc hace un llamado a comprender cómo las reformas económicas y sociales que el Acuerdo prevé, con enfoque territorial y lentes transversales étnico y de género, se hacen más urgentes que nunca para hacer frente a las desigualdades que se ensanchan y para construir una sociedad más incluyente. El Kroc invita a garantizar los recursos humanos y financieros para lograr la implementación del Acuerdo con más razón aún en medio de la crisis social y  sanitaria derivada por el nuevo coronavirus.
 

Acá podrá encontrar el informe completo: 

 

 

La información que entrega el Kroc es verificada por un equipo técnico de la Iniciativa Barómetro de la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM), la cual es de carácter independiente, a diferencia de otros informes que producen las partes de forma unilateral. Tal es el caso de la información que publica por cuenta propia el gobierno desde la Alta Consejería para el Posconflicto, por ejemplo, o bien, el componente Farc del CNR (Consejo Nacional de Reincorporación) o el Centro de Pensamiento y Diálogo integrado por algunos miembros del equipo de Farc en la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación). 

 En el CINEP/PPP realizamos, también por disposición del Acuerdo y junto al CERAC, la Secretaría Técnica de la CSIVI y presentamos informes periódicos sobre algunos aspectos de la Implementación del Acuerdo que pueden ser consultados acá: https://cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html

Por: Katalina Vásquez G.

 

Mientras el mundo se levanta tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía, en Colombia, aunque no sea noticia, la resistencia del pueblo afro también ocurre. En esta nota le echamos una mirada a lo que pasa en nuestro país y la perspectiva del CINEP/PPP sobre movilización afrocolombiana y negra en Colombia, un país que también discrimina y asesina a su gente negra. Educar, protestar y organizarse han sido las más destacadas estrategias de movilización de los afro en Colombia, según el análisis de Datapaz*.

Las vidas negras importan es el lema de ciudadanos en todo el mundo que han llenado las calles de las ciudades norteamericanas y europeas, tras el asesinato de George Floyd a manos de la Policía de Mineápolis. La ola ha llevado incluso al derribamiento de estatuas de personajes asociados al esclavismo y colonialismo como Cristóbal Colón y Edward Colston, en Inglaterra. Este momento también ha permitido hacer visibles las violencias y exclusión que día a día sufren hombres y mujeres afro en nuestro país y que, en Colombia, el pueblo afro y negro también ha sido ejemplo de movilización.

Este viernes 12 de junio en Puerto Tejada, Cauca, la comunidad exigió justicia por el asesinato de Janner García y Anderson Arboleda. El homicidio de Anderson ocurrió el 19 de mayo, tras recibir 3 golpes en la cabeza por parte de un uniformado; Janner García murió el 20 de abril por disparos, presuntamente de la Policía, en medio de un enfrentamiento con pandillas del que él no participaba. Sin embargo, no ha habido en nuestro país una movilización masiva de grandes proporciones en medio de la ola por el asesinato de Floyd, como sí en muchos lugares del mundo. 

Ana María Restrepo, investigadora de la línea Movilización del CINEP/PP, explica que aunque no hay muchos registros de protestas en el siglo XX por parte del movimiento social afrocolombiano y negro, sí tienen un repertorio amplio de manifestaciones en las calles de Colombia en los últimos años. El movimiento afro y negro emergió, según Restrepo, junto a los reclamos por la tierra de indígenas y campesinos en lo rural y en lo urbano, asociado a reivindicaciones de raza y lucha contra la discriminación; pero se vieron afectados por el conflicto y concentraron sus esfuerzos en formas de movilización distintas a la protesta en las calles. Sin embargo, tras el hastío por la opresión, en los últimos años se dieron grandes paros cívicos en Buenaventura y Chocó, logrando masivas protestas en las calles exigiendo sus derechos con algunas conquistas.

Por otro lado, Leidy Laura Perneth, investigadora de interculturalidad del CINEP/PPP,  analiza la situación en Estados Unidos como el levantamiento frente a un crimen de raza porque lo de Floyd da cuenta de que “las vidas negras ocupan una posición inferiorizada”. Perneth explica que durante la colonización se configuró una sociedad racializada que generó una distribución racista del trabajo: los sujetos negros fueron vinculados a la esclavitud, es decir, el trabajo gratuito que produce capital para los blancos. Para ella, es claro que esa idea se reproduce hasta nuestros días. “El sujeto negro es leído como alguien incapaz de acumular capital, entonces, el único modo que tiene ese sujeto de poseer es a partir de la criminalidad”, dice Leidy Laura, explicando el imaginario que criminaliza a los afro y que llevó a la Policía a neutralizarlo y asfixiarlo tras la llamada de un empleado de supermercado que se asustó ante su presencia.

‘Black Lives Matter’ también en Colombia

Contrario a las movilizaciones actuales en el mundo, las de Colombia no le han dado la vuelta al mundo. Ana María Restrepo hace historia y detalla que en nuestro país, algunos referentes del movimiento afrocolombiano y negro tienen sus orígenes en el Movimiento Cimarrón creado en 1982, o su cabildeo para ser reconocidos en la Carta Magna de 1991. Sus prácticas culturales, la fiesta, los bundes y festivales también pueden ser considerados elementos de la movilización del pueblo negro en Colombia, porque desde allí reivindican su reconocimiento, y realizan exigencias materiales para su vida.

Restrepo también recuerda que en los últimos años el sector negro, afro, raizal y palenquero (NARP) también se ha movilizado bajo la lógica de protestas en calle, y ha sacado adelante paros cívicos como los ya mencionados en Buenaventura y Quibdó ocurridos en 2017. También es de anotar el protagonismo de las mujeres. En 2014, ellas caminaron 600 kilómetros de Cauca a Bogotá, exigiendo el respeto de sus territorios y la autonomía de sus comunidades. La marcha fue encabezada por la lideresa Francia Márquez. Mientras, en Medellín, el 10 de junio pasado, las mujeres protestaron para que paren los afrofeminicidios, situación que se agravó durante cuarentena. Ana Mercedes Rivas fue asesinada en abril, en medio del confinamiento de su hogar, a manos de su propio esposo. 

Además, es de destacar el papel de la comunidad negra en la construcción paz. Como lo señala el informe Datapaz del CINEP/PPP en septiembre de 2019, las acciones colectivas por la paz realizadas por estos actores étnicos dan cuenta no solo de su resistencia a las violencias, sino de la reafirmación por su re-existencia frente a violencias estructurales, económicas, sociales y culturales que, aún hoy, le siguen disputando al centro y a las formas hegemónicas de desarrollo. 

Según Datapaz, las mayores estrategias de movilización de los afrocolombianos en las Acciones Colectivas por la Paz entre 1992-2019 fueron, en su orden, educar, protestar, actuar políticamente, organizar y resistir. A pesar de los contratiempos, las Comunidades Negras siguen apostando a la convivencia pacífica en la casa planetaria común.

 

Por: Juanjosé Gutiérrez

*Datapaz es una iniciativa de CINEP/PPP contiene información cualitativa y cuantitativa desde el año 1979 a la fecha, relacionada con lugares y territorios, actores, motivos, confrontación y duración de las acciones de paz.

 

 

El CINEP/PPP, y otras organizaciones defensoras de DD.HH. se unen a la alerta hecha por Cococauca, sobre el aumento del riesgo en materia humanitaria que enfrentan comunidades en los municipios de Timbiquí, López de Micay y Guapi, en la costa pacífica de Cauca. Las organizaciones solicitan intervención estatal para garantizar los derechos de las poblaciones, así como el cese de las acciones bélicas por parte de los actores armados ilegales.

La alerta se suscribe en los términos de COCOCAUCA : “Los hechos de los últimos 17 meses muestran el grado de recrudecimiento del conflicto armado en la costa pacífica del Cauca…Con gran preocupación observamos, que los actores armados se aprovechan de la actual crisis del coronavirus. En este sentido han estado circulando panfletos y videos que buscan justificar sus acciones violentas y atemorizar a la población, con el propósito de controlar los territorios. Las comunidades se encuentran en situación de doble confinamiento, uno, por el coronavirus y dos, por los actores armados, que no permiten que las personas realicen sus actividades diarias. Significa que, además de temer por sus vidas, las comunidades de la costa pacífica del Cauca se encuentran en una situación crítica de abastecimiento de víveres”.

El CINEP/PPP se suma al llamado para que las autoridades locales, departamentales y el presidente de la república, Iván Duque, asuman la responsabilidad de protección de estas comunidades expuestas a la arbitrariedad de los armados. Respaldamos su llamado a los actores armados ilegales a suspender de inmediato sus acciones bélicas y la exigencia a la Fuerza Pública de cumplir de manera estricta el Derecho Internacional Humanitario.

Este llamado se suscribe a los órganos de control y protección, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, para que procedan de inmediato a ejercer su mandato ante esta profunda crisis humanitaria.

El centro reafirma la vocación pacífica de estas comunidades como lo expresa COCOCAUCA: “… abogamos por la paz con justicia social, como fundamento sustancial para seguir existiendo como grupo étnico. Rechazamos la violencia en nuestro pueblo y exigimos que se respete la vida de los habitantes”. Firman la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP) Coordinación Regional del Pacífico (CRPC) Cinep-Programa por la Paz COMUNDO Corporación PODION Red Nacional en Democracia y Paz (RNDP).

 

A continuación el comunicado completo: 

 

Hablamos con Leidy Laura Perneth del CINEP/PPP sobre los peligros que enfrentan las mujeres por el confinamiento, los aumentos de las violencias durante la cuarentena, y las estrategias de respuesta que deberían tomarse.

La curva de la violencia contra las mujeres en cuarentena tampoco aplana. Según Sisma Mujer, durante este período, aproximadamente cada 25 horas fue denunciado un feminicidio; y cada 10 minutos se realizó una denuncia de violencia intrafamiliar.* Además, según Medicina Legal durante el primer trimestre de 2020 hubo más de 11.000 casos de violencia contra la mujer en Colombia.

Leidy Laura Perneth, investigadora de la línea de Interculturalidad del CINEP/PPP,  presenta un panorama de la difícil situación que viven las mujeres en Colombia durante la pandemia que las ha confinado con sus agresores. Perneth resalta el aumento de llamadas a la línea nacional 155 creada para denunciar este tipo de agresiones que recibió 2.209 llamadas, versus 964 del mismo periodo de 2019, según Sisma Mujer. Las llamadas provienen, principalmente, de Bogotá, Antioquia, Valle Del Cauca y Cundinamarca.

¿Es diferente el confinamiento para los hombres y las mujeres?

Definitivamente el confinamiento no tiene las mismas implicaciones para hombres y para mujeres. La coyuntura que enfrentamos por la pandemia del COVID-19 nos ha expuesto a la agudización de violencias estructurales e históricas. Los movimientos feministas han insistido en reconocer a la familia como una institución donde se reproducen relaciones de poder y de violencias que resultan en que no todas sean espacios armoniosos.

Esto es particularmente importante en la coyuntura porque la idea de la quedarse en casa no es necesariamente lo más seguro para nosotras. La mayoría de las mujeres son asesinadas por su pareja o ex pareja en su casa y el asunto se complica durante el aislamiento social preventivo porque hay más dificultades de acceder a la justicia y hay restricción en las denuncias presenciales. Habría que revisar la premisa de "quédate en casa", qué implicaciones tiene para y preguntarse: ¿Es la casa un lugar seguro cuando se trata de las vidas de las mujeres?

¿Cuáles son las principales formas de violencia contra las mujeres que se pueden presentar durante el confinamiento?

Son muchas. Hay un continuo de violencias físicas y psicológicas que siguen enfrentando las mujeres que conviven con sus agresores, esto se agrava porque hay un desestímulo hacia la denuncia con un sector amplio de mujeres que no disponen de los minutos para llamar ni de los medios para hacer denuncias virtuales. Es bueno anotar la situación de las trabajadoras domésticas, unas confinadas en las casas donde ofrecen servicios sin posibilidad de salir y otras que están siendo despedidas sin garantías por considerarlas cuerpos infecciosos y en ocasiones son expuestas a violencias raciales. Las mujeres además, según Sisma, dedican el doble del tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en sus casas (semanalmente dedican en promedio 50,6 horas, mientras que los hombres dedican 23,9). Durante el confinamiento hay un montón de factores como la virtualización de la educación, el abastecimiento y el cuidado de la salud que pasan a responsabilidad de ellas.

Por otro lado, las lideresas siguen siendo amenazadas y ahora cuentan con dificultades para desplazarse y protegerse, siendo fácilmente localizables si están confinadas. Algunas han manifestado que sienten falta de empatía cuando presentan las denuncias porque la atención está concentrada en el virus. Además, la falta de autonomía económica es un escenario que favorece la violencia porque hay muchas que dependen del trabajo informal que no pueden desarrollar durante la cuarentena. Otro escenario de violencia que es muy importante es la sexual, que resulta en que algunas mujeres queden en embarazo y tengan dificultades para acceder a su derecho a la interrupción voluntaria que no es prioridad en el sistema de salud y puede llevar a procedimientos inseguros o a maternidades no deseadas.

Foto: Consejería para la Estabilización.

El personal del sector salud también está altamente feminizado y por lo menos el 73% del personal que son mujeres que están hoy en la primera línea y que son altamente discriminadas en el transporte, espacios públicos y en sus casas por el miedo al contagio. Otro tipo de violencia es sin duda la que se está ejerciendo en los cuerpos de las personas trans, favorecida por medidas como el pico y género. Este clasifica los cuerpos en un orden binario en el que se exponen al peligro a los cuerpos ambiguos como ya sucedió en países como Perú.

¿Qué opina del aumento en la cantidad de denuncias por violencias contra la mujer y qué estrategias de respuesta recomendaría?  

Efectivamente ha habido un aumento en las denuncias durante este período. Un informe de Sisma Mujer, revela que en la línea 155 (línea nacional de orientación a las mujeres) hubo un aumento del 129,15% de llamadas. Durante este mismo período en el 2019 se recibieron 964 denuncias, y este año se recibieron 2.209. La Fiscalía ha revelado que se han presentado 19 feminicidios y ha recibido 3.069 denuncias por violencia intrafamiliar, entonces estamos notando los efectos del aislamiento en la vida de las mujeres.

Frente a las estrategias de respuesta, son importantes las sugerencias que ya han hecho organismos internacionales como ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de las Mujeres que coinciden en la importancia de contar con datos desagregados por género, estrato, etnia y raza. Deben fortalecerse los programas que ya existen para atender a las mujeres y no reducirlos.

Adicionalmente, partir de las experiencias en los territorios, creo que es importante sugerir que la ruta de atención funcione efectivamente y que puedan emitirse medidas de protección que impliquen retirar al asesor de la vivienda y garantizar que estas medidas sean entregadas por actores institucionales. La ONU Mujeres ya ha alertado sobre la violencia contra las mujeres como una pandemia que está bajo la sombra. Es importante establecer redes comunitarias sororas que rodeen a la mujer y pensar en proyectos dirigidos para que las organizaciones de base se sigan consolidando sin obviar la responsabilidad absoluta del Estado.

¿Qué recomendaría que hiciera una mujer que se encuentra confinada en casa con su maltratador? 

Es un escenario complejo y es importante anotar que históricamente una de las estrategias de los agresores ha sido restringir, debilitar e incluso fracturar redes como las familiares, sociales y laborales, es decir, hacer sentir solas a las mujeres y eso puede agudizarse en el marco de esta crisis.

Una primera sugerencia es mantener esas redes por los medios de los que dispongamos para que ayuden a activar la ruta de denuncia y atención porque a veces la propia mujer no puede hacerlo. Debemos afirmar la consigna de que no están solas.

Otro punto es entender la escuela como un espacio que puede ayudar a activar esas rutas. Muchas docentes han sido claves en identificar casos de violencia sexual con sus estudiantes y violencias intrafamiliares. Sugiero también que las mujeres tengan las líneas que han dispuesto las organizaciones porque en ocasiones las líneas institucionales no atienden o están muy congestionadas.

Según su experiencia, ¿cuál es el panorama de esta situación en Cartagena? ¿Cómo se compara con el resto del país?

La situación de Cartagena es similar a la del resto del país, sin duda, hay un aumento en las llamadas a la línea 155 en Bolívar según Sisma Mujer. En el 2019 durante este mismo período hubo 15 llamadas y para este año aumentaron a 70. En Cartagena hay muchísimas dificultades, por ejemplo, las líneas de las comisarías permanentes no funcionan y al inicio hubo mucha desinformación sobre si la atención se prestaría presencial o no.

A eso se suma la dificultad de que aún hoy, a más de diez años de la Ley 1257, muchos funcionarios no tienen formación en el tema y ejercen violencias institucionales desde el cargo que ocupan. Esto es particularmente grave porque se re-victimiza, se desestimula la denuncia y hay un ejercicio patriarcal.

Además, en Cartagena viene operando un hogar de acogida para mujeres víctimas bajo la coordinación de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y desde enero no concreta la contratación y ha resultado muy difícil para mujeres en riesgo en sus casas que necesitan salir, ser recibidas en este hogar. Hay una reacción tardía de la policía que además, tiene movilidad completa por la ciudad a diario y que es una institución patriarcal. A esto se suma que en Cartagena, que es una ciudad empobrecida en medio de la riqueza, se requieren con urgencia políticas de redistribución porque hay una brecha salarial por lo menos del 35% entre hombres y mujeres.

Foto: ONU mujeres.

¿Cómo pueden ayudar las organizaciones sociales o de mujeres durante esta cuarentena a quienes estén siendo violentadas?

Las organizaciones sociales deben mantener la comunicación con los procesos que se llevan en los territorios y deben indagar con las mujeres cómo la están pasando en la cuarentena. Muchas de estas mujeres han creado un vínculo cercano con las organizaciones y encuentran en ellas una posibilidad de alertar frente a situaciones de violencia.

También, en la medida de lo posible y si los recursos de las organizaciones lo permiten, deberían disponerse asistencias humanitarias sobre todo para las mujeres que dependen del día a día. De hecho desde el Cinep, en el proyecto específico de educación intercultural, gestionamos con Gobierno Vasco para poder destinar parte de los recursos del proyecto para apoyar a comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Sur de La Guajira y Cartagena porque trabajamos con sectores históricamente excluidos.

A nivel nacional, las organizaciones de mujeres nos hemos seguido coordinando para acompañar en organización jurídica, psicológica, en activar rutas para la atención cuando se presentan casos de violencia y proporcionando información importante. Producimos información cualitativa y cuantitativa sobre las situaciones a las que se están enfrentando las mujeres para presionar la toma de decisiones. Y tenemos que seguir insistiendo en demandas más profundas: en que tenemos que tumbar el sistema patriarcal que está vigente, en la redistribución del cuidado, en la renta básica para mujeres y leer las desigualdades que se han construido a partir de la generalización de los cuerpos.


*Datos con corte del 25 de marzo al 23 de abril de 2020.

 
Por: Paola Llinás Aragón.