Les contamos cómo está trabajando y avanzando la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad durante el confinamiento y cómo avanza en la construcción de la reconciliación y el diálogo social para la apropiación de la verdad.

Aunque estemos en confinamiento la Comisión de la Verdad no se detiene. Sin embargo, la entidad que se creó en abril de 2017 y tiene una duración de 3 años enfrenta grandes desafíos en esta coyuntura. Uno de los mayores retos para la Comisión pero también para el SIVJRNR en general es mantener a las víctimas del conflicto en el centro de las políticas públicas a nivel nacional, regional y local evitando caer en una “competencia” mal entendida con las nuevas víctimas de la pandemia. 

En términos operativos, la Comisión de la Verdad concentra sus esfuerzos en el procesamiento, análisis y contrastación de los testimonios de los informes y ajusta su plan de trabajo para seguir cumpliendo su mandato. Además, está desarrollando nuevas estrategias de trabajo en los territorios, en especial con las comunidades indígenas, altamente vulnerables a la epidemia.

En medio de la crisis social y sanitaria que viven Colombia y el mundo, en la Comisión surgen varias inquietudes con relación al papel que jugará el tema de la paz en la vida social, política y económica del país. Preocupan:

  • La crisis fiscal que vivirá el país y el impacto que traerá en los presupuestos para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y la implementación de los acuerdos de paz.
  • El papel que ocupará la paz en los planes de desarrollo que también se verán afectados por la crisis sanitaria.

Por otro lado, la Comisión ha hecho un llamado a los actores armados a una tregua, a un cese de la violencia, que permita a la sociedad y a las comunidades enfrentar la pandemia. Y el presidente Francisco de Roux ha invitado a la reflexión sobre las enormes desigualdades sociales que ha evidenciado el COVID y cómo impacta a los más vulnerables, en particular a las víctimas del conflicto armado: 

“El conflicto armado ha matado más gente en Colombia de lo que el Coronavirus ha matado en el mundo. Colombia también tendrá que hacer cambios estructurales muy hondos para parar la pandemia del conflicto armado”.

Avances

Les compartimos algunas cifras que permiten evidenciar los avances de la Comisión a dos años de puesta en marcha. En lo que tiene que ver con  la gestión del conocimiento para la producción del informe final, la Cev nos cuenta que ha realizado a la fecha 8.392 entrevistas a 15.665 personas (la mayoría víctimas y testigos directos de los hechos en diferentes territorios). Además, hay 29 Casas de la Verdad en funcionamiento, una estrategia de trabajo con la población en exilio y un modelo de investigación sobre causas, dinámicas e impactos del conflicto armado en los pueblos.

Se han realizado también 4 Encuentros por la verdad, 6 Diálogos para la no repetición con, un espacio de escucha con excombatientes de la antigua FARC-EP, tres contribuciones a la verdad: dos con Ernesto Samper y una con Jaime Caycedo, 10 procesos culturales y artísticos, cinco encuentros nacionales con los Pueblos Étnicos, entre muchos otros eventos donde la reconciliación y la convivencia han estado en el centro.

En el siguiente video la comisionada Alejandra Miller informa sobre los retos de la Comisión durante la cuarentena en Colombia:

 

Por: Katalina Vásquez G.

Gobierno, Farc y Cinep/Ppp expusieron sus puntos de vista y preocupaciones ante la crisis sanitaria y social que vive el país, y lo que esto podría significar para la implementación del Acuerdo de Paz. Compartimos un resumen y el video de nuestra emisión de #DiálogosenCuarentena. 

La conversación virtual reunió a Emilio Archila, Rodrigo Granda y Consuelo Corredor y abrió con las medidas que ha tomado el gobierno frente al virus del COVID-19. El Consejero Presidencial para la Consolidación y Estabilización, Emilio Archila, se refirió a la voluntad del presidente Iván Duque de continuar con la implementación y de generar de un paquete de medidas preventivas para víctimas y excombatientes. Más de 500 líderes sociales y 180 firmantes de paz han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz y el confinamiento ha agravado sus condiciones de seguridad.

El Consejero describió una estrategia en tres niveles para quienes siguen cumpliendo el Acuerdo de Paz:

“Primero, el apoyo a la gestión de oferta de programas sociales y económicos; uno segundo que tiene que ver con las comunicaciones y la salud, y un tercer nivel que se relaciona con la reacción en caso de que algo extraordinario ocurra”.

Según el Consejero, frente a la coyuntura de la emergencia sanitaria, el gobierno adoptó “unos protocolos de seguridad para proteger a los excombatientes que se extendieron a los 500 municipios en donde se encuentran”. Agregando que en la mesa técnica de salud se han adoptado manuales de autoprotección e higiene y se restringió la entrada y salida de personas que estén visitando los antiguos espacios territoriales.

Según Archila, se entregarán atenciones humanitarias en especie, con casi 100.000 mercados para las víctimas que están en el registro único y durante el primer año no han recibido atención. Además, enfatizó en la inversión de 46 mil millones de pesos de parte de la Unidad de Víctimas.

Por su parte, Ricardo Téllez también conocido como Rodrigo Granda, miembro del partido Farc y de la CSIVI, se refirió a las preocupaciones de su colectivo por lo que llamó falta de garantías e incumplimientos del gobierno que no logra proteger a los firmantes de paz menos aún en esta coyuntura de confinamiento: varias familias de ex combatientes fueron amenazadas y salieron desplazadas de Frontino a Dabeiba, Antioquia, esta semana, así como un grupo de disidencias atacó otros firmantes de paz en Argelia, Cauca, horas antes de este conversatorio. Además, según Granda, “a tres años de la implementación, uno de los aspectos más importantes para los excombatientes es el problema de la tierra para adelantar los proyectos productivos”. 

Granda expresó algunas dificultades que según él son fundamentales y pidió al gobierno especial atención a las condiciones salubres en los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) que son “absolutamente deficientes” por el hacinamiento y la carencia de agua potable, ya que únicamente el 34% tiene agua de acueducto. Dijo además que: 

“No se puede permitir que el proceso de paz sea una víctima más de esta pandemia”.

Por otro lado, se puso de manifiesto la preocupación por la seguridad alimentaria de los firmantes de paz que no consiguen en su mayoría insertarse a la vida productiva ni en sus proyectos colectivos. Por una parte, los desembolsos y apoyos aprobados a la fecha cobijan apenas a 3.934 ex farc de más de 13 mil que firmaron el Acuerdo (van 50 proyectos colectivos aprobados hasta ayer según informó Archila en la charla); y además la alimentación que proviene de gobierno llega solo a los antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación (ETCR). Pero allí solo permanecen 2.893 hombres y mujeres que dejaron las armas de las 13.046 personas en proceso de reincorporación.

¿Cómo el gobierno nacional apoyará la supervivencia de los ex combatientes y sus familias que no están en los ETCR? ¿Hay algún tipo de respaldo a los proyectos productivos que están fuera de los que ha aprobado gobierno o incluso los que no hacen parte del partido Farc? Fueron algunas preguntas del público durante este #DiálogoCinep que no alcanzaron a ser respondidas por el Consejero Presidencial.

Los riesgos

Por su parte, Consuelo Corredor, coordinadora del Cinep en la Secretaría Técnica de la CSIVI, habló de los múltiples retos que interpone el nuevo coronavirus. Para ella, los territorios donde están en marcha los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) se encuentran en especial riesgo “porque si esta situación de epidemia nos ha traído dificultades en el sector urbano, con mayor razón en el sector rural, y en esos PDET hay una precariedad en la estructura”.

La incapacidad de generar ingresos, la pérdida de empleos y las dificultades de acceso de los niños y niñas al sistema educativo, fueron otros puntos importantes para Corredor. Eso sumado a la seguridad alimentaria por la carencia de acceso a bienes en regiones apartadas, en donde, según Corredor, hay una “persistencia en el asesinato de líderes y lideresas sociales y de excombatientes, pues según el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, tres excombatientes han sido asesinados durante la cuarentena”.

Corredor también manifestó preocupación por el impacto que tendrá la pandemia en la velocidad de la implementación del Acuerdo, la participación restringida de las comunidades en los PDET, y las dificultades fiscales que van a llevar a ajustes presupuestales. A esto se suma el riesgo para las personas privadas de la libertad (hubo una masacre de 23 internos en la Cárcel La modelo Bogotá) y la persistencia de la violencia intrafamiliar y de género. 

“Preocupa que la paz termine en un segundo plano en la opinión pública en medio de tantos datos de contagiados y personas que lamentablemente han muerto por el COVID-19”.

Corredor planteó también la preocupación por las ex combatientes embarazadas en los antiguos ETCR, ante lo cual el Consejero Presidencial destacó que se tomaron medidas especiales para ellas. 

El Sistema Integral de Verdad y Justicia

Este Diálogo en Cuarentena también fue la oportunidad para relatar las medidas de las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) el cual, como el Acuerdo mismo, tiene en el centro a las víctimas. Para Consuelo Corredor, es importante estar atentos a que se garantice la participación de éstas en el Sistema, en medio del confinamiento y el rediseño en el trabajo de las instituciones que cesaron toda actividad pública. En el caso de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se recordó que los términos judiciales fueron suspendidos hasta el 27 de abril próximo, mientras que la Comisión de la Verdad anunció que está trabajando en el análisis de datos y contrastación de testimonios. 

Para la Comisión, es importante preguntarse si el gobierno nacional "ha hecho la relación entre la crisis que genera la pandemia y la afectación histórica que han vivido las víctimas, y si tienen algún planteamiento en ese sentido". Además, la Comisión ha llamado a los actores armados a una tregua "que permita a la sociedad y a las comunidades enfrentar la pandemia".

Entre tanto, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), que también está trabajando desde casa, ha advertido que la emergencia por el Covid-19 pondría en riesgo a cuerpos de personas no identificadas que permanecen en cementerios del país y que pueden corresponder a personas desaparecidas si no se toman las medidas adecuadas, en vista de la orden de cremación del Ministerio de Salud.

Para terminar, el Consejero Archila afirmó que “la política de paz con legalidad fue un acto de transparencia del Presidente Duque con el Acuerdo de Paz” en la medida que se dijo “esto es lo que se tiene, y para esto nos va a alcanzar”. E invitó a tener muchos más de estos espacios para seguir contrastando las opiniones. Además, aseguró que no ha habido disminución de recursos para los Pdets. 

#DiálogosenCuarentena es una conversación propuesta por el CINEP/Programa por la Paz y organizaciones aliadas. Con este ciclo de conversaciones digitales CINEP retoma los #DiálogosCinep, un espacio de intercambio de temas de interés que habitualmente realizamos en el edificio de la institución en Bogotá, Colombia. 


El conversatorio completo puede ser visto en nuestro Canal de YouTube a continuación:

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

Esto opinaron seis víctimas del conflicto sobre la memoria y la situación de sus comunidades en medio de la crisis social y sanitaria en Colombia por el Covid19. Compartimos resumen y video de la segunda emisión de  #DiálogosEnCuarentena realizada en conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas.


Desde Tumaco, Chocó, Bojayá, Antioquia y Montes de María, víctimas, líderes y lideresas sociales conversaron sobre "Memoria, líderes sociales y víctimas en tiempos de pandemia" en un diálogo virtual convocado por el CINEP/PPP y el movimiento Defendamos La Paz. La charla abrió espacio a hacer visibles las gran vulnerabilidad de las comunidades históricamente excluidas, en cuyos territorios, además del confinamiento sanitario, se ha recrudecido el confinamiento armado. 

Desde el Chocó, Luz Marina Becerra, miembro de Afrodes Colombia, insistió en la carencia de servicios básicos como el agua afirmando que “para nosotros por la exclusión histórica el confinamiento es más difícil”.  Luz Marina mencionó, con jocosidad y preocupación a la vez, que les mandan a lavar las manos con frecuencia cuando en muchas poblaciones afro ni siquiera tienen acceso al agua. 

A la vulnerabilidad creada por la emergencia sanitaria, se suma la violencia latente a la que se han visto expuestas históricamente estas comunidades. Las amenazas, desplazamientos y asesinatos a los pueblos empobrecidos, entre ellos 6 líderes que han sido asesinados durante cuarentena, no paran. Tal fue el caso de John Restrepo, líder de la comunidad Lgbt en Medellín quien fue atacado en su propia casa en un barrio popular de Medellín durante el confinamiento. Otros no corrieron con su suerte y perdieron la vida como ha sido el caso también de firmantes de paz de Farc asesinados en este periodo. 

Según Leyner Palacios quedarse en casa es incluso aumentar el riesgo. Palacios insistió en la necesidad de crear un corredor humanitario en el Pacífico donde preocupa la violencia que no se detiene ni con la pandemia.

Menderson Mosquera, en Antioquia, se refirió a las poblaciones confinadas por la guerra en el Bajo Cauca, Dabeiba y Mutatá, en donde las directrices nacionales han sido débiles y no se han integrado todas las medidas tomadas por el gobierno frente a la pandemia. Para Mosquera es necesario que las ayudas alimentarias no se dejen en manos de “politiqueros” sino que se entreguen con prioridad. Ellos y ellas como integrantes de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas no han contado, explica, con posibilidad alguna de incidir en la escogencia de la entrega de ayudas en sus municipios.

Además, Jhon Jairo Romero, desde España, explicó la fragilidad de las víctimas que se encuentran en el exterior y solicitan con urgencia medidas de protección. John Jairo también destacó la solidaridad que ha recibido de otros colombianos y las muestras de afecto y apoyo que observa en Colombia. Para él, la pandemia también está “sacando lo mejor de nosotros”. 

Entre tanto, José Luis Foncillas, coordinador de la Casa de Memoria de Tumaco, enfatizó en las preocupaciones de muchos -no solo de las víctimas- por la “oficialización” de la memoria de parte del Estado. 

“La memoria no es del Estado es de las poblaciones vulnerables, las víctimas y los colombianos, debe ser un espacio autónomo, no debe ser un instrumento para que el gobierno de turno cuente lo que quiera”.

Desde Tumaco, Foncillas señala que varios grupos ilegales en el Pacífico Nariñense han estado distribuyendo panfletos amenazantes y recordó que horas antes incluso atacaron una misión médica dejando una persona muerta.

Por su parte, Claudia Cueto, en Montes de María, habló de la importancia de la memoria desde las comunidades recordando la experiencia del Mochuelo en los Montes de María. En dicha región varios líderes sociales han sido amenazados en medio de la pandemia y están sorteando su seguridad además de la sobrevivencia.

"Una lección que nos está dejando el COVID-19 es que el Estado debe avanzar en prevención y no solo en reacción a la coyuntura. No tenemos un sistema de salud adecuado menos aún en territorios afro", afirmó Luz Marina Becerra.

Para las víctimas hay una debilidad del Estado para responder a la emergencia sanitaria y social generada. Para varios, la pandemia develó la corrupción y la fragilidad del sistema económico y político de Colombia que, sumadas a la violencia histórica, podrían llevar a la desaparición de comunidades como el caso de los Wayuú en La Guajira.

Los presentes estuvieron de acuerdo también en el rechazo a los posibles actos de corrupción para entregar alimentos o bonos por parte del gobierno nacional, y exigieron protección para sus territorios. Además, se sumaron a la propuesta de la Red Colombiana de Lugares de Memoria de lograr que el Museo Nacional de la Memoria (promovido desde el Centro Nacional de Memoria Histórica pero que es un escenario de reparación a las víctimas según la ley) tenga una dirección independiente del gobierno. 

Las víctimas mostraron, una vez más, su fuerza y su valor e invitaron a los colombianos a estar de pie exigiendo la garantía de sus derechos y apoyándose mutuamente en lazos de fraternidad y solidaridad. A continuación el conversatorio completo: 

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, formuló hace un mes que el mundo caerá en una recesión económica peor que la del año dos mil nueve por causa del coronavirus. Coincide con esta apreciación economistas como Jeffrey Frankel, profesor de la Universidad de Harvard, quien dice al ser entrevistado por la BBC Mundo: la rápida expansión del virus está provocando pánico en los mercados financieros. La fuga de capitales, el desplome de los precios del petróleo, el cese de actividades en el sector de la construcción, el cierre de rutas aéreas y de turismo; la inestabilidad de las bolsas asiáticas, europeas y norteamericanas, sumado a la devaluación de las monedas frente al dólar y la incertidumbre de cuánto va a durar esta pandemia, hacen parte de la inminente amenaza de contracción económica mundial.

Por su parte, Marcos Casarin, economista jefe para América Latina de Oxford Economics, los inversores están prefiriendo refugiar sus capitales en el dólar en la medida que el brote se propaga. Y agrega, todo dependerá de cuántos bloqueos de emergencia se impongan más allá de marzo. Para Casarin, la combinación entre caída del petróleo, el desplome de las monedas y el coronavirus, es negativo para Latinoamérica. Brasil, Chile y Colombia están entre los países más afectados por la devaluación de sus monedas durante este año. Argentina, ya en recesión, verá una recesión más profunda y los que están al borde de ella, como México, se verán arrastrados. Para Jan Hatzius, economista del banco Goldman Sachs, habrá que ver si las autoridades de salud pueden retrasar la propagación del virus a través de un aumento en las pruebas, restricciones en las reuniones masivas y cuarentenas de personas infectadas. La profundidad de la crisis dependerá de cuán lejos y rápido se propagará el virus, cuánto tiempo pasará hasta que se encuentre la vacuna y qué tan efectivos serán los gobiernos para mitigar el daño.

Una pregunta importante es, ¿cómo afectará el virus a las personas trabajadoras en el país? Según el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario y la Universidad EAI de Medellín, solo el treinta y uno punto ocho por ciento de los trabajadores informales, algo más de diez millones, podrían realizar su actividad por teletrabajo, el resto, cuatro millones doscientos mil, dejarán de percibir ingresos y si no existen políticas públicas para cubrir sus necesidades básicas, tendrán que salir de sus casas a conseguir ingresos. Todo esto deja ver el profundo problema de la informalidad del empleo en Colombia y las graves consecuencias de un modelo económico que tiene como centro solo el crecimiento de capitales, pero no la calidad de vida de las personas.

El Papa Francisco en su bendición extraordinaria Urbi et Orbe, expresó: “Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Nos encontramos asustados y perdidos. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar”.

 

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.

Unas 40 organizaciones sociales del país, junto a ciudadanos independientes, están solicitando al Departamento Nacional de Planeación (DNP) que se tomen medidas para ampliar los plazos de formulación de los planes de desarrollo en vista de la crisis por el Covid-19. Así mismo lo pidió la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado.