Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


En medio de la pandemia la ciudadanía está llamada a ser responsable de sus actos. Pero no se puede hablar de ciudadanía en general, los ciudadanos y ciudadanas viven en territorios concretos, bajo condiciones y oportunidades diferentes. Sin embargo, las autoridades decretan el cumplimiento de normas para evitar el contagio y la expansión de la enfermedad, como si no existieran estas diferencias.

¿Cómo exigirle a una madre cabeza de hogar que cumpla con un confinamiento obligatorio si tiene hijos y trabaja como vendedora ambulante en la calle? ¿Cómo exigirle a una familia campesina, con las carencias de su vereda, que no vayan al pueblo a vender sus productos y a comprar artículos de primera necesidad?

Medidas generales sin condiciones para realizarlas solo llevan al fracaso. Buena parte de la población colombiana está en una compleja encrucijada: quedarse en casa sin lo básico para vivir, generando condiciones de salud riesgosas y ambientes de convivencia duros de sobrellevar o, salir a la calle a conseguir lo básico para vivir, pero exponiéndose al contagio. Mientras que las ayudas y subsidios del Estado llegan a cuenta-gotas.

Para superar este desafío de salud pública, de economía y de bienestar individual y comunitario, que implica la pandemia, es clave recordar algunos valores éticos y cívicos primordiales.

La solidaridad, entendida como la superación de nuestros instintos egoístas para adoptar una actitud de empatía y comprensión, no solo con las personas que amamos sino con los desconocidos.

La compasión que implica fraternidad y altruismo, más allá de buenas intenciones exige una actuación comprometida.

La reciprocidad: exige un reconocimiento y respeto de la dignidad humana que busca realizar en nosotros mismos el cambio que deseamos ver en el mundo.

La justicia, que implica reconocimiento de las diferencias, equidad y redistribución de los bienes en el marco de la realización de los derechos humanos.

La honestidad: busca la claridad en los actos en contra de la corrupción y la malversación de bienes y recursos.

Y, finalmente, el cuidado de sí, que implica ser responsable de nuestras actitudes y comportamientos en relación con el otro, a efectos de transformar mis propias limitaciones; esta es una práctica social, hoy más necesaria que nunca.

Pedro Trigo, teólogo jesuita nos dice:

“La pandemia también ha puesto al descubierto la gran dosis de solidaridad que existe. Sin ella se hubieran muerto muchísimos más. La solidaridad se organiza en redes de servicio y muestra que existen otras posibilidades y que no estamos condenados a la inhumanidad del desorden establecido. No solo dar cosas, también muchos dan de sí y se dan a sí mismos y por eso contribuyen decisivamente a que esta situación no deshumanice a los que la sufren y se creen ambientes liberados en los que reina la humanidad”. 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.

La falta de atención del Estado ante la pandemia del Covid 19 en Amazonas es un atentado contra la cultura, y la vida de la Amazonía y la humanidad, según las comunidades allí presentes que piden respaldo del mundo para evitar su extinción. Campañas de solidaridad y de exigencia de protección al Estado crecen cada día para abrazar al pueblo amazónico.

El Amazonas colombiano enfrenta una grave situación de amenaza la vida y pervivencia de los pueblos indígenas por el Covid19. Esta semana las organizaciones étnicas y sociales de esta zona del país prendieron una vez más las alarmas: Leticia reportó más casos en día que Bogotá, y se supo que la tasa de mortalidad por COVID-19 en ese departamento colombiano es 22,5 veces más que la nacional. De cada 100 mil habitantes están muriendo el 17.72%.

La crisis se profundiza día a día con la muerte de los mayores ancianos, la renuncia masiva de personal sanitario y la falta de recursos de parte del Estado para frenar la pandemia.

El lunes 11 de mayo se reportaron 191 nuevos casos de coronavirus en Amazonas, superando a la capital colombiana que registró 150 diagnósticos. La cifra se suma a los problemas reportados por los profesionales y organizaciones de la región que temen por un etnocidio. Por eso, la OPIAC y sus aliados lanzaron una campaña que salve a los pueblos indígenas de Amazonas de la extinción física, pues a éstos les llegó virus desde las áreas urbanas y no hay con qué enfrentarlo, con apenas un centro hospitalario en Leticia donde además la cárcel presenta hacinamiento del 53% con la mitad de los internos infectados.

Desde mediados de marzo, se prendieron las primeras alertas de riesgo frente al contagio del Covid-19 en la Amazonía por fallas en los controles en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo de Leticia y el contacto fronterizo con Brasil, especialmente con Tabatinga en donde se presentó el primer caso el 1 de abril. Posteriormente, el 17 de abril se presentó el primer contagio en el municipio de Leticia y una semana después aumentarían a 37.  Días después comenzaron los fallecimientos. Al 15 de mayo, de acuerdo los registros del Ministerio de Salud, eran 1003 casos de Covid confirmados en Amazonas, 19 en Caquetá y 11 en Vaupés.

Sin embargo, de acuerdo con la rueda de prensa virtual realizada el 14 de mayo, hay gran subregistro de enfermos y fallecidos indígenas pues por el aislamiento muchos no han acudido al hospital ni se han movido de sus resguardos. Además, no hay presencia del Estado más allá de la capital Leticia, o bien se trata de uniformados armados que poco pueden hacer por la vida y atención de una crisis sanitaria.

De acuerdo con la OPIAC, que representa 168.500 indígenas, en la Amazonía hay 64 pueblos cada uno con su cultura y su idiomas asentados en 6 departamentos. El presidente Opiac, Julio César López, describió que: 

“La situación que se vive hoy en el Amazonas es el resultado de una larga historia de corrupción (…) Acá ha continuado la práctica de segregación tomando decisiones desde el escritorio (…)”

El líder indígena se quejó de que “los departamentos del Amazonas hemos servido para que los empresarios de la salud nos vean como mercancía, como objetos (…) La Ley 100 acabó con la posibilidad de construir un modelo de salud apropiado (…)”.

Según López “nuestra situación es reflejo de un abandono histórico. En 2009 la Corte Constitucional advirtió el riesgo de exterminio de nuestros pueblos amazónicos y ordenó al gobierno colombiano salvaguardar a estos pueblos de la extinción física y cultural, mediante acciones integrales que hoy 20 años después siguen en fase de formulación”.

Según lo divulgado en la rueda de prensa, el Covid podría haber llegado a los pueblos del Amazonas por los militares y policías, tal como se sospecha que sucedió en Vaupés. Las comunidades han desarrollado entonces sus propias estrategias de contención en la zona selvática y urbana. Les preocupa que la población que por el conflicto y desplazamiento están en las áreas urbanas se están infectado, y les preocupan además los mayores pues su riesgo de contagio al Covid19 “es un atentado contra nuestra cultura, a la vida de la Amazonía y la vida de la humanidad”.

Por otro lado, se divulgó la preocupación por la información falsa desde el gobierno nacional. López aseguró que:

“El gobierno dice que ha entregado a Opiac una cantidad de insumos para apoyar a nuestros compañeros indígenas en el territorio y eso es mentira. Cuando los compañeros de la base llaman a averiguar por los mercados, les dicen a ellos que con Opiac se ha hecho. Una total descoordinación del gobierno frente a esta situación”

Por su parte el profesor Juan Alvaro Echeverri, de la Universidad Nacional, recalcó que:  “El Estado considera a los indígenas personas pobres e ignorantes y esta pandemia nos debe llevar a reflexionar sobre nuestras relaciones con el medio ambiente y la cultura. Los indígenas no son ni pobres ni ignorantes. Todo lo contrario

“
Pero no vamos a desaparecer sin luchar y resistir, así nos han enseñado nuestros abuelos”, resaltó el Presidente de la Opiac en la conversación virtual del 14 de mayo mientras sorteaba las dificultades de conexión típicas de los territorios olvidados de Colombia. En la audiencia recordaron que, además del abandono histórico, los departamentos amazónicos no fueron siquiera priorizados para la inversión de recursos con el Acuerdo de Paz con es el caso de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial Pdets. 

Para donaciones desde Colombia: https://vaki.co/vaki/ApoyaLaVidaVinculatePorLaAmazonia/

Desde el exterior: https://www.gofundme.com/f/FOR-THE-HEALTH-OF-AMAZONIAN-INDIGENOUS-PEOPLE

 Vídeo rueda de prensa Por la Salud de los Pueblos Indígenas Amazónicos:

 

Por: Katalina Vásquez Guzmán

 

 

En un documento, organizaciones sociales y de Derechos Humanos pertenecientes a la Red Llano y Selva expresaron su preocupación frente a la crisis que se presenta en la Región Orinoquía y que se ha profundizado en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica. Compartimos el informe completo.

 

En la Región de los Llanos Orientales y la Orinoquía, compuesta por los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Vichada, la grave situación de derechos humanos se ha profundizado en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica provocada por la pandemia del Covid-19. El aislamiento obligatorio y las medidas de “distanciamiento social” no han impedido que sigan ocurriendo hechos de violencia tales como amenaza, persecución y asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC; así como acciones que atentan contra la tranquilidad y el buen vivir de las comunidades. Como organizaciones sociales de derechos humanos, articuladas en la Red Llano & Selva2, expresamos nuestra preocupación y hacemos un llamado de exigencia al Gobierno Nacional y de seguimiento a la comunidad internacional.

Estos hechos de violencia y graves violaciones a los derechos humanos, perpetradas por grupos armados que circulan libremente por el territorio ejerciendo control, imponiendo la restricción de tránsito, el empadronamiento y la extorsión, son de conocimiento público y han sido documentados por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 017 de 2020. Esta alerta advierte sobre los riesgos para la vida y la seguridad en los municipios de Puerto López, Cabuyaro y Puerto Gaitán, en el marco de la pandemia, especialmente por la presencia de estructuras sucesoras del paramilitarismo desde finales del 2019 y hasta la actual coyuntura.

Adicional a lo anterior, la profundización de la crisis económica y social, bajo la restricción social y comercial, implicó un cambio en la dinámica económica cuyas afectaciones son diferenciadas y por tanto aumentan la vulnerabilidad, especialmente de las comunidades campesinas e indígenas históricamente excluidas.

En los informes que ha elaborado la Red Llano & Selva, el último de ellos presentado a la Comisión de la Verdad, se ha encontrado un estrecho vínculo entre el accionar de estos grupos armados, sucesores del paramilitarismo, y los fenómenos del desplazamiento forzado y despojo de tierras, lo que constituye un antecedente del alto grado de vulnerabilidad en que se encuentran comunidades campesinas e indígenas frente a la medida de aislamiento obligatorio, así como frente a la permanencia de la violencia en sus territorios.

A continuación el documento completo:

Violencia en medio del confinamiento, restricción de movilidad que impide contacto con las comunidades y cese de ingresos, entre otras, son afectaciones a los líderes sociales durante la cuarentena. Cómo protegerlos fue el tema de conversación de los #DiálogosenCuarentena con la participación del CRIC, la ONIC, el Banco de Datos y la Defensoría del Pueblo.

Además del hambre y falta de acceso a servicios básicos por la cuarentena, las comunidades más alejadas del país están sobrellevando las presiones y violencias de organizaciones ilegales y los enfrentamientos con la Fuerza Pública que les dejan en medio del fuego cruzado. Los líderes sociales siguen llevando la peor parte: Han ocurrido 32 eventos de violencia política con 39 personas amenazadas o asesinadas por su labor de liderazgo en Colombia durante el confinamiento, según el Banco de Datos y Violencia Política del Cinep. 

Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va del año se superan los casos de asesinato a líderes con relación a 2019 en un periodo donde el aislamiento pone en jaque a quienes defienden el Acuerdo de Paz, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, el medio ambiente y los derechos de sus comunidades. Por eso el tema de los #diálogosencuarentena para este 7 de mayo fue la “Memoria y protección de líderes sociales en cuarentena” convocado con el apoyo de Verdad Abierta y la moderación de su director, el periodista Juan Diego Restrepo.

Joe Sauca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se refirió desde su territorio al panorama de peligro en aumento que viven las comunidades indígenas con la “presencia de ilegales y con acciones militares en contravía de las comunidades porque en medio de ese fuego cruzado queda la población”. 

Según el Cric, el 2019 cerró con 8 lideresas y 62 líderes asesinados en Cauca. Y en lo que va del 2020 (hasta el 30 de abril) 46 personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos y familiares han sido asesinadas en Cauca.

Foto cortesía de Gerald Bermúdez.

Para cuidarse, los indígenas de Cauca han dispuesto 398 puntos de control territorial de la guardia indígena y cerca de 9 mil comuneros y comuneras trabajando en la prevención y el aislamiento. “Pero al no haber presencia de contagio en 32 municipios de Cauca las medidas oficiales se abrirán al transporte y al comercio, lo que sería echar a la borda los esfuerzos de control territorial”, expresó el líder indígena durante el conversatorio virtual. 

Por su parte, Aida Quilcué, consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), afirmó que hay una constante en territorios como Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño y Córdoba “en donde al confinamiento de la pandemia se suma el del conflicto porque no pueden entrar ayudas humanitarias”. Conectada desde Tierradentro, Cauca, manifestó su preocupación por los peligros que enfrentan los pueblos indígenas en todo el país, debido a las presiones de grupos ilegales y la desconfianza en las instituciones del Estado.

Quilcué habló de los planes de contingencia del gobierno y aseguró que “la ayuda humanitaria y las medidas de bioseguridad han sido mínimas. Se hacen necesarias acciones concretas y contundentes más allá de la militarización porque en la práctica donde hay militares, hay más riesgo de que se repitan situaciones peligrosas como la que se presentó en Caloto y llegan otros actores armados”.

¿Qué dicen las cifras?

Mateo Gómez, director del SAT (Sistema de Alertas Tempranas) de la Defensoría del Pueblo, compartió datos del monitoreo frente a la afectación del conflicto armado en el panorama de la pandemia. “En la alerta temprana 018 le ponemos de presente al gobierno nacional que la pandemia tiene efectos especiales en comunidades donde hay grupos armados que generan zozobra y control”, aseguró.

El monitoreo de la Defensoría del Pueblo arroja que, hasta el 30 de abril, hubo 12 homicidios a líderes en medio de la pandemia. Según informó Gómez durante el conversatorio citado por Cinep:

“En el primer trimestre de este año vemos un aumento de casi el 32% (en asesinatos a líderes sociales). Para el mismo período de 2019 registramos 38 casos y en este año son ya 56”.

Por otro lado, Cristian Llanos del Banco de Datos de Violencia Política y Derechos Humanos del CINEP, manifestó que “existe un correlato en las agresiones a líderes sociales de años anteriores con lo que está pasando hoy”. 

Según Llanos, el Banco de Datos registró en 2019 el asesinato de 124 líderes sociales en Colombia. En 2020, ha registrado 87 agresiones (ataques, asesinatos, amenazas) a líderes o defensores de derechos en el país*. Mientras tanto, en el periodo de cuarentena (hasta el 1 de mayo) “hemos identificado 32 eventos de violencia política con 39 personas amenazadas o asesinadas por su labor de liderazgo”, aseguró Llanos. El registro del Banco de Datos se basa en información de las víctimas y sus organizaciones que hacen parte de la Red Nacional de Bancos de Datos.

Llanos afirmó que la violencia a líderes se extiende a sus círculos cercanos como sus familias y comunidades y que tienen un patrón: “hombre encapuchado, en moto, sin identidad que no permite indagar por quiénes están detrás del interés de acallar nuestros líderes”.

¿Cómo protegerlos?

Respecto a las medidas de protección para los líderes, Aida Quilcué afirmó que hay un grave problema en la ausencia de investigaciones de fondo por el ataque a líderes y comunidades indígenas. 

“Hace dos años trabajamos en un informe de memoria histórica y podemos afirmar que existe un genocidio de los pueblos indígenas. Así nos preguntamos ¿cómo no va a haber impunidad? La justicia ordinaria y la justicia de afuera no nos va a resolver los problemas y los tendremos que resolver nosotros mismos con la jurisdicción especial indígena”.

Foto cortesía de Gerald Bermúdez.

También Joe Sauca se refirió a “ejercicios propios de las autoridades indígenas donde incluso hemos logrado capturar a los victimizadores en muchos casos. El Estado debe reconocer nuestra jurisdicción que desarrollamos sin garantías porque el aparato de la justicia en Colombia no cuenta con los medios para detener la impunidad”.

Entre tanto, Juan Diego Restrepo se preguntó con insistencia el porqué es tan difícil superar la impunidad y dar con los intereses y autores detrás del ataque a líderes sociales. 

Por su parte, Mateo Gómez, de la Defensoría del Pueblo, se refirió a la efectividad de las alertas tempranas manifestando que “los cuellos de botella se deben a la focalización, a que la violencia es arbitraria y a que los actores armados ejercen un control arbitrario”. 

El diálogo concluyó con reflexiones sobre las estrategias que deberían tomarse para disminuir la violencia hacia líderes y lideresas.  Para el representante de la Defensoría, “una manera de proteger la vida es que la sociedad reconozca a los líderes y que el gobierno también lo haga no solo de manera formal, sino sincera”.

También agregó que: “vemos una gran lentitud en instituciones que tiene a cargo oferta de educación, salud, generación de ingresos. A éstas les dirigimos el 70% de las recomendaciones de las Alertas Tempranas”.

Cristian Llanos del CINEP resaltó la importancia de la memoria y de la pedagogía en Derechos Humanos como una forma de reconocer y ayudar a la disminución de la violencia contra líderes y lideresas. Según él, “la memoria, ayuda a que se reconozcan problemas de fondo y con ello se aporte a proteger vidas. Hay que construir una pedagogía por el respeto a los derechos humanos, porque muchas personas consideran a los líderes agentes de la insurgencia y apoyan que "los saquen del juego”".

Para concluir, Aida Quilcué hizo un llamado a fortalecer los procesos de unidad y las formas de organización sociales propias de las comunidades indígenas. Joe Sauca insistió en que, para proteger sus vidas y comunidades, es urgente que el gobierno reconozca el ejercicio invaluable de los procesos sociales y las miradas territoriales de las comunidades porque “no se puede gobernar solo desde Bogotá”.

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.


En el siguiente link encuentran el diálogo completo: https://www.youtube.com/watch?v=6FomKYpgD6E

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


La pandemia del coronavirus ha puesto en primer plano la importancia de la producción alimentaria del campesinado en Colombia. No hay duda para los habitantes de las grandes capitales y los más de mil cien municipios del país, el notable servicio que históricamente han realizado las comunidades agrarias en la disposición de alimentos para el consumo nacional. Mientras que las industrias paran y los precios del petróleo, el carbón y la energía se derrumban y las grandes empresas del mundo entran en recesión, los campesinos continúan. En las grandes ciudades solo hay una preocupación: que no falte la comida, el agua, todo lo demás se hace prescindible.

Pero reconocer la capacidad productora de alimentos del campesinado no se corresponde con el respeto a sus derechos humanos. Al contrario, ni las clases dirigentes ni la sociedad en su conjunto, a lo largo de nuestra historia, han escuchado las luchas y reivindicaciones de las comunidades rurales. El profesor Alejo Vargas nos recuerda que desde los años veinte del siglo pasado, las organizaciones campesinas han protestado por el incumplimiento de sus derechos. Igualmente, el campesinado será el gran protagonista y víctima de la violencia liberal-conservadora y también en el conflicto armado reciente, es el sector que ha aportado el mayor número de personas victimizadas y despojadas de sus tierras.

Políticas sociales, económicas y de tierras para el pequeño y mediano campesinado siempre han quedado en los sueños, en la demagogia o en el papel, pero no se ha llevado a cabo. Las comunidades agrarias y medianas empresas rurales, productoras de alimentos, siempre han sido excluidas y violentadas. Pese a todo esto las comunidades se han sostenido produciendo y sobreviviendo en condiciones muy difíciles. Sin vías sin servicios sociales de salud y educación de calidad, con sistemas de comercialización que encarecen exageradamente los productos y dejan a los intermediarios con las mayores utilidades.

Por eso, para las organizaciones campesinas y los conocedores del tema agrario en Colombia, no es ninguna sorpresa que, en medio de la actual pandemia, no existan propuestas claras para el campesinado. Es un grave error del actual y de los gobiernos anteriores. Porque si hay algo estratégico es la seguridad alimentaria de la población en medio de una enfermedad viral. Pero la decisión ha sido contraria, los créditos se han orientado al apoyo de los grandes productores.

El papa Francisco se dirigió, el Domingo de Resurrección, a los movimientos populares del mundo y dijo: “Sé que ustedes han sido excluidos de los beneficios de la globalización. No gozan de esos placeres superficiales que anestesian tantas conciencias. A pesar de ello, siempre tienen que sufrir sus perjuicios. Los males que aquejan a todos, a ustedes los golpean doblemente. Muchos de ustedes viven el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja. Los vendedores ambulantes, los recicladores, los pequeños agricultores, los constructores, los que realizan distintas tareas de cuidado. Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento y las cuarentenas se les hacen insoportables. Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.