En la edición 33 de Semana por la Paz, CINEP/PPP se suma al llamado “movámonos”. Les compartimos nuestra programación en este certamen que nos invita a estar, más que nunca, juntos en la dignificación y defensa de la vida. 

Hace 33 años, en el mes de septiembre, Colombia realiza una movilización que busca el logro de un objetivo común: la Paz. La Semana por la Paz es una sinergia que crea espacios para la visibilización de iniciativas que promueven y construyen paz desde los territorios y la cotidianidad. A su vez, estos espacios reconocen la solidaridad, la empatía y la esperanza de personas y organizaciones que mediante sus proyectos dignifican la vida, fomentan el comportamiento colaborativo y nos reencuentran con la Paz. 

En la difícil coyuntura actual, con más de 50 masacres en lo que va del año y el creciente asesinato de líderes sociales y firmantes de paz, la Semana por la Paz cobra aún más importancia. Sin embargo, debido a la pandemia los eventos que se llevarán a de manera virtual únicamente. Este año el lema es “Reencontrémos con la paz” y “movámonos.  CINEP/PPP es uno de los muchos promotores de esta movilización ciudadana cuyo objetivo es visibilizar el esfuerzo cotidiano de miles de personas que trabajan en la construcción y consolidación de la paz, y de iniciativas que dignifiquen la vida. Se realiza la primera semana de septiembre porque el día 9 de este mes, se celebra el Día de los Derechos Humanos en Colombia y el Día de San Pedro Claver.

                                                                                                                 

 

Les invitamos a participar de la programación de CINEP/PPP donde reafirmamos nuestro compromiso con el derecho a la paz:

La espiritualidad como herramienta de construcción de paz. 8 de septiembre. 11:00 am. 

Transmisión en: https://www.facebook.com/Compensarinfo

Diálogos de Paz. Saberes para la construcción de paz desde las regiones. 10 de septiembre. 10am

Transmisión en:  https://www.facebook.com/CTV.Barranquilla104

Canal 104 de Claro Barranquilla

Desafíos de la participación y la construcción de paz en el aislamiento. 10 de septiembre. 2:00 pm. 

Invitados: Luis Guillermo Guerrero, director del Cinep/PPP; Luciano Sanín Vásquez, director de Viva la Ciudadanía; Juan Esteban Cárdenas, Estudiante grado 11 IED Restrepo Milán y Gina Cristina Cardona Álvarez, Docente Colegio Rural Quiba Alta. 

Transmisión en: https://www.facebook.com/Educacionbogota

Las regiones nos reencontramos por la Paz. 11 de septiembre. 10:00 am. 

Invitados: Ana Milena Jiménez, Fundación Ambiental Dapaviva; José Elías Pilimue, Cabildo Misak; Johana Durán, Fundación Mujer y Futuro; Yuli Yovana Correa, ASINCH; Fernando Castrillón, Grupo Semillas. Moderación: Wilson Castañeda, Caribe Afirmativo. Invitados especiales: Adriana Lizcano y Edson Velandia. 

Transmisión en: https://www.facebook.com/caribeafirmativo

A continuación la programación completa de la #SemanaporlaPaz33

 

Por: Daniela Ramírez. Comunicaciones CINEP/PPP

Un estudio de caso global muestra que los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente se enfrentan a mayores riesgos en el contexto del covid-19. Comunicado firmado por Cinep/PPP y otras 8 organizaciones internacionales. 

Con ocasión del día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), cinco meses después de que la OMS declarara al COVID-19 como una pandemia mundial, hacemos un llamado de atención urgente a los efectos desproporcionados del virus y el confinamiento que sufren los pueblos indígenas y otros defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente, especialmente vulnerables en la crisis actual.

La Defending Land and Environmental Defenders Coalition (DDCoalition), integrada por organizaciones que trabajan en apoyo de los defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo, ha estado reuniendo informes sobre amenazas, hostigamientos y ataques contra los defensores de la tierra y el medio ambiente desde mayo. Recopilados a través de LANDex e informes públicos, la verificación de estos casos está en curso, pero se han identificado tres tendencias generales: las amenazas contra los defensores de la tierra y el medio ambiente no han disminuido durante la pandemia; por el contrario, han surgido nuevos tipos de riesgos; y en el contexto actual, los pueblos indígenas están particularmente expuestos a amenazas y ataques.

"A lo largo de esta pandemia, en particular en las respuestas de los gobiernos y los garantes de derechos, estamos siendo testigos de que los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas corren un mayor riesgo de ser blanco de ataques, acosados e incluso asesinados a medida que se restringe el movimiento y los gobiernos amplían las leyes", dijo Kathrin Wessendorf, directora ejecutiva del International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). "Se están llevando a cabo iniciativas al amparo del desorden causado por la pandemia o la ampliación de las medidas de emergencia".

En los mencionados informes se muestran elementos comunes que aparecieron en todos los casos, destacando las muchas formas en que la pandemia está afectando a las comunidades indígenas. Además de ser especialmente vulnerables al riesgo para la salud que supone el COVID-19 -con acceso limitado a los servicios de salud y otras medidas preventivas-, la continua pérdida (y la falta de reconocimiento) de sus tierras tradicionales ha generado inseguridad alimentaria y ha obligado a muchos indígenas a abandonar sus comunidades, en búsqueda de trabajo en el sector informal o de primera línea (labores que implican exposición a personas, etc.), exponiéndolos aún más al COVID-19.

Durante la pandemia y el consiguiente confinamiento, muchos gobiernos han sido menos receptivos y han estado más ausentes en las zonas de conflictos de tierras. En muchos países se ha suspendido el poder judicial, se ha intensificado la vigilancia y se han promulgado leyes de emergencia para contener la propagación del virus, las cuales han sido utilizadas para detener a los disidentes. El activismo se ha limitado en un momento crucial, ya que las protestas y manifestaciones suelen estar prohibidas, a pesar de que estén permitidas las actividades controvertidas -que incluyen desalojos, demoliciones y proyectos extractivos, como la minería-. En algunos casos, esos proyectos se han beneficiado de incentivos gubernamentales por considerarse áreas de "interés prioritario" para las economías nacionales.

Entre los casos reunidos por las organizaciones, hay un número sorprendente de demoliciones y desalojos a comunidades indígenas, étnicas y locales en un momento en que se emitieron nuevos permisos ambientales, se otorgaron concesiones y nuevos proyectos y se obligó a la sociedad civil -entre ellos a quienes brindan apoyo legal, periodistas y manifestantes- a permanecer en sus hogares.

En Kenia, el gobierno se burló de un fallo histórico del 2017 de la Corte Africana el cual confirmó el derecho del pueblo Ogiek a sus tierras ancestrales, y el 2 de julio inició un desalojo a gran escala de al menos 300 familias Ogiek. El desalojo forzoso se ha producido a pesar de la moratoria sobre los desalojos durante el COVID-19 y las familias desalojadas, ahora sin hogar, se verán expuestas aún más al COVID-19.

En Nepal, los pueblos indígenas Chepang se enfrentan a riesgos similares, ya que unas 60 familias vieron sus casas quemadas supuestamente por las autoridades del parque a finales de julio. En medio de la temporada de los monzones, estas familias se encuentran sin hogar y más expuestas al COVID-19. Dos meses antes, 25 casas de la comunidad Dalit, sin posesión de tierras, fueron demolidas en Mushar (Nepal) para dar paso a una nueva carretera. En la segunda semana de abril, dos hoteles administrados por indígenas Ogoni en el estado River de Nigeria fueron demolidos después de que, según se informó, las autoridades dijeran que los hoteleros no habían cooperado con el Estado en la localización de contactos relacionados con COVID-19.

Los casos reunidos también destacaron la aplicación selectiva de restricciones a la circulación y la actividad. Si bien se prohibieron las protestas, se permitió que avanzaran los proyectos de infraestructura y desarrollo controvertidos y, en algunos casos, fueron protegidos por las autoridades.

A fines de marzo, en el centro de México, se detuvo a un activista indígena por protestar contra una carretera que se estaba construyendo a través de los bosques reclamados por los Otomí-Mexica. A pesar del confinamiento -y de las órdenes de suspensión de un tribunal local- la construcción continuó con la protección de la Policía y la Guardia Nacional. En Uganda, dos semanas después del confinamiento nacional, Witness Radio informó de violentas apropiaciones de tierras de comunidades pobres y de la detención de quienes se oponían a la violencia. Una de las empresas presuntamente implicadas ha enviado una respuesta al Business & Human Rights Resource Centre, pero la situación continúa.

En abril, en Filipinas, se informó que un centenar de agentes de la policía dispersaron por la fuerza a unos 30 defensores indígenas y, según este informe de la sociedad civil, arrestaron a un dirigente indígena por impedir el acceso a una operación minera que, según la población local, está contaminando su abastecimiento de agua en Didipio, Nueva Vizcaya. Se ha informado ampliamente que la licencia de explotación minera expiró en junio de 2019, pero los opositores del proyecto afirman que las operaciones han continuado. Los activistas señalan que la empresa está incumpliendo la orden de cuarentena, dejando a los lugareños sin más remedio que volver a la barricada para protestar, aunque respetando el distanciamiento social.

Filipinas, que siempre ha sido uno de los países más peligrosos para los defensores, ha pasado de 30 asesinatos en 2018 a 43 el año pasado.

En Indonesia, una instancia del poder judicial –cuyas actividades estaban suspendidas– dejó a tres agricultores indígenas de Kalimantan Central a la espera de una audiencia tras ser detenidos por robar fruta de una empresa de plantaciones a la que acusan de haberle arrebatado sus tierras. El juicio se pospuso con la policía diciendo que su preocupación prioritaria era el COVID-19. Los agricultores señalaron que, aunque la policía tuvo tiempo de llevar adelante las acusaciones de robo en medio de la pandemia, no pudieron encontrar tiempo para que se celebrara el juicio previo.

La mayoría de los casos recibidos proceden de Colombia, país que registró el mayor número de líderes sociales y defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados en 2019. Tres líderes sociales fueron asesinados antes de que se impusiera el confinamiento y un mes después de que se anunciaran las órdenes de permanencia en el hogar, la Defensoría del Pueblo advirtió de un "ataque violento" contra comunidades vulnerables por parte de agentes armados no estatales y grupos de delincuencia organizada. En poco más de un mes, habían registrado 40 incidentes de intimidación y ataques contra comunidades.

A lo largo del confinamiento, los informes de Colombia documentaron cómo los grupos armados amenazaban a las comunidades indígenas que intentaban protegerse. En Magdalena, el pueblo indígena Kogui de Sierra Nevada denunció que personas armadas se dedicaban a la minería "ilegal" en sus tierras sin que las autoridades tomaran ninguna medida. En el Cauca (Colombia), grupos armados amenazaron a guardias indígenas Nasa que habían sido encargados de vigilar los movimientos de entrada y salida de la comunidad, forzando finalmente su entrada y exponiendo a la comunidad a la COVID-19.

"Las condiciones de confinamiento han facilitado la localización, la búsqueda, el ataque y la eliminación de estos defensores, ya sea en sus casas o en sus lugares de trabajo", dijo Cristian Llanos, investigador del equipo de la base de datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, una organización colombiana de investigación y educación. "En la región del Cauca se han reportado dos o tres ataques diarios, siendo los indígenas y los campesinos los más afectados", agregó, "pero los ataques contra los líderes en todo el país son generalizados y durante el confinamiento, la cifra real podría superar los 100 ataques contra los defensores".  

En varios casos de Brasil, las políticas y prácticas gubernamentales expusieron a los pueblos indígenas a un innecesario riesgo elevado de contraer COVID-19. En el Estado de Amazonas, las autoridades locales forzaron a los miembros de la tribu Kokoma a abandonar sus comunidades y a recorrer largas distancias para recibir asistencia federal, exponiéndolos al virus durante los viajes en transporte público y en zonas de espera saturadas. A esos viajes se han atribuido altas tasas de infección y varias muertes en la comunidad. En otras partes del Amazonas, las pruebas indican que los trabajadores sanitarios que tenían el virus infectaron a miembros de la tribu Kanamari.

En abril, según se informa, los militares emprendieron una amplia búsqueda de viviendas en la zona indígena de Chittagong Hill Tracts, una región de Bangladesh. Según el International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA), los actores parecen estar "utilizando la crisis para reprimir a su pueblo y perseguir a los defensores de los derechos y los activistas que hablan en su contra".

"Los casos denunciados sirven como un ejemplo aleccionador de las muchas formas en las que la crisis del COVID-19 ha sido utilizada contra los defensores de la tierra y el medio ambiente, especialmente los que pertenecen a comunidades indígenas", dijo Ward Anseeuw, especialista técnico senior de la International Land Coalition. "La recopilación de casos también subraya la importancia de vigilar de cerca y sistemáticamente estos incidentes, ya que la mayoría de los asesinatos de defensores van precedidos por ataques no letales que han sido documentados.

Con la pandemia lejos de terminar, la DDCoalition se solidariza con los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente y pide que los agentes privados y estatales adopten medidas urgentes.

Como un primer paso, tanto los gobiernos como las empresas deben poner los derechos de la tierra y el medio ambiente, así como los derechos de las personas que los protegen, en el centro de su respuesta ante el COVID-19. Deben apoyar las luchas de los usuarios locales de la tierra y las comunidades para poseer, controlar y gestionar sus tierras y recursos naturales como un esfuerzo a largo plazo para una mejor reconstrucción.

Asimismo, deben dedicar recursos a identificar el aumento del riesgo para estos defensores en las inversiones, operaciones y cadenas de suministro de las empresas para prevenir y mitigar los riesgos identificados. Además, los posibles efectos de los proyectos en el medio ambiente o los derechos humanos deberían comunicarse de manera clara y segura a las y los afectados, y esas comunidades e individuos deberían poder participar de manera significativa en los procesos de adopción de decisiones.

En términos más generales, esta es una oportunidad para que los actores estatales y privados formalicen su compromiso con un enfoque de tolerancia cero respecto a la violencia contra los defensores en sus operaciones. Esto significa asignar un presupuesto y personal para aplicar esas políticas y crear sistemas que garanticen evaluaciones periódicas de los impactos y mecanismos que informen y actúen sobre esos hallazgos.

La protección de los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente debe formar parte de la urgente tarea de mitigar la crisis de COVID-19 y avanzar hacia una recuperación sostenible.

Firman: 

International Land Coalition (ILC)

Global Witness

International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA)

Asian NGO Coalition (ANGOC)

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

Natural Justice

URG-LAC: Universal Rights Group Latin America

The Access Initiative Latin America

Business & Human Rights Resource Centre

En las universidades públicas del país se adelanta una movilización por la gratuidad en la matrícula. Desde mayo, cuando inició el movimiento 'Matrícula Cero', unas 14 instituciones se han sumado a este reclamo. En esta nota les resumimos en qué van y qué falta.

En Instituciones de Educación Superior (IES) públicas como la Universidad Industrial de Santander y otras 14 universidades de todo el territorio nacional se han logrado avances en cuanto a gratuidad para estudiantes en estratos socioeconómicos 1 y 2. Pero en otras, como la Universidad Nacional o la Universidad Pedagógica, sedes Bogotá, se siguen desarrollando huelgas de hambre exigiendo apoyos económicos sin los cuales les será imposible continuar sus estudios. 

La tasa de desempleo que, según el DANE para junio fue 19.8%, podría significar una deserción escolar de entre el 30% y 50% para este semestre según la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES). Aunque agravados por el COVID19, el acceso y los recursos para la educación han sido problemas históricos de la educación superior en Colombia. Así lo explica Mauricio Archila, profesor emérito de la Universidad Nacional e investigador del CINEP/PPP:

Ha sido muy recurrente desde los sesenta el problema de financiación de la educación pública, principalmente universitaria. En los últimos tiempos, desde la Ley 30 de 1992, que se supone que regula todo el sistema educativo y que fija el incremento anual para la educación pública, se ha ido manifestando el rezago cada vez más fuerte de los aportes del Estado a las universidades públicas”.

Relación de gasto, cobertura y financiación por parte del Gobierno Nacional a las IES públicas entre 1993 y 2016. Informe de presidencia del Sistema Universitario Estatal (SUE) en 2018.

De la matrícula 0, a la garantía de acceso a la educación superior

En los presupuestos generales de la Nación vigentes para 2019 y 2020, el Gobierno Nacional agregó más recursos a las IES, atendiendo lo pactado en la ´Mesa de Diálogo para la Construcción de Acuerdos para la Educación Superior Pública`, tras la fuerte movilización  estudiantil de 2018. No obstante, en la Mesa de Diálogo “se llegó a un Acuerdo que ha ido incumpliendo el Gobierno, y muchos de los motivos del 21 de noviembre (paro nacional) del año pasado tienen que ver también con eso”, declara Mauricio Archila. 

Recientemente, respondiendo a la crisis del sector educativo como consecuencia de la pandemia y el movimiento “Matrícula Cero” se creó el Fondo para la Educación mediante el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020, el cual destinará 97.500 millones de pesos para apoyar el pago de matrículas en universidades públicas. Pero los estudiantes aseguran que los recursos suministrados por el Fondo no fueron suficientes para garantizar la matrícula de los estudiantes de estratos 1 y 2 en sus Instituciones. 

En muchas de las IES públicas regionales como la Universidad Distrital o la Universidad de Cundinamarca, los beneficios en matrículas y apoyos han sido posibles gracias a los recursos aportados por las mismas Instituciones y gobernaciones y alcaldías. En otras instituciones, como la Universidad de Córdoba, los beneficios en matrículas cobijan únicamente a estudiantes antiguos. En las universidades de carácter nacional, la lucha continúa porque los recursos aportados por el Gobierno son insuficientes para cubrir las necesidades de la población estudiantil.

U. de A. y Unal: Dos formas de responder a la “matrícula cero”

En la Universidad de Antioquia en Medellín un grupo de estudiantes inició una huelga de hambre el 8 de julio para exigir que se congelen las reformas al estatuto general universitario hasta que se volviera a la presencialidad y se pudiera debatir. En la entrada de la Ciudad Universitaria se instaló un campamento de estudiantes. Tres mujeres empezaron la huelga que logró su objetivo.  

Uno de los factores clave en la respuesta favorable, además del apoyo de colectivos, movimientos sociales y la Asociación de Profesores de esa universidad, fue la articulación concejales, diputados, Personería de Medellín, y otras instituciones, explica María Gallego, huelguista y  estudiante de licenciatura básica con énfasis en Matemáticas de la UdeA. Según María. La U. de A. logró la ‘Matrícula 0’ para todos sus estudiantes de pregrado y según declaró el alcalde de Medellín Daniel Quintero, esta sería  una “política pública que llega para quedarse y su logro es un triunfo del movimiento estudiantil”.

Días después del 5 de agosto, cuando mediante el Comunicado 19 a la Comunidad Universitaria, la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya, anunció que el costo por derechos de matrícula para 31.000 estudiantes sería igual a $0, y que además, los estudiantes de posgrado que así lo solicitaran tendrían un descuento de hasta el 20% en los derechos académicos para el periodo académico 2020-2. Allí, seis estudiantes iniciaron una huelga de hambre que hasta el 22 de agosto no termina.

Foto de: @intersedesunal

Daniela Viuche Conde, estudiante de Ciencia Política de la “Nacho” Bogotá y huelguista, expresa que “desde que se inició la virtualidad de las clases empezaron diferentes acciones de movilización de forma virtual, para garantizar para todos y todas realmente el derecho a la educación. La universidad brindó unas ayudas que fueron para población más vulnerable, algunos recibimos mercados, se hizo entrega de tablets y recursos para servicios de internet pero esto no ha dado a basto a la necesidades de toda la comunidad estudiantil”. 

Para una universidad con 54.284 estudiantes matriculados en el período 2019-2  y un déficit anual, que algunos estiman alrededor de 80 mil millones de pesos, se plantea urgente una inyección presupuestal y la garantía de la ‘Matrícula 0’ a través de recursos externos, en este caso, del Gobierno Nacional. No obstante, el apoyo económico recibido se acerca a una cifra de 5.200 millones de pesos (provenientes del Fondo para la Educación), lo que resulta insuficiente para cubrir los gastos que presenta la universidad pública más grande de Colombia.

Los estudiantes cuestionan al Gobierno Nacional por haber priorizado los beneficios económicos para el sector bancario y financiero durante la crisis; adicionalmente, aluden a que los principales rubros de la nación (pago de deuda y defensa) podrían ser destinados para educación e investigación. La viabilidad de la Matrícula 0 estaría pues al alcance de un rediseño presupuestal del Estado, pero no hay certeza sobre la intención de que el gobierno de turno en Colombia quiera invertir más en educación y menos en la guerra. 

Por: Daniela Ramírez y Juanjosé Gutiérrez. Comunicaciones CINEP/PPP.

El CINEP/PPP, y otras organizaciones de la sociedad civil agrupadas en Defendamos la Paz expresan su respaldo a la Corte Suprema de Justicia.

Defendamos la Paz expresa su indignación ante las tentativas de interferencia judicial en curso que tienen como objetivo afectar el proceso que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra el senador Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal.

Rechazamos la campaña de desprestigio, desinformación e intimidación emprendida por el Centro Democrático y el inculpado senador, que pretenden presentar un proceso jurídico como una revancha política.

Censuramos las acciones del Gobierno nacional que ha puesto el aparato del Estado al servicio de dicho senador para obtener manifestaciones de solidaridad y hasta presiones de poderes foráneos sobre la administración de justicia en Colombia.

Sospechamos de reformas que se presentan para fortalecer la rama judicial, cuando lo que se pretende es destruirla, mediante la creación de entidades a la medida de los intereses de un sector político.

Defender la paz es salvaguardar las instituciones; embestir contra la institucionalidad es repartir abono para la guerra.

A continuación el comunicado completo: 

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Es inadmisible que la construcción de la paz en Colombia nos lleve a reeditar la violencia y el conflicto armado. Fue lo primero que los jóvenes que votaron por el sí y por el no a la paz quisieron expresar los días posteriores al plebiscito por la paz en 2017. Sin embargo, lo que estamos viviendo en estos días en Colombia por parte de sectores del gobierno y del partido Centro Democrático es una estrategia que se basa en oponerse, de manera tajante, a que el Acuerdo de Paz se desarrolle y eche raíces en la sociedad colombiana. No hay voluntad política, si bien se hicieron muchos de los cambios exigidos por ellos luego del Plebiscito. Ese fue el Acuerdo Final que se firmó y el Congreso confirmó. 

Existen varios hechos para afirmar lo anterior: no hay gestión ni priorización de recursos para financiar el Acuerdo de Paz, lo que se está invirtiendo es en gran parte el presupuesto normal. No hay una estrategia efectiva de seguridad para parar el genocidio en contra de los excombatientes del partido FARC. Tampoco se avanza en el punto de reforma rural integral, ni de participación política, ni se aplica la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y, como si fuera poco, se ataca con vehemencia y con argumentos inconsistentes el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) para las víctimas. 

Hemos sido testigos, en las últimas semanas, de la presión que ha recibido la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y especialmente, su presidente el Sacerdote Jesuita, Francisco de Roux Rengifo, de manera directa por miembros del partido de gobierno levantando acusaciones infundadas cuyo fin es poner en tela de juicio un trabajo difícil en un país que ha vivido sesenta años de violencia. 

La verdad que se pretende construir sobre el conflicto no puede ser una verdad filosófica, ni tampoco religiosa, ni ideológica, ni científica. Tampoco puede ser una verdad que solo sea la versión de un solo sector de la sociedad. La verdad que se busca es una verdad histórica, compartida, que surge de la confianza de múltiples actores, que se teje con los finos hilos de acuerdos profundos y transparentes y con agujas de confianza y honestidad, por parte de todos los sectores sociales. Una verdad que no es absoluta, ni taxativa ni cerrada, sino una verdad que nos dé la posibilidad de hacer la justicia restaurativa que necesitemos y no una justicia punitiva para el castigo de algunos que se los haga ver como únicos culpables. Una verdad que repare a las víctimas y les restablezca sus derechos como ciudadanos. Una verdad que nos dé la oportunidad reconciliarnos para hacer justicia social, que genere los cambios necesarios para que seamos reconocidos y respetados como ciudadanos y ciudadanas. Una verdad que no puede ser puesta en el marco de los dividendos políticos, ni de sus mezquinos intereses. 

El evangelista Juan nos dice: "y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres". Esta verdad es una experiencia de seguimiento a Jesús, en la que el creyente genuino experimenta la verdad como un acontecimiento de libertad y de amor. El criterio para discernir y vivir la verdad es todo aquello que conduce al proyecto del Reino de Dios, el cual es: que la historia, la creación en su conjunto y los seres humanos, en comunión, vivamos en camino hacia la plenitud de la justicia, de la libertad y del amor gratuito con Dios. 

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Director General CINEP/Programa por la Paz