Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Es inadmisible que la construcción de la paz en Colombia nos lleve a reeditar la violencia y el conflicto armado. Fue lo primero que los jóvenes que votaron por el sí y por el no a la paz quisieron expresar los días posteriores al plebiscito por la paz en 2017. Sin embargo, lo que estamos viviendo en estos días en Colombia por parte de sectores del gobierno y del partido Centro Democrático es una estrategia que se basa en oponerse, de manera tajante, a que el Acuerdo de Paz se desarrolle y eche raíces en la sociedad colombiana. No hay voluntad política, si bien se hicieron muchos de los cambios exigidos por ellos luego del Plebiscito. Ese fue el Acuerdo Final que se firmó y el Congreso confirmó. 

Existen varios hechos para afirmar lo anterior: no hay gestión ni priorización de recursos para financiar el Acuerdo de Paz, lo que se está invirtiendo es en gran parte el presupuesto normal. No hay una estrategia efectiva de seguridad para parar el genocidio en contra de los excombatientes del partido FARC. Tampoco se avanza en el punto de reforma rural integral, ni de participación política, ni se aplica la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y, como si fuera poco, se ataca con vehemencia y con argumentos inconsistentes el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) para las víctimas. 

Hemos sido testigos, en las últimas semanas, de la presión que ha recibido la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y especialmente, su presidente el Sacerdote Jesuita, Francisco de Roux Rengifo, de manera directa por miembros del partido de gobierno levantando acusaciones infundadas cuyo fin es poner en tela de juicio un trabajo difícil en un país que ha vivido sesenta años de violencia. 

La verdad que se pretende construir sobre el conflicto no puede ser una verdad filosófica, ni tampoco religiosa, ni ideológica, ni científica. Tampoco puede ser una verdad que solo sea la versión de un solo sector de la sociedad. La verdad que se busca es una verdad histórica, compartida, que surge de la confianza de múltiples actores, que se teje con los finos hilos de acuerdos profundos y transparentes y con agujas de confianza y honestidad, por parte de todos los sectores sociales. Una verdad que no es absoluta, ni taxativa ni cerrada, sino una verdad que nos dé la posibilidad de hacer la justicia restaurativa que necesitemos y no una justicia punitiva para el castigo de algunos que se los haga ver como únicos culpables. Una verdad que repare a las víctimas y les restablezca sus derechos como ciudadanos. Una verdad que nos dé la oportunidad reconciliarnos para hacer justicia social, que genere los cambios necesarios para que seamos reconocidos y respetados como ciudadanos y ciudadanas. Una verdad que no puede ser puesta en el marco de los dividendos políticos, ni de sus mezquinos intereses. 

El evangelista Juan nos dice: "y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres". Esta verdad es una experiencia de seguimiento a Jesús, en la que el creyente genuino experimenta la verdad como un acontecimiento de libertad y de amor. El criterio para discernir y vivir la verdad es todo aquello que conduce al proyecto del Reino de Dios, el cual es: que la historia, la creación en su conjunto y los seres humanos, en comunión, vivamos en camino hacia la plenitud de la justicia, de la libertad y del amor gratuito con Dios. 

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Director General CINEP/Programa por la Paz

Una década después de la denuncia por falsos positivos y fosas comunes en La Macarena se han exhumado 1.371 cuerpos, de los cuales, se han identificado 899 y entregado 221. Les contamos los avances gracias al Acuerdo de Paz en este caso, a propósito de la nueva audiencia en Congreso celebrada este 6 de agosto. 

En La Macarena, Meta —uno de los tantos escenarios en los que se reflejaron las consecuencias del conflicto armado en Colombia— la muerte y la victimización estuvieron silenciadas durante décadas. Hace diez años, gracias a la audiencia “Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales” realizada en el Congreso de la República, la comunidad y las víctimas pudieron empezar a sacar a la luz pública el horror de los falsos positivos, la responsabilidad del Estado en estos crímenes, e iniciar un camino de exigibilidad de derechos. El reclamo por la verdad ha estado en el centro de estos diez años de lucha de las organizaciones sociales que han logrado documentar, pese a las trabas, amenazas y muerte, que de 2.304 cuerpos enterrados como no identificados en los 5 cementerios de los Llanos Orientales, 1.674 fueron reportados como muertos en combate por la Fuerza Pública. 

De acuerdo con  el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de personas Desaparecidas GRUBE, de la Fiscalía General de la Nación, citada por el colectivo Orlando Fals Borda, han sido exhumados 1.371, identificados 899, y 221 entregados. En dichas entregas y proceso ha participado el Colectivo mismo, que este 6 de agosto, como hace diez años, acudió al Congreso para hacer escuchar los reclamos de las víctimas.

En una nueva audiencia citada por los congresistas Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y Roy Barreras, se presentó el balance sobre las sistemáticas violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, y las ejecuciones extrajudiciales también conocidas como ‘falsos positivos’  dando la voz a las víctimas, quienes contaron los avances y tropiezos en su proceso de búsqueda y reparación por la desaparición forzada de sus familiares y la inhumación en cementerios municipales de La Macarena, Vista Hermosa, Granada, Villavicencio en el Meta y San José del Guaviare, en Guaviare.

Las víctimas pudieron hablar

Vilma Gutiérrez, quien tuvo que enterrar a su esposo a causa de la guerra, pertenece al MOVICE Meta y junto a los familiares de desaparecidos y con galerías de la memoria trabaja por hacer visibles los casos de su región. Para Vilma, gracias a la audiencia ‘‘se le pudo dar un carácter más humanitario al verificar que los casos no eran de personas heridas en combate, como decía el gobierno, sino que eran casos de desaparición forzada’’. A diez años de la primera audiencia que contó con la participación de 6 delegados del Parlamento Europeo, 3 del Parlamento Británico y 10 dirigentes sindicales, el padre Javier Giraldo, del CINEP/PPP,  recuerda que esa situación fue el detonante para esclarecer un fenómeno extendido y preocupante en Colombia, pues no solo se sepultaron cuerpos anónimos de una manera clandestina en el sector, sino que la problemática era tan compleja que llegó repetirse en múltiples regiones, teniendo un alcance a nivel nacional. 

Víctimas como Vilma resaltan el trabajo y las cifras alentadoras gracias a la colaboración de distintas organizaciones, pero también destacan inconformismo por casos que siguen sin resolverse por parte de la Fiscalía. Sin embargo, permanece la esperanza de lo que pueda suceder y del impacto posterior a la audiencia de La Macarena como ocurrió hace diez años. La mujer señala que:

‘‘La audiencia es importante porque nos permite seguir visibilizando y buscando justicia sobre los crímenes de Estado, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales’’.

La cita de hace una década en el Congreso fue la génesis de una ola de denuncias de los “falsos positivos” que, se sabría después, no solo correspondían a La Macarena y Soacha, sino que se trató de una política de Estado que se mantiene vigente, y que puede corroborarse en el seguimiento semestral registrado en la Revista Noche y Niebla del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. 

Tras la denuncia de 2010, la Corporación Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda, el CINEP/PPP, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y DHBAJOARIARI, empezaron el acompañamiento a más de 1.500 personas de la comunidad para dar a conocer ante la Comisión de Paz y Acuerdo Humanitario, todo lo relacionado con los cuerpos no identificados inhumados que eran conocidos como N.N. en la región.

‘‘Los familiares de desaparecidos no se atrevían a ir a las brigadas militares a reclamar a sus seres queridos porque tenían miedo de que les abrieran un proceso judicial por rebelión o complicidad con la guerrilla, porque ellos sabían que a la mayoría de estas víctimas las estaban calificando como muertos en combate’’, señala el padre Javier.

La sospecha había comenzado porque la comunidad detectó irregularidades en el agua: olores nauseabundos y una contextura ‘grasosa’ particular que hicieron pensar, y luego confirmar, que había enterramientos clandestinos en La Macarena, donde el calor aceleraba la descomposición de los cuerpos inhumados en cercanías al acueducto público. Esta situación llevó a que también se inspeccionaron cementerios de la zona, caracterizados por tener cuerpos de menores de edad que no se podían identificar.

Además, cerca al cementerio de La Macarena se encuentra una base militar donde, según los habitantes podían observar, se descargaban los cuerpos con uniformes. Pero la gente tenía miedo de hablar, y sus seres queridos seguían desapareciendo. Las investigaciones realizadas diez años después han arrojado que una mayoría de los cuerpos no fueron de personas muertas en combate, sino el resultado de una métrica coordinada en la que se asesinaban civiles en “ejecuciones extrajudiciales”. 

¿Cómo avanza el Sistema Integral frente a La Macarena?

Superado el silenciamiento, una década después las comunidades siguen intentando desenterrar la verdad ahora de la mano del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado en el punto 5 (víctimas) del Acuerdo de Paz firmado entre gobierno y Farc, en 2016. Uno de los principales riesgos sigue siendo garantizar la conservación y la custodia de cuerpos de las personas no identificadas y las no reclamadas. 

De acuerdo con el MOVICE, “los riesgos que enfrentan estos lugares en los cuales han sido inhumados legal o ilegalmente los cuerpos de las víctimas, son generados por condiciones que van más allá del deterioro causado por la tierra. Además del riesgo de eliminación de cualquier indicio o prueba que pueden realizar presuntos vinculados a procesos de investigación y juzgamiento, como agentes del Estado e integrantes de los grupos armados ilegales, se enfrenta la priorización de grandes proyectos minero-energéticos, obras de infraestructura o alteración de cementerios en gran parte del territorio nacional, procesos que podrían dificultar su búsqueda o posible exhumación y terminar nuevamente desapareciendo a las personas desaparecidas”.

Por eso el MOVICE solicitó desde 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la expedición de medidas cautelares a los cementerios y entes territoriales. Por su parte, por el fenómeno conocido como “falsos positivos” la JEP abrió un caso particular. Para 2019 la JEP avanzó en la solicitud de medidas cautelares de 16 lugares donde habría personas desaparecidas: Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío (Antioquia), La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná y Norcasia (Caldas), Lebrija, San Vicente de Chucurí y Cimitarra (Santander), Aguachica (Cesar) y Sincelejo, Corozal, San Marcos y San Onofre (Sucre).

Además, con la puesta en marcha de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad  (CEV) se ha avanzando en escuchar y reunir testimonios y material producido en los años anteriores a la puesta en marcha del Acuerdo.

A la fecha, la UBPD ha recibido 889 solicitudes de búsqueda en los municipios de Villavicencio, Granada, Vista Hermosa, Puerto Gaitán, La Macarena, El Castillo, Lejanías, Cumaral, Puerto López, San Martín, Mesetas, Castilla La Nueva, San Juan de Arama, La Uribe y Acacías o que los hechos presuntamente ocurrieron en la zona de cobertura del equipo territorial (lo cual incluye los municipios señalados), y que corresponden a 1.098 personas dadas por desaparecidas. 

“Estas solicitudes de búsqueda han sido allegadas a la UBPD de manera directa mediante el acompañamiento a familiares y personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos, o a través de información aportada por organizaciones sociales en el territorio. En particular, 40 de estas solicitudes de búsqueda corresponden a personas desaparecidas en el municipio de La Macarena o tienen una presunta localización en este municipio”, explica la Unidad agregando que vale la pena destacar que cuando se hace referencia a La Macarena no se habla solamente de familiares que buscan en esta zona, sino también de personas que se encuentran desaparecidas en esta región pero que sus familiares se encuentran en otros lugares.

Además, existen actualmente 2 planes regionales de búsqueda en fase de implementación y acciones de localización que agrupan 52 personas dadas por desaparecidas y se están construyendo insumos para la elaboración de nuevos planes regionales de búsqueda que agrupan 453 personas dadas por desaparecidas en las zonas del alto y medio Ariari; Duda – Guayabero; Capital y Piedemonte; y Puerto Gaitán. 

El drama de la desaparición forzada es un reto para el Sistema Integral y la sociedad misma, que aún desconoce las dimensiones de esta grave situación donde, a diferencia de los asesinatos, el duelo no cesa para los familiares. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entre 1970 y 2015 se registraron 60.630 personas desaparecidas forzosamente en el país. Adicionalmente, el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH continuó con la labor de investigación y recopilación, y hasta agosto del 2018 reportó más de 80.000 víctimas. Organizaciones sociales y víctimas insisten a la JEP en la necesidad de abrir un macro caso exclusivo para investigar la desaparición forzada, así como los macro casos 001 (Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP conocido como “Secuestro”), 003 (Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado conocidas como “Falsos Positivos”) o 007 (Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano).

Por: Erika González. Comunicaciones CINEP/PPP.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

El veinte de julio pasado inició una nueva legislatura del Congreso de Colombia, con la esperanza de que realmente tenga un papel pertinente en tiempos de covid-19. Pues, hasta el momento, como lo analiza la Misión de Observación Electoral -MOE-, en un reciente informe, el Congreso se volvió un espectador de las medidas adoptadas por el Presidente de la República, no actuó como un órgano de control político y se limitó a ser un apéndice del Gobierno.

El Informe de la MOE agrega que, durante la última legislatura, el Congreso no contó con una adaptación rápida al contexto generado por el Covid-19, lo que no permitió una formulación de propuestas dirigidas a enfrentar la emergencia.

Nos recuerda este informe que, adicional al control judicial realizado por la Corte Constitucional, el Congreso de la República está llamado a realizar un control político al Gobierno nacional respecto a la declaratoria del estado de emergencia y el correcto ejercicio de las facultades excepcionales que le son otorgadas por la Constitución Política. Sin embargo, debido a las controversias generadas sobre la forma en que debía sesionar el Congreso, si eran válidas o no las sesiones virtuales o si necesariamente tenían que ser presenciales, se perdió tiempo valioso para ejercer un control dinámico y efectivo a las medidas adoptadas en el estado de excepción y no generó respuestas a la crisis desde las demandas de la ciudadanía. No hay duda que, el momento que atraviesa nuestro país requiere más que nunca del correcto funcionamiento del Congreso. Más que nunca su trabajo debe ser eficiente y eficaz, pero todo quedó reducido al formalismo y a los mecanismos metodológicos de cómo sesionar, desatendiendo lo que los ciudadanos necesitan: legislar para solucionar los problemas acuciantes de semejante pandemia.

A esto se agrega los debates sobre los acuerdos interpartistas para elegir al nuevo presidente del Congreso y de cómo en esto se favorece más las conveniencias que las calidades profesionales, políticas y éticas de los candidatos. Para el caso actual, el acuerdo interpartidista para elegir la presidencia del Congreso, promocionó el nombre de Arturo Char. Según el analista León Valencia, el señor Char está señalado por Aida Merlano de participar en la trama de corrupción que la llevó a la cárcel y también de haber participado en la burlesca fuga que protagonizó la condenada. Igualmente, la Corte Suprema adelanta una indagación. A pesar de ser un impedimento ético indiscutible su opción está en pie. Pero si esto fuera poco, añade Valencia, la organización “Trabajen Vagos” le registra, a Char, ciento cuarenta y nueve inasistencias al Congreso entre los años dos mil catorce a dos mil dieciocho. Es decir, ¿una persona que no tomó en serio su responsabilidad como congresista, metido en deshonestas investigaciones judiciales, es quien ha sido tenido muy en cuenta para orientar las labores del Congreso? En Colombia seguimos utilizando los cargos públicos para alimentar los bolsillos propios y para desarrollar el más desvergonzado clientelismo político; mezclado con negocios legales e ilegales, que a su vez están defendidos por las armas de grupos ilegales y algunos sectores armados legales.

Necesitamos en Colombia una nueva visión y práctica del papel del Congreso como el espacio de poder que legisla, que elabora las leyes que nos gobiernan. En consecuencia, debería ser el escenario por excelencia de la participación y de la democracia de una nación. Por eso, es indispensable y estamos en mora, desde hace ya décadas, de corregir el rumbo del Congreso, ponerlo al servicio de la construcción de un país diverso e incluyente, limpiarlo de las elites clientelistas y corruptas que lo utilizan para sus beneficios egoístas.

El Papa Francisco en el mensaje para la celebración del Día Mundial de la Paz del año pasado expresó: “Sabemos bien que la búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. La política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre, pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación y destrucción".

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General CINEP/Programa por la Paz

En las elecciones para Congreso del pasado 11 de marzo, en las que participaron un total de 17.5 millones de personas y se abstuvieron de votar algo más de 19 millones de personas, se eligieron 280 congresistas. Ellos definirán el destino político, económico y social del país durante los próximos cuatro años. Los comicios estuvieron influenciados por un contexto de profunda polarización política, pero de manera positiva no hubo enfrentamientos ni actos terroristas de fuerzas insurgentes, realidad que no se vivía hace más de medio siglo.

Ya elegidos los congresistas, y sin ninguna bancada de partido mayoritaria para ganar las votaciones legislativas, la composición del Congreso obligará ineludiblemente a la negociación. En consecuencia, se puede pronosticar un debate importante y de diversas posiciones en el Congreso, experiencia que en el país no ha sido habitual. La presencia del partido Farc, abonará a esta diversidad, lo que nos da la oportunidad, si queremos, de cambiar las armas y la violencia política por los argumentos y propuestas que necesita el país. Sin duda esto ya es un punto positivo del Acuerdo de Paz.

Pero la pregunta ahora es si el Congreso elegido, cuya renovación es limitada, tendrá la capacidad para afrontar lo que la gran mayoría de colombianos y colombianas necesitamos para avanzar en soluciones sobre los graves problemas del país. No son pocos los retos para el Congreso, pero existen desafíos urgentes: el primero y más importante es continuar el desarrollo del Acuerdo de Paz. Él recoge, en síntesis, los sueños de más de ocho millones y medio de víctimas del conflicto vivido en más de medio siglo. Una segunda prioridad es la política de seguridad estatal en los territorios que desocuparon las Farc. Al mundo rural no está llegando la Policía ni el acceso a la justicia y los asesinatos de líderes y liderezas sigue en aumento. Finalmente, el Congreso tiene que afrontar seriamente el monstruo de la corrupción, casos como el de Odebrecht, el cartel de la toga y los robos del dinero de la salud y la educación, entre otros, tocaron fondo. Para trabajar estos desafíos se necesitan reformas profundas en la política rural, en la justicia, en la tributación, en las políticas sociales y en el mismo modo de operar del Estado. Políticas pertinentes y justas que hagan camino hacia la paz y la reconciliación del país.

El Padre Francisco de Roux en su libro La Audacia de la paz imperfecta, nos dice: “Hoy la esperanza nace de la posibilidad de entrar en un tiempo nuevo en el que lleguen por fin los ciudadanos de los valores gratuitos de la paz y de la reconciliación, por encima de la lucha de votos, del dinero y de las armas que no conocen de gratuidad. Que se pongan al lado de la gente para un acompañamiento espiritual, no religioso, apoyado en las tradiciones de fe cristiana católica de las mayorías y en la vocación humanitaria de muchos”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director CINEP/programa por la Paz

 

 

Pasadas las elecciones al Congreso de la República, en Rompecabezas analizamos los resultados electorales que definieron la composición del órgano legislativo. En este programa participaron:

- Fabio Velásquez, director Foro Nacional por Colombia
- Luciano Sanín, director Viva la Ciudadanía 
- Juan Carlos Merchán, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la PUJ


Programa producido por Javeriana Estéreo 91.9 FM Pontificia Universidad Javeriana y Cinep Programa Por la Paz.