Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

La semana pasada se presentó ante la Justicia especial para la paz y la Comisión de la verdad, el informe “Violencia, racismo y conflictos socioambientales: el despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó en el medio Atrato chocoano. El objetivo de esta gestión es que ocho grandes empresarios ocupantes devuelvan a las comunidades, cerca del sesenta por ciento de más de ciento siete mil hectáreas, en el marco de la ley catorce cuarenta y ocho de víctimas y restitución de tierras. Esperemos que la fe y la esperanza de volver a poseer y usufructuar su tierra sea pronto realidad para los más de cinco mil habitantes de comunidades negras, indígenas y campesinos de este territorio.

En Colombia la tenencia, propiedad, acceso y uso de la tierra es un nudo gordiano sin resolver. Desde que somos república, hace doscientos años, la tierra prometida a los pueblos indígenas, campesinos pobres y comunidades negras no se ha cumplido.

El país vive una de las más dramáticas e injustas mediciones de alta concentración de la tierra en el mundo, junto a países como Brasil y varias naciones centroamericanas. El uno por ciento de las fincas más grandes ocupa el ochenta y un por ciento de la tierra. Según el Banco Mundial, Colombia es uno de los cinco países más desiguales en tenencia y acceso a la tierra del mundo, un título que nos debería dar vergüenza, pero que se volvió parte del paisaje social. A esto se suma que mientras que la propiedad de grandes extensiones de tierra sigue concentrándose en pocas manos, la pequeña está fragmentada en un número mayor de personas. El año pasado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi informó que los predios rurales privados del país suman sesenta y uno punto tres millones de hectáreas y están a nombre de cinco punto dos millones de propietarios, pero solo el veinticinco por ciento de esos propietarios son los dueños del noventa y cinco por ciento del territorio.

Pero los problemas de la tierra no se limitan a la desigualdad de la propiedad. La informalidad de la tenencia es otra de las dificultades en los territorios rurales de Colombia. Estudios de Fedesarrollo en el dos mil diecisiete afirman que aproximadamente algo más de ochocientos seis mil hogares rurales, equivalentes al cincuenta y tres por ciento de los que se dedican a actividades agropecuarias, nunca han tenido tierra.

La sumatoria de todos estos factores arroja una compleja situación de la cuestión agraria en el país. La debilidad del Estado en el diseño y aplicación de políticas rurales, la alta corrupción, y los múltiples intereses económicos particulares detrás de las riquezas de la tierra y el subsuelo, siguen interesando mucho más a los gobiernos que las necesidades, las luchas y esperanzas de más de nueve millones de víctimas del conflicto social y armado que ha vivido el país. Una prueba de esto es el bloqueo que se hace del Acuerdo Final que, en el punto uno, quiere avanzar en la solución de una importante parte de los problemas agrarios del país.

El Papa Francisco en el primer encuentro mundial de movimientos populares en el Vaticano, año dos mil catorce, expresó: “Al inicio de la creación, Dios creó al hombre, custodio de su obra, encargándole cultivar y proteger la tierra. Me preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo por el acaparamiento de tierras, la desforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados, son algunos de los males que arrancan al hombre de su tierra natal. Esta dolorosa separación, que no es sólo física, sino existencial y espiritual, está poniendo a la comunidad rural y su peculiar modo de vida en notoria decadencia y hasta en riesgo de extinción”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.