Este 6 de octubre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 61 que evidencia un aumento progresivo en las victimizaciones desde 2019 y detalla como los territorios más afectados en el primer semestre de 2020 a Bogotá, Antioquia y Cauca; así mismo ubica como mayor violador de DD.HH. a la Policía. El caso de la minería de carbón, el ecocidio y el etnocidio en La Guajira también fue abordado revelando cómo, tras 40 años de explotación, no llega aún el prometido progreso.

El Banco de Datos presentó su habitual balance de Derechos humanos, DIH y violencia política en Colombia revelando que las regiones con mayor violación de derechos humanos en el primer semestre de 2020 fueron Bogotá D.C. con 182 victimizaciones; Antioquia, con 108 victimizaciones; y Cauca, con 46 victimizaciones.

Con la participación de Javier Giraldo SJ, Alejandro Angulo SJ, y Luis Guillermo Guerrero Guevara, director del CINEP/PPP,  se desarrolló un conversatorio y rueda de prensa virtual donde se socializaron los principales hallazgos de la Revista Noche y Niebla.

Según el Informe, la Policía fue el actor que más violó los derechos humanos, tomando en 2020 el primer lugar que en 2019 ocuparon los paramilitares. Este año el actor con más casos violatorios de Derechos Humanos ha sido la Policía Nacional con 296 hechos, seguida de los grupos paramilitares, con 223; y el Ejército Nacional con 106 casos. De las acciones perpetradas por las unidades de la Policía Nacional, se detalla que detuvieron arbitrariamente a 173 personas, hirieron a 59 civiles y amenazaron de muerte a 37 más.

En la conversación se llamó la atención sobre el aumento de las victimizaciones en el último año y medio pasando de 446 en el primer semestre de 2019, a 532 en el segundo semestre del año pasado. De enero a junio de 2020, las victimizaciones suman ya 609. Es decir, hay un aumento de 163 casos con relación a 2019. 

“¿Quién está matando de manera tan desenfrenada a líderes sociales, firmantes de paz y comunidades? En este país la justicia está aferrada a métodos trillados e inútiles”, expresó Javier Giraldo SJ durante el conversatorio.

También, se mostró preocupación por las acciones perpetradas por tropas del Ejército Nacional, quienes entre enero y junio de 2020 fueron responsables de 32 amenazas de muerte, 33 detenciones arbitrarias y 19 heridos y 4 casos de tortura. En cuanto a violencia político social fueron victimizados 192 líderes sociales de base en el primer semestre del año 2020. Las víctimas ahora son, en su mayoría, personas u organizaciones con menos visibilidad en los territorios.

De las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, la Revista Noche y Niebla no 61 documenta que los departamentos más afectados fueron: Cauca, con 103 infracciones; Bogotá, con 33 infracciones y Nariño, con 27 infracciones. Los que más infringieron el DIH fueron la guerrilla -incluye disidencias-, con 100 hechos; los grupos paramilitares, con 66 hechos; combatientes, con 36 hechos y el ELN, con 21 hechos.

Asimismo, 216 personas vieron vulnerado su derecho a la libertad. Por último, el Banco de Datos tuvo conocimiento de 4 victimizaciones por desaparición forzada e involuntaria y 6 victimizaciones por violencia sexual durante el semestre.

Minería y des-arroyo

María de los Ángeles García, de la Comunidad Afro de Manantialito y la Veeduría Akuaippa y Mónic López fueron las voceras de los pueblos de La Guajira que están viviendo las afectaciones de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.  

En La Guajira sufrimos la escasez de agua, de alimentos, y derechos por la empres Cerrejón”, aseguró María de los Ángeles García de la comunidad afro de Manantialito.

Mónica López Pushaina, vocera de la Comunidad Wayú aseguró que:

“La minería en La Guajira está acabando con nosotros”: 

¿Valen la pena las violaciones de los derechos humanos de la población del Cerrejón para obtener una ganancia económica de unos pocos afortunados? se preguntó el sacerdote Alejandro Angulo, del Banco de Datos.

Noche y Niebla incluye en esta edición un artículo regional preparado por el equipo de Interculturalidad del CINEP/PPP, el cual devela una vez más la incumplida promesa del desarrollo tras más de 40 años de explotación minera en La Guajira -uno de los departamentos más pobres de Colombia-. En la rueda de prensa las mujeres wayuú y afro detallan el etnocidio y el ecocidio que viven, tras 14 fallos judiciales que han rafiticado la vulneración de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos a la vida, al agua, a la salud, la consulta previa, la seguridad alimentaria, autonomía étnica, integridad cultural y la tierra, entre otros.

En el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día, lo suficiente para alimentar a 150 mil personas: El 40% de los cursos  de agua en ese departamento se ha perdido a partir de la actividad minera aumentando el estrés hídrico y la crisis de acceso al agua en un departamento que vive una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la pandemia del Covid-19.

Con Noche y Niebla, el CINEP/PPP ofrece una mirada de la difícil realidad de los derechos humanos en Colombia desde su aproximación, pues la misma violencia, los mecanismos del silencio y el silenciamiento de las víctimas, así como la impunidad instaurada, impiden recoger la totalidad de los hechos.


  

Por: Comunicaciones CINEP/PPP

 

 Este jueves la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibieron el Informe ‘Violencia, racismo y conflictos socioambientales: el despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó’, por parte del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP.

Esta rigurosa investigación fue presentada de manera virtual a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP y a la Comisión de la Verdad; y documenta las relaciones de complicidad y colaboración entre paramilitares y élites políticas, sociales y económicas del Urabá antioqueño para la apropiación ilegal, por medio de la amenaza y el asesinato, de grandes extensiones de tierra al interior de un territorio étnico y de cómo el desplazamiento masivo y el despojo del territorio del que fueron víctimas las comunidades negras de La Larga y Tumaradó en el municipio de Riosucio (Chocó) generó vulneraciones de derechos de índole económico, social, cultural y ambiental, afectándose en forma desproporcionada a estas poblaciones y aumentando su marginalidad.

Según Juan Pablo Guerrero Home, coordinador de la Línea Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP y coordinador de este Informe: “La incursión paramilitar de los 90 generó el vaciamiento del territorio colectivo, un 93% de la población abandonó sus tierras. Al día de hoy, el 95% de las tierras productivas se encuentran concentradas en manos de 8 personas ajenas al territorio, esto ha generado que alrededor de 856 familias de las 1.747 que actualmente residen en el territorio colectivo solo hagan uso y goce efectivo de muy pocas hectáreas, mientras que existen terceros que hacen uso entre 9 mil y 10 mil hectáreas”.

Según el CINEP, hay una clarísima situación de desprotección sobre el derecho de las comunidades afrodescendientes a su territorio colectivo y una transgresión a los procesos organizativos de comunidades negras en la subregión del bajo Atrato “que ha conllevado a violaciones al derecho a la vida, a la integridad, a la existencia digna, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, así como a derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural, el derecho colectivo a la integridad cultural, o el derecho a la supervivencia colectiva de las comunidades y sus miembros, situación que manifiesta un etnocidio no físico, pero sí simbólico de la diferencia que es considerado por CINEP como una discriminación estructural y una exclusión social basada en una violencia racializada”.

Con este informe fue presentada también una solicitud de medida cautelar ante la JEP de protección territorial a favor de las 49 comunidades que componen el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, que podría proteger 107.064 hectáreas de tierra y favorecer a 5.832 personas.

Para Julián Salazar Gallego, investigador del CINEP, “la medida cautelar permitirá blindar y conjurar los riesgos que pueden tener el sujeto colectivo por su participación en la JEP, más cuando el Consejo Comunitario ha sido acreditado como víctima colectiva en el marco del caso 004”.

Por: Comunicaciones CINEP/PPP. 

El CINEP/PPP, y otras organizaciones de la sociedad civil internacional acompañan la Misión por la Vida y por la Paz a la Orinoquía y Llanos Orientales e instan a los Gobierno Nacional y Departamentales a brindar garantías a las personas y organizaciones participantes.

Las organizaciones de la sociedad civil internacional que suscriben el presente comunicado acompañamos la Misión por la Vida y por la paz a la Orinoquia y los Llanos Orientales en los departamentos de Meta y Guaviare convocada por un muy importante grupo de organizaciones de la sociedad civil colombiana, defensoras de derechos humanos, articuladas en la Red Llano y Selva.


Con el objetivo de verificar y documentar la grave situación humanitaria y de riesgo que viven las comunidades, los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, intensificada por las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional por la pandemia del COVID-19, por la presencia y actuación de diferentes grupos armados y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.


Como Organizaciones Internacionales de sociedad civil estaremos atentas al desarrollo de esta iniciativa que tendrá lugar entre el 18 y 27 de julio de 2020 y exhortamos al Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales de Meta y Guaviare a garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos, reconocer el carácter humanitario de la misión y respetar el Derecho Internacional Humanitario.


Espacio de Cooperación para la Paz.  

 

A continuación el comunicado completo: 

 

El CINEP/PPP, y otras organizaciones defensoras de DD.HH. se manifiestan sobre el informe realizado por la Contraloría respecto al desvío del Arroyo Bruno, y su implicación en la garantía de derechos de comunidades Wayúu y afro que habitan en la zona. 

La Contraloría General de la República radicó ante el juzgado de seguimiento informe de auditoría de cumplimiento sobre los aspectos ambientales relacionados con el desvío del arroyo Bruno en el marco del seguimiento a la sentencia SU-698 de 2017, que ordena la protección de los derechos al agua, soberanía alimentaria y salud de comunidades Wayúu, derechos que han sido vulnerados por la empresa Carbones del Cerrejón Limited, con la desviación de una importante fuente hídrica en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con los hallazgos, el informe obtuvo una calificación final que corresponde al rango de INEFICIENTE, encontrando un total de catorce (14) hallazgos administrativos de los cuales siete (7) tienen una posible connotación disciplinaria. Además, señaló que estas deficiencias impactan en el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Constitucional.

El órgano de control evaluó la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, Corpoguajira, quienes entre otras instituciones públicas conforman una mesa “inter-institucional” de la que absurdamente hace parte la empresa Carbones del Cerrejón. El informe de la Contraloría se concentra en el deficiente informe con el que las entidades y Cerrejón justifican mantener el arroyo Bruno desviado, en lugar de liberar las aguas hacia su cauce natural.

La Contraloría manifiesta que el informe de la mesa interinstitucional se desvía de lo ordenado por la Corte Constitucional, respecto a la medida provisional, y no se da “estricto cumplimiento a lo requerido en la Sentencia SU 698/17, en lo requerido por la Orden Octava”. En otras palabras, no existe por parte de la Mesa Interinstitucional una decisión de fondo, sustentada, y participativa para mantener el arroyo desviado, lo que significaría un desacato a lo ordenado por la Corte Constitucional.

Es de recordar que la Corte Constitucional había previsto que la medida de retornar las aguas hacia su cauce natural podría adoptarse si era necesario desde el punto de vista ambiental y en aplicación del principio de precaución para mantener la integridad del arroyo Bruno, mientras se realiza un estudio ordenado en la sentencia mediante el cual se pretenden abordar una serie de 7 incertidumbres o variables que no fueron tenidas en cuenta al momento de autorizar el desvío y la destrucción del arroyo.


De manera particular, la Contraloría hace un reparo sobre la falta del respeto a la cultura y espiritualidad del pueblo Wayuu. En su informe reconoce que:


“desconocer los derechos de las comunidades trae consigo una afectación o impacto a su cultura y una subvaloración de la relación espiritual que tiene la comunidad Wayuú, teniendo en cuenta que su interacción con la naturaleza no se da solo por estar al lado del Arroyo, sino que existen interacciones mucho más allá de la distancia; como ellos mismos lo mencionan "el pueblo Wayuú rompería su arraigo y esa comunicación que existe entre los de la montaña y los de abajo".


Es importante entender la interacción pueblo - ecosistema como un todo, y no limitarla a un espacio en sí, lo que demuestra una carencia en el verdadero conocimiento del territorio natural y de los beneficios ecosistémicos que ofrece. La comunidad Wayuú entiende el territorio, teniendo en cuenta elementos culturales y espirituales, lo que implica que el Arroyo sea visto como "un ser viviente, importante en su totalidad y no en fracciones o tramos"


La auditoría también cuestiona que la decisión de mantener el cauce desviado se orientó em alto grado desde un punto de vista netamente económico, y en esa vía, cuestionó la rigurosidad del empleo del Análisis Costo Beneficio como la herramienta más adecuada teniendo en cuenta los valores ecológicos que están en juego: “Los elementos ecológicos de un ecosistema altamente sensible, fraccionado y diezmado como el Bosque Seco Tropical, o en lo particular como el Arroyo Bruno con sus estructuras y funciones, cuentan con servicios ecosistémicos sin sustitutos para las comunidades, lo que significa que por más que se intente calcular su valor desde la perspectiva de la Economía de Mercado, este tenderá al infinito por sus características inconmensurables. Se trata de valores superiores que difícilmente podrían entrar dentro de la lógica de un Análisis Costo Beneficio.”

Los hallazgos administrativos con posible connotación disciplinaria dan cuenta de la frágil institucionalidad ambiental, y dan la razón a las comunidades en su histórica denuncia de la cooptación empresarial del gobierno en las decisiones públicas que, menoscaban derechos y condenan poblaciones mientras favorecen empresas multinacionales. Una muestra de lo anterior se sintetiza en algunos elementos alertados por la Contraloría, respaldando lo denunciado en un sin número de ocasiones por las comunidades:

  1.  Recalcó la gravedad de que la Mesa Interinstitucional hubiese concluido no retornar las aguas del arroyo a su cauce natural y mantener el desvío con base en información débil, superficial, deficiente y parcializada, sin generar espacios de participación, ni considerar el daño irreversible que puede significar a la población que interactúa con dicho ecosistema.
  2. Resaltó que el informe con el que se sustenta mantener el desvío falta información frente al monitoreo del cauce natural, de las aguas subterráneas, los acuíferos, la fauna y flora afectada en el cauce natural.
  3. Insistió que lo observado representa un riesgo de asimetría y posibles riesgos morales con la información dado que el desarrollo del informe de la mesa se soporta en documentos e información predominantemente aportada por la misma empresa Cerrejón Limited.
  4. Confirmó y reiteró que las entidades y empresa desconocen lo ordenado por la Corte Constitucional en términos de la participación de las comunidades.
  5. Reconoció que no se han establecido por parte de la empresa medidas de compensación que realmente subsanen los impactos de la intervención de áreas de gran valor ecológico. Lo cual para las comunidades es un imposible dada la irreparabilidad de los daños y la necesidad de proteger el arroyo de ser explotado.
  6. Reafirmó que el informe usa preferencialmente la información de la construcción y operación del canal artificial construido para la desviación, dejando de lado información sobre el curso natural del arroyo que fue afectado por la desviación.
  7. Resaltó la inobservancia sobre las ventajas y desventajas comparativas de retornar o no las aguas de forma temporal al cauce natural;
  8. Cuestionó que no se realizaron observaciones que se presenten y evalúen los beneficios ambientales y sociales de retornar temporalmente el flujo del agua al tramo de cauce natural, tales como la restauración de las condiciones naturales y sus beneficios que se han perdido.
  9. Insistió en que no se tuvo en cuenta las necesidades y requerimientos de las comunidades para la garantía de su derecho al agua, como tampoco lo relacionado a los riesgos del posible agotamiento del recurso hídrico local y regional por el proyecto de desviación y el avance de los tajos mineros.
  10. Subrayó que en ningún aparte del informe se suministran los datos de los caudales de oferta hídrica del arroyo a lo largo del año en su cuenca baja, los datos de los caudales de demanda de cada comunidad, no se aclara si estos se suplen o no con las fuentes relacionadas, tampoco se define el caudal ecológico del Arroyo Bruno y cuales son en definitiva las deficiencias o las condiciones de suministro de agua requeridas para las comunidades.
  11. Observó que con la construcción del nuevo cauce se originó la modificación del sistema hidrogeológico y reconoce que retornar temporalmente las aguas al cauce natural, implica la eventual restauración de las condiciones naturales y la recuperación de los beneficios ambientales que se afectaron o perdieron con la desviación.
  12. Recordó que Corpoguajira ha incumplido en la revisión, ajuste y/o modificación de medidas compensatorias establecidas a Cerrejón Limited ante las obras asociadas al desvío del arroyo Bruno que, habían sido identificadas por la Contraloría en una auditoría realizada en 2017. 

Lo reportado por la Contraloría respalda lo que se ha venido denunciando por parte de comunidades indígenas Wayúu, el pueblo afro, guajiro, organizaciones sociales, ambientalistas, académicas y defensoras de derechos humanos que durante años nos hemos opuesto al desvío del arroyo Bruno para el avance de la explotación de carbón por parte de la empresa Carbones del Cerrejón Limited con la venia de entidades del Estado Colombiano.


El arroyo Bruno no se puede reemplazar, seguiremos alzando nuestra voz para que no siga el desastre que han causado y que uno de los afluentes y tributarios del principal río en la Guajira, el río Ranchería, no sea explotado y destruido.

A continuación el comunicado completo: 

 

El CINEP/Programa por la Paz continúa prestando su servicio con dedicación en medio de la enfermedad y crisis que nos impactan. Hemos estado en comunicación constante con las comunidades con quienes trabajamos en la región Pacífico, Sur de Córdoba, Sur de La Guajira, Cartagena de Indias, Sierra Nevada de Santa Marta, Valle del Cauca, frontera colombo-venezolana, Sur del Tolima, Boyacá, Eje Cafetero, Putumayo, Amazonas, Bogotá y Soacha. A la par avanzamos en nuestros compromisos con cooperantes, entidades no gubernamentales, académicas y actores del sector público, por medio de encuentros virtuales. Y, aunque no somos una entidad humanitaria, estamos realizando algunas acciones en este sentido, pues las comunidades donde hacemos presencia están afectadas y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Con sentido de solidaridad, nos movilizamos y hacemos gestión de recursos para apoyar a los más vulnerables.

Como nos recuerda el profesor Jorge Giraldo Ramírez, “ante la vulnerabilidad y la fragilidad manifiesta de los seres humanos –manifiesta aún más con la pandemia que no reconoció clase social- hay que generalizar una ética basada en la consideración, la responsabilidad, y el cuidado. La consideración igual de cada persona demanda reflexión y contemplación; la responsabilidad demanda afecto y personalización; y el cuidado demanda lentitud y compasión”1.

Nos preocupan, en esta coyuntura, el riesgo de extinción de nuestros pueblos indígenas, la profundización de la desigualdad social y la fragilidad de la democracia, así como la transgresión de las garantías para la vida de líderes sociales y comunidades campesinas, y la débil implementación del Acuerdo de Paz. Por eso animamos a todos nuestros amigos y públicos a continuar juntos en nuestras causas pacíficas por una sociedad justa, sostenible y en paz. Que las vulneraciones a las y los excluidos de siempre y las que afloran en cuarentena no se vuelvan costumbre. Y que la indignación y defensa de los derechos humanos sigan siendo nuestra apuesta de vida.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Director General CINEP/Programa por la Paz.


Giraldo R. Jorge. Consideraciones sobre la crisis. En: Pensar la Crisis. Perplejidad, emergencia y un nuevo nosotros. – Medellín: Ed. Eafit, 2020.