Tras el homicidio del abogado Javier Ordóñez, en dos días de protesta son 14 las personas asesinadas con arma de fuego, y 76 heridos solo en Bogotá. La alcaldesa Claudia López, asegura que la Policía le desobedece. ¿Quién está tras las órdenes? ¿Quiénes responden? ¿Quiénes nos cuidan? Organizaciones sociales exigen reforma a la Policía, judicialización, y cambios estructurales para que las instituciones sirvan al pueblo, no que lo masacran cuando expresa su descontento o promueve el Acuerdo de Paz.

María del Carmen, Eidier, Julieth, Andrés, Jaider, Fredy, Germán, Julián, Angie, Cristhian, Lorwan, Gabriel y Javier, en su mayoría jóvenes, que fueron asesinados en medio de las protestas que desató la muerte del abogado Javier Ordónez a manos de policías del CAI de Villa Luz, en Bogotá. Las calles volvieron a llenarse de manifestaciones masivas en rechazo al asesinato de ciudadanos por la Policía. ¡Nos están matando! Es la expresión ciudadana que se refiere también al homicidio de líderes sociales. Tan solo ayer cayeron Cristóbal Ramos y Jhon Jairo Dávila, al tiempo que Yoni Valdés fue víctima de un atentado. 

El descontento general que se expresa en las calles y en la virtualidad lleva por consigna la justicia por el asesinato continúo a quienes, en ejercicio del derecho a la protesta, reciben como respuesta la muerte por parte de las fuerzas que deberían protegerles. Además, en medio de la crisis social generada por la pandemia, la situación humanitaria en general del país se deteriora. A la par con el regreso de las masacres, el desplazamiento forzado, las ejecuciones judiciales, no hay garantías para la protesta. El deterioro del panorama humanitario, y en general de la garantía de los derechos del pueblo colombiano han derivado en una situación de orden público donde los asesinatos y uso desmedido de la Fuerza Pública siguen protagonizando. 

“El poder político y la fuerza deberían ser neutral, servir a toda la población en vez de estar al servicio de los ricos”, opina Alejandro Angulo del Cinep/PPP. Los hechos de violencia de parte de la Policía hacia los ciudadanos y manifestantes no son hechos aislados y responden a un movimiento mundial que se agudiza por el disgusto de las ciudadanías frente a las injusticias que cometen los Estados, explica el padre Angulo.  

Según la Campaña Defender la Libertad a las 10:30 pm del 10 de septiembre, 128 personas estaban detenidas en la capital colombiana. Algunas de ellas menores de edad, otras, habiendo pasado más de 26 horas retenidas sin que un juez conociera su proceso. Las denuncias sobre la actuación de la Policía en las noches del 9 y 10 de septiembre van más allá de una detención irregular. Abundan los videos que evidencian uso excesivo de la fuerza, tratos crueles, detención a personas defensoras de DD.HH, capturas y procedimientos irregulares, como hombres de civil intercambiando armas con uniformados y disparando en Bogotá. En Medellín se registraron motos con dos hombres a bordo sin uniformes ni placas y con armas cortas. Los disparos de armas de fuego y explosivos plagaron las protestas de ayer también en Barranquilla, Cali, Tunja y otros municipios colombianos.

“El uso de armas de fuego en las protestas es injustificable” expone Angulo, sacerdote jesuita, que hace décadas registra junto al equipo del Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política las violaciones a los derechos humanos de los colombianos dejando en primer lugar a la Fuerza Pública.

Angulo asegura además que hay una responsabilidad compartida en los focos y actos de protesta, dejando ver los pedidos y las exigencias con contundencia pero sin destrucción ni vandalismo. Hay que evitar que las justas luchas sociales se conviertan en actos vandálicos, asegura, y revisar el entrenamiento de la Policía.  Según la alcaldesa de Bogotá Claudia López los policías “desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía”, y cuestionó a quién obedecen. En ese sentido, hizo un llamado a la “justicia, acción y reforma” de este cuerpo.

Por su parte, plataformas de DDHH. y organizaciones expresaron esta necesidad, señalando que es necesaria una doctrina en la fuerza pública que se adecúe a la transición hacia la paz, lo que también implica que la Policía Nacional esté subordinada al Ministerio de Interior, y no al de Defensa, como ha sido hasta ahora. También piden el fin de la justicia penal para los policías, y llevarlos a la ordinaria. 

El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Cement Voule, expresó que: Los autores de uso excesivo de la fuerza deben ser sancionados, y son necesarias reformas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a la Fuerza Pública a garantizar el derecho a la vida, la integridad y la libertad de manifestación. 

En el tercer día consecutivo de movilización social tras el asesinato de Javier en Bogotá, después de que policías le aplicaron un teaser electrónico y una golpiza tras llevarlo al CAI, los jóvenes y ciudadanos se dieron cita en las calles y principales ciudades de Colombia. Otras expresiones culturales y pedidos de resistencia pacífica se convocan para este fin de semana en decenas de municipios del país. 

Por:  Juanjosé Gutiérrez y Katalina Vásquez. Comunicaciones CINEP/PPP

En Colombia, el día de los derechos humanos –que casi siempre coincide con la Semana por la Paz— es el 9 de septiembre. Esta fecha se ha establecido como homenaje al jesuita español San Pedro Claver (1528-1654). Nació en Verdú, España, vino a estas tierras de misión recién entrado a la Compañía de Jesús. En Tunja y Bogotá hizo sus estudios eclesiásticos y fue ordenado sacerdote. Luego le enviaron a Cartagena de Indias donde pasó el resto de su vida dedicado a evangelizar y tratar con dignidad a los esclavos negros que eran traídos de África a Cartagena de Indias, ciudad donde eran comercializados como cualquier mercancía.

Si bien en la época de San Pedro Claver la humanidad aún no había logrado desarrollar un concepto de derechos humanos tal como los conocemos hoy, el reconocimiento que Claver hizo de la dignidad de los esclavos a través de su misión evangelizadora fue un paso inmenso en la afirmación de su igualdad en relación con el resto de los seres humanos. Quienes no leen críticamente y en contexto los hechos históricos, acusan a San Pedro Claver de bautizar a la fuerza a miles de esclavos africanos, desconociendo con ello que, en esa época, la mejor manera –si no la única— de igualar blancos y esclavos era el bautismo. Así, por obra y gracia de la recepción de este sacramento, los esclavos se convertían en “seres humanos” en un entorno social en el cual los negros eran considerados y tratados como animales. La audacia de San Pedro Claver consistió justamente en romper los esquemas sociales del momento dándoles trato humano y digno a los esclavos africanos; esto explica su afán de cuidar de ellos curando sus heridas y cristianizarlos mediante el bautismo y la catequesis. Misión que le trajo al santo no pocas dificultades al interior de la Compañía, la sociedad de la época y su establecimiento.

La defensa de los derechos humanos hoy, inspirada en la ética cristiana que profesó San Pedro Claver en la sociedad esclavista de su tiempo, nos trae varios retos de los cuales señalaré algunos: los derechos humanos están fundamentados en la igualdad de los seres humanos. En términos teológicos esto significa que los derechos humanos se respetan a todos –hombres y mujeres— porque compartimos una misma condición de igualdad que nos da el ser hijos de Dios, imago Deo (Encíclica Pacem in Terris, Juan XXIII, 1963, parágrafos 9, 36). El reto es, por lo tanto, superar los derechos humanos como discurso y ubicarse en la realidad propia de las víctimas, de los excluidos y oprimidos de nuestras sociedades. Es la exigencia de la igualdad desde la experiencia de la desigualdad, de la exigencia de un trato humano desde realidades que nos hacen vulnerables. Desde esta perspectiva, nuestra proximidad a las víctimas se modificaría sustancialmente, pues ésta se haría desde su propia realidad, desde el “no poder”.

Otro reto es lograr un sano equilibrio entre el aspecto individual y comunitario de los derechos humanos. Si bien es cierto que éstos fueron formulados como defensa de los seres humanos en cuanto seres humanos y les protege de amenazas y atentados contra la vida, libertad y dignidad provenientes en la mayoría de los casos de los Estados y los poderes que los conforman, es menester reconocer que un desmedido acento vindicativo e individualista de los derechos humanos puede dejar de lado su aspecto societal, necesario para la construcción del bien común. Por el contrario, un marcado acento en su aspecto social y comunitario podría conducirnos al riesgo de ahogar al individuo en fenómenos colectivos (por ejemplo, nacionalismos exacerbados) fácilmente manipulables por ideologías y caudillismos. Quizás si pensamos en los derechos humanos como aquellos que permiten a los individuos insertarse en comunidades políticas donde hay espacio para la autonomía personal y la construcción de proyectos colectivos, lograríamos el sano equilibrio antes anunciado. En otras palabras, tenemos el reto de hacer de los derechos humanos un instrumento que ayude a construir el tejido social donde todos somos responsables de nosotros mismos y de otros.

Continuando la línea anterior y como tercer reto, el cuidado de la creación nos exige pensar en el valor y la fragilidad de la naturaleza, descentrándonos de nosotros mismos y limitando nuestro poder (Encíclica Laudato Si, Francisco, 2015, Nro. 78). La urgencia del cuidado de la casa común rompe el paradigma liberal e individualista de los derechos humanos y nos hace responsables de obtener niveles de desarrollo y calidad de vida en armonía con la naturaleza (LS, Nro. 147). La integración de los derechos humanos --en su aspecto más subjetivo— a la naturaleza, pasa por la vivencia profunda del cristianismo que de ninguna manera está desconectada de las realidades del cuerpo, de la naturaleza y el mundo (LS, Nro. 216).

San Pedro Claver no fue un defensor de los derechos humanos en el sentido que hoy entendemos; en cambio, fue un misionero que se comprometió a fondo en el acompañamiento de los esclavos en Cartagena de Indias. En su labor misionera encontramos valores intrínsecos que la modernidad constituye fundamento de los derechos humanos como son el respeto a la dignidad, la igualdad, la solidaridad y la justicia. Así mismo, hoy, podemos reconocer que los derechos humanos tienen un alto contenido ético-cristiano, el que se apuntala en el principio de dignidad para todos los seres humanos sin distinción alguna.

Por: John Montoya Rivera S.J.

Con una movilización repleta de expresiones culturales la comunidad de La Boquilla, Cartagena, respaldó al Consejo Comunitario de esa localidad en su lucha por defender la titulación de 39 hectáreas que les fueron adjudicados años atrás y que un Tribunal de Bolívar pretende quitarles con un acto administrativo. Compartimos la mirada de la investigadora del Cinep/PPP Leidy Laura Pernet.

"Viene la ola

La Boquilla está en la zona

Tierra nuestra, la defendemos ahora

¡Gente negra!

¡Resistencia!

Ponte pilas que se quedan con la tierra".

Estrofa adaptada de la champeta “La Marea”.

La Boquilla es una comunidad negra al norte de Cartagena. Entre la Ciénaga de La Virgen y el mar Caribe se ubica esta población que, históricamente, ha sido integrada por pescadores, masajistas, restauranteros y restauranteras, entre otras personas que desempeñan oficios vinculadas al mar y la cría de animales. En 2012 el Consejo Comunitario de La Boquilla logró la titulación colectiva de 39 hectáreas baldías, adjudicadas a 10 mil familias. La entrega de esta titulación hizo parte de la agenda de la Cumbre de las Américas, que en ese año tuvo lugar en Cartagena.

Sin embargo, el pasado 31 de julio del año en curso el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró, en primera instancia, la nulidad de la resolución 0467 a partir de la cual se otorgó dicha titulación. Esa sentencia constituyó un retroceso para los derechos étnico-territoriales de las comunidades negras que han sido reconocidos a partir de la acción política de los movimientos sociales. Además, desconoce que estas comunidades son sujetas de especial protección.

El derecho a la propiedad colectiva del territorio parte de reconocer la presencia ancestral de estas comunidades en el mismo, haciéndolo habitable, construyendo colectivamente relaciones productivas, reproductivas e identitarias que han posibilitado su vida ahí; de manera que, de ser expulsadas, su pervivencia material y cultural se pondría en riesgo. La titulación colectiva opera también como una forma de protección para garantizar la permanencia en el territorio, conforme a los planes de vida y la autonomía organizativa de las comunidades, ante la arremetida de los megaproyectos.

La sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, niega este avance en derechos para las gentes negras, sujetas de especial protección constitucional, y desconoce toda la normatividad internacional y nacional. El convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia, en su artículo 13 al 16 establece, entre otros aspectos, que los gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales  de los pueblos tiene su relación con la tierra o territorios, reconocer la propiedad sobre el mismo, así como sus derechos sobre los recursos naturales. A su vez, la Ley 70 de 1993, en su artículo 55 transitorio, también reconoce el derecho al territorio colectivo.

El fallo citado da cuenta del racismo estructural con el que ha operado el desarrollo turístico e inmobiliario en la ciudad, que hoy amenaza con despojar a la comunidad negra de La Boquilla, que se encuentra rodeada de grandes hoteles y edificios residenciales con vista al mar, interesados en adquirir los baldíos titulados para comercializar este suelo. Esto no es nuevo en Cartagena, que ha aplicado la segregación racial del espacio como parte del ordenamiento urbano y la modernización de la ciudad; todo un proyecto de higinienización y estetización tremendamente racista. Muestra de ello fue la desaparición en 1939 de Pekín, Boquetillo y Pueblo Nuevo, los primeros barrios afro y populares extramuros, ubicados alrededor de la muralla; esto con la intención de construir la hoy llamada Avenida Santander. Igual suerte corrieron las familias negras asentadas en Chambacú –barrio ubicado a menos de 100 metros del centro histórico- que en 1971 fueron desplazadas hacia diferentes barrios periféricos al sur de la ciudad.

Pese a esto, las comunidades negras siguen resistiendo a estas políticas racistas de la planeación del “desarrollo” en Cartagena. El 2 de septiembre el Consejo Comunitario radicó la apelación al fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar. Esta acción se acompañó de una Gran Expresión Cultural, que movilizó a la comunidad boquillera, así como a los consejos comunitarios de otras comunidades negras y raizales, movimientos y organizaciones sociales, que agenciaron una juntanza para defender el territorio contra el despojo, el acaparamiento de tierras y la gentrificación. A través de tambores, cantos, y con usos creativos del cuerpo, las voces se unieron para afirmar ¡Yo no me voy, aquí me quedo! entonando la canción de Yadira Gómez, la cantautora de La Boquilla reconocida como Chamaría de los Manglares:

Yo no me voy, aquí me quedo

Esta tierra es mía, aquí me quedo

A cría gallinas, marrano y carnero

En esta movilización, que apeló a la potencia política de lo festivo, los cuerpos –cuidándose entre sí en medio de la pandemia- se vincularon a través de una cabuya que simbolizó la tralla utilizada por los pescadores: todas y todos jalando hacia una misma apuesta política. Este fallo de nulidad ha constituido una oportunidad de seguir fortaleciendo las articulaciones en Cartagena en favor de la permanencia digna en el territorio.

El asesinato de Edis Care no es el primero del Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó (Cocolatu). Estos crímenes y otras estrategias de los despojadores del Bajo Atrato son un obstáculo para la consolidación de la paz y por supuesto, para la restitución de tierras a las víctimas. La familia de Edis es reclamante de 110 hectáreas en Riosucio, Chocó.

Edis Manuel era presidente del Consejo Local de la Comunidad Despensa Media, en el Consejo Comunitario de Curbaradó, Chocó, pero residía de manera temporal en la comunidad Villa Nueva. Tenía 65 años y su esposa, madre de 5 hijos, reclama 110 hectáreas en dicha comunidad. El lunes 24 de agosto, a las 9 de la noche, dos hombres vestidos de civil y fuertemente armados irrumpieron en su vivienda y acabaron con su vida mientras descansaba en compañía de su esposa. Pasaron más de 20 horas hasta que se realizó el proceso de levantamiento. Edis había recibido amenazas de muerte por su rol y hacía parte del Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó (COCOLATU) que se prepara para presentar el informe de su victimización y despojo a la JEP y la Comisión de la Verdad el próximo 24 de septiembre y que había advertido de las amenazas y riesgo de ataques este año, tal como lo expresan en el comunicado que emitieron tras el homicidio de Edis:

“Advertimos en un reciente comunicado generado en el mes de abril del año en curso, sobre las amenazas, los hostigamientos, la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia y de ataques – agresiones a líderes/as por parte de terceros ajenos al territorio y grupos armados ilegales, para controlar social y territorialmente al sujeto colectivo. Dichas acciones, así como de variados asesinatos selectivos “totalmente invisibles” a razón de la NO denuncia por temor a retaliaciones, las consideramos el “pan de cada día” en COCOLATU”

Cocolatu: más de 20 años reclamando tierras y enterrando líderes

Cocolatu es un consejo de comunidades negras conformado desde 1999 y beneficiario de titulación colectiva desde 2000, por la resolución 1805 del 22 de noviembre de ese año. Hace parte del municipio de Riosucio, Chocó, y tiene una extensión de 107 mil hectáreas y 49 comunidades tradicionalmente habitadas por personas afro y mestizas

Dicha titulación llegó cuando el 76% de la población que habitaba el territorio colectivo se encontraba en situación de desplazamiento, entre 1996 y 2002. Actualmente, allí habitan unas 5.803 personas, que recientemente fueron acreditadas como víctimas colectivas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del macrocaso 04: La situación territorial derivada del conflicto armado ocurrida en la región de Urabá, y que cobija a los territorios del Bajo Atrato y Darién. 

Entre las múltiples vejaciones de las que ha sido víctima esta población se encuentran los asesinatos a sus líderes, los ocurridos el 19 de agosto y 27 de noviembre de 2019 contra los líderes Jesús Alberto Sanchez y Mario Castaño Bravo son una muestra de ello. Desde entonces, el riesgo para la comunidad no ha disminuido: en marzo de este año, hombres armados amenazaron de muerte a familias integrantes del Consejo; posteriormente, personas llegaron en vehículos hasta la zona y los señalaron como invasores, advirtiendoles que si no desalojaban, se atendrían a las consecuencias. 

Juan Pablo Guerrero, investigador del Cinep/PPP y quien acompaña este Consejo, afirma que: 

“Si hay un obstáculo para la construcción de paz en el Bajo Atrato es el despojo y la usurpación de tierras, un territorio con un contexto complejo en el que hay poseedores o empresarios de mala fe que se han hecho con tierras a través de un patrón de macrocriminalidad que incluye el desplazamiento, la amenaza directa y los homicidios, así como las compras ilegales, los arriendos fraudulentos y la ocupación de facto”.  

El investigador detalla que en Chocó, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) pretende restituir más de un millón de hectáreas de tierras, una labor que considera titánica. Tras 11 años de acompañamiento a la comunidad del Bajo Atrato, Cinep/PPP ha podido identificar aproximadamente 442 opositores a este proceso, “muchos de ellos relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo”, según Guerrero.

Además, explica Juan Pablo: 

“Hay una clara una estrategia para obstaculizar las reivindicaciones de derechos territoriales por parte de diversos actores”. Entre los riesgos que identificados Guerrero señala “la connivencia de ocupantes de mala fe, actores armados y funcionarios públicos para agredir a reclamantes de tierra; la presencia y control territorial de grupos paramilitares como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el Bajo Atrato; y la estigmatización al proceso de reclamo de tierras por parte de líderes políticos, gremiales y altos funcionarios del Estado”.

La garantía de vida y buen vivir

Hoy, una vez más en duelo y bajo amenaza, COCOLATU reclama que el Estado los proteja de los riesgos que enfrentan por reclamar sus derechos. A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) piden que garanticen efectivamente su participación en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Entre las demás exigencias del Consejo están:

Al Presidente de la República Ivan Duque Márquez, que encabece un consejo de seguridad en el municipio de Riosucio (Chocó), en el cual se evalúe la situación de orden público y los últimos hechos violentos ocurridos en la subregión del bajo Atrato (Chocó)
A la Fuerza Pública (Ejército y Policía), que cumplan con su misión de proteger la vida, libertad e integridad de los ciudadanos, lo que implica reconocer la existencia de una estrategia violenta y sistemática en contra de los procesos organizativos y reclamantes de tierras del bajo Atrato (Chocó).

A la Fiscalía General de la Nación, que adelante con celeridad los procesos de investigación de los responsables de este infame asesinato, así como de los procesos de investigación penal contra los responsables de las amenazas y acciones violentas contra las comunidades de COCOLATU.
A la Unidad Nacional de Protección, a que realmente implemente las medidas protección colectiva de COCOLATU – Resolución 787 de 2020.
A la Unidad de Restitución de Tierras, que garantice el avance de la etapa judicial del proceso de restitución, en condiciones de seguridad para las víctimas de COCOLATU.


Al Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, que se pronuncie en relación al sistemático incumplimiento de la adopción preventiva de una medida cautelar (Auto interlocutorio N.° 00181 del 12 de diciembre de 2014) y fortalezca la protección territorial del sujeto colectivo de COCOLATU.

A la Gobernación del Chocó a citar, liderar y realizar un Comité de Justicia Transicional Ampliado, en el marco del cual se formalice, adopte y defina la implementación de medidas efectivas de atención, prevención y protección en contra de los reclamantes de tierras de la región del bajo Atrato (Chocó) y Urabá (Antioquia).

A la comunidad internacional, que acompañe el proceso de restitución de derechos territoriales de COCOLATU. 

Después de la firma del Acuerdo de Paz en diciembre de 2016, el asesinato de líderes sociales y la escalada de violencia se ha agravado hasta sumar 1004 defensores de derechos humanos asesinados desde entonces a la fecha, según Indepaz. Uno de los sectores más afectados es el de reclamantes de tierras, así como aquellos que promueven la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y quienes se oponen a proyectos minero energéticos. El deterioro de la seguridad para campesinos, indígenas, afro y poblaciones populares incluyendo a nuestros jóvenes se evidencia este año en la horrenda cifra de 45 masacres en lo que va de 2020. La tragedia también incluye  el asesinato de 224 hombres y mujeres de Farc que dejaron las armas.

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez. Comunicaciones CINEP/PPP