El presente informe sobre agresiones y graves violaciones de derechos a defensores de derechos humanos y líderes sociales ha sido elaborado con base en los registros del Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP), del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), en un ejercicio de aproximación a este fenómeno. El documento no pretende dar cuenta de la universalidad de casos, ni abarcar la totalidad de una realidad que seguramente excede a este informe, en lo cualitativo y en lo cuantitativo; tampoco intenta trazar líneas de causalidad entre las coincidencias que se presentan con los asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos, sino complementar, apoyar y ratificar las denuncias que han venido presentando organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, instituciones del Estado y el Sistema de Naciones Unidas, en un intento de brindar un panorama más completo sobre el creciente fenómeno que se está registrando y que constituye un ambiente lleno de peligros y barreras para la implementación de los acuerdos de paz que se están implementando en este momento de la historia colombiana.
Cinep/Programa por la Paz, Foro Nacional por Colombia y Viva la Ciudadanía manifiestan su preocupación ante lo expresado por la precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez en su comunicación del 26 de septiembre de 2017 sobre la Ley estatutaria de garantías para la participación de la ciudadanía, organizaciones y movimientos sociales y para la movilización y la protesta social y que fue tema de la agenda mediática, sin la correspondiente verificación de la información.
Las víctimas del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATU – exigimos que la Unidad de Restitución de Tierras se comprometa con nuestra defensa en el proceso de restitución de derechos territoriales.
09 de septiembre. Los miembros del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATU queremos denunciar ante la opinión pública, el desconcierto y alto nivel de incertidumbre en el que nos encontramos actualmente ante el accionar dilatorio y poco garantista de la Unidad de Restitución de Tierras – URT – frente a su representación como abogados defensores de nuestro proceso.
Comunicado de Serjus Guatemala suscrito con autoridades y organizaciones con las que trabajamos, preocupados e indignados por las acciones que pretenden frenar la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala.
Desde 2007 la Comision Internacional Contra la Impunidad en Guatemala C ICIG, surgió de un convenio entre las Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala y es sostenida por la Unión Europea y con el aporte de varios países entre los que están, Suecia, Alemania, España, Francia, Italia, Noruega,Suiza, Paises Bajos, así como USA, Canada, Argentina, Chile, Colombia, Peru y Uruguay
Inicialmente se avanzó muy poco, pero actualmente de acuerdo a su mandato, a cargo del Comisionado Ivan Velasquez, se ha avanzado bastante en acciones por mejorar el sistema de justicia y en la investigación y persecución penal de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, exmilitares violadores de derechos humanos y funcionarios corruptos enquistados en las diferentes estructuras de gobierno, tanto del organismo ejecutivo como del organismo legislativo y sistema judicial, así como grandes empresarios que han fomentado la corrupción a favor de sus intereses y también el despojo de territorios y recursos naturales a comunidades. En estas acciones se ha llegado hasta familiares corruptos del Presidente de la República y de ahora incluso de él mismo que está incurriendo constantemente en acciones ilegales
Estas acciones de la CICIG han provocado una reacción concertada entre todos estos sectores y poderes que están tratando de destituir y expulsar del pais al Comisionado Ivan Velasquez, encabezados por el mismo Presidente de la República quien habiendo fracasado en su intento de que el Secretario de Organización de Naciones Unidas destituyera al Comisionado, lo declaro non grato y decretó su expulsión ilegalmente y en contra del mismo Acuerdo de Creación de la CICIG.
Ante todo esto muchas autoridades de los Pueblos Indígenas y comunidades, organizaciones populares y organizaciones sociales, universidades, iglesias, así como columnistas de prensa han levantado su protesta y condena contra estos actos en contra del Comisionado y que tratan asimismo de anular la acción de CICIG y el Ministerio Publico.
El Procurador de Derechos Humanos y otras organizaciones presentaron recursos de amparo llevando a que la Corte de Constitucionalidad anulara definitivamente la declaración de non grato emitida por el Presidente de la República y la expulsión de Comisionado.
La reacción de los sectores y grupos que se sienten amenazados por la investigación y persecución penal en contra de su corrupción, su impunidad y sus violaciones de los derechos, entre los que están, diputados, funcionarios públicos, gobernadores, alcaldes, asociaciones de militares, no se ha hecho esperar y se están agrupando con todo su poder en apoyo del Presidente de la República e insistiendo en acciones contra el Comisionado, la CIcig y el Ministerio Publico, generando inestabilidad en las instituciones del estado, haciendo llamados a la violencia y tratando de generar terror en la población.
No obstante todo ello las organizaciones del Pueblo seguimos condenando todos estos actos violatorios e ilegales y estamos tratando de mantener acciones porque no se frene la lucha contra la corrupción y la impunidad. En todo ello agradecemos y necesitamos toda la solidaridad de las organizaciones internacionales.
Enviamos adjunto nuestra declaración como autoridades comunitarias, comunidades y organizaciones populares y sociales y algunos de otros pronunciamientos de diferentes organizaciones.
Una serie de hechos que atentan contra la vida y la seguridad de miembros de distintas comunidades reclamantes de tierras en el Bajo Atrato hace que distintas organizaciones como Cinep/PPP, suscriban este comunicado para hacer un llamado a las autoridades y diferentes entes de control para que se respete el derecho a la vida, la libertad y la integridad de la población reclamante, las organizaciones que los acompañan y los distintos funcionarios que intervienen en estos procesos de restitución.