En la edición 33 de Semana por la Paz, CINEP/PPP se suma al llamado “movámonos”. Les compartimos nuestra programación en este certamen que nos invita a estar, más que nunca, juntos en la dignificación y defensa de la vida. 

Hace 33 años, en el mes de septiembre, Colombia realiza una movilización que busca el logro de un objetivo común: la Paz. La Semana por la Paz es una sinergia que crea espacios para la visibilización de iniciativas que promueven y construyen paz desde los territorios y la cotidianidad. A su vez, estos espacios reconocen la solidaridad, la empatía y la esperanza de personas y organizaciones que mediante sus proyectos dignifican la vida, fomentan el comportamiento colaborativo y nos reencuentran con la Paz. 

En la difícil coyuntura actual, con más de 50 masacres en lo que va del año y el creciente asesinato de líderes sociales y firmantes de paz, la Semana por la Paz cobra aún más importancia. Sin embargo, debido a la pandemia los eventos que se llevarán a de manera virtual únicamente. Este año el lema es “Reencontrémos con la paz” y “movámonos.  CINEP/PPP es uno de los muchos promotores de esta movilización ciudadana cuyo objetivo es visibilizar el esfuerzo cotidiano de miles de personas que trabajan en la construcción y consolidación de la paz, y de iniciativas que dignifiquen la vida. Se realiza la primera semana de septiembre porque el día 9 de este mes, se celebra el Día de los Derechos Humanos en Colombia y el Día de San Pedro Claver.

                                                                                                                 

 

Les invitamos a participar de la programación de CINEP/PPP donde reafirmamos nuestro compromiso con el derecho a la paz:

La espiritualidad como herramienta de construcción de paz. 8 de septiembre. 11:00 am. 

Transmisión en: https://www.facebook.com/Compensarinfo

Diálogos de Paz. Saberes para la construcción de paz desde las regiones. 10 de septiembre. 10am

Transmisión en:  https://www.facebook.com/CTV.Barranquilla104

Canal 104 de Claro Barranquilla

Desafíos de la participación y la construcción de paz en el aislamiento. 10 de septiembre. 2:00 pm. 

Invitados: Luis Guillermo Guerrero, director del Cinep/PPP; Luciano Sanín Vásquez, director de Viva la Ciudadanía; Juan Esteban Cárdenas, Estudiante grado 11 IED Restrepo Milán y Gina Cristina Cardona Álvarez, Docente Colegio Rural Quiba Alta. 

Transmisión en: https://www.facebook.com/Educacionbogota

Las regiones nos reencontramos por la Paz. 11 de septiembre. 10:00 am. 

Invitados: Ana Milena Jiménez, Fundación Ambiental Dapaviva; José Elías Pilimue, Cabildo Misak; Johana Durán, Fundación Mujer y Futuro; Yuli Yovana Correa, ASINCH; Fernando Castrillón, Grupo Semillas. Moderación: Wilson Castañeda, Caribe Afirmativo. Invitados especiales: Adriana Lizcano y Edson Velandia. 

Transmisión en: https://www.facebook.com/caribeafirmativo

A continuación la programación completa de la #SemanaporlaPaz33

 

Por: Daniela Ramírez. Comunicaciones CINEP/PPP

Un estudio de caso global muestra que los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente se enfrentan a mayores riesgos en el contexto del covid-19. Comunicado firmado por Cinep/PPP y otras 8 organizaciones internacionales. 

Con ocasión del día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), cinco meses después de que la OMS declarara al COVID-19 como una pandemia mundial, hacemos un llamado de atención urgente a los efectos desproporcionados del virus y el confinamiento que sufren los pueblos indígenas y otros defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente, especialmente vulnerables en la crisis actual.

La Defending Land and Environmental Defenders Coalition (DDCoalition), integrada por organizaciones que trabajan en apoyo de los defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo, ha estado reuniendo informes sobre amenazas, hostigamientos y ataques contra los defensores de la tierra y el medio ambiente desde mayo. Recopilados a través de LANDex e informes públicos, la verificación de estos casos está en curso, pero se han identificado tres tendencias generales: las amenazas contra los defensores de la tierra y el medio ambiente no han disminuido durante la pandemia; por el contrario, han surgido nuevos tipos de riesgos; y en el contexto actual, los pueblos indígenas están particularmente expuestos a amenazas y ataques.

"A lo largo de esta pandemia, en particular en las respuestas de los gobiernos y los garantes de derechos, estamos siendo testigos de que los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas corren un mayor riesgo de ser blanco de ataques, acosados e incluso asesinados a medida que se restringe el movimiento y los gobiernos amplían las leyes", dijo Kathrin Wessendorf, directora ejecutiva del International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). "Se están llevando a cabo iniciativas al amparo del desorden causado por la pandemia o la ampliación de las medidas de emergencia".

En los mencionados informes se muestran elementos comunes que aparecieron en todos los casos, destacando las muchas formas en que la pandemia está afectando a las comunidades indígenas. Además de ser especialmente vulnerables al riesgo para la salud que supone el COVID-19 -con acceso limitado a los servicios de salud y otras medidas preventivas-, la continua pérdida (y la falta de reconocimiento) de sus tierras tradicionales ha generado inseguridad alimentaria y ha obligado a muchos indígenas a abandonar sus comunidades, en búsqueda de trabajo en el sector informal o de primera línea (labores que implican exposición a personas, etc.), exponiéndolos aún más al COVID-19.

Durante la pandemia y el consiguiente confinamiento, muchos gobiernos han sido menos receptivos y han estado más ausentes en las zonas de conflictos de tierras. En muchos países se ha suspendido el poder judicial, se ha intensificado la vigilancia y se han promulgado leyes de emergencia para contener la propagación del virus, las cuales han sido utilizadas para detener a los disidentes. El activismo se ha limitado en un momento crucial, ya que las protestas y manifestaciones suelen estar prohibidas, a pesar de que estén permitidas las actividades controvertidas -que incluyen desalojos, demoliciones y proyectos extractivos, como la minería-. En algunos casos, esos proyectos se han beneficiado de incentivos gubernamentales por considerarse áreas de "interés prioritario" para las economías nacionales.

Entre los casos reunidos por las organizaciones, hay un número sorprendente de demoliciones y desalojos a comunidades indígenas, étnicas y locales en un momento en que se emitieron nuevos permisos ambientales, se otorgaron concesiones y nuevos proyectos y se obligó a la sociedad civil -entre ellos a quienes brindan apoyo legal, periodistas y manifestantes- a permanecer en sus hogares.

En Kenia, el gobierno se burló de un fallo histórico del 2017 de la Corte Africana el cual confirmó el derecho del pueblo Ogiek a sus tierras ancestrales, y el 2 de julio inició un desalojo a gran escala de al menos 300 familias Ogiek. El desalojo forzoso se ha producido a pesar de la moratoria sobre los desalojos durante el COVID-19 y las familias desalojadas, ahora sin hogar, se verán expuestas aún más al COVID-19.

En Nepal, los pueblos indígenas Chepang se enfrentan a riesgos similares, ya que unas 60 familias vieron sus casas quemadas supuestamente por las autoridades del parque a finales de julio. En medio de la temporada de los monzones, estas familias se encuentran sin hogar y más expuestas al COVID-19. Dos meses antes, 25 casas de la comunidad Dalit, sin posesión de tierras, fueron demolidas en Mushar (Nepal) para dar paso a una nueva carretera. En la segunda semana de abril, dos hoteles administrados por indígenas Ogoni en el estado River de Nigeria fueron demolidos después de que, según se informó, las autoridades dijeran que los hoteleros no habían cooperado con el Estado en la localización de contactos relacionados con COVID-19.

Los casos reunidos también destacaron la aplicación selectiva de restricciones a la circulación y la actividad. Si bien se prohibieron las protestas, se permitió que avanzaran los proyectos de infraestructura y desarrollo controvertidos y, en algunos casos, fueron protegidos por las autoridades.

A fines de marzo, en el centro de México, se detuvo a un activista indígena por protestar contra una carretera que se estaba construyendo a través de los bosques reclamados por los Otomí-Mexica. A pesar del confinamiento -y de las órdenes de suspensión de un tribunal local- la construcción continuó con la protección de la Policía y la Guardia Nacional. En Uganda, dos semanas después del confinamiento nacional, Witness Radio informó de violentas apropiaciones de tierras de comunidades pobres y de la detención de quienes se oponían a la violencia. Una de las empresas presuntamente implicadas ha enviado una respuesta al Business & Human Rights Resource Centre, pero la situación continúa.

En abril, en Filipinas, se informó que un centenar de agentes de la policía dispersaron por la fuerza a unos 30 defensores indígenas y, según este informe de la sociedad civil, arrestaron a un dirigente indígena por impedir el acceso a una operación minera que, según la población local, está contaminando su abastecimiento de agua en Didipio, Nueva Vizcaya. Se ha informado ampliamente que la licencia de explotación minera expiró en junio de 2019, pero los opositores del proyecto afirman que las operaciones han continuado. Los activistas señalan que la empresa está incumpliendo la orden de cuarentena, dejando a los lugareños sin más remedio que volver a la barricada para protestar, aunque respetando el distanciamiento social.

Filipinas, que siempre ha sido uno de los países más peligrosos para los defensores, ha pasado de 30 asesinatos en 2018 a 43 el año pasado.

En Indonesia, una instancia del poder judicial –cuyas actividades estaban suspendidas– dejó a tres agricultores indígenas de Kalimantan Central a la espera de una audiencia tras ser detenidos por robar fruta de una empresa de plantaciones a la que acusan de haberle arrebatado sus tierras. El juicio se pospuso con la policía diciendo que su preocupación prioritaria era el COVID-19. Los agricultores señalaron que, aunque la policía tuvo tiempo de llevar adelante las acusaciones de robo en medio de la pandemia, no pudieron encontrar tiempo para que se celebrara el juicio previo.

La mayoría de los casos recibidos proceden de Colombia, país que registró el mayor número de líderes sociales y defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados en 2019. Tres líderes sociales fueron asesinados antes de que se impusiera el confinamiento y un mes después de que se anunciaran las órdenes de permanencia en el hogar, la Defensoría del Pueblo advirtió de un "ataque violento" contra comunidades vulnerables por parte de agentes armados no estatales y grupos de delincuencia organizada. En poco más de un mes, habían registrado 40 incidentes de intimidación y ataques contra comunidades.

A lo largo del confinamiento, los informes de Colombia documentaron cómo los grupos armados amenazaban a las comunidades indígenas que intentaban protegerse. En Magdalena, el pueblo indígena Kogui de Sierra Nevada denunció que personas armadas se dedicaban a la minería "ilegal" en sus tierras sin que las autoridades tomaran ninguna medida. En el Cauca (Colombia), grupos armados amenazaron a guardias indígenas Nasa que habían sido encargados de vigilar los movimientos de entrada y salida de la comunidad, forzando finalmente su entrada y exponiendo a la comunidad a la COVID-19.

"Las condiciones de confinamiento han facilitado la localización, la búsqueda, el ataque y la eliminación de estos defensores, ya sea en sus casas o en sus lugares de trabajo", dijo Cristian Llanos, investigador del equipo de la base de datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, una organización colombiana de investigación y educación. "En la región del Cauca se han reportado dos o tres ataques diarios, siendo los indígenas y los campesinos los más afectados", agregó, "pero los ataques contra los líderes en todo el país son generalizados y durante el confinamiento, la cifra real podría superar los 100 ataques contra los defensores".  

En varios casos de Brasil, las políticas y prácticas gubernamentales expusieron a los pueblos indígenas a un innecesario riesgo elevado de contraer COVID-19. En el Estado de Amazonas, las autoridades locales forzaron a los miembros de la tribu Kokoma a abandonar sus comunidades y a recorrer largas distancias para recibir asistencia federal, exponiéndolos al virus durante los viajes en transporte público y en zonas de espera saturadas. A esos viajes se han atribuido altas tasas de infección y varias muertes en la comunidad. En otras partes del Amazonas, las pruebas indican que los trabajadores sanitarios que tenían el virus infectaron a miembros de la tribu Kanamari.

En abril, según se informa, los militares emprendieron una amplia búsqueda de viviendas en la zona indígena de Chittagong Hill Tracts, una región de Bangladesh. Según el International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA), los actores parecen estar "utilizando la crisis para reprimir a su pueblo y perseguir a los defensores de los derechos y los activistas que hablan en su contra".

"Los casos denunciados sirven como un ejemplo aleccionador de las muchas formas en las que la crisis del COVID-19 ha sido utilizada contra los defensores de la tierra y el medio ambiente, especialmente los que pertenecen a comunidades indígenas", dijo Ward Anseeuw, especialista técnico senior de la International Land Coalition. "La recopilación de casos también subraya la importancia de vigilar de cerca y sistemáticamente estos incidentes, ya que la mayoría de los asesinatos de defensores van precedidos por ataques no letales que han sido documentados.

Con la pandemia lejos de terminar, la DDCoalition se solidariza con los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente y pide que los agentes privados y estatales adopten medidas urgentes.

Como un primer paso, tanto los gobiernos como las empresas deben poner los derechos de la tierra y el medio ambiente, así como los derechos de las personas que los protegen, en el centro de su respuesta ante el COVID-19. Deben apoyar las luchas de los usuarios locales de la tierra y las comunidades para poseer, controlar y gestionar sus tierras y recursos naturales como un esfuerzo a largo plazo para una mejor reconstrucción.

Asimismo, deben dedicar recursos a identificar el aumento del riesgo para estos defensores en las inversiones, operaciones y cadenas de suministro de las empresas para prevenir y mitigar los riesgos identificados. Además, los posibles efectos de los proyectos en el medio ambiente o los derechos humanos deberían comunicarse de manera clara y segura a las y los afectados, y esas comunidades e individuos deberían poder participar de manera significativa en los procesos de adopción de decisiones.

En términos más generales, esta es una oportunidad para que los actores estatales y privados formalicen su compromiso con un enfoque de tolerancia cero respecto a la violencia contra los defensores en sus operaciones. Esto significa asignar un presupuesto y personal para aplicar esas políticas y crear sistemas que garanticen evaluaciones periódicas de los impactos y mecanismos que informen y actúen sobre esos hallazgos.

La protección de los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente debe formar parte de la urgente tarea de mitigar la crisis de COVID-19 y avanzar hacia una recuperación sostenible.

Firman: 

International Land Coalition (ILC)

Global Witness

International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA)

Asian NGO Coalition (ANGOC)

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

Natural Justice

URG-LAC: Universal Rights Group Latin America

The Access Initiative Latin America

Business & Human Rights Resource Centre

El CINEP/PPP, y otras organizaciones de la sociedad civil agrupadas en Defendamos la Paz expresan su respaldo a la Corte Suprema de Justicia.

Defendamos la Paz expresa su indignación ante las tentativas de interferencia judicial en curso que tienen como objetivo afectar el proceso que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra el senador Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal.

Rechazamos la campaña de desprestigio, desinformación e intimidación emprendida por el Centro Democrático y el inculpado senador, que pretenden presentar un proceso jurídico como una revancha política.

Censuramos las acciones del Gobierno nacional que ha puesto el aparato del Estado al servicio de dicho senador para obtener manifestaciones de solidaridad y hasta presiones de poderes foráneos sobre la administración de justicia en Colombia.

Sospechamos de reformas que se presentan para fortalecer la rama judicial, cuando lo que se pretende es destruirla, mediante la creación de entidades a la medida de los intereses de un sector político.

Defender la paz es salvaguardar las instituciones; embestir contra la institucionalidad es repartir abono para la guerra.

A continuación el comunicado completo: 

 

El CINEP/PPP, y otras organizaciones de la sociedad civil internacional acompañan la Misión por la Vida y por la Paz a la Orinoquía y Llanos Orientales e instan a los Gobierno Nacional y Departamentales a brindar garantías a las personas y organizaciones participantes.

Las organizaciones de la sociedad civil internacional que suscriben el presente comunicado acompañamos la Misión por la Vida y por la paz a la Orinoquia y los Llanos Orientales en los departamentos de Meta y Guaviare convocada por un muy importante grupo de organizaciones de la sociedad civil colombiana, defensoras de derechos humanos, articuladas en la Red Llano y Selva.


Con el objetivo de verificar y documentar la grave situación humanitaria y de riesgo que viven las comunidades, los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, intensificada por las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional por la pandemia del COVID-19, por la presencia y actuación de diferentes grupos armados y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.


Como Organizaciones Internacionales de sociedad civil estaremos atentas al desarrollo de esta iniciativa que tendrá lugar entre el 18 y 27 de julio de 2020 y exhortamos al Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales de Meta y Guaviare a garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos, reconocer el carácter humanitario de la misión y respetar el Derecho Internacional Humanitario.


Espacio de Cooperación para la Paz.  

 

A continuación el comunicado completo: 

 

Más de un centenar de organizaciones sociales, comunidades y defensores de derechos humanos emitieron un comunicado este miércoles 8 de julio en respaldo del arzobispo de Cali, monseñor Darío Monsalve, que en una reunión virtual de la Comisión Étnica para la Paz y Defensa de los Derechos Territoriales dijo que el Gobierno estaba aplicando una “venganza genocida” contra los acuerdos de paz y el pueblo que los acompaña. En ese sentido, es relevante recordar que según denuncia el partido FARC, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 han sido asesinados más de 200 excombatientes.  

La declaración significó un pronunciamiento de la nunciatura apostólica en el que dice no estar de acuerdo con las afirmaciones del religioso, así como que tampoco comparte su visión respecto a la implementación del acuerdo de paz. No obstante, a la posición de Monsalve se unieron distintas organizaciones que ratificaron el análisis, y lo respaldaron llamándolo “artesano de la paz”. 

El caminante por la paz

Leyner Palacio, líder de Bojayá describe a Monseñor como una persona solidaria, sencilla, que comprende las realidades de las personas y que logra acercarse de forma muy fácil a la gente. Palacio destaca su compromiso: 

“Es impresionante ver cómo, cuando él identifica una vulneración de derechos humanos, se compromete con la solución de esa problemática”. 

Leyner sostiene que Darío Monsalve es un hombre que no tolera la injusticia y repudia cualquier actitud ambigua sobre la construcción de la paz. Por eso los califica como un artesano de la paz, una que construye de la mano de las víctimas, reuniéndose con los más vulnerables, pero también llevando sus mensajes a la institucionalidad. 

El líder de Bojayá asegura que Monseñor acogió el mensaje del Papa Francisco en el sentido de dar el primer paso para buscar una salida negociada al conflicto. “Darío Monsalve no ha dado un paso, sino varios y en distintas direcciones por la paz”, por ejemplo, impulsando acuerdos humanitarios regionales para que se respete a las comunidades más afectadas. 

Hay un grupo de obispos que se ha comprometido con la paz, Monsalve es uno de ellos

A propósito de la relevancia que han tenido grupos religiosos en la construcción de paz, acuerdos humanitarios y desescalamiento del conflicto, el sacerdote jesuita e integrante del CINEP/PPP Javier Giraldo explica que precisamente hay un grupo de obispos que está empeñado en esa labor, y Monsalve hace parte de ese grupo. “Yo lo conozco desde antes, pero desde que llegó a Cali asumió ese papel de constructor de paz en el sentido de estar comprometido con los grupos más vulnerables de la ciudad y todo el Pacífico”, afirma Giraldo. 

El genocidio, la hecatombe del Pacífico y la voz que amplifica el reclamo de las comunidades

En su comunicado, la Nunciatura manifiesta que se debe tener cuidado al usar el término genocidio en discusiones legítimas sobre las políticas de un gobierno. Sin embargo, Giraldo reclama que según el derecho internacional, el genocidio “es una serie de acciones que buscan destruir un grupo humano con identidad propia, por ejemplo, el grupo humano conformado por líderes sociales en diferentes regiones del país”. 

De acuerdo con esta posición, Leyner Palacio respalda las palabras de los religiosos en el sentido de calificar como genocidio al asesinato de líderes sociales, que solo en 2020, ya supera el centenar de casos. Además, declara la situación del Pacífico como una hecatombe cuyo reflejo se ve en Bojayá: “Hay más de 7 mil personas en confinamiento, es una zona de guerra y eso es contrario al deseo del 96% de los bojayaseños, que en 2016 dio un ‘sí’ a la paz”. 

Por esta razón, invitó a que más allá de criticar lo que Monseñor ha planteado, se revisen sus denuncias para que se corrija la situación humanitaria en la región y se evite que el Pacífico vuelva a vivir la crudeza de la guerra. 

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez.