Colombia y Latinoamérica atraviesan momentos tensos. Movilizaciones y acciones colectivas son el cotidiano de la población. Aunque sean diferentes los contextos y coyunturas de cada país, la responsabilidad para los medios de comunicación es la misma, pues su rol informativo debería ser capaz de abarcar las demandas, las exigencias y las posiciones de todos los actores, organizaciones y comunidades involucrados. En esta entrevista, Ana María Restrepo, investigadora del equipo de Movimientos Sociales del Cinep/PPP, responde dudas acerca del rol y las responsabilidades de los medios de comunicación con respecto al cubrimiento de las protestas y las acciones colectivas. Además, hace un análisis del impacto, propósito y dificultades que tiene la protesta en el país y cómo esta se relaciona directamente con las formas en las que los medios informan estos hechos.

¿De qué manera el cubrimiento de los medios en las protestas sociales puede legitimar o deslegitimar los discursos?

Ana María Restrepo: Si el cubrimiento se reduce a registrar el disturbio o las afectaciones, por ejemplo en el caso de bloqueos de vías, no solo deslegitima sino que desinforma. En la mayoría de cubrimientos de los medios masivos de comunicación poco se habla de las demandas de las organizaciones y poco se escucha la voz de líderes y lideresas. En muchos casos, las movilizaciones no tienen que ver con movimientos que tienen una trayectoria sino también con reacciones de las comunidades a situaciones en las que otras vías no han servido para solucionar sus problemas. Por ejemplo, en las luchas sociales se recurre a los bloqueos de vías porque las otras formas de demandar soluciones no han sido escuchadas. Si los medios solo informan la coyuntura del bloqueo, la afectación, la marcha o el disturbio, no solo deslegitiman, sino que reducen la movilización social a una acción que en muchos casos puede ser violenta. Las comunidades dicen, “nosotros no salimos a marchar pensando en que haya violencia” y muchas veces esta violencia surge por la confrontación y la contención de la protesta de modo violento por parte del ESMAD, que finalmente atiende órdenes de los gobiernos locales o del Gobierno nacional.

Por otra parte, los medios alternativos y las mismas organizaciones han empezado a informar mucho mejor sobre sus demandas: producen información constante que muestra el proceso de la movilización, el avance en las negociaciones, de dónde vienen. En nuestra base de datos de luchas sociales, el principal motivo de movilización, actualmente, son los incumplimientos, por parte de gobiernos locales, departamentales o nacionales, de acuerdos que dieron fin a movilizaciones anteriores. Entonces, informar todo el proceso permitiría comprender el motivo de la movilización y permitiría legitimar a la movilización social como una forma de participación política.

La estigmatización, criminalización e invisibilización son características del cubrimiento de los medios en hechos de protesta social ¿cuál es el efecto de esto en la sociedad?

AMR: Esto tiene un efecto muy grave, y creo que en este momento lo estamos viviendo con más fuerza porque se construye un marco cultural en el que es negativo protestar y se concibe la posibilidad de encarcelar a los líderes, de negar el derecho a la protesta, hasta lo que estamos viendo como el asesinato de líderes y lideresas sociales. Lo anterior no es solo responsabilidad de los medios, también es del Gobierno nacional. En el Gobierno actual hemos escuchado a muchos funcionarios negando el derecho a la protesta o tergiversando las demandas y las acciones de las organizaciones.  Eso genera un panorama negativo en un país al que le falta mucho para comprender la importancia de que las organizaciones, las comunidades y la ciudadanía salgan a manifestar sus demandas, porque en muchos casos es la única forma de llamar a los gobiernos a que solucionen cuestiones como una vía dañada o un acueducto que no garantiza su derecho al agua.

¿Qué tipo de actor son los medios de comunicación a la luz de las acciones de protesta?

AMR: Los medios de comunicación deberían ser un actor que informe y que incluso facilite la resolución de los conflictos sociales, no solo dando voz, principalmente al que dice tener la solución, sino también tratando de entender compleja e históricamente la situación que llevó a esa organización o esa comunidad a manifestarse. Además, los medios no dan a conocer que las comunidades y las organizaciones no solo se quejan, también son propositivas e identifican a quien deben dirigir sus demandas; por eso reconocen un adversario que es aquel responsable del conflicto que los afecta o con el que se puede construir una solución. No se trata de la definición de un enemigo, sino de recurrir a las acciones colectivas contenciosas para poner en lo público una conversación o un debate sobre lo que les afecta.

Es importante diferenciar a los medios alternativos porque son un actor que se implica en la movilización. Los medios alternativos, las redes sociales y los medios de comunicación de las propias organizaciones han empezado a aportar eso. Un caso muy interesante es el paro agrario del 2013, en el que mientras los medios masivos solo estaban informando sobre las afectaciones al abastecimiento de alimentos en Bogotá, estos otros medios empezaron no solo a informar sobre las demandas sino también sobre las acciones de violencia por la contención de la protesta, lo que generó solidaridad urbana con ese campesino boyacense que se estaba manifestando, ese pequeño o mediano productor. Una solidaridad urbana, también, de los jóvenes que se vio a través de las redes sociales y eso obligó a que los medios masivos nacionales tuvieran que complejizar su forma de informar sobre esta movilización. A partir de ahí en la base de datos de luchas sociales de Cinep/PPP notamos que se empezaron a cubrir mejor algunas de las protestas.

En la base de datos de luchas sociales del Cinep/PPP, que lleva 40 años haciéndole seguimiento a la protesta social. Creemos que para comprender bien una movilización es necesario identificar ¿quién la convoca?, ¿quiénes participan?, contra quien están dirigiendo sus demandas –eso habla de esta cuestión propositiva y además de la posibilidad de negociación–, ¿cuáles son esos motivos? en la voz misma de los manifestantes –eso es muy importante para entender no solo la razón de la lucha sino qué se entiende por la exigencia de ese derecho–. Otra cosa importante es que los medios deberían hacerle seguimiento a las protestas: ¿a qué acuerdos se llegaron? ¿Qué pasó después? Es una forma de veeduría. Todo esto ampliaría la compresión sobre la protesta en el sentido de que la ganancia de un derecho peleado por las organizaciones sociales es una ganancia para toda la sociedad.

 

María Fernanda Vera
Equipo de Comunicaciones

23 de noviembre, 2019

El Comité Directivo y los Centros Miembros de CLACSO (Colombia) nos solidarizamos con las amplias, diversas y multitudinarias manifestaciones desarrolladas por la sociedad colombiana en el marco del Paro Nacional del pasado 21 de noviembre y la movilización social que continúa.

Este Paro Nacional ha sido convocado por el conjunto del movimiento social, sindical y popular colombiano en rechazo al gobierno del presidente Iván Duque, al neoliberalismo y la guerra. Las consignas de los y las manifestantes en las calles han sido claras: La defensa de la paz y el derecho humano a la protesta social; la protección de la vida de los líderes y lideresas sociales y defensores de DD.HH.; el cuidado de los bienes comunes y de la naturaleza; el repudio al despojo, la exclusión y la precarización, pilares fundamentales del modelo neoliberal; la exigibilidad al cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno con el magisterio y el movimiento estudiantil y profesoral universitario; el rechazo a todas las formas de violencia contra la mujer y la infancia; entre otros asuntos.

Esta sociedad ha expresado su cansancio con una guerra sistemática que sufre desde hace más de cinco décadas. Guerra que no ha podido frenarse por la reticencia del Estado Colombiano y, particularmente, de este Gobierno, para dar cumplimiento al Acuerdo Final de Paz. También es una manifestación contra los altos niveles de concentración de la riqueza (entre los más elevados de la región) y el deterioro de las condiciones de vida de la gente.

Estas proclamas expresan un sentir colectivo por la defensa de la vida digna de las comunidades y de sus territorios. Millones de mujeres y hombres se han juntado en las plazas públicas, en sus barrios, con sus vecinos, amigos y desconocidos en un grito de esperanza que no vivía Colombia con tanta intensidad desde hace décadas, al decir de muchos solo comparable con el paro cívico de 1977. La juventud ha sido la fuerza vital de este encuentro. Las cacerolas y los cacerolazos han llenado de alegría las calles de Colombia.

La legitimidad de la protesta social y las justas exigencias del movimiento han sido repelidas, estigmatizadas y criminalizadas por la institucionalidad estatal. El Gobierno del presidente Iván Duque ha privilegiado un tratamiento militar en contravía del diálogo. La fuerza pública del país, especialmente la fuerza represiva del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) ha desplegado una campaña reaccionaria contra los y las manifestantes; las agresiones han sido múltiples y de diverso orden y han dejado un saldo humanitario lamentable.

En las últimas horas algunos mandatarios decretaron toques de queda y en articulación con el Gobierno Nacional han militarizado las ciudades, desatando una campaña de miedo individual y Pánico Colectivo que deslegitime la protesta y contenga la vitalidad de la resistencia que se expresa en el paro.  

El Comité Directivo de CLACSO y los Centros Colombianos, expresión del pensamiento crítico comprometido con la búsqueda de la justicia, la paz, la defensa de los derechos humanos y la vida digna, rechazamos el tratamiento militar a la protesta y la estigmatización de la que ha sido objeto a través de diversos medios, especialmente de las redes sociales y los medios de comunicación masiva. Repudiamos la campaña de estigmatización contra los migrantes venezolanos que hoy residen en Colombia; la migración es un derecho humano. La violencia, los saqueos y el pillaje no son expresión de la protesta masiva y ciudadana que hoy se vive en Colombia. 

Hacemos un llamado al Gobierno Nacional de Colombia a generar todas las garantías para que se continúe desarrollando la movilización pacífica y la libre expresión y que adelante una mesa de diálogo con garantías reales y efectivas sobre las demandas expuestas por el conjunto del movimiento popular.

Los diversos movimientos sociales del país han convocado para mañana 21 de noviembre una jornada de paro nacional en contra de una serie de iniciativas gubernamentales, como los anuncios de reforma laboral y pensional y la renuencia sistemática a la implementación integral de los Acuerdos de Paz.

Como CINEP/Programa por la Paz asumimos la misión de apostar por la vida y trabajar por una sociedad justa, equitativa y en paz. En concordancia con dicho propósito saludamos esta movilización nacional e invitamos al conjunto de la sociedad colombiana a movilizarse masivamente.

Aunque el gobierno insiste en que no ha presentado los proyectos, los pronunciamientos de miembros del gabinete del presidente Duque respecto a las reformas pensional y laboral preocupan de sobre manera. En el caso de las pensiones, la iniciativa de marchitar Colpensiones para fortalecer los fondos privados de pensiones pretende resolver la crisis del actual sistema poniendo por encima del derecho a una pensión digna las ganancias de los dueños de los fondos. La experiencia internacional demuestra el fracaso de la privatización de las pensiones y la necesidad de concebir esta como un derecho, y no como un “ahorro individual” al margen de cualquier principio de generosidad y solidaridad intergeneracional.

Respecto a la reforma laboral, las pretensiones de permitir la contratación por horas, de reducir el salario mínimo para jóvenes menores de 25 años y de implementar salarios mínimos diferenciados por regiones implican la profundización de una política de reducción de costos laborales como herramienta para enfrentar el desempleo y la informalidad. Esta estrategia no ha dejado de fracasar en Colombia pues profundiza los males que pretende aliviar, así como la desigualdad social. Existen alternativas que pasan por concebir la protección y aumento del poder adquisitivo de las y los trabajadores como foco de la dinamización de nuestra economía.

Por otra parte, el gobierno nacional insiste en la implementación a paso de tortuga de los Acuerdos de Paz, renunciando del todo a su implementación integral y desfinanciando los programas e instituciones que de dicho acuerdo emanaron. Hoy vivimos las consecuencias nefastas de esa orientación gubernamental con la profundización de la violencia y la militarización de nuestros territorios, abundantes casos de ejecuciones extrajudiciales y el asesinato sistemático de líderes sociales.

Durante los días y semanas previos a la jornada de movilización, desde el gobierno y el partido de gobierno se ha pretendido instalar un ambiente de zozobra y pánico; se ha acudido a medidas como la militarización de ciudades y a allanamientos de hogares y sedes de promotores de la movilización, incluyendo colectivos artísticos y medios de comunicación.

Frente a estas iniciativas de talante autoritario, solo cabe recordar que el derecho a la protesta es esencial a una democracia, y es deseable y esperable en una sociedad como la nuestra, que se esfuerza por superar la violencia y por construir un orden social más justo y equitativo.

A pocas horas de la apertura de las urnas, el Movimiento Defendamos la Paz:

 

El anuncio de “la continuación de la lucha guerrillera” por algunos excomandantes guerrilleros "Iván Márquez", "Jesús Santrich", y alias "El Paisa" junto con, aproximadamente, 17 hombres y mujeres, conocido el 28 de agosto pasado, no supone una crisis, una parálisis o una ruptura del proceso de paz. No es de esperar que tenga un efecto negativo sobre el proceso de implementación del Acuerdo Final, como tampoco un efecto de repudio a los compromisos del Acuerdo por parte del Gobierno nacional u otras instituciones estatales. Por el contrario, podría ser una oportunidad y servir de catalizador para que el Gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales aceleren la implementación a nivel operativo.