El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP / PPP), el Instituto Mayor Campesino (IMCA) y el Servicio Jesuita para Refugiados (JRS) rechazan el asesinato del joven líder John Alexander Sierra y exhortan al Estado colombiano a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Con profundo dolor y tristeza, recibimos la noticia del asesinato de John Alexander Sierra, joven líder de la zona rural del Corregimiento La Marina del municipio de Tuluá, Valle del Cauca y quién hizo parte del proyecto Emprendimientos Juveniles rurales nuevas identidades y paz territorial que recientemente acompañaron el Centro de Investigación y Educación Popular -CINEP, el Instituto Mayor Campesino -IMCA y el Servicio Jesuita para Refugiados -JRS. Rechazamos este asesinato y todas las amenazas contra los jóvenes en el país, quienes además de tener un lugar marginal en cuanto acceso a oportunidades, están sobrellevando las presiones de la guerra y las amenazas de despojo.

John Alex era un joven trabajador del campo, lleno de alegría, espíritu crítico y firme para denunciar la injusticia, de forma incansable buscó potenciar sus sueños y hacerle frente al olvido del campo y de los jóvenes  a través de la materialización de alternativas productivas para su familia y comunidad, su voz ha sido silenciada por la guerra que exitosamente cumple su función y es un fuerte golpe no solo para su familia, a quienes acompañamos en este profundo dolor, sino un daño irreparable para toda su comunidad.

Estos hechos se suman a la larga y dolorosa lista de asesinatos, amenazas, y desapariciones de jóvenes líderes en todo el país y son mensajes desesperanzadores para aquellos que hoy le apuestan a la construcción de paz en sus territorios.

Exhortamos al Estado Colombiano a esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y brindar garantías para el legítimo ejercicio del liderazgo de los jóvenes en las comunidades.

Bogotá, 27 de noviembre de 2021

A continuación el comunicado: 

  

Por: CINEP / PPP y otras organizaciones.

Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos rechazamos categóricamente el asesinato de Michelsen Vargas Velazco, joven campesino de 31 años, oriundo del corregimiento Santa Rosa, Municipio de Bolívar, Santander, quien, el 13 de noviembre en ejercicio legítimo del derecho a la protesta social que se desarrollaba en contra CENIT* y Ecopetrol, fue atacado y herido gravemente por agentes del ESMAD. Luego de 5 (cinco) días en una UCI de Tunja, el 18 de noviembre falleció producto de la brutal agresión.

Los campesinos y trabajadores del Municipio de Bolívar completan más de 50 días de protesta contra CENIT y Ecopetrol por el incumplimiento de acuerdos entre la empresa y las comunidades. La movilización se desarrolló en la Estación de Bombeo Santa Rosa, en el Poliducto del Oriente, que conduce la gasolina a Bogotá D.C. mediante tubería de 20 pulgadas. Las exigencias de la comunidad van desde reubicaciones por la demolición de varias viviendas, deterioro de las vías, afectaciones ambientales y la irregular contratación de personal de seguridad, entre otras.

La comunidad denuncia que durante la protesta ha sido atacada en más de cuatro (4) oportunidades por el Ejército y la Policía. El 13 de noviembre mientras la comunidad en movilización desarrollaba actividades lúdicas con niños, niñas y personas de la tercera edad, la Policía y el ESMAD irrumpieron violentamente. A pesar de que por micrófono se les advirtió que en el evento había niños y personas de la tercera edad, esto no les persuadió del brutal ataque que dejó varias personas heridas y detenidas arbitrariamente**.

Michelsen Vargas Velazco fue impactado en su cabeza por un proyectil del ESMAD mientras protegía la vida y la integridad de los niños, niñas, personas de la tercera edad y demás miembros de la comunidad atacada indiscriminadamente. Sin tener en cuenta la evidente gravedad de sus heridas fue esposado en el suelo, detenido arbitrariamente, negando de facto la asistencia médica oportuna.

A pesar de las manifestaciones y los reclamos nacionales e internacionales por el desmonte del ESMAD, éste sigue atentando indiscriminadamente contra la vida y la integridad de los colombianos. Por tanto, exigimos que cesen las prácticas genocidas y de exterminio al pueblo que, legítimamente se moviliza, se opone a la degradación ambiental y lucha por la permanencia en los territorios.

Exigimos justicia pronta y castigo a los autores materiales e intelectuales del homicidio de Michelsen Vargas Velazco y de todos los líderes y lideresas asesinadas por el Estado. Hoy las organizaciones sociales y de derechos humanos alzamos una sola voz que grita: paren el genocidio.

*CENIT Transporte y Logística de hidrocarburos S.A.S. se creó el 15 de junio de 2012, dentro de sus accionistas se encuentran EPI-Ecopetrol Pipelines International Limited, la sociedad extranjera Equion Energía Limited y la sociedad Sento S.A.S.; esta sociedad comercial se dedica al transporte y almacenamiento de hidrocarburos, sus derivados, productos y afines, a través de sistemas de transporte y/o almacenamientos propios o de terceros en la República de Colombia o en el exterior; actualmente tiene 167’775.741 acciones por valor de $1.981.542’341.959 (Aproximadamente 509.502.208 USD). Esta empresa ha tenido varios requerimientos de las autoridades por afectaciones ambientales al derramar crudo en ecosistemas sensibles, afectando la biodiversidad y el patrimonio ecológico de los colombianos.

**El 15 de noviembre de 2021 el Juez de Control de Garantías del caso dejó libre de cargos a los campesinos aprehendidos por la Policía Nacional, en esta oportunidad la justicia verificó los elementos de prueba como los videos que demuestran que el Esmad disparó directamente dentro de una casa donde estaban familias con niños y niñas.

A continuación el comunicado: 

  

Por: CINEP / PPP y otras organizaciones.

Manifestamos nuestra preocupación por la negación al acceso previo a la información y falta de garantías al Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales en el proceso de consulta previa sobre el proyecto minero de la empresa Best Coal Company - BCC que impacta esta importante reserva agrícola y ambiental.

Las organizaciones abajo firmantes respaldamos las denuncias del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales por la arbitraria negación del acceso a la información, presiones irregulares y falta de garantías para proteger de forma efectiva el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre el proyecto extractivo de minería de carbón a cielo abierto que pretende instaurar en el sur de La Guajira la empresa Best Coal Company -BCC, propiedad del conglomerado multinacional turco Yilmaden holding.

Las irregularidades que se han venido denunciado se intensificaron en la primera jornada de apertura de la pre-consulta programada unilateralmente por el Ministerio del Interior el pasado 20 de octubre. La comunidad acudió a la jornada, pero la compañía y el Ministerio del Interior continuaron negando y condicionando el acceso a la información a una reunión posterior en la cual prometieron que entregarían un disco duro.

Aun cuando un fallo de tutela de 2019 amparó el derecho de consulta de esta comunidad al no haber sido reconocidas por el Ministerio del Interior, esta protección se ha truncado por la negación sistemática de acceso previo de la información y estudios preliminares que se tienen del proyecto. Negar el acceso previo a la información es atentar contra la consulta en sí misma.

La comunidad ha advertido de estas situaciones al juez de instancia y han acudido a una acción de tutela sin que sus reclamaciones hayan sido atendidas. En decisiones cuestionables, se consideró que la empresa podía condicionarla pese a que no existe algún condicionante legal sobre la oportunidad para la entrega de la información. Además, es particularmente preocupante que luego de la primera jornada de pre-consulta celebrada el pasado 20 de octubre tampoco les fue suministrada la información.

Esta comunidad ha reiterado en todas sus comunicaciones su voluntad de participar en la consulta previa, pero el hecho de pedir garantías ha implicado que sean amenazadas con que se les va a “aplicar” el test de proporcionalidad. Un ejemplo de esto se dio en la primera jornada de pre-consulta donde funcionarios del Ministerio del Interior les advirtieron que los iban a reportar ante la autoridad judicial de no querer participar por solicitar la información del proyecto y pedir el acompañamiento de los entes de control.

El manejo del lenguaje dentro de las comunicaciones del Ministerio y de la empresa BCC también es cuestionable. En lugar de primar el respeto y la buena fe frente a cada participante se ha descalificado a las comunidades de un supuesto desconocimiento e ignorancia de sus derechos. Esta situación se repitió constantemente durante el desarrollo de la jornada de la apertura de la pre-consulta, pese a los llamados de respeto que emitieron las comunidades. El Ministerio del Interior debe pronunciarse ante estas declaraciones de la empresa y garantizar el máximo respeto en el desarrollo de la consulta.

También es alarmante que en comunidades cercanas donde se consideran “exitosas” las consultas previas para este proyecto, se están evacuando las etapas de análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo en jornadas que duran un día. La evaluación de los impactos sociales, ambientales, espirituales, culturales y en ddhh que implica la aprobación de un megaproyecto extractivo no debería ser tomado a la ligera por parte de las instituciones nacionales.

Otra situación que denuncian las comunidades es que, al parecer, el Ministerio del Interior pretende delegar aspectos de la planificación de la consulta previa a la empresa consultada. Reiteramos que esta obligación del Estado, por lo que la planificación y realización del proceso de consulta no es un deber que pueda eludirse otorgando atribuciones a la misma empresa interesada en la explotación en el territorio de la comunidad sujeto de la consulta.*

Este tipo de prácticas que buscan acelerar las reuniones para que la consulta se reduzca a un mecanismo ‘express' coartan el derecho a la autodeterminación de los pueblos y se convierten en una forma de coacción sin garantías. A su vez, los condicionamientos para el acceso previo a la información van en contravía de los estándares nacionales e internacionales en materia de consulta previa de los pueblos étnicos ante actividades extractivas, los derechos de democracia y justicia ambiental, así como a las obligaciones de las empresas de respetar los derechos humanos.

Cañaverales es una despensa agrícola fundamental para la seguridad y soberanía alimentaria de la región que se abastece de las aguas del manantial y del río Cañaverales. Este territorio, cuna cultural y musical, se encuentra en peligro ante los intereses de un grupo inversionista turco que está desconociendo derechos fundamentales. Exigimos que para las próximas jornadas programadas en el proceso de pre-consulta se otorguen las garantías del proceso consultivo de la comunidad de Cañaverales.

*Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador.

A continuación el comunicado: 

  

Por: La Guajira le Habla al País - CAJAR - Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz -CINEP/PPP- CENSAT.

El pueblo Guajiro ya no aguanta más. Jóvenes, mujeres y líderes sociales guajiros recorrieron más de 1000 kilómetros para llegar a Bogotá y reclamar justicia y verdad al Estado Colombiano. Denuncian una grave crisis humanitaria que padecen por más de 12 años y la impunidad socioambiental con la que han operado las multinacionales para extraer carbón por más de 40 años.

A pesar de que hemos recurrido a diferentes estrategias de lucha para exigir nuestros derechos y defender la vida, la naturaleza y el territorio guajiro, no hemos sido escuchados. Hemos agotado todas las vías sociales, políticas, culturales y jurídicas y aun así el panorama en La Guajira no cambia. Por eso venimos a exigir justicia y a contarle al país el verdadero costo del llamado “desarrollo” de la mega minería de carbón, lo que le han hecho a la salud, a nuestros ríos y arroyos, a nuestro sueño, espiritualidad y cultura, lo que le ha pasado a nuestros cerros y valles y las injusticias que han tenido que vivir nuestras comunidades porque sus derechos fundamentales han sido vulnerados sistemáticamente. 

Sentimos que lo que están haciendo en nuestra tierra es el desangramiento de nuestras comunidades y también de la naturaleza. Por sacar millones de toneladas de carbón para exportarlas en su totalidad, la empresa Carbones el Cerrejón de la que han sido dueñas las multinacionales BHP-GLENCORE Y ANGLOMERICAN, son responsables de haber secado, desviado y alterado más de 17 cuerpos de agua; del desplazamiento, despojo y confinamiento de más de 25 comunidades afro, campesinas y wayuu; de la alteración de gran parte del bosque seco tropical; de la contaminación de nuestras aguas, suelos y aire, de las enfermedades respiratorias y de la piel de niños, niñas y madres wayuu, de las afectaciones a la salud de las y los trabajadores, del daño a nuestra cultura y la transformación abrupta del territorio y del paisaje social y natural. Todo esto, que sucede año tras año y que sigue sucediendo en nuestros territorios, nos representa un ecocidio y etnocidio. 

Hemos logrado que diferentes tribunales y altas cortes ratifiquen la responsabilidad de la empresa y del Estado en la vulneración de distintos derechos humanos. Existen más de 14 fallos judiciales, en los que por 20 años se han reconocido las practicas de injusticia, discriminación y racismo contra nuestro pueblo y se ha ordenado el restablecimiento de los derechos al agua, a la salud, a la consulta previa, a la tierra, al territorio, a la identidad cultural, al ambiente sano, a la seguridad alimentaria y a la vida, entre otros. Sin embargo, aún no hay justicia, las órdenes para la garantía de estos derechos no han sido respetadas e implementadas ni por las entidades estatales ni por la empresa y no tienen un efectivo cumplimiento. 

A esta situación se suman planes de expansión de la voracidad extractivista en un territorio en crisis hídrica y altamente vulnerable  la crisis climática. No solo se quieren seguir intensificando en las explotaciones ya existentes sino que se proyectan nuevas minas de carbón como la de Best Coal Company -BCC- de capital turco del grupo Yilmaden que se quiere imponer en el sur de La Guajira. 

Ante la injusticia permanente, la falta de respuestas efectivas por parte del Estado y los abusos por parte de las  empresas extractivas de carbón, hoy exigimos: 1. Justicia ante el ecocidio y etnocidio ocasionado por las multinacionales con complicidad del Estado colombiano 2. Seguimiento real a las Sentencias y fallos judiciales y mecanismos para su efectivo cumplimiento. 3. Iniciar procesos de investigación disciplinaria a funcionarios que no han cumplido con las obligaciones proferidas por la Corte Constitucional como la Sentencia SU 698/17 y T 329/17 4. Retorno al cauce natural de las aguas desviadas del arroyo Bruno 5. Se adopten de manera prioritaria y en aplicación del principio de precaución medidas que atiendan la gravedad de los riesgos y afectaciones a la salud asociados a actividad de megaminería. 6.Reconocimiento de la verdad y reparación integral al territorio y a cada una de las comunidades víctimas del mal llamado desarrollo 7. Plan de Cierre de la mina de carbón del Cerrejón con participación de las comunidades y los trabajadores 8. Cese a la ampliación de la frontera minero energética en La Guajira. 

¡Basta de impunidad socioambiental en La Guajira, queremos y soñamos con justicia ahora! 

Por: Comunicaciones Cinep / PPP.

El pasado lunes 4 de octubre el gobierno venezolano anunció la reapertura de la frontera que comparte este país con Colombia tras 2 años de cierre. Ante esta situación, el Cinep / PPP y otras organizaciones plantean la necesidad de reiniciar las relaciones institucionales entre ambos países, y desplegar una triple estrategia humanitaria-social, de reactivación económica y de seguridad.

La crisis política de Venezuela, la tensión entre Miraflores y La Casa de Nariño, la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares, el cierre de pasos fronterizos formales entre dos países hermanos, generan un sinfín de problemas que afectan directamente a los pobladores, a los comerciantes, a los ciudadanos de un país que viven en el vecino, así como a población fronteriza que tiene una condición binacional dada por sus lazos étnicos, familiares y otros factores que así lo han favorecido. 

Es imposible cuantificar el enorme impacto de la crisis y la tensión entre los dos gobiernos, que han generado pérdidas sociales, económicas, humanas, y han beneficiado a la ilegalidad y criminalidad. Por ello no sólo es urgente abrir el flujo comunicativo interinstitucional sino también desplegar una triple estrategia humanitaria-social, de reactivación económica y de seguridad. 

Gremios empresariales, cámaras de comercio, gobiernos locales, académicos, sociedad civil organizada de Colombia y Venezuela, han mantenido un esfuerzo sostenido en favor de la reapertura total de los pasos fronterizos, de los consulados, de los canales institucionales de comunicación entre los dos Estados. Desde esos esfuerzos queremos aprovechar el desbloqueo de los puentes para procurar que ambos gobiernos asuman las consecuencias de las crisis y las tensiones. Venezuela y Colombia no pueden continuar en la actual dinámica destructiva. 

Quienes suscribimos el presente comunicado celebramos el retiro de los contenedores que impedían la circulación entre ambos países a través de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, esperamos que pronto se haga otro tanto en el Puente Unión y urgimos a las instituciones pertinentes de cada país a que inicien inmediatamente un diálogo que busque hacerle frente a la crisis humanitaria, socioeconómica y de seguridad, y generar la reactivación de la actividad económica y comercial entre los dos países. Han surgido iniciativas de diversos sectores, como las consignadas por actores de Táchira y Norte de Santander en la Declaración de San Antonio del pasado 3 de octubre. A continuación, recogemos algunas de esas propuestas:

  • Acordar y aplicar un control sanitario y de bioseguridad conjunto, que permita el restablecimiento del tránsito de personas empezando por el ámbito fronterizo andino en donde parte del Táchira y Norte de Santander conforman un área metropolitana conurbanada. 
  • Fortalecer el corredor humanitario para el paso de personas migrantes o que regresan a su país, de jóvenes que estudian en ciudades colombianas, así como de poblaciones indígenas y de quienes tienen que pasar a abastecerse y buscar servicios o tienen nexos familiares a uno u otro lado de la frontera. 
  • Acordar y aplicar controles sanitarios y aduaneros conjuntos, estimular un esfuerzo sostenible para la reactivación de la actividad empresarial paralizada tras seis años del cierre de pasos fronterizos. 
  • Reactivar los servicios consulares, lo que no implica un reconocimiento político entre uno u otro gobierno sino un servicio de atención para los ciudadanos de un país que residen en el otro. 
  • Revivir la institucionalidad necesaria para atender la frontera. Como primer paso, podría reconstruirse la Comisión Binacional Fronteriza involucrando autoridades locales, con el objetivo de definir los procedimientos para combatir todos los grupos armados irregulares que operan en la frontera. 
  • Partir del nuevo marco jurídico fronterizo colombiano (leyes de fronteras 2135 y de Zona Económica Especial y Social) y venezolano (Zonas Económicas Especiales de Ureña y San Antonio), analizar convergencias, divergencias y formas de reactivación de los aparatos productivos y económicos. 
  • Acordar y aplicar medidas que permitan revisar y atender asuntos ambientales derivados de ecosistemas estratégicos compartidos, vinculando a las autoridades locales que han tratado de hacerle frente a los problemas y necesidades más urgentes al respecto. 
  • Generar coordinación entre autoridades locales, regionales y nacionales, cámaras de comercio, y con organizaciones sociales que atienden migrantes o fortalecen nexos positivos entre los dos países. 

A continuación el comunicado:

  

Por: Comunicaciones Cinep / PPP.