Organizaciones, comunidades afectadas y expertos independientes ven con preocupación que las decisiones tomadas por la Corte en el caso del Arroyo Bruno están siendo desacatadas por la empresa Carbones del Cerrejón y algunas entidades del Gobierno.

Las Organizaciones de la sociedad civil internacional que suscriben este comunicado, en el marco de nuestros mandatos, hemos estado comprometidas desde hace más de 40 años con el respeto por la dignidad humana, la garantía de derechos, la construcción de la paz y la salida negociada al conflicto armado colombiano. 

Desde la Coordinación Colombia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, manifestamos nuestra preocupación y rechazo frente al asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y defensoras y defensores de Derechos Humanos en Colombia, situación que solamente este año, ha cobrado la vida de 75 personas, siguiendo la preocupante tendencia de aumento de estos crímenes en los últimos años. 

 El Cinep/Programa por la Paz manifiesta su preocupación por la situación que enfrentan en el país los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Lo ocurrido el pasado domingo contra Francia Márquez, Víctor Moreno, Carlos Rosero, Clemencia Carabalí y Sofía Garzón de los consejos comunitarios de ACON, ASON y PCN del pueblo afrocolombiano del Norte del Cauca, deja en evidencia el riesgo que enfrenta la base social del país.

Por medio de una carta dirigida a Antonio Guterrez, secretario general de la ONU, ex miembros del equipo negociador del Acuerdo de Paz, integrantes del partido político FARC, académicos, congresistas, líderes de la sociedad civil, víctimas y miembros de organizaciones sociales expresamos nuestra preocupación ante las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria que regula la Jurisdicción Especial para la Paz.