El fallo sobre genocidio político que condenó al Estado colombiano desde el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) fue entregado a la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda en la sede de Cinep. Víctimas y organizaciones del comité impulsor del Tribunal esperan que sea tenido en cuenta por las entidades y que la sociedad lo apropie como una herramienta de conocimiento y defensa de los derechos de los pueblos.

En la sede del Cinep / PPP en Bogotá se realizó la entrega de la Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) a los organismos del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y Garantías de No Repetición, el pasado 18 de agosto. El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux; la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz María Monzón; y la magistrada de la JEP Alexandra Sandoval recibieron el libro del fallo con la explícita solicitud de hacer honor a la memoria y la verdad de las víctimas que está recogida en este importante fallo.

Según las organizaciones del Comité Impulsor del TPP, con ello se busca que:

“Los mecanismos del Sistema tomen en cuenta sus conclusiones y recomendaciones en las distintas decisiones y planes de trabajo tendientes a garantizar los derechos de las víctimas, acogiendo el enfoque del genocidio político continuado, la impunidad estructural y los crímenes contra la paz, como marco interpretativo de los hechos que es de su mandato conocer”.

El TPP -tribunal de opinión y ético- sesionó en Colombia entre el 27 y 29 de marzo pasados y profirió sentencia el 17 de junio: en ella condenó al Estado colombiano por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de un genocidio continuado dirigido a la destrucción parcial del grupo nacional colombiano, que se ha proyectado sobre cualquier intento de construcción de espacios políticos que cuestionaran el modelo político imperante de desigualdad social y sobre cualquier intento articulado de protesta y resistencia contra los efectos del mismo.”  

En el TPP y el libro con la sentencia que fue publicado por Cinep se documentaron los casos de 55 grupos sociales afectados por el genocidio político en Colombia:

Los pueblos indígenas y afrodescendientes, grupos campesinos, organizaciones sindicales, movimientos políticos, movimiento estudiantil universitario, los líderes y lideresas sociales, y la población en el exilio. “En su fallo, el TPP contempló también al territorio y la naturaleza como víctima transversal de las prácticas de exterminio contra pueblos campesinos, indígenas y afro”, detallan las organizaciones en el comunicado sobre la entrega donde además se expresa que:

“Para el caso de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad –CEV-, se espera que tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones del fallo del TPP en el informe que deberá producir. También que la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- recoja la calificación jurídica de Genocidio continuado, crímenes de guerra y de lesa humanidad e impunidad, contenidos en la sentencia, y que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas –UBPD- tome en cuenta el contexto y los hechos allí recogidos dentro de sus planes de búsqueda”.

 El Tribunal y su sentencia, si bien no tiene un carácter de obligatorio cumplimiento para el Estado, es un gran avance pues, como señala el comité impulsor del TPP en Colombia, “aporta elementos de análisis e interpretación en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para que hechos como lo que aquí se documentan cesen de manera definitiva y jamás se repitan”. 

El libro con la Sentencia puede ser descargado en: https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/genocidio-politico-impunidad-y-crimenes-contra-la-paz-en-colombia-sentencia/

Si desean solicitar un ejemplar impreso deben escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. en caso de pertenecer a una institución o bien hacer parte de la comunidad académica.

Por Katalina Vásquez. Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP/PPP), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), el Programa Somos Defensores y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP)  presentaron el 10 de diciembre el informe "El ‘enemigo interno’: deshumanización e impunidad contra personas defensoras de derechos humanos". Informe sobre su persecución, amenazas, ataques, homicidios y desapariciones forzadas” a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV). El objetivo del documento es aportar insumos para promover políticas públicas y decisiones judiciales que garanticen la no repetición de hechos violentos en Colombia, además de contribuir a la verdad y ser un testimonio de las causas y efectos del conflicto armado, político y social en el país.

El informe, que tiene como fuente principal expedientes judiciales nacionales e internacionales, así como fuentes primarias y secundarias, documenta seis casos de graves vulneraciones a los derechos humanos de ocho personas defensoras y un familiar de una de ellas. Se trata de los homicidios del profesor Luis Felipe Vélez Herrera (1987), de los investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (CINEP/PPP) Mario Calderón Villegas y Elsa Constanza Alvarado Chacón, junto al padre de ella, el señor Carlos Alvarado Pantoja (1997), del abogado antioqueño Jesús María Valle Jaramillo (1998) y del periodista y humorista político Jaime Hernando Garzón Forero (1999).

Además de los asesinatos mencionados, también se recopila información sobre las desapariciones forzadas del abogado sogamoseño Alirio de Jesús Pedraza Becerra (1990) y de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa (2000), integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES). Todos estos casos han sido acompañados por la CCJ en la justicia ordinaria nacional e internacional durante largo tiempo, como consecuencia de las solicitudes que han hecho las demás organizaciones participantes de este informe para que la Comisión los asumiera.

El documento, que aborda el contexto sociopolítico de las últimas dos décadas del siglo XX en Colombia, deja en evidencia los altos niveles de conflictividad social para el momento, así como los riesgos y la exposición de las personas defensoras de derechos humanos en el país. La coexistencia de grupos armados de todo tipo, algunos de ellos articulados con el establecimiento y el bloque político y social dominante, también es un aspecto relevante a considerar sobre los hechos registrados en el texto.

El informe recopila cuatro hallazgos que resultan esclarecedores sobre la dinámica macrocriminal que rodeó la comisión de estos delitos en ese contexto. El primero de ellos demuestra que los hechos documentados constituyen crímenes de lesa humanidad en los cuales el Estado colombiano tuvo un papel activo. El segundo hace referencia a la importancia de las actividades llevadas a cabo por las víctimas, como móvil para sus asesinatos y/o desapariciones. Se identificó que ellas cumplían un papel muy importante en la defensa de los derechos humanos, toda vez que denunciaron públicamente la exacerbación de la injusticia social, el incremento de los episodios de violencia generalizada y las arbitrariedades cometidas por agentes del Estado.

El tercer hallazgo demostró que existen elementos comunes en los seis casos, pues el propósito de los perpetradores era desarticular o afectar los procesos sociales, movimientos, organizaciones o redes en los que participaban las víctimas de estos crímenes. El cuarto y último hallazgo da cuenta del modus operandi del terrorismo estatal.

En los seis homicidios analizados en el informe hubo perfilamientos, persecuciones y hostigamientos que no se quedaron en la estigmatización, sino que escalaron a amenazas, atentados y aportaron información precisa de la víctima, cuya fuente eran los aparatos de inteligencia estatal y los destinatarios eran otros agentes estatales o paramilitares.

De otro lado, se encontró que en las investigaciones por los seis crímenes hubo mecanismos de impunidad, precedidos por una larga inactividad de la Fiscalía, reiteradas reasignaciones de despacho instructor, reticencia a vincular a agentes estatales o a formular líneas de investigación que apuntaran en tal sentido y a identificar a máximos responsables, sumado a una inadecuada metodología en la investigación.

Contacto de prensa:

Paola Sánchez, área de comunicación y relaciones públicas de la Comisión Colombiana de Juristas, 321 8749523.

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

 Este jueves la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibieron el Informe ‘Violencia, racismo y conflictos socioambientales: el despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó’, por parte del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP.

Esta rigurosa investigación fue presentada de manera virtual a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP y a la Comisión de la Verdad; y documenta las relaciones de complicidad y colaboración entre paramilitares y élites políticas, sociales y económicas del Urabá antioqueño para la apropiación ilegal, por medio de la amenaza y el asesinato, de grandes extensiones de tierra al interior de un territorio étnico y de cómo el desplazamiento masivo y el despojo del territorio del que fueron víctimas las comunidades negras de La Larga y Tumaradó en el municipio de Riosucio (Chocó) generó vulneraciones de derechos de índole económico, social, cultural y ambiental, afectándose en forma desproporcionada a estas poblaciones y aumentando su marginalidad.

Según Juan Pablo Guerrero Home, coordinador de la Línea Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP y coordinador de este Informe: “La incursión paramilitar de los 90 generó el vaciamiento del territorio colectivo, un 93% de la población abandonó sus tierras. Al día de hoy, el 95% de las tierras productivas se encuentran concentradas en manos de 8 personas ajenas al territorio, esto ha generado que alrededor de 856 familias de las 1.747 que actualmente residen en el territorio colectivo solo hagan uso y goce efectivo de muy pocas hectáreas, mientras que existen terceros que hacen uso entre 9 mil y 10 mil hectáreas”.

Según el CINEP, hay una clarísima situación de desprotección sobre el derecho de las comunidades afrodescendientes a su territorio colectivo y una transgresión a los procesos organizativos de comunidades negras en la subregión del bajo Atrato “que ha conllevado a violaciones al derecho a la vida, a la integridad, a la existencia digna, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, así como a derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural, el derecho colectivo a la integridad cultural, o el derecho a la supervivencia colectiva de las comunidades y sus miembros, situación que manifiesta un etnocidio no físico, pero sí simbólico de la diferencia que es considerado por CINEP como una discriminación estructural y una exclusión social basada en una violencia racializada”.

Con este informe fue presentada también una solicitud de medida cautelar ante la JEP de protección territorial a favor de las 49 comunidades que componen el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, que podría proteger 107.064 hectáreas de tierra y favorecer a 5.832 personas.

Para Julián Salazar Gallego, investigador del CINEP, “la medida cautelar permitirá blindar y conjurar los riesgos que pueden tener el sujeto colectivo por su participación en la JEP, más cuando el Consejo Comunitario ha sido acreditado como víctima colectiva en el marco del caso 004”.

 

  

Por: Comunicaciones CINEP/PPP. 

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Es inadmisible que la construcción de la paz en Colombia nos lleve a reeditar la violencia y el conflicto armado. Fue lo primero que los jóvenes que votaron por el sí y por el no a la paz quisieron expresar los días posteriores al plebiscito por la paz en 2017. Sin embargo, lo que estamos viviendo en estos días en Colombia por parte de sectores del gobierno y del partido Centro Democrático es una estrategia que se basa en oponerse, de manera tajante, a que el Acuerdo de Paz se desarrolle y eche raíces en la sociedad colombiana. No hay voluntad política, si bien se hicieron muchos de los cambios exigidos por ellos luego del Plebiscito. Ese fue el Acuerdo Final que se firmó y el Congreso confirmó. 

Existen varios hechos para afirmar lo anterior: no hay gestión ni priorización de recursos para financiar el Acuerdo de Paz, lo que se está invirtiendo es en gran parte el presupuesto normal. No hay una estrategia efectiva de seguridad para parar el genocidio en contra de los excombatientes del partido FARC. Tampoco se avanza en el punto de reforma rural integral, ni de participación política, ni se aplica la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y, como si fuera poco, se ataca con vehemencia y con argumentos inconsistentes el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) para las víctimas. 

Hemos sido testigos, en las últimas semanas, de la presión que ha recibido la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y especialmente, su presidente el Sacerdote Jesuita, Francisco de Roux Rengifo, de manera directa por miembros del partido de gobierno levantando acusaciones infundadas cuyo fin es poner en tela de juicio un trabajo difícil en un país que ha vivido sesenta años de violencia. 

La verdad que se pretende construir sobre el conflicto no puede ser una verdad filosófica, ni tampoco religiosa, ni ideológica, ni científica. Tampoco puede ser una verdad que solo sea la versión de un solo sector de la sociedad. La verdad que se busca es una verdad histórica, compartida, que surge de la confianza de múltiples actores, que se teje con los finos hilos de acuerdos profundos y transparentes y con agujas de confianza y honestidad, por parte de todos los sectores sociales. Una verdad que no es absoluta, ni taxativa ni cerrada, sino una verdad que nos dé la posibilidad de hacer la justicia restaurativa que necesitemos y no una justicia punitiva para el castigo de algunos que se los haga ver como únicos culpables. Una verdad que repare a las víctimas y les restablezca sus derechos como ciudadanos. Una verdad que nos dé la oportunidad reconciliarnos para hacer justicia social, que genere los cambios necesarios para que seamos reconocidos y respetados como ciudadanos y ciudadanas. Una verdad que no puede ser puesta en el marco de los dividendos políticos, ni de sus mezquinos intereses. 

El evangelista Juan nos dice: "y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres". Esta verdad es una experiencia de seguimiento a Jesús, en la que el creyente genuino experimenta la verdad como un acontecimiento de libertad y de amor. El criterio para discernir y vivir la verdad es todo aquello que conduce al proyecto del Reino de Dios, el cual es: que la historia, la creación en su conjunto y los seres humanos, en comunión, vivamos en camino hacia la plenitud de la justicia, de la libertad y del amor gratuito con Dios. 

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Director General CINEP/Programa por la Paz

Les contamos cómo está trabajando y avanzando la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad durante el confinamiento y cómo avanza en la construcción de la reconciliación y el diálogo social para la apropiación de la verdad.

Aunque estemos en confinamiento la Comisión de la Verdad no se detiene. Sin embargo, la entidad que se creó en abril de 2017 y tiene una duración de 3 años enfrenta grandes desafíos en esta coyuntura. Uno de los mayores retos para la Comisión pero también para el SIVJRNR en general es mantener a las víctimas del conflicto en el centro de las políticas públicas a nivel nacional, regional y local evitando caer en una “competencia” mal entendida con las nuevas víctimas de la pandemia. 

En términos operativos, la Comisión de la Verdad concentra sus esfuerzos en el procesamiento, análisis y contrastación de los testimonios de los informes y ajusta su plan de trabajo para seguir cumpliendo su mandato. Además, está desarrollando nuevas estrategias de trabajo en los territorios, en especial con las comunidades indígenas, altamente vulnerables a la epidemia.

En medio de la crisis social y sanitaria que viven Colombia y el mundo, en la Comisión surgen varias inquietudes con relación al papel que jugará el tema de la paz en la vida social, política y económica del país. Preocupan:

  • La crisis fiscal que vivirá el país y el impacto que traerá en los presupuestos para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y la implementación de los acuerdos de paz.
  • El papel que ocupará la paz en los planes de desarrollo que también se verán afectados por la crisis sanitaria.

Por otro lado, la Comisión ha hecho un llamado a los actores armados a una tregua, a un cese de la violencia, que permita a la sociedad y a las comunidades enfrentar la pandemia. Y el presidente Francisco de Roux ha invitado a la reflexión sobre las enormes desigualdades sociales que ha evidenciado el COVID y cómo impacta a los más vulnerables, en particular a las víctimas del conflicto armado: 

“El conflicto armado ha matado más gente en Colombia de lo que el Coronavirus ha matado en el mundo. Colombia también tendrá que hacer cambios estructurales muy hondos para parar la pandemia del conflicto armado”.

Avances

Les compartimos algunas cifras que permiten evidenciar los avances de la Comisión a dos años de puesta en marcha. En lo que tiene que ver con  la gestión del conocimiento para la producción del informe final, la Cev nos cuenta que ha realizado a la fecha 8.392 entrevistas a 15.665 personas (la mayoría víctimas y testigos directos de los hechos en diferentes territorios). Además, hay 29 Casas de la Verdad en funcionamiento, una estrategia de trabajo con la población en exilio y un modelo de investigación sobre causas, dinámicas e impactos del conflicto armado en los pueblos.

Se han realizado también 4 Encuentros por la verdad, 6 Diálogos para la no repetición con, un espacio de escucha con excombatientes de la antigua FARC-EP, tres contribuciones a la verdad: dos con Ernesto Samper y una con Jaime Caycedo, 10 procesos culturales y artísticos, cinco encuentros nacionales con los Pueblos Étnicos, entre muchos otros eventos donde la reconciliación y la convivencia han estado en el centro.

En el siguiente video la comisionada Alejandra Miller informa sobre los retos de la Comisión durante la cuarentena en Colombia:

 

Por: Katalina Vásquez G.