Organizaciones de Colombia y Guatemala solicitan una audiencia pública a la (CIDH) sobre la criminalización contra defensoras y defensores del territorio, la tierra y el ambiente en el marco de la pandemia.

Veinticinco organizaciones sociales de Colombia y Guatemala solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia en su próximo período de sesiones que se desarrollará virtualmente del 21 de junio al 2 de julio. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH (Guatemala) y el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP / Programa por la Paz (Colombia), en alianza con otras ongs, dirigieron la solicitud a María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la CIDH en Washington, desde abril pasado. 

“En Guatemala y Colombia, la criminalización contra defensores/as de derechos al territorio, la tierra y el medio ambiente en contextos de transición como un fenómeno regional, es parte de un continuum de violencia que no terminó con la firma de los Acuerdos de Paz, sino que más bien mutó de manera considerable”, alertan los solicitantes de la audiencia que tiene por objeto  poner en conocimiento de la CIDH la grave situación de criminalización en contra de las personas defensoras de derechos al territorio, la tierra y el medio ambiente, en los países de Colombia y Guatemala, así como sus implicaciones en el marco de la pandemia generada por el Covid-19. 

Las organizaciones buscan presentar casos concretos de las graves situaciones y vulneraciones de derechos humanos en ambos países, a través de patrones sistemáticos de los procesos de criminalización de líderes/as, dirigentes comunitarios, étnicos, campesinos y defensores/as de derechos humanos, que reclaman y reivindican el legítimo derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente en Guatemala y Colombia. Y para ellos, primero, expondrán la caracterización y delimitación del fenómeno de la criminalización contra comunidades campesinas y afrodescendientes, pueblos indígenas y defensores del derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente y, su impacto en el marco de la pandemia generada por el Covid-19. Y en un segundo momento, mostrarán los principales patrones en los cuales se explica el aumento de la criminalización y su correlación con la vulneración de derechos fundamentales de las personas defensoras del derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente

En la solicitud se alerta sobre la preocupación por la violación a los derechos fundamentales a la protesta social, la libre expresión, y la defensa de los Derechos Humanos en Colombia y Guatemala en el marco de estados de excepción ocasionados por la pandemia, así como la expansión sin precedentes de las actividades extractivas como la minería, la extracción de hidrocarburos, la agricultura a gran escala, los monocultivos y la deforestación. 

Durante el año 2019 Colombia fue el país donde más se cometieron asesinatos contra defensores del medio ambiente en el mundo, y Guatemala el sexto, según informe de la ONG Global Witness de julio de 2020, señalan las ongs en la solicitud a la CIDH. 

A continuación la carta con la solicitud:

 

 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

Por: Comunicaciones CINEP / PPP

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

El 2 de mayo el Gobierno solicitó al Congreso el retiro del proyecto de reforma tributaria, erróneamente titulado ley de solidaridad sostenible, radicado por el Ministerio de Hacienda a mediados de abril y tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto. Sin duda, la persistencia e impulso de las marchas ciudadanas, que desde diversos sectores sociales se organizaron, resultaron ser efectivas. El riesgo y el temor de una mayor contaminación por la pandemia, no fue motivo para que la ciudadanía, la gran mayoría de ella marchando pacíficamente, dejara de expresar su indignación frente a una ley que lesionaba la frágil situación de una gran mayoría de hogares colombianos. El DANE afirmó que en el país hay 21 millones de personas en pobreza monetaria y en pobreza extrema 7 y medio millones más, es realmente crítica la situación.

Pero lo desastroso de esta situación, fue el número aún indeterminado de personas victimizadas. Los manifestantes, en especial jóvenes, han sido recibidos con una violencia inadmisible por parte de los miembros de la fuerza pública. Son ciudadanos reclamando derechos, indignados, lo que explica, no justifica, sus actos violentos. Pero no son terroristas ni criminales. Los hechos dejan un saldo doloroso y preocupante, según informaciones por confirmar, decenas de asesinatos de civiles y un policía; centenares de heridos civiles y fuerza pública; centenares de detenciones arbitrarias y desaparecidos, así como denuncias de abuso sexual contra mujeres. Esta reacción de violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza policial y la violencia de algunos ciudadanos contra ella, se da en un contexto generado por el mismo gobierno, no solo al radicar la ley de reforma tributaria, sino por los efectos estructurales de políticas que protegen ferreamente los capitales y que profundizan la desigualdad y la pobreza. De todas formas, la violencia, venga de donde venga y por los motivos que sean, no es la fórmula, ni la salida para el manejo y desarrollo de la movilización social.

Pero el panorama no está claro. ¿Qué significa para el gobierno tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto de reforma tributaria? ¿Estará pensando en no afectar a las clases populares ni a los estratos medios? ¿Les impondrá a los más pudientes y a los grandes capitales las contribuciones que necesita y les eliminará las exenciones? ¿Perseguirá a fondo la corrupción para alcanzar a recoger los 23 billones de pesos que dice necesitar, en un país donde la corrupción ronda por los cincuenta billones anuales?

El gobierno no muestra alternativas consistentes, en su lugar, muestra profundas dudas, falta de manejo y grandes desafíos, en medio de un contexto político preelectoral. Al contrario, la convocatoria y el clima de protesta continua, y a él se agrega el creciente descontento por los efectos sociales de la la pandemia que ha cobrado en el país la vida de más de setenta y dos mil personas y ha sido determinante para el aumento del desempleo y la pobreza.

El comunicado de la Conferencia Episcopal de Colombia del 4 de mayo denuncia frente a esta situación crítica que vive el país que la la violencia no soluciona nada, solo produce sufrimiento y muerte. Hace énfasis en que la protesta pacífica es un derecho y una alternativa válida para lograr respuestas a las necesidades y reclamos sociales, teniendo en cuenta hoy la grave emergencia sanitaria que estamos viviendo por cuenta la pandemia. Rechaza decididamente, sea cual fuere su proveniencia, todos los actos de violencia, las violaciones a los derechos humanos, las muertes, la desaparición de personas y cualquier atentando contra la integridad física de cualquier persona. Y hace un llamado urgente y clamoroso: ¡Que se detenga, por el bien de todos, la espiral de violencia y el círculo de muerte que se están impulsando! Y como afirma el Papa en Fratelli Tutti, es urgente abrir los canales para el diálogo social, para afrontar la compleja situación que vivimos.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

No hay una receta para construir la paz en Colombia, pero sí existen pistas inspiradoras para avanzar en su construcción. En este clima reflexivo de semana santa, propongo un decálogo para construir la paz:

Una primera pista es que la paz no es solo la ausencia de violencia. De nada sirve callar las armas si seguimos sumidos en la violación de los derechos humanos, en la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la exclusión, en una polarización decorada de ideología y en la violación al primer derecho, el derecho a la vida. ¿Si no hay vida, si no se respeta y dignifica la vida, para qué los derechos?

Una segunda pista: la paz se hace desde los territorios concretos. Es lo que llama el Acuerdo de Paz, la paz con enfoque territorial. Quiere decir que es diferente, hacer la paz en la Costa Caribe que hacer la paz en el piedemonte amazónico o en la Costa Pacífica. Y es diferente porque las regiones tienen sus propias historias: económica, de relaciones sociales de conflictos políticos; también tienen diferentes estructuras ecológicas y desarrollos ambientales; incluso, diferentes comprensiones de la vida, según las culturas indígenas, afrodescendientes, mestizas y campesinas que la habitan.

Una tercera pista para la construcción de la paz es que ella necesita de diversos componentes para su realización con sus particularidades territoriales a nivel social, político, cultural y ambiental; y dentro de una dinámica histórica en permanente cambio e incertidumbre, como lo ha demostrado la pandemia del Covid 19.

Una cuarta pista nos señala que la paz nace desde los territorios, pero a la vez debe ser una construcción en diálogo, en tensión positiva con el contexto nacional y global. No existen regiones aisladas especialmente cuando se trata de asuntos y procesos económicos y políticos.

Una quinta pista para construir la paz nos invita a pensar en cómo transformar uno de los factores que más ha deteriorado la sociedad colombiana: la continuidad de la violencia en las regiones y la presencia de actores armados ilegales fuera de la ley, algunas veces en connivencia con sectores de la fuerza pública.

Una sexta pista que impacta negativamente la construcción de la paz en el país es la inoperancia y la manipulación del poder judicial. La alta impunidad, de más del 95%, en los crímenes políticos; la politización y la falta de independencia de los entes judiciales, hace que los ciudadanos no crean en la justicia y más bien asuman hacer justicia por mano propia.

Una séptima pista para construir la paz es reconocer que en los territorios y regiones hay propuestas, existen alternativas que las fuerzas vivas locales han elaborado desde su conocimiento profundo de su propia realidad. La paz necesita reconocerse descentralizada de Bogotá y que las soluciones se tramiten en un diálogo positivo entre la región y la nación.

Una octava pista para la construcción de la paz es el fortalecimiento de las administraciones e instituciones gubernamentales locales y regionales. Se necesita una presencia efectiva, eficiente y eficaz del Estado, en cada uno de los territorios, generando una apropiación ciudadana del escenario político, como lo indica nuestra Constitución Nacional.

La novena pista para construir la paz propone uno de los puntos más difíciles de solucionar en nuestra sociedad, el desmonte de las economías ilegales, pero en especial el desmantelamiento de la perversa relación entre economías legales e ilegales, vulgarmente conocido como “el lavado de activos”. Si continua esta alianza no va a ser posible la paz.

La décima pista para construir la paz es el costo y la financiación para avanzar en su implementación. Tema esencial pero igualmente poco trabajado en profundidad y compartido con claridad.

El Papa Francisco en su visita a Colombia nos exhortaba con invitaciones a la construcción de paz así: “La búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. Que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares y a corto plazo. Quise venir hasta aquí para decirles que no están solos, que somos muchos los que queremos acompañarlos en este paso; este viaje quiere ser un aliciente para ustedes, un aporte que en algo allane el camino hacia la reconciliación y la paz".

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

El presente informe es el Octavo que produce la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera corresponde a los 4 meses de la implementación del mismo comprendidos desde el 1o de agosto hasta el 30 de noviembre de 2020. Este informe se refiere a los seis puntos del Acuerdo y contiene, como valor agregado, el análisis del estado de la implementación en tres regiones PDET: Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacífico Medio. 

Este es el segundo informe que produce la STCVI en el marco de la segunda fase de su funcionamiento que inició en abril de 2020. La primera, adelantada por 18 meses tras la firma del Acuerdo, se prolongó hasta mayo de 2019 y produjo los 6 informes anteriores los cuales pueden consultarse en:

https://cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html

Ambas fases de funcionamiento de la ST han sido posibles gracias al apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y se adelantan bajo el principio de neutralidad e independencia. Este Octavo Informe, publicado el 16 de febrero de 2020, es el producto de meses de investigación y análisis riguroso por parte de una docena de investigadores e investigadoras del CINEP/PPP y CERAC.


 

A continuación el documento sintético del Octavo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia:  


Información para prensa:

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+57 321 4590847

El 25 de noviembre se conmemora el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta nota damos una mirada a cómo viven este flagelo las mujeres rurales, afro e indígenas en Colombia.

Las calles de Colombia y sus principales ciudades se llenan de reclamos este 25 de noviembre. La movilización en contra de la violencia de la mujer se realiza en Barranquilla, Cartagena, Popayán, Cali, Bogotá, Quibdó, Medellín, Villavicencio y otros centros urbanos donde también la cultura hace parte de las manifestaciones. En Colombia, las mujeres tienen razones para marchar. Según Vamosmujer.org, cada 6 horas, una mujer colombiana es abusada por causa del conflicto armado y un promedio diario de 245 son víctimas de algún tipo de violencia.  

Según ONU Mujeres, la violencia contra la mujer es una de las causas de muerte tan graves como el cáncer durante la edad reproductiva. En Colombia, la pandemia ha multiplicado las cifras de casos de violencia contra la mujer en las comunidades más vulnerables e incrementado las dificultades históricas de las mujeres campesinas, indígenas y afro. Según el más reciente informe del DANE “Brechas de género en Colombia”, se han registrado 123% más llamadas por violencia intrafamiliar de marzo a agosto en 2020 en comparación con el 2019, sin contar a las mujeres en hogares bajo la imposibilidad de salir o concertar encuentros para su apoyo. 

Por su lado, la Fiscalía registró 55 feminicidios desde el 25 de marzo hasta el 31 de julio, mientras el Observatorio Feminicidios Colombia, la Fundación Pares y la Fundación Feminicidios Colombia suman 158, según el portal Distintas Latitudes. Y, como sabemos, hay muchos casos de abuso sin denuncia y no pueden ser contabilizados.

Un foco importante de violencia se encuentra alrededor de las mujeres campesinas, afro e indígenas, que hacen parte de poblaciones históricamente relegadas y víctimas de todo tipo de violencias, física y psicológica, sumadas a la fuerza que estigmatiza su trabajo y cultura desde el interior del país. El informe para el Cinep / PPP con apoyo de Mujer Rural y Derecho a la tierra ‘Violencias basadas en género contra mujeres rurales’ se explica cómo la violencia basada en género se cruza con las dificultades del campo como son el acceso a la tierra, informalidad laboral, la tasa de analfabetismo en el campo, escasez de recursos económicos y la falta de oportunidades para el área rural. En este contexto, las mujeres campesinas no sólo deben soportar los abusos que genera la condición de ser mujer, sino la frecuencia de estas situaciones de peligro sin la posibilidad de buscar ayuda cercana o redes de apoyo en el campo.

Cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) muestran que “el 69 % de las víctimas de violencia física son personas entre 15 y 39 años, 78,5 % de las víctimas son mujeres, 78 % de los agresores son hombres, y en el 74 % de los casos el agresor es un familiar de la víctima; la mayoría de las veces la pareja o expareja de esta”. Además, los asesinatos según factor de vulnerabilidad de la víctima se dan mayormente en campesinas y trabajadoras del campo.

El trabajo de la mujer rural: esfuerzo sin remuneración

Si bien nuestra seguridad alimentaria depende en un alto porcentaje del trabajo campesino, este trabajo no se paga debidamente, y a esta situación se suma el trabajo no remunerado, espacio en el que las mujeres campesinas dedican más horas que las mujeres que viven en zonas urbanas, y en donde se intensifica la violencia sexual a causa de las condiciones de vida y vivienda en el campo, donde ellas habitan a largas distancias unas de otras, dificultando la búsqueda de ayuda y respuesta a llamados de auxilio inmediatos.

Ana María Restrepo, investigadora del Cinep/PPP, explica que existen violencias subjetivas a causa del desconocimiento de los aportes productivos de las mujeres en el campo. “Se dice que las mujeres no aportan nada. Es violento no reconocer formas de producción en huertas de plantas medicinales, por ejemplo, que no se reconocen como trabajo productivo, sino que se habla de labor de cuidado, pero si un hombre hiciera esta siembra no sería cuidado sino trabajo productivo. También es necesario aclarar qué entendemos por violencia, porque la discriminación termina siendo una forma de violencia”.

La ONU especifica las siguientes categorías como violencia general contra la mujer: violencia por un compañero sentimental, ya sea física, psicológica o feminicidio; violencia sexual y acoso, que incluyen violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero y acoso cibernético; trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual); mutilación genital, y matrimonio infantil. Sin embargo, existen formas de violencia normalizadas en la sociedad y que se viven con mayor fuerza en las áreas rurales.

“Existe violencia económica y patrimonial en Latinoamérica, hay países en los que las mujeres no heredan sino el hombre, o que están en inseguridad en la posesión de sus tierras porque los títulos están a nombre de los hombres. En casos de desaparición forzada muchos de los accesos a créditos implica que se sea titular, y si las mujeres no la tienen y los hombres no están, no pueden acceder a créditos productivos”, explica Restrepo.

En Colombia, la Corte Constitucional en la Sentencia T-012 de 2016 reconoce las manifestaciones de violencia económica aquellas en las que el hombre utiliza su poder económico para controlar las decisiones y el proyecto de vida de la mujer, según el informe VBG. Según OXFAM, un pago inferior a las mujeres por el mismo trabajo que realiza un hombre o adjudicar toda la carga de cuidado de niños y familia sin remuneración son manifestaciones de violencia contra la mujer. “Aproximadamente el 31, 3% de trabajadoras agrícolas en Colombia son consideradas ayudantes sin salario” y “solo el 26% de las mujeres tienen titularidad sobre las tierras”.

Apropiación de territorios y racismo: la lucha doble de las mujeres afro e indígenas

En Colombia, el conflicto armado propició una serie de violencias específicas que han afectado con mayor rigor a las mujeres rurales, afro e indígenas; además los proyectos extractivos en zonas particulares como La Guajira han creado violencias que enfrentan mujeres de grupos étnicos, empobrecidas y de sectores populares que habitan territorios en disputa por el uso del suelo o recursos ambientales, según Leidy Laura Perneth, investigadora de la línea de interculturalidad de Cinep/PPP. Laura explica que estos territorios habitados por grupos étnicos se leen como sacrificables y apropiables, además de que es importante leer la situación en clave de género.

“Sí hay afectaciones particulares en las mujeres que habitan territorios en donde hay intereses de explotación minera, como es en el caso del sur de La Guajira, la explotación de carbón siendo El Cerrejón una de las minas más grandes a cielo abierto, ha afectado el acceso al agua, y las mujeres Wayúu de manera particular tienen un vínculo no solo material, sino espiritual con el agua, accesos que han sido afectadas por la explotación de carbón”, afirma Perneth. 

Además, insiste en que “cuando leemos el proyecto económico fundamentado en el extractivismo, no es solo un proyecto económico, capitalista, también es un proyecto racista, en tanto que entiende que llega a territorios habitados por grupos étnicos los puede despojar, los puede violentar, porque son territorios y sujetos sacrificables y de menor valía en términos humanos. Mujer de comunidades negras cuentan cómo se ha afectado su soberanía alimentaria en tanto que, al ser despojadas, ya los nuevos lugares que tienen que habitar no tienen la capacidad de producir alimentos que garantizaban la alimentación en esas formas culturalmente construidas”.

Es por esto que las mujeres afro, indígenas y palenqueras han tenido que transitar a otras economías como el trabajo doméstico o el trabajo informal en sectores urbanos o semiurbanos, que “también generan violencias de corte racista porque cuando llegan a estos escenarios son leídas como las ‘indias’ o ‘mujeres negras’, siempre dispuestas a relaciones racializadas que discriminan y excluyen”. Estudios en 2017 del Observatorio de Mercado Laboral de Cartagena indican que la brecha entre hombres y mujeres era amplia, pero la cifra era mayor cuando estas mujeres eran jóvenes afro de estrato 1 y 2, donde la diferencia era de un 35%.

Por otra parte, las mujeres negras en zonas urbanas también se han visto afectadas. En Cartagena, por ejemplo, por el turismo a gran escala que, según Laura, usa los cuerpos negros como “cuerpos que pueden ser consumidos en el marco del turismo”. Allí “las mujeres negras no solo se emplean en un trabajo en específico, sino que son llevadas a vender su identidad, ha habido incluso ofertas laborales en donde hay especificaciones raciales para ocupar esas plazas. La acumulación de capital del turismo lo hace con los cuerpos de mujeres negras que se venden como un producto de consumo en esa economía turística, pero ese capital ellas no lo acumulan, por eso es importante considerar efectos de economías extractivas como turísticas”.

Las desigualdades hacia mujeres de comunidades sometidas a economías y tratos racistas no son resultado de los cambios que produjo la pandemia, sino que son consecuencias de estructuras históricas que se han potenciado y, de alguna forma, visibilizado a causa de la pandemia, que ha revelado la importancia del trabajo remunerado a las mujeres y la necesidad de reconocer labores domésticas como trabajo productivo. Según el DANE, en Colombia el 65% de profesionales en el sector salud son mujeres, sin embargo, el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se han visto más afectados que antes, y aún más en las zonas rurales del país en donde la presencia estatal ya era precaria antes de la pandemia.

Por: Valentina Meneses. Equipo de Comunicaciones Cinep/PPP