El asesinato de Edis Care no es el primero del Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó (Cocolatu). Estos crímenes y otras estrategias de los despojadores del Bajo Atrato son un obstáculo para la consolidación de la paz y por supuesto, para la restitución de tierras a las víctimas. La familia de Edis es reclamante de 110 hectáreas en Riosucio, Chocó.

Edis Manuel era presidente del Consejo Local de la Comunidad Despensa Media, en el Consejo Comunitario de Curbaradó, Chocó, pero residía de manera temporal en la comunidad Villa Nueva. Tenía 65 años y su esposa, madre de 5 hijos, reclama 110 hectáreas en dicha comunidad. El lunes 24 de agosto, a las 9 de la noche, dos hombres vestidos de civil y fuertemente armados irrumpieron en su vivienda y acabaron con su vida mientras descansaba en compañía de su esposa. Pasaron más de 20 horas hasta que se realizó el proceso de levantamiento. Edis había recibido amenazas de muerte por su rol y hacía parte del Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó (COCOLATU) que se prepara para presentar el informe de su victimización y despojo a la JEP y la Comisión de la Verdad el próximo 24 de septiembre y que había advertido de las amenazas y riesgo de ataques este año, tal como lo expresan en el comunicado que emitieron tras el homicidio de Edis:

“Advertimos en un reciente comunicado generado en el mes de abril del año en curso, sobre las amenazas, los hostigamientos, la destrucción de bienes indispensables para la supervivencia y de ataques – agresiones a líderes/as por parte de terceros ajenos al territorio y grupos armados ilegales, para controlar social y territorialmente al sujeto colectivo. Dichas acciones, así como de variados asesinatos selectivos “totalmente invisibles” a razón de la NO denuncia por temor a retaliaciones, las consideramos el “pan de cada día” en COCOLATU”

Cocolatu: más de 20 años reclamando tierras y enterrando líderes

Cocolatu es un consejo de comunidades negras conformado desde 1999 y beneficiario de titulación colectiva desde 2000, por la resolución 1805 del 22 de noviembre de ese año. Hace parte del municipio de Riosucio, Chocó, y tiene una extensión de 107 mil hectáreas y 49 comunidades tradicionalmente habitadas por personas afro y mestizas

Dicha titulación llegó cuando el 76% de la población que habitaba el territorio colectivo se encontraba en situación de desplazamiento, entre 1996 y 2002. Actualmente, allí habitan unas 5.803 personas, que recientemente fueron acreditadas como víctimas colectivas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del macrocaso 04: La situación territorial derivada del conflicto armado ocurrida en la región de Urabá, y que cobija a los territorios del Bajo Atrato y Darién. 

Entre las múltiples vejaciones de las que ha sido víctima esta población se encuentran los asesinatos a sus líderes, los ocurridos el 19 de agosto y 27 de noviembre de 2019 contra los líderes Jesús Alberto Sanchez y Mario Castaño Bravo son una muestra de ello. Desde entonces, el riesgo para la comunidad no ha disminuido: en marzo de este año, hombres armados amenazaron de muerte a familias integrantes del Consejo; posteriormente, personas llegaron en vehículos hasta la zona y los señalaron como invasores, advirtiendoles que si no desalojaban, se atendrían a las consecuencias. 

Juan Pablo Guerrero, investigador del Cinep/PPP y quien acompaña este Consejo, afirma que: 

“Si hay un obstáculo para la construcción de paz en el Bajo Atrato es el despojo y la usurpación de tierras, un territorio con un contexto complejo en el que hay poseedores o empresarios de mala fe que se han hecho con tierras a través de un patrón de macrocriminalidad que incluye el desplazamiento, la amenaza directa y los homicidios, así como las compras ilegales, los arriendos fraudulentos y la ocupación de facto”.  

El investigador detalla que en Chocó, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) pretende restituir más de un millón de hectáreas de tierras, una labor que considera titánica. Tras 11 años de acompañamiento a la comunidad del Bajo Atrato, Cinep/PPP ha podido identificar aproximadamente 442 opositores a este proceso, “muchos de ellos relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo”, según Guerrero.

Además, explica Juan Pablo: 

“Hay una clara una estrategia para obstaculizar las reivindicaciones de derechos territoriales por parte de diversos actores”. Entre los riesgos que identificados Guerrero señala “la connivencia de ocupantes de mala fe, actores armados y funcionarios públicos para agredir a reclamantes de tierra; la presencia y control territorial de grupos paramilitares como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el Bajo Atrato; y la estigmatización al proceso de reclamo de tierras por parte de líderes políticos, gremiales y altos funcionarios del Estado”.

La garantía de vida y buen vivir

Hoy, una vez más en duelo y bajo amenaza, COCOLATU reclama que el Estado los proteja de los riesgos que enfrentan por reclamar sus derechos. A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) piden que garanticen efectivamente su participación en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Entre las demás exigencias del Consejo están:

Al Presidente de la República Ivan Duque Márquez, que encabece un consejo de seguridad en el municipio de Riosucio (Chocó), en el cual se evalúe la situación de orden público y los últimos hechos violentos ocurridos en la subregión del bajo Atrato (Chocó)
A la Fuerza Pública (Ejército y Policía), que cumplan con su misión de proteger la vida, libertad e integridad de los ciudadanos, lo que implica reconocer la existencia de una estrategia violenta y sistemática en contra de los procesos organizativos y reclamantes de tierras del bajo Atrato (Chocó).

A la Fiscalía General de la Nación, que adelante con celeridad los procesos de investigación de los responsables de este infame asesinato, así como de los procesos de investigación penal contra los responsables de las amenazas y acciones violentas contra las comunidades de COCOLATU.
A la Unidad Nacional de Protección, a que realmente implemente las medidas protección colectiva de COCOLATU – Resolución 787 de 2020.
A la Unidad de Restitución de Tierras, que garantice el avance de la etapa judicial del proceso de restitución, en condiciones de seguridad para las víctimas de COCOLATU.


Al Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, que se pronuncie en relación al sistemático incumplimiento de la adopción preventiva de una medida cautelar (Auto interlocutorio N.° 00181 del 12 de diciembre de 2014) y fortalezca la protección territorial del sujeto colectivo de COCOLATU.

A la Gobernación del Chocó a citar, liderar y realizar un Comité de Justicia Transicional Ampliado, en el marco del cual se formalice, adopte y defina la implementación de medidas efectivas de atención, prevención y protección en contra de los reclamantes de tierras de la región del bajo Atrato (Chocó) y Urabá (Antioquia).

A la comunidad internacional, que acompañe el proceso de restitución de derechos territoriales de COCOLATU. 

Después de la firma del Acuerdo de Paz en diciembre de 2016, el asesinato de líderes sociales y la escalada de violencia se ha agravado hasta sumar 1004 defensores de derechos humanos asesinados desde entonces a la fecha, según Indepaz. Uno de los sectores más afectados es el de reclamantes de tierras, así como aquellos que promueven la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y quienes se oponen a proyectos minero energéticos. El deterioro de la seguridad para campesinos, indígenas, afro y poblaciones populares incluyendo a nuestros jóvenes se evidencia este año en la horrenda cifra de 45 masacres en lo que va de 2020. La tragedia también incluye  el asesinato de 224 hombres y mujeres de Farc que dejaron las armas.

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez. Comunicaciones CINEP/PPP

En las universidades públicas del país se adelanta una movilización por la gratuidad en la matrícula. Desde mayo, cuando inició el movimiento 'Matrícula Cero', unas 14 instituciones se han sumado a este reclamo. En esta nota les resumimos en qué van y qué falta.

En Instituciones de Educación Superior (IES) públicas como la Universidad Industrial de Santander y otras 14 universidades de todo el territorio nacional se han logrado avances en cuanto a gratuidad para estudiantes en estratos socioeconómicos 1 y 2. Pero en otras, como la Universidad Nacional o la Universidad Pedagógica, sedes Bogotá, se siguen desarrollando huelgas de hambre exigiendo apoyos económicos sin los cuales les será imposible continuar sus estudios. 

La tasa de desempleo que, según el DANE para junio fue 19.8%, podría significar una deserción escolar de entre el 30% y 50% para este semestre según la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES). Aunque agravados por el COVID19, el acceso y los recursos para la educación han sido problemas históricos de la educación superior en Colombia. Así lo explica Mauricio Archila, profesor emérito de la Universidad Nacional e investigador del CINEP/PPP:

Ha sido muy recurrente desde los sesenta el problema de financiación de la educación pública, principalmente universitaria. En los últimos tiempos, desde la Ley 30 de 1992, que se supone que regula todo el sistema educativo y que fija el incremento anual para la educación pública, se ha ido manifestando el rezago cada vez más fuerte de los aportes del Estado a las universidades públicas”.

Relación de gasto, cobertura y financiación por parte del Gobierno Nacional a las IES públicas entre 1993 y 2016. Informe de presidencia del Sistema Universitario Estatal (SUE) en 2018.

De la matrícula 0, a la garantía de acceso a la educación superior

En los presupuestos generales de la Nación vigentes para 2019 y 2020, el Gobierno Nacional agregó más recursos a las IES, atendiendo lo pactado en la ´Mesa de Diálogo para la Construcción de Acuerdos para la Educación Superior Pública`, tras la fuerte movilización  estudiantil de 2018. No obstante, en la Mesa de Diálogo “se llegó a un Acuerdo que ha ido incumpliendo el Gobierno, y muchos de los motivos del 21 de noviembre (paro nacional) del año pasado tienen que ver también con eso”, declara Mauricio Archila. 

Recientemente, respondiendo a la crisis del sector educativo como consecuencia de la pandemia y el movimiento “Matrícula Cero” se creó el Fondo para la Educación mediante el Decreto Legislativo 662 del 14 de mayo de 2020, el cual destinará 97.500 millones de pesos para apoyar el pago de matrículas en universidades públicas. Pero los estudiantes aseguran que los recursos suministrados por el Fondo no fueron suficientes para garantizar la matrícula de los estudiantes de estratos 1 y 2 en sus Instituciones. 

En muchas de las IES públicas regionales como la Universidad Distrital o la Universidad de Cundinamarca, los beneficios en matrículas y apoyos han sido posibles gracias a los recursos aportados por las mismas Instituciones y gobernaciones y alcaldías. En otras instituciones, como la Universidad de Córdoba, los beneficios en matrículas cobijan únicamente a estudiantes antiguos. En las universidades de carácter nacional, la lucha continúa porque los recursos aportados por el Gobierno son insuficientes para cubrir las necesidades de la población estudiantil.

U. de A. y Unal: Dos formas de responder a la “matrícula cero”

En la Universidad de Antioquia en Medellín un grupo de estudiantes inició una huelga de hambre el 8 de julio para exigir que se congelen las reformas al estatuto general universitario hasta que se volviera a la presencialidad y se pudiera debatir. En la entrada de la Ciudad Universitaria se instaló un campamento de estudiantes. Tres mujeres empezaron la huelga que logró su objetivo.  

Uno de los factores clave en la respuesta favorable, además del apoyo de colectivos, movimientos sociales y la Asociación de Profesores de esa universidad, fue la articulación concejales, diputados, Personería de Medellín, y otras instituciones, explica María Gallego, huelguista y  estudiante de licenciatura básica con énfasis en Matemáticas de la UdeA. Según María. La U. de A. logró la ‘Matrícula 0’ para todos sus estudiantes de pregrado y según declaró el alcalde de Medellín Daniel Quintero, esta sería  una “política pública que llega para quedarse y su logro es un triunfo del movimiento estudiantil”.

Días después del 5 de agosto, cuando mediante el Comunicado 19 a la Comunidad Universitaria, la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya, anunció que el costo por derechos de matrícula para 31.000 estudiantes sería igual a $0, y que además, los estudiantes de posgrado que así lo solicitaran tendrían un descuento de hasta el 20% en los derechos académicos para el periodo académico 2020-2. Allí, seis estudiantes iniciaron una huelga de hambre que hasta el 22 de agosto no termina.

Foto de: @intersedesunal

Daniela Viuche Conde, estudiante de Ciencia Política de la “Nacho” Bogotá y huelguista, expresa que “desde que se inició la virtualidad de las clases empezaron diferentes acciones de movilización de forma virtual, para garantizar para todos y todas realmente el derecho a la educación. La universidad brindó unas ayudas que fueron para población más vulnerable, algunos recibimos mercados, se hizo entrega de tablets y recursos para servicios de internet pero esto no ha dado a basto a la necesidades de toda la comunidad estudiantil”. 

Para una universidad con 54.284 estudiantes matriculados en el período 2019-2  y un déficit anual, que algunos estiman alrededor de 80 mil millones de pesos, se plantea urgente una inyección presupuestal y la garantía de la ‘Matrícula 0’ a través de recursos externos, en este caso, del Gobierno Nacional. No obstante, el apoyo económico recibido se acerca a una cifra de 5.200 millones de pesos (provenientes del Fondo para la Educación), lo que resulta insuficiente para cubrir los gastos que presenta la universidad pública más grande de Colombia.

Los estudiantes cuestionan al Gobierno Nacional por haber priorizado los beneficios económicos para el sector bancario y financiero durante la crisis; adicionalmente, aluden a que los principales rubros de la nación (pago de deuda y defensa) podrían ser destinados para educación e investigación. La viabilidad de la Matrícula 0 estaría pues al alcance de un rediseño presupuestal del Estado, pero no hay certeza sobre la intención de que el gobierno de turno en Colombia quiera invertir más en educación y menos en la guerra. 

Por: Daniela Ramírez y Juanjosé Gutiérrez. Comunicaciones CINEP/PPP.

Una década después de la denuncia por falsos positivos y fosas comunes en La Macarena se han exhumado 1.371 cuerpos, de los cuales, se han identificado 899 y entregado 221. Les contamos los avances gracias al Acuerdo de Paz en este caso, a propósito de la nueva audiencia en Congreso celebrada este 6 de agosto. 

En La Macarena, Meta —uno de los tantos escenarios en los que se reflejaron las consecuencias del conflicto armado en Colombia— la muerte y la victimización estuvieron silenciadas durante décadas. Hace diez años, gracias a la audiencia “Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales” realizada en el Congreso de la República, la comunidad y las víctimas pudieron empezar a sacar a la luz pública el horror de los falsos positivos, la responsabilidad del Estado en estos crímenes, e iniciar un camino de exigibilidad de derechos. El reclamo por la verdad ha estado en el centro de estos diez años de lucha de las organizaciones sociales que han logrado documentar, pese a las trabas, amenazas y muerte, que de 2.304 cuerpos enterrados como no identificados en los 5 cementerios de los Llanos Orientales, 1.674 fueron reportados como muertos en combate por la Fuerza Pública. 

De acuerdo con  el Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de personas Desaparecidas GRUBE, de la Fiscalía General de la Nación, citada por el colectivo Orlando Fals Borda, han sido exhumados 1.371, identificados 899, y 221 entregados. En dichas entregas y proceso ha participado el Colectivo mismo, que este 6 de agosto, como hace diez años, acudió al Congreso para hacer escuchar los reclamos de las víctimas.

En una nueva audiencia citada por los congresistas Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y Roy Barreras, se presentó el balance sobre las sistemáticas violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, y las ejecuciones extrajudiciales también conocidas como ‘falsos positivos’  dando la voz a las víctimas, quienes contaron los avances y tropiezos en su proceso de búsqueda y reparación por la desaparición forzada de sus familiares y la inhumación en cementerios municipales de La Macarena, Vista Hermosa, Granada, Villavicencio en el Meta y San José del Guaviare, en Guaviare.

Las víctimas pudieron hablar

Vilma Gutiérrez, quien tuvo que enterrar a su esposo a causa de la guerra, pertenece al MOVICE Meta y junto a los familiares de desaparecidos y con galerías de la memoria trabaja por hacer visibles los casos de su región. Para Vilma, gracias a la audiencia ‘‘se le pudo dar un carácter más humanitario al verificar que los casos no eran de personas heridas en combate, como decía el gobierno, sino que eran casos de desaparición forzada’’. A diez años de la primera audiencia que contó con la participación de 6 delegados del Parlamento Europeo, 3 del Parlamento Británico y 10 dirigentes sindicales, el padre Javier Giraldo, del CINEP/PPP,  recuerda que esa situación fue el detonante para esclarecer un fenómeno extendido y preocupante en Colombia, pues no solo se sepultaron cuerpos anónimos de una manera clandestina en el sector, sino que la problemática era tan compleja que llegó repetirse en múltiples regiones, teniendo un alcance a nivel nacional. 

Víctimas como Vilma resaltan el trabajo y las cifras alentadoras gracias a la colaboración de distintas organizaciones, pero también destacan inconformismo por casos que siguen sin resolverse por parte de la Fiscalía. Sin embargo, permanece la esperanza de lo que pueda suceder y del impacto posterior a la audiencia de La Macarena como ocurrió hace diez años. La mujer señala que:

‘‘La audiencia es importante porque nos permite seguir visibilizando y buscando justicia sobre los crímenes de Estado, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales’’.

La cita de hace una década en el Congreso fue la génesis de una ola de denuncias de los “falsos positivos” que, se sabría después, no solo correspondían a La Macarena y Soacha, sino que se trató de una política de Estado que se mantiene vigente, y que puede corroborarse en el seguimiento semestral registrado en la Revista Noche y Niebla del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. 

Tras la denuncia de 2010, la Corporación Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda, el CINEP/PPP, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y DHBAJOARIARI, empezaron el acompañamiento a más de 1.500 personas de la comunidad para dar a conocer ante la Comisión de Paz y Acuerdo Humanitario, todo lo relacionado con los cuerpos no identificados inhumados que eran conocidos como N.N. en la región.

‘‘Los familiares de desaparecidos no se atrevían a ir a las brigadas militares a reclamar a sus seres queridos porque tenían miedo de que les abrieran un proceso judicial por rebelión o complicidad con la guerrilla, porque ellos sabían que a la mayoría de estas víctimas las estaban calificando como muertos en combate’’, señala el padre Javier.

La sospecha había comenzado porque la comunidad detectó irregularidades en el agua: olores nauseabundos y una contextura ‘grasosa’ particular que hicieron pensar, y luego confirmar, que había enterramientos clandestinos en La Macarena, donde el calor aceleraba la descomposición de los cuerpos inhumados en cercanías al acueducto público. Esta situación llevó a que también se inspeccionaron cementerios de la zona, caracterizados por tener cuerpos de menores de edad que no se podían identificar.

Además, cerca al cementerio de La Macarena se encuentra una base militar donde, según los habitantes podían observar, se descargaban los cuerpos con uniformes. Pero la gente tenía miedo de hablar, y sus seres queridos seguían desapareciendo. Las investigaciones realizadas diez años después han arrojado que una mayoría de los cuerpos no fueron de personas muertas en combate, sino el resultado de una métrica coordinada en la que se asesinaban civiles en “ejecuciones extrajudiciales”. 

¿Cómo avanza el Sistema Integral frente a La Macarena?

Superado el silenciamiento, una década después las comunidades siguen intentando desenterrar la verdad ahora de la mano del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado en el punto 5 (víctimas) del Acuerdo de Paz firmado entre gobierno y Farc, en 2016. Uno de los principales riesgos sigue siendo garantizar la conservación y la custodia de cuerpos de las personas no identificadas y las no reclamadas. 

De acuerdo con el MOVICE, “los riesgos que enfrentan estos lugares en los cuales han sido inhumados legal o ilegalmente los cuerpos de las víctimas, son generados por condiciones que van más allá del deterioro causado por la tierra. Además del riesgo de eliminación de cualquier indicio o prueba que pueden realizar presuntos vinculados a procesos de investigación y juzgamiento, como agentes del Estado e integrantes de los grupos armados ilegales, se enfrenta la priorización de grandes proyectos minero-energéticos, obras de infraestructura o alteración de cementerios en gran parte del territorio nacional, procesos que podrían dificultar su búsqueda o posible exhumación y terminar nuevamente desapareciendo a las personas desaparecidas”.

Por eso el MOVICE solicitó desde 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la expedición de medidas cautelares a los cementerios y entes territoriales. Por su parte, por el fenómeno conocido como “falsos positivos” la JEP abrió un caso particular. Para 2019 la JEP avanzó en la solicitud de medidas cautelares de 16 lugares donde habría personas desaparecidas: Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío (Antioquia), La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná y Norcasia (Caldas), Lebrija, San Vicente de Chucurí y Cimitarra (Santander), Aguachica (Cesar) y Sincelejo, Corozal, San Marcos y San Onofre (Sucre).

Además, con la puesta en marcha de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad  (CEV) se ha avanzando en escuchar y reunir testimonios y material producido en los años anteriores a la puesta en marcha del Acuerdo.

A la fecha, la UBPD ha recibido 889 solicitudes de búsqueda en los municipios de Villavicencio, Granada, Vista Hermosa, Puerto Gaitán, La Macarena, El Castillo, Lejanías, Cumaral, Puerto López, San Martín, Mesetas, Castilla La Nueva, San Juan de Arama, La Uribe y Acacías o que los hechos presuntamente ocurrieron en la zona de cobertura del equipo territorial (lo cual incluye los municipios señalados), y que corresponden a 1.098 personas dadas por desaparecidas. 

“Estas solicitudes de búsqueda han sido allegadas a la UBPD de manera directa mediante el acompañamiento a familiares y personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos, o a través de información aportada por organizaciones sociales en el territorio. En particular, 40 de estas solicitudes de búsqueda corresponden a personas desaparecidas en el municipio de La Macarena o tienen una presunta localización en este municipio”, explica la Unidad agregando que vale la pena destacar que cuando se hace referencia a La Macarena no se habla solamente de familiares que buscan en esta zona, sino también de personas que se encuentran desaparecidas en esta región pero que sus familiares se encuentran en otros lugares.

Además, existen actualmente 2 planes regionales de búsqueda en fase de implementación y acciones de localización que agrupan 52 personas dadas por desaparecidas y se están construyendo insumos para la elaboración de nuevos planes regionales de búsqueda que agrupan 453 personas dadas por desaparecidas en las zonas del alto y medio Ariari; Duda – Guayabero; Capital y Piedemonte; y Puerto Gaitán. 

El drama de la desaparición forzada es un reto para el Sistema Integral y la sociedad misma, que aún desconoce las dimensiones de esta grave situación donde, a diferencia de los asesinatos, el duelo no cesa para los familiares. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) entre 1970 y 2015 se registraron 60.630 personas desaparecidas forzosamente en el país. Adicionalmente, el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH continuó con la labor de investigación y recopilación, y hasta agosto del 2018 reportó más de 80.000 víctimas. Organizaciones sociales y víctimas insisten a la JEP en la necesidad de abrir un macro caso exclusivo para investigar la desaparición forzada, así como los macro casos 001 (Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP conocido como “Secuestro”), 003 (Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado conocidas como “Falsos Positivos”) o 007 (Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano).

Por: Erika González. Comunicaciones CINEP/PPP.

En junio, en medio de la crisis por el Covid19, se conmemora a los refugiados de todo el mundo. En nuestra región preocupan especialmente los migrantes venezolanos que protagonizan el segundo éxodo más grande en  el mundo y están aún más vulnerables con la pandemia. Expertos internacionales piden respuestas integrales a los estados de Colombia, Ecuador, Perú y El Caribe. 

En medio de la pandemia mundial, la población migrante venezolana está en mayor vulnerabilidad: sin casas, sin trabajo, sin alimentación, sin acceso a la salud y lejos de su patria y familiares. Preocupa la respuesta de los estados para proteger a los refugiados y refugiadas de Venezuela en el Caribe y América Latina. Así lo expresaron los invitados al conversatorio virtual “¿Qué le espera a la población migrante venezolana?” organizado por el CINEP/PPP y Aministía Internacional (AI), donde participaron los Relatores sobre Migrantes de la CIDH y de la ONU, Julissa Mantilla Falcón y Felipe González Morales, así como personas expertas de AI, Servicio Jesuita a Refugiados, la Universidad del Pacífico, el CSMM y Equilibrium.

Más de 5 millones de ciudadanos venezolanos, según la OEA y ACNUR, han tenido que salir de su país, lo que sitúa este éxodo como el segundo más grande del mundo, después de Siria. Con la llegada de la pandemia, algunas de estas personas se han visto obligadas a regresar a sus lugares de origen por la ausencia de garantías para continuar su vida de forma digna en los países de acogida.

En Colombia, la oficina de Migración registró hasta inicios de junio del presente año más de 70 mil retornados a través de su frontera.

Julissa Mantilla Falcón, relatora sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, recordó que la salida de venezolanos de su país responde a una violación a los Derechos Humanos que la Comisión sigue de cerca desde 2005. La relatora resaltó que no solo se trata de migrantes, sino de solicitantes de asilo, víctimas de trata de personas, refugiados y personas en situación de apatridia.

Para Mantilla, hay un elemento que algunos países están omitiendo y es obvio que no debe olvidarse: El virus no pide cédula, no pide pasaporte. Ello significa que deben garantizarse el acceso a salud y a medidas que permitan el aislamiento para personas extranjeras, aunque no tengan un estatus de regularidad, con lo que se protegen sus derechos así como se cuidaría también a los nacionales. 

Felipe González Morales de Naciones Unidas sostuvo que “la expresión ‘migrante’ oscurece de lo que se trata aquí y la situación”, en tanto quienes tuvieron que salir de su país lo hicieron de manera forzada y tienen necesidades especiales de protección y refugio. Por esta razón, llamó a promover su regularización, así como su derecho al retorno (cuando ellos lo quieran) y sus derechos sociales.

El Caribe, Ecuador, Colombia y Perú

Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que en el Caribe habría más de 140 mil ciudadanos venezolanos y en esa región se han presentado un uso de la detención migratoria para controlar el flujo en sus fronteras. Jiménez sostiene que es difícil obtener datos sobre cuántas personas están detenidas, y su condición. 

Feline Freier, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico en Perú, manifestó que en ese país recientemente se da la estigmatización hacia la población venezolana. Para Gustav  Brauckmeyer director ejecutivo de Equilibrium CenDe, el problema también es que en Perú no han manejado la realidad de movilidad humana de forma integral. 

Para ambos expertos es necesario que se garanticen derechos como el acceso a trabajo, la educación y la salud. Aunque en Latinoamérica no se ha acudido a la detención migratoria, tampoco se reconoce debidamente la estatus de refugiado, con la que se otorgarían garantías a los refugiados y el deber de protección al Estado receptor.

Desde Ecuador, el Coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo” Pablo de la Vega, dijo que en ese país hay más de 360 mil venezolanos, y se han presentado unas 28 mil solicitudes de asilo, de las que sólo 6 mil se han sido aprobadas. Adicionalmente, en el marco de la pandemia se presentó el Plan Espejo, con el que se cerró la frontera entre Ecuador y Colombia incluso por los pasos irregulares. 

Por último, Mauricio García Durán, director del Servicio Jesuita de Refugiados en Colombia, manifestó su preocupación ante riesgos como el de reclutamientos forzados, trata de personas y tráfico de migrantes. Además, aseguró que el reconocimiento del refugio es bastante limitado: Colombia ha concedido tan solo 57 estatus de refugio en cinco años, de 2015 a 2019. No obstante, Colombia es el mayor receptor de la movilidad humana proveniente de Venezuela con más de 1,8 millones de personas. 

El conversatorio completo puede ser visto en nuestra página de Facebook en este link:

Por: Juanjosé Daniel Gutiérrez Rodríguez

Expectativa

Aunque era la primera vez que yo estaba allí, noté una emoción particular esa mañana. Si bien es una gente muy tranquila, se sentía gran expectativa en varios de los habitantes y visitantes de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Esa mañana, llegarían tres miembros de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad para hablar con ellos y entregarles la extensa documentación que han realizado por años de las violaciones a sus derechos. Algunas personas desayunaban en la puerta de la casa, un hombre mayor que usaba gafas de sol estaba sentado en un tronco y los niños corrían entre los maderos. Caminé un poco y vi al padre Javier Giraldo. Estaba hablando con una mujer. Me dirigí hacia ellos. “Le presento a Mariela, una religiosa que acompaña a la comunidad desde hace años”. Luego de un breve descanso me dijo: “Vamos le muestro la comunidad”.

Mientras tanto algunas mujeres preparaban el almuerzo, varias personas pasaban a preguntar a qué hora llegaban los comisionados, otros cargaban unas sillas plásticas. Lo primero que encontramos en el recorrido fue unos murales que hace poco terminaron y que retratan los relatos de varios habitantes sobre la comunidad y su historia. Justo al lado está el punto de encuentro principal, la cúpula. Este es un espacio híbrido entre iglesia y auditorio en el que rinden homenaje a las más de 300 víctimas que he dejado el conflicto armado en esta población. Al entrar los primero que noté son unos retratos pintados que rodean la parte alta del salón. Son casi 50 retratos de las pocas personas víctimas de la comunidad que tenían foto. Todos ellos, pintados a mano. Una imagen impactante son unos listados dispuestos a lo largo del salón en los que se recogen nombres, veredas y años en los que fueron asesinados o desaparecidos habitantes de esta comunidad. Son más de 300 y constantemente se les rinde homenaje. Atrás de la cúpula hay un pequeño mausoleo con los cuerpos que la comunidad ha logrado rescatar en los últimos años.

La universidad de la resistencia

El padre Javier le llama a esta comunidad la Universidad de la resistencia. Y no es infundado este nombre. Son muchas las organizaciones internacionales y nacionales que resaltan y apoyan a la comunidad de paz. Durante la década de los 90 el Urabá Antioqueño sufrió muy fuertemente el conflicto armado. Allí tomaron parte las Farc, el EPL, los paramilitares y el Ejército Nacional. En medio de los enfrentamientos diarios que vivía San José de Apartadó, cientos de campesinos tuvieron que enfrentar violencia, asesinatos, violencia sexual, tortura, desplazamiento y amenazas.

Ante este duro panorama, un grupo de campesinos de veredas cercanas, decidieron acogerse a ser una comunidad neutral. Esto implicaba no participar de ninguna forma del conflicto, no dar información a ninguno de los grupos, ni suministros. “Ya había muchos desplazamientos en la zona, pero finalmente le apostamos a generar una organización que fuera una comunidad neutral. Esto para exigirle tanto a la guerrilla como a la fuerza pública de que no nos íbamos a someter a ninguna de las pretensiones de ellos, que nos le íbamos a colaborar, que no íbamos a ser como idiotas de ellos, sino que nosotros queríamos autonomía del campesinado” me contaba Jesús Emilio Turberquia, ex representante legal de la comunidad.

En 1996 querían que los bandos del conflicto se comprometieran a respetar la neutralidad de la comunidad. Para esto debían hablar directamente con los comandantes tanto del Ejército como la guerrilla. Pidieron mediación con la Cruz Roja Internacional, quienes se negaron porque solo median entre actores armados, no con población civil. Finalmente la iglesia aceptó mediar y recibieron respuesta positiva de ambas partes. El 23 de marzo de 1997 firmaron la declaratoria que los identificaba como la Comunidad de paz de San José de Apartadó, un grupo de campesinos de diferentes veredas que querían estar por fuera del conflicto armado.

La idea inicial fue que la figura de comunidad neutral durara dos años, pues creían que en ese periodo de tiempo se detendría el conflicto o que ya no aguantarían más. Luego de la decisión, fue aun peor la arremetida contra ellos. Guerrilla y Ejército, que se disputaban el control territorial en ese tiempo, los atacaron acusándolos por no ayudar en sus objetivos militares. “Entonces uno ve que no había ninguna intención y que sí nos veían como un enemigo, tanto la guerrilla como el Estado colombiano” relata Jesús.

Desde esos días las familias que decidieron unirse a la comunidad de paz, adoptaron unos valores que permitieran la unidad como colectivo y que dieran tranquilidad para vivir entre ellos.  Dignidad. Diversidad cultural, resistencia, memoria y alternatividad fueron los valores acordados. Estos valores están plasmados hoy en día en los ventanales de la cúpula. Estos se intercalan con los listados de las víctimas y para varios de los habitantes de la comunidad con los que hablé, son los que les han permitido permanecer tanto tiempo. Todas las dificultades más grandes. Contra nosotros se ha aplicado todo mecanismo de guerra.  Hemos logrado resistir y aquí nos mantenemos. Ha sido esa fuerza organizativa que hemos podido ir más allá de la guerra porque no nos han podido someter a las intenciones de que hagamos parte de la guerra, pero tampoco nos han podido desalojar. Afirma vehementemente Jesús.

Durante todo este tiempo han logrado llamar la atención a nivel internacional. Múltiples organizaciones no gubernamentales, colectivos, organizaciones de derechos humanos los han acompañado en esta resistencia pacífica que le han hecho a los violentos.

El momento de hablar

Hacia el medio día hay mucho alboroto. Los hombres que había visto antes en pantaloneta, visten ahora pantalón y camisa. Tras muchos minutos de espera, llega el momento. De un pequeño taxi se bajan tres comisionados de la verdad. María Ángela Salazar, Lucía González y el Padre Francisco de Roux saludan a las personas que atentamente los reciben. Tras un minuto de silencio, siete representantes de la comunidad les cuentan a los comisionados lo que han tenido que sufrir estos 22 años en los que han preferido mantenerse al margen del conflicto. Voces de niños, de mujeres, de ancianas se oyen para pedir a la comisión que esclarezcan las graves violaciones a los derechos humanos que han sufrido por décadas. El sentimiento constante es de tristeza por sus relatos, pero también de firmeza y convicción para pedir que se sepa la vedad de los hechos.

Desde la finales de los 90, la consolidación del paramilitarismo en la región trajo un incremento muy fuerte de la violencia para esta comunidad. Amenazas, desplazamientos, violencia sexual, asesinatos eran el pan de cada día para las familias que decidieron adherir a la comunidad de paz. Aun cuando habían decidido no participar de la guerra, los paramilitares atacaron. No les bastó solo con la violencia directa. En 2001 impidieron el paso de alimentos para la comunidad. Fueron acusados de abastecer a los guerrilleros, cuando los alimentos que compraban era para alimentar a las familias. Varios campesinos que bajaron al pueblo a llevar mercado, fueron asesinados. Ante este situación la comunidad decidió volverse autosostenible. Empezaron a cultivar lo necesario para autoabastecerse y desde allí no necesitan comprar mayor cosa en el pueblo. La denuncia constante de la comunidad es que la Brigada XVII del Ejército, cooperaba con los paramilitares en estas acciones violentas. 

Uno de los episodios de violencia más cruentos que tuvieron que padecer, se dio el 21 de febrero de 2005. Ese día, en medio del patrullaje del Ejército, paramilitares del bloque Héroes de Tolová, de las AUC, asesinaron a 8 personas de la comunidad. Entre las víctimas habían tres niños, el menor de ellos de un año y medio de edad. Por este acto, fueron condenados cuatro militares como coautores de la masacre. Este hecho marcó un giro definitivo para la comunidad. Desde ese terrorífico episodio, rompieron toda relación con el Estado, porque dicen no tener ninguna garantía de protección ni de justicia en sus casos.

“La guerra aquí ha sido por los intereses económicos, no porque ha habido presencia guerrillera. Los intereses económicos que representa esta zona y esta región son muy grandes. Estamos a puertas del mar caribe, en una zona muy productiva con muchos minerales, una reserva hídrica y muchísima riqueza” declara una de las mujeres líderes de la comunidad. “Las Farc salieron de estas tierras y aún así seguimos levantando muertos y seguimos siendo amenazados” agrega otro líder. La comunidad pensó que con el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc, vendría paz a este territorio. Sin embargo, la situación no cambió mucho.

Desde hace varios años la comunidad viene denunciando la presencia de hombres armados en la región. Afirman que el paramilitarismo sigue manteniendo el control en algunos sectores. En los últimos meses varios de sus líderes han sido amenazados y en las carreteras siguen apareciendo muertos. A esto se suma lo que han denominado la persecución institucional. A finales de 2018, a Brigada XVII del Ejército Nacional, en cabeza de su comandante, Carlos Alberto Padilla, interpuso una tutela contra la comunidad de paz por algunas denuncias en redes sociales en las que manifiestan la convivencia de militares y paramilitares. La tutela fue fallaba a favor de los militares y ante la negativa de la comunidad a borrar la denuncia, el representante legal, German Posso, fue arrestado. “Esto significa que el Ejército quiere cortar el último espacio de denuncia de la comunidad” afirma el padre Javier Giraldo, acompañante de la comunidad.

 

La Comisión de la verdad

El recrudecimiento de la violencia en los últimos años, llevó a la comunidad a hacer un llamado a la comisión de la verdad. Los tres comisionados, luego de escuchar a la comunidad, de registrar sus testimonios y de recibir de sus manos el registro histórico de las violaciones a sus derechos, se comprometieron a estudiar este caso. Sin embargo, y aunque la gente agradece la presencia de la comisión, son muy escépticos frente a los que puedan hacer.  “nosotros sabemos que las cosas no van a cambiar, son otras personas más que nos escucharán, que conocerán la experiencia pero que no pueden hacer absolutamente nada porque no están por encima de la justicia o del gobierno colombiano” me dice Jesús Tuberquia al final del día. Varios otros campesinos lo dicen de igual manera.

Han sido 22 años de ser una comunidad neutral ante el fuerte conflicto que vive la región. Más de dos décadas en las que se han negado a participar o apoyar a cualquiera de los bandos involucrados en la guerra. Más de dos décadas en las que han pedido que los dejen trabajar la tierra tranquilos. Más de 22 años de exigir justicia en los casos de violación de sus derechos humanos y los más de 300 muertos y desaparecidos que han puesto. Las nuevas generaciones están comprometidas con mantenerse firmes en este propósito. Por ahora, lo único seguro es que esta comunidad seguirá resistiendo en medio del conflicto, como lo ha hecho en los últimos 22 años.

 

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Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones