El 25 de noviembre se conmemora el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta nota damos una mirada a cómo viven este flagelo las mujeres rurales, afro e indígenas en Colombia.

Las calles de Colombia y sus principales ciudades se llenan de reclamos este 25 de noviembre. La movilización en contra de la violencia de la mujer se realiza en Barranquilla, Cartagena, Popayán, Cali, Bogotá, Quibdó, Medellín, Villavicencio y otros centros urbanos donde también la cultura hace parte de las manifestaciones. En Colombia, las mujeres tienen razones para marchar. Según Vamosmujer.org, cada 6 horas, una mujer colombiana es abusada por causa del conflicto armado y un promedio diario de 245 son víctimas de algún tipo de violencia.  

Según ONU Mujeres, la violencia contra la mujer es una de las causas de muerte tan graves como el cáncer durante la edad reproductiva. En Colombia, la pandemia ha multiplicado las cifras de casos de violencia contra la mujer en las comunidades más vulnerables e incrementado las dificultades históricas de las mujeres campesinas, indígenas y afro. Según el más reciente informe del DANE “Brechas de género en Colombia”, se han registrado 123% más llamadas por violencia intrafamiliar de marzo a agosto en 2020 en comparación con el 2019, sin contar a las mujeres en hogares bajo la imposibilidad de salir o concertar encuentros para su apoyo. 

Por su lado, la Fiscalía registró 55 feminicidios desde el 25 de marzo hasta el 31 de julio, mientras el Observatorio Feminicidios Colombia, la Fundación Pares y la Fundación Feminicidios Colombia suman 158, según el portal Distintas Latitudes. Y, como sabemos, hay muchos casos de abuso sin denuncia y no pueden ser contabilizados.

Un foco importante de violencia se encuentra alrededor de las mujeres campesinas, afro e indígenas, que hacen parte de poblaciones históricamente relegadas y víctimas de todo tipo de violencias, física y psicológica, sumadas a la fuerza que estigmatiza su trabajo y cultura desde el interior del país. El informe para el Cinep / PPP con apoyo de Mujer Rural y Derecho a la tierra ‘Violencias basadas en género contra mujeres rurales’ se explica cómo la violencia basada en género se cruza con las dificultades del campo como son el acceso a la tierra, informalidad laboral, la tasa de analfabetismo en el campo, escasez de recursos económicos y la falta de oportunidades para el área rural. En este contexto, las mujeres campesinas no sólo deben soportar los abusos que genera la condición de ser mujer, sino la frecuencia de estas situaciones de peligro sin la posibilidad de buscar ayuda cercana o redes de apoyo en el campo.

Cifras del Instituto Nacional de Salud (INS) muestran que “el 69 % de las víctimas de violencia física son personas entre 15 y 39 años, 78,5 % de las víctimas son mujeres, 78 % de los agresores son hombres, y en el 74 % de los casos el agresor es un familiar de la víctima; la mayoría de las veces la pareja o expareja de esta”. Además, los asesinatos según factor de vulnerabilidad de la víctima se dan mayormente en campesinas y trabajadoras del campo.

El trabajo de la mujer rural: esfuerzo sin remuneración

Si bien nuestra seguridad alimentaria depende en un alto porcentaje del trabajo campesino, este trabajo no se paga debidamente, y a esta situación se suma el trabajo no remunerado, espacio en el que las mujeres campesinas dedican más horas que las mujeres que viven en zonas urbanas, y en donde se intensifica la violencia sexual a causa de las condiciones de vida y vivienda en el campo, donde ellas habitan a largas distancias unas de otras, dificultando la búsqueda de ayuda y respuesta a llamados de auxilio inmediatos.

Ana María Restrepo, investigadora del Cinep/PPP, explica que existen violencias subjetivas a causa del desconocimiento de los aportes productivos de las mujeres en el campo. “Se dice que las mujeres no aportan nada. Es violento no reconocer formas de producción en huertas de plantas medicinales, por ejemplo, que no se reconocen como trabajo productivo, sino que se habla de labor de cuidado, pero si un hombre hiciera esta siembra no sería cuidado sino trabajo productivo. También es necesario aclarar qué entendemos por violencia, porque la discriminación termina siendo una forma de violencia”.

La ONU especifica las siguientes categorías como violencia general contra la mujer: violencia por un compañero sentimental, ya sea física, psicológica o feminicidio; violencia sexual y acoso, que incluyen violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero y acoso cibernético; trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual); mutilación genital, y matrimonio infantil. Sin embargo, existen formas de violencia normalizadas en la sociedad y que se viven con mayor fuerza en las áreas rurales.

“Existe violencia económica y patrimonial en Latinoamérica, hay países en los que las mujeres no heredan sino el hombre, o que están en inseguridad en la posesión de sus tierras porque los títulos están a nombre de los hombres. En casos de desaparición forzada muchos de los accesos a créditos implica que se sea titular, y si las mujeres no la tienen y los hombres no están, no pueden acceder a créditos productivos”, explica Restrepo.

En Colombia, la Corte Constitucional en la Sentencia T-012 de 2016 reconoce las manifestaciones de violencia económica aquellas en las que el hombre utiliza su poder económico para controlar las decisiones y el proyecto de vida de la mujer, según el informe VBG. Según OXFAM, un pago inferior a las mujeres por el mismo trabajo que realiza un hombre o adjudicar toda la carga de cuidado de niños y familia sin remuneración son manifestaciones de violencia contra la mujer. “Aproximadamente el 31, 3% de trabajadoras agrícolas en Colombia son consideradas ayudantes sin salario” y “solo el 26% de las mujeres tienen titularidad sobre las tierras”.

Apropiación de territorios y racismo: la lucha doble de las mujeres afro e indígenas

En Colombia, el conflicto armado propició una serie de violencias específicas que han afectado con mayor rigor a las mujeres rurales, afro e indígenas; además los proyectos extractivos en zonas particulares como La Guajira han creado violencias que enfrentan mujeres de grupos étnicos, empobrecidas y de sectores populares que habitan territorios en disputa por el uso del suelo o recursos ambientales, según Leidy Laura Perneth, investigadora de la línea de interculturalidad de Cinep/PPP. Laura explica que estos territorios habitados por grupos étnicos se leen como sacrificables y apropiables, además de que es importante leer la situación en clave de género.

“Sí hay afectaciones particulares en las mujeres que habitan territorios en donde hay intereses de explotación minera, como es en el caso del sur de La Guajira, la explotación de carbón siendo El Cerrejón una de las minas más grandes a cielo abierto, ha afectado el acceso al agua, y las mujeres Wayúu de manera particular tienen un vínculo no solo material, sino espiritual con el agua, accesos que han sido afectadas por la explotación de carbón”, afirma Perneth. 

Además, insiste en que “cuando leemos el proyecto económico fundamentado en el extractivismo, no es solo un proyecto económico, capitalista, también es un proyecto racista, en tanto que entiende que llega a territorios habitados por grupos étnicos los puede despojar, los puede violentar, porque son territorios y sujetos sacrificables y de menor valía en términos humanos. Mujer de comunidades negras cuentan cómo se ha afectado su soberanía alimentaria en tanto que, al ser despojadas, ya los nuevos lugares que tienen que habitar no tienen la capacidad de producir alimentos que garantizaban la alimentación en esas formas culturalmente construidas”.

Es por esto que las mujeres afro, indígenas y palenqueras han tenido que transitar a otras economías como el trabajo doméstico o el trabajo informal en sectores urbanos o semiurbanos, que “también generan violencias de corte racista porque cuando llegan a estos escenarios son leídas como las ‘indias’ o ‘mujeres negras’, siempre dispuestas a relaciones racializadas que discriminan y excluyen”. Estudios en 2017 del Observatorio de Mercado Laboral de Cartagena indican que la brecha entre hombres y mujeres era amplia, pero la cifra era mayor cuando estas mujeres eran jóvenes afro de estrato 1 y 2, donde la diferencia era de un 35%.

Por otra parte, las mujeres negras en zonas urbanas también se han visto afectadas. En Cartagena, por ejemplo, por el turismo a gran escala que, según Laura, usa los cuerpos negros como “cuerpos que pueden ser consumidos en el marco del turismo”. Allí “las mujeres negras no solo se emplean en un trabajo en específico, sino que son llevadas a vender su identidad, ha habido incluso ofertas laborales en donde hay especificaciones raciales para ocupar esas plazas. La acumulación de capital del turismo lo hace con los cuerpos de mujeres negras que se venden como un producto de consumo en esa economía turística, pero ese capital ellas no lo acumulan, por eso es importante considerar efectos de economías extractivas como turísticas”.

Las desigualdades hacia mujeres de comunidades sometidas a economías y tratos racistas no son resultado de los cambios que produjo la pandemia, sino que son consecuencias de estructuras históricas que se han potenciado y, de alguna forma, visibilizado a causa de la pandemia, que ha revelado la importancia del trabajo remunerado a las mujeres y la necesidad de reconocer labores domésticas como trabajo productivo. Según el DANE, en Colombia el 65% de profesionales en el sector salud son mujeres, sin embargo, el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se han visto más afectados que antes, y aún más en las zonas rurales del país en donde la presencia estatal ya era precaria antes de la pandemia.

Por: Valentina Meneses. Equipo de Comunicaciones Cinep/PPP

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

¿Quién es Joe Baiden? Joseph Robinette Biden, nació en Pensilvania, el 20 de noviembre de 1942. Ejerció como vicepresidente de los Estados Unidos durante los 8 años de la presidencia de Barak Obama, de 2009 a 2017. Y fue senador por el Estado de Delaware 36 años, 1973 a 2009. Toda una extensa y vasta experiencia en la vida política de los Estado Unidos.

Biden realizó sus estudios en la Universidad de Delaware y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Siracusa obtuvo el título de doctor en derecho en 1969. Biden, pertenece al partido demócrata. Fue presidente de la comisión de relaciones exteriores del senado. Se opuso a la Guerra del Golfo en 1991, pero apoyó la expansión de la alianza militar del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en Europa del Este y su intervención en las Guerras Yugoslavas de los años 90. Respaldó la resolución que autorizaba la guerra de Irak pero se opuso al aumento de tropas estadounidenses en el 2007. Se desempeñó como presidente de la Comisión de Justicia del Senado, ocupándose de temas como la política de drogas. Trabajó en el impulso de la ley de violencia contra las mujeres, si bien tuvo una acusación de agresión sexual por una mujer, que no ha prosperado. Es un político pro comunidad LGBT; apoyó el matrimonio igualitario y en su campaña prometió más leyes para proteger los derechos de esta comunidad. Además, por sus posiciones contra el racismo recibió amenazas de muerte, y su enfoque frente a las políticas migratorias señalan un horizonte más moderado, por eso el voto latino de apoyo a Biden fue evidente.

Que haya ganado Biden, como dijo Van Jones de la CNN, significa que “el carácter sí importa, que decir la verdad sí es importante y que ser una buena persona vale la pena”. Y añadió, “podrán estar un poco más tranquilos sin Donald Trump en la Casa Blanca: los inmigrantes, separados de sus hijos de manera arbitraria; los negros que han tenido que enfrentar, en los últimos años, el abuso de racistas que se han sentido empoderados con el racismo del presidente de Estados Unidos; y, los musulmanes que han sufrido los trinos de Trump quien los hace sentir no bienvenidos en su propio país”.

De otra parte, como lo afirmó Juanita León y Carlos Hernández en La Silla Vacía, aunque el triunfo de Joe Biden no cambiará substancialmente la relación bilateral con Colombia, que él y no Trump esté en la Casa Blanca sí crea un “tono”, un ambiente y una noción más “aceptable” en la política. Ahora bien, fue significativo que, durante la Cumbre Concordia Américas, realizada el año 2018 en Bogotá, Biden instó al presidente Iván Duque a no renunciar al proceso de paz con las FARC y expresó:

“el acuerdo de paz fue un gran avance y no debe ser algo minimizado ni ignorado. Es importante moverse de la negociación a la implementación”.

El Papa Francisco, en septiembre de 2015, en su discurso al Congreso de los Estados Unidos, estando presente el entonces vicepresidente Biden, expuso la problemática de los migrantes y los refugiados y la prioridad de atender con dignidad a millones de personas que viajan al norte en busca de una vida mejor. Pidió un trato humano, justo y fraterno. Apoyado en Laudato Si, pidió la atención urgente a los graves problemas ambientales, establecer acciones y estrategias osadas para implementar una ‘cultura del cuidado’ y una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente producir riqueza, pero de manera fecunda, cuidando la vida humana, la naturaleza y mejorando el mundo para todos y no para unos pocos. Esperemos que Biden no haya olvidado esta invitación del Papa.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

El presente informe es el séptimo que produce la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera corresponde a los 13 meses de la implementación del mismo comprendidos entre junio de 2019 y julio de 2020. Este informe se refiere a los seis puntos del Acuerdo y contiene, como valor agregado, el análisis del estado de la implementación en tres regiones PDET: Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacífico Medio. 

Este es el primer informe que produce la STCVI en el marco de la segunda fase de su funcionamiento que inició en abril de 2020. La primera, adelantada por 18 meses tras la firma del Acuerdo, se prolongó hasta mayo de 2019 y produjo los seis informes anteriores los cuales pueden consultarse en:

https://cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html

Ambas fases de funcionamiento de la ST han sido posibles gracias al apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y se adelantan bajo el principio de neutralidad e independencia. Este Séptimo Informe, publicado el 22 de septiembre de 2020, es el producto de meses de investigación y análisis riguroso por parte de una docena de investigadores e investigadoras del CINEP/PPP y CERAC.


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Tras el homicidio del abogado Javier Ordóñez, en dos días de protesta son 14 las personas asesinadas con arma de fuego, y 76 heridos solo en Bogotá. La alcaldesa Claudia López, asegura que la Policía le desobedece. ¿Quién está tras las órdenes? ¿Quiénes responden? ¿Quiénes nos cuidan? Organizaciones sociales exigen reforma a la Policía, judicialización, y cambios estructurales para que las instituciones sirvan al pueblo, no que lo masacran cuando expresa su descontento o promueve el Acuerdo de Paz.

María del Carmen, Eidier, Julieth, Andrés, Jaider, Fredy, Germán, Julián, Angie, Cristhian, Lorwan, Gabriel y Javier, en su mayoría jóvenes, que fueron asesinados en medio de las protestas que desató la muerte del abogado Javier Ordónez a manos de policías del CAI de Villa Luz, en Bogotá. Las calles volvieron a llenarse de manifestaciones masivas en rechazo al asesinato de ciudadanos por la Policía. ¡Nos están matando! Es la expresión ciudadana que se refiere también al homicidio de líderes sociales. Tan solo ayer cayeron Cristóbal Ramos y Jhon Jairo Dávila, al tiempo que Yoni Valdés fue víctima de un atentado. 

El descontento general que se expresa en las calles y en la virtualidad lleva por consigna la justicia por el asesinato continúo a quienes, en ejercicio del derecho a la protesta, reciben como respuesta la muerte por parte de las fuerzas que deberían protegerles. Además, en medio de la crisis social generada por la pandemia, la situación humanitaria en general del país se deteriora. A la par con el regreso de las masacres, el desplazamiento forzado, las ejecuciones judiciales, no hay garantías para la protesta. El deterioro del panorama humanitario, y en general de la garantía de los derechos del pueblo colombiano han derivado en una situación de orden público donde los asesinatos y uso desmedido de la Fuerza Pública siguen protagonizando. 

“El poder político y la fuerza deberían ser neutral, servir a toda la población en vez de estar al servicio de los ricos”, opina Alejandro Angulo del Cinep/PPP. Los hechos de violencia de parte de la Policía hacia los ciudadanos y manifestantes no son hechos aislados y responden a un movimiento mundial que se agudiza por el disgusto de las ciudadanías frente a las injusticias que cometen los Estados, explica el padre Angulo.  

Según la Campaña Defender la Libertad a las 10:30 pm del 10 de septiembre, 128 personas estaban detenidas en la capital colombiana. Algunas de ellas menores de edad, otras, habiendo pasado más de 26 horas retenidas sin que un juez conociera su proceso. Las denuncias sobre la actuación de la Policía en las noches del 9 y 10 de septiembre van más allá de una detención irregular. Abundan los videos que evidencian uso excesivo de la fuerza, tratos crueles, detención a personas defensoras de DD.HH, capturas y procedimientos irregulares, como hombres de civil intercambiando armas con uniformados y disparando en Bogotá. En Medellín se registraron motos con dos hombres a bordo sin uniformes ni placas y con armas cortas. Los disparos de armas de fuego y explosivos plagaron las protestas de ayer también en Barranquilla, Cali, Tunja y otros municipios colombianos.

“El uso de armas de fuego en las protestas es injustificable” expone Angulo, sacerdote jesuita, que hace décadas registra junto al equipo del Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política las violaciones a los derechos humanos de los colombianos dejando en primer lugar a la Fuerza Pública.

Angulo asegura además que hay una responsabilidad compartida en los focos y actos de protesta, dejando ver los pedidos y las exigencias con contundencia pero sin destrucción ni vandalismo. Hay que evitar que las justas luchas sociales se conviertan en actos vandálicos, asegura, y revisar el entrenamiento de la Policía.  Según la alcaldesa de Bogotá Claudia López los policías “desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía”, y cuestionó a quién obedecen. En ese sentido, hizo un llamado a la “justicia, acción y reforma” de este cuerpo.

Por su parte, plataformas de DDHH. y organizaciones expresaron esta necesidad, señalando que es necesaria una doctrina en la fuerza pública que se adecúe a la transición hacia la paz, lo que también implica que la Policía Nacional esté subordinada al Ministerio de Interior, y no al de Defensa, como ha sido hasta ahora. También piden el fin de la justicia penal para los policías, y llevarlos a la ordinaria. 

El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Cement Voule, expresó que: Los autores de uso excesivo de la fuerza deben ser sancionados, y son necesarias reformas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a la Fuerza Pública a garantizar el derecho a la vida, la integridad y la libertad de manifestación. 

En el tercer día consecutivo de movilización social tras el asesinato de Javier en Bogotá, después de que policías le aplicaron un teaser electrónico y una golpiza tras llevarlo al CAI, los jóvenes y ciudadanos se dieron cita en las calles y principales ciudades de Colombia. Otras expresiones culturales y pedidos de resistencia pacífica se convocan para este fin de semana en decenas de municipios del país. 

Por:  Juanjosé Gutiérrez y Katalina Vásquez. Comunicaciones CINEP/PPP

En el Día Nacional de los Derechos Humanos, conmemoramos a San Pedro Claver, en cuya obra encontramos algunos de los valores que resulta relevan tes para la defensa de los derechos humanos: el respeto a la dignidad del otro, la igualdad, la solidaridad y la justicia.

En Colombia, el día de los derechos humanos –que casi siempre coincide con la Semana por la Paz— es el 9 de septiembre. Esta fecha se ha establecido como homenaje al jesuita español San Pedro Claver (1528-1654). Nació en Verdú, España, vino a estas tierras de misión recién entrado a la Compañía de Jesús. En Tunja y Bogotá hizo sus estudios eclesiásticos y fue ordenado sacerdote. Luego le enviaron a Cartagena de Indias donde pasó el resto de su vida dedicado a evangelizar y tratar con dignidad a los esclavos negros que eran traídos de África a Cartagena de Indias, ciudad donde eran comercializados como cualquier mercancía.

Si bien en la época de San Pedro Claver la humanidad aún no había logrado desarrollar un concepto de derechos humanos tal como los conocemos hoy, el reconocimiento que Claver hizo de la dignidad de los esclavos a través de su misión evangelizadora fue un paso inmenso en la afirmación de su igualdad en relación con el resto de los seres humanos. Quienes no leen críticamente y en contexto los hechos históricos, acusan a San Pedro Claver de bautizar a la fuerza a miles de esclavos africanos, desconociendo con ello que, en esa época, la mejor manera –si no la única— de igualar blancos y esclavos era el bautismo. Así, por obra y gracia de la recepción de este sacramento, los esclavos se convertían en “seres humanos” en un entorno social en el cual los negros eran considerados y tratados como animales. La audacia de San Pedro Claver consistió justamente en romper los esquemas sociales del momento dándoles trato humano y digno a los esclavos africanos; esto explica su afán de cuidar de ellos curando sus heridas y cristianizarlos mediante el bautismo y la catequesis. Misión que le trajo al santo no pocas dificultades al interior de la Compañía, la sociedad de la época y su establecimiento.

La defensa de los derechos humanos hoy, inspirada en la ética cristiana que profesó San Pedro Claver en la sociedad esclavista de su tiempo, nos trae varios retos de los cuales señalaré algunos: los derechos humanos están fundamentados en la igualdad de los seres humanos. En términos teológicos esto significa que los derechos humanos se respetan a todos –hombres y mujeres— porque compartimos una misma condición de igualdad que nos da el ser hijos de Dios, imago Deo (Encíclica Pacem in Terris, Juan XXIII, 1963, parágrafos 9, 36). El reto es, por lo tanto, superar los derechos humanos como discurso y ubicarse en la realidad propia de las víctimas, de los excluidos y oprimidos de nuestras sociedades. Es la exigencia de la igualdad desde la experiencia de la desigualdad, de la exigencia de un trato humano desde realidades que nos hacen vulnerables. Desde esta perspectiva, nuestra proximidad a las víctimas se modificaría sustancialmente, pues ésta se haría desde su propia realidad, desde el “no poder”.

Otro reto es lograr un sano equilibrio entre el aspecto individual y comunitario de los derechos humanos. Si bien es cierto que éstos fueron formulados como defensa de los seres humanos en cuanto seres humanos y les protege de amenazas y atentados contra la vida, libertad y dignidad provenientes en la mayoría de los casos de los Estados y los poderes que los conforman, es menester reconocer que un desmedido acento vindicativo e individualista de los derechos humanos puede dejar de lado su aspecto societal, necesario para la construcción del bien común. Por el contrario, un marcado acento en su aspecto social y comunitario podría conducirnos al riesgo de ahogar al individuo en fenómenos colectivos (por ejemplo, nacionalismos exacerbados) fácilmente manipulables por ideologías y caudillismos. Quizás si pensamos en los derechos humanos como aquellos que permiten a los individuos insertarse en comunidades políticas donde hay espacio para la autonomía personal y la construcción de proyectos colectivos, lograríamos el sano equilibrio antes anunciado. En otras palabras, tenemos el reto de hacer de los derechos humanos un instrumento que ayude a construir el tejido social donde todos somos responsables de nosotros mismos y de otros.

Continuando la línea anterior y como tercer reto, el cuidado de la creación nos exige pensar en el valor y la fragilidad de la naturaleza, descentrándonos de nosotros mismos y limitando nuestro poder (Encíclica Laudato Si, Francisco, 2015, Nro. 78). La urgencia del cuidado de la casa común rompe el paradigma liberal e individualista de los derechos humanos y nos hace responsables de obtener niveles de desarrollo y calidad de vida en armonía con la naturaleza (LS, Nro. 147). La integración de los derechos humanos --en su aspecto más subjetivo— a la naturaleza, pasa por la vivencia profunda del cristianismo que de ninguna manera está desconectada de las realidades del cuerpo, de la naturaleza y el mundo (LS, Nro. 216).

San Pedro Claver no fue un defensor de los derechos humanos en el sentido que hoy entendemos; en cambio, fue un misionero que se comprometió a fondo en el acompañamiento de los esclavos en Cartagena de Indias. En su labor misionera encontramos valores intrínsecos que la modernidad constituye fundamento de los derechos humanos como son el respeto a la dignidad, la igualdad, la solidaridad y la justicia. Así mismo, hoy, podemos reconocer que los derechos humanos tienen un alto contenido ético-cristiano, el que se apuntala en el principio de dignidad para todos los seres humanos sin distinción alguna.

Por: John Montoya Rivera S.J.