Como parte de la Misión SOS Colombia, Monseñor Bruno-Marie Duffe visitó el país entre el 3 y 12 de julio pasado para escuchar testimonios de víctimas y familiares sobre hechos de violencia ocurridos en el marco del Paro Nacional. 

Testimonio personal de Monseñor Bruno-Marie Duffe sobre la situación social en Colombia.

  1. Lo que viven, desde abril de 2021, muchos ciudadanos colombianos, y particularmente jóvenes, trabajadores sin empleo, mujeres e indígenas, migrantes en su propio país, se puede presentar como una «insurrección social y política». El «Paro Nacional» es una expresión de desesperanza y la expresión clara de una negativa al «demasiado»:

-          Demasiadas desigualdades sociales y económicas.

-          Demasiada corrupción y violencia contra los más pobres.

-          Demasiado desprecio para con los jóvenes, los trabajadores y trabajadoras y los representantes de la sociedad civil.

 

  1. La respuesta del Estado es una «represión violenta, brutal y desmesurada» con acciones extremas: amenazas de muerte contra manifestantes y sus familias; detenciones; torturas; mutilaciones; agresiones sexuales; asesinatos de jóvenes y niños de menos de 16 años.

Esta agresión física – que caracteriza la represión al movimiento social –  quiere destruir, no solamente el movimiento mismo, sino también el cuerpo social, con el maltrato a los cuerpos de los actores.

 

  1. No hay ya referencia al derecho; no hay referencia a los derechos humanos fundamentales: derecho a la vida y a la integridad física y moral; derecho a la protección y a la participación ciudadana. Cada iniciativa popular parece interpretada por el Estado y la fuerza pública como una conspiración que debe ser aplastada.

La desnudez de los ciudadanos – caracterizada por la fragilidad extrema de los rostros (El filósofo Emmanuel Lévinas dijo: «la desnudez del rostro del otro te dice: «¡no matarás!») y particularmente la de los ojos – contrasta, de una manera enorme y dramática, con las máquinas de guerra utilizadas, de manera encarnizada, por la Policía y la fuerza pública, en particular por los miembros del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). La respuesta de guerra contra el «grito de los pobres» provoca un trauma en todo aquél que tiene la inteligencia del sentido común y del corazón. Hacer la guerra contra su pueblo es, como dijo Hannah Arendt, un error criminal.

 

  1. Esta experiencia ciudadana y comunitaria tiene 3 bases y apoyos esenciales:

- El territorio: barrio; calle; comunidad; «casa común» (a veces viejas casas que son lugares de encuentros, conversaciones y formaciones diversas: política, arte, poesía, organización colectiva…).

- La práctica de la palabra y de la solidaridad concreta (incluso la curación de los heridos y la escritura de una memoria colectiva).

- El debate y el proyecto para el futuro (educación, empleos, desarrollo, afectividad, vida común).

  1. La paradoja más fuerte de esta situación es que los actores de la protesta social viven una experiencia de democracia «directa», frágil pero real.

Se puede hablar de «una ruptura entre dos mundos» que es también la ruptura muy grave del «pacto social»: condición del paso del «estado de guerra permanente» al «estado social durable» (cf. Thomas Hobbes). Los jóvenes encarnan una generación y un futuro que el poder, auto centrado y cerrado en una lógica de supervivencia, no quiere mirar. Esta ruptura social, amplificada por la violencia brutal y ciega de la fuerza pública y, al mismo tiempo, por la impunidad de los actores de crímenes, lleva a pensar en un futuro muy doloroso en Colombia. La ruptura es también entre el mundo social y el mundo político.

 

  1. La ausencia total de mediación es lo que aparece: de lugar o de vínculo para permitir una confrontación verbal entre las posiciones, con un debate contradictorio, lo que hace temer dos consecuencias inquietantes:

- Una «consecuencia ideológica», que puede justificar posturas sin voluntad real de salida del conflicto.

- Y una «consecuencia física», con una amplificación de la violencia hasta un control sistemático a las personas (que ya se está dando). Las dos posturas podrían confirmar que tenemos una nueva forma de dictadura.

Entonces la urgencia sería de crear y mantener espacios de intercambio entre ciudadanos y los que tienen una autoridad local (alcaldes) o más amplia («Defensoría del Pueblo» y personalidades de la Salud; de la Educación; de la Cultura; Premios Nobel; Iglesias). Muchos fueron sorprendidos de hallar un sacerdote en la calle, cerca de ellos, venido de Europa y que tenía su tiempo para escucharlos a ellos (y consolarlos también cuando unos padres lloraban a su hijo muerto en la tortura). Se trata de pensar y actuar mediante una mediación social – o inter-acción – que parece como el corazón de la referencia urgente al derecho humanitario.

 

  1. La referencia a los derechos humanos se reventó con la represión. Nadie cree ya en esa protección fundamental de la dignidad del otro, aunque los jóvenes expresan claramente su deseo de vivir, de vivir juntos y de realizar un proyecto de vida, personal y comunitaria. La dignidad se recibe para darla en la mirada al otro.

El papel de los jóvenes es central en la protesta social. Su deseo es claro: preparar y construir el futuro: formación, empleo, casa digna, vida digna, libertad de expresión, vida afectiva respetada, cultura.

Hay que decir claramente: el asesinato de jóvenes – con tortura, que busca reducir al silencio al que no se quiere escuchar – es una forma de «crimen contra la humanidad ». Los jóvenes son el futuro de Colombia, como en todos los países. Pero son también el futuro de la humanidad. Entonces matar a jóvenes, a sus hijos, es matar también el futuro de la humanidad. La palabra puede parecer dura pero ella describe realmente lo que se vive en Colombia, hoy.

 

  1. La conciliación «imposible» (por el momento presente), justificada, por un lado, por la impunidad, y, por otro lado, con una interpretación «sacrificial», más o menos inconsciente, de la «primera línea» (los que conducen la protesta y viven el riesgo de ser heridos o asesinados) hace pensar que el movimiento va a continuar en los meses que vienen. Cada día se anuncian nuevas muertes violentas de jóvenes. Eso amplifica la desesperanza de un pueblo que tiene tanta sed de paz. Las elecciones (en 2022) parecen para los actores del movimiento social, como el último momento de un mundo que se muere, sin proyecto ni dignidad: un mundo que va a desaparecer. En eso se expresa también “la ruptura” entre los mundos.

¿Es todavía viable una consideración pacífica del otro? ¿Cómo pensar un puente entre los mundos y las generaciones? Podríamos pensar en personalidades morales que hacen mucha falta. Existen personas que tienen una gran consciencia, pero ¿cómo pueden continuar sin apoyo? Aparece aquí el papel determinante de la comunidad internacional… actualmente silenciosa.

 

  1. Sin embargo, en Colombia, en América Latina y en el mundo actual, todos pueden ganar, ofreciendo cuidado – y curación – a los y las que están en la calle. Ellos y ellas llevan en efecto iniciativas que faltan en el desarrollo integral del país. Aprender, desarrollar sus talentos, trabajar, hablar con libertad y crear.

Como dice una inscripción sobre una pared de un barrio, en la región de Bogotá : «Crear es creer; creer es crecer».

Eso expresa el espíritu y el fondo del movimiento popular. No se trata solamente de rechazar un impuesto suplementario (particularmente injusto en un contexto de crisis sanitaria), sino de una petición de respeto a las personas: mujeres, jóvenes, pobres, migrantes, personas homosexuales, personas enfermas o frágiles, líderes sociales, tan maltratados desde años y detenidos como presos políticos. Las peticiones dicen que no se puede vivir en un sistema mafioso en el cual el narcotráfico conduce la economía y la vida pública.

(NB: El narcotráfico permanece en la sombra del país: sabemos que eso solo permite que se continúe un sistema de corrupción, en el que el derecho ha perdido su autoridad y trascendencia.)

 

  1. ¿Cómo se puede salir de la repetición que cierra la puerta a todas las iniciativas de paz?

 Necesita Colombia un proceso que tiene tres referencias determinantes:

- La necesidad de «un Pacto por la vida»: afirmar de nuevo el valor de cada vida, con una consideración a los niños, adolescentes y los que sufren de la injusticia social.

- La necesidad de afirmar de nuevo la autoridad del derecho público y de los derechos humanos que no permita que un movimiento social – con personas que tienen sus manos vacías y que no tienen armas – sea ahogado en sangre.

- La necesidad de una mediación social que es la única posibilidad de salvar el «pacto social», con una práctica, en todos los lugares: escuelas, empresas, barrios y campo, iglesias y casas comunes, de la palabra compartida, del debate y de una responsabilidad común para «el bien común».

La Iglesia puede ser un actor de la Palabra compartida, del diálogo, de la promesa mutua y del perdón. Viviendo con y para el pueblo, en memoria de Jesús, hombre libre e «hijo bien amado del Padre».

Me dijo Jonatan – estudiante que ha perdido un ojo, cuando una granada fue lanzada contra él –  «No puedo volver a ver claramente y eso es duro, pero tengo la vida y quiero continuar el movimiento para una vida mejor».

Y hemos llorado juntos silenciosamente.

Cada noche, yo rezo con Jonatan, con los padres que lloran a sus hijos y con todos y todas.

 

Bogotá, 4 de Agosto de 2021   

Por: Monseñor Bruno-Marie Duffe.

Acaba de ser publicada Suma Paz: La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado, la obra más reciente de Elvira Sánchez-Blake. En ella reconstruye a partir de testimonios de amigos y familiares la vida y el legado de estos investigadores del CINEP-PPP asesinados en 1997.

"Una historia de amor entre dos seres que amaron la vida, la naturaleza, y que murieron por defender el páramo de Sumapaz". Así describe el padre Francisco de Roux, actual presidente de la Comisión de la Verdad, el libro Suma Paz: La utopía de Mario Calderón y Elsa Alvarado, del que además es autor de su prólogo.

El texto escrito por la comunicadora social-periodista Elvira Sánchez-Blake y publicado por Icono Editorial, reconstruye a manera de crónica literaria los últimos días de vida de Mario Calderón y Elsa Alvarado, la pareja de esposos e investigadores del CINEP-PPP asesinados a manos de paramilitares ordenados por Carlos Castaño, debido a su trabajo ambiental y comunitario en defensa de la reserva ambiental de Sumapaz, en el departamento de Cundinamarca y donde además se encuentra el páramo más grande del mundo.

En la madrugada del 19 de mayo de 1997, hombres fuertemente armados ingresaron a la vivienda de la pareja en Bogotá y perpetraron el hecho en el que también murió Carlos Alvarado, el padre de Elsa que junto a su esposa Elvira Chacón visitaban a su hija para celebrar el día de la madre.

“En una investigación de cerca de tres años realicé más de 35 entrevistas y consulté diferentes documentos de entidades como el CINEP-PPP y la Comisión Colombiana de Juristas. Reuní todas estas voces de personas que conocieron a Mario y Elsa para construir el retrato más fiel posible de lo que fue su vida”, comentó la autora el pasado 21 de junio de 2021 en redes sociales del CINEP-PPP.

En la primera parte del relato la autora hace un repaso por las memorias de las voces que conocieron a los investigadores y destaca sus experiencias formativas, el encuentro como pareja y los proyectos que lideraron. En un segundo momento relata los hechos alrededor del asesinato y todo lo que posteriormente siguió: la reacción de sus amigos y familiares, así como el proceso judicial con énfasis en los aparatos criminales que se formaron desde entonces y que siguen vigentes. Por último, aparece la voz de Iván, el hijo de Mario y Elsa sobreviviente del ataque, que antes que víctima prefiere ser identificado como un agente activo en la construcción de una visión alternativa de país.

El trabajo social, los asuntos ambientales, los conflictos políticos, la esperanza y la juventud, son otros de los temas que aborda esta crónica que se convierte al mismo tiempo en el testimonio de amor y entrega por la sociedad de parte de una pareja de académicos.

Javier Giraldo S.J., investigador del CINEP-PPP y quien además tuvo la oportunidad de conocer y compartir con Mario Calderón, destacó la importancia de la labor investigativa y literaria de la autora. “Producto de su trabajo, Elvira logra plasmar en el libro un retrato fiel de lo que había en Elsa y Mario; unas vidas extensas y cuyo registro, que podría llevar volúmenes, logra sintetizarlas de una forma muy especial”, dijo.

A la luz de los hechos recientes en nuestro país relacionados con las movilizaciones sociales en el marco del Paro Nacional, la obra de Sánchez-Blake también se convierte en un llamado para que las instituciones y la misma sociedad civil respalden el trabajo de líderes sociales y defensores de derechos humanos que se ha visto amenazado de forma alarmante en el último tiempo.

Entre el 1 de enero y el 9 de julio de 2021, según el registro de Indepaz, han sido asesinadas 86 de ellas por su labor en la exigencia de una vida más digna para sus comunidades, además de 28 firmantes del Acuerdo de Paz. En total, serían más de 600 defensores de Derechos Humanos y la vida asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz y casi 300 hombres y mujeres que dejaron las armas.

Siga la entrevista de Elvira Sánchez-Blake con Javier Giraldo S.J., en nuestro canal de Instagram a continuación: https://www.instagram.com/tv/CQZAsyPJzH6/?utm_source=ig_web_copy_link 

Por: Comunicaciones CINEP / PPP.

El presente informe es el Noveno informe que produce la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera corresponde a los 4 meses de la implementación del mismo comprendidos desde el 1o de diciembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. Este informe se refiere a los seis puntos del Acuerdo y contiene, adicionalmente, la verificación del estado de la implementación en tres subregiones PDET que han sido priorizadas por la STCVI: Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacifico Medio.

Este informe se produce en el marco de la segunda fase de funcionamiento de la STCVI que inició en abril de 2020. La primera, adelantada por 18 meses tras la firma del Acuerdo, se prolongó hasta mayo de 2019 y produjo los 6 informes anteriores los cuales pueden consultarse en:

https://cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html

Ambas fases de funcionamiento de la ST han sido posibles gracias al apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y se adelantan bajo el principio de neutralidad e independencia. Este Noveno Informe, publicado en junio de 2021, es el producto de meses de investigación y análisis riguroso por parte de una docena de investigadores e investigadoras del CINEP/PPP y CERAC.

A continuación el Noveno informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia: 


 

A continuación el documento sintético del Noveno informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia:  


Información para prensa:

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+57 321 4590847

Este 19 de mayo conmemoramos 24 años desde el asesinato de los investigadores de Cinep/PPP Mario Calderon y Elsa Alvarado, así como del padre de Elsa, Carlos Alvarado. Su vida y luchas siguen en nuestra memoria.

Mario Calderón y Elsa Alvarado fueron dos luchadores por la paz, el medio ambiente y la justicia en Colombia. Eran investigadores del CINEP y dicen sus compañeros que eran la pura alegría y ganas de cambiar el país. Enamorados de la vida concibieron a su hijo Iván y lucharon con muchas comunidades por una vida más digna.

Mario, Elsa y el padre de Elsa, don Carlos Alvarado, fueron asesinados en su casa el 19 de mayo de 1997. La familia de Elsa y Mario se reunieron para celebrar el día de la madre y fueron asaltados por sicarios paras. La abuela y el pequeño Iván sobrevivieron y hoy son símbolo de la fuerza y el amor.

Elsa, Mario y Don Carlos siguen en nuestra memoria y viven en la llama de la lucha que hoy se enciende en Colombia.

Por: Comunicaciones CINEP / PPP.

 

Organizaciones de Colombia y Guatemala solicitan una audiencia pública a la (CIDH) sobre la criminalización contra defensoras y defensores del territorio, la tierra y el ambiente en el marco de la pandemia.

Veinticinco organizaciones sociales de Colombia y Guatemala solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia en su próximo período de sesiones que se desarrollará virtualmente del 21 de junio al 2 de julio. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH (Guatemala) y el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP / Programa por la Paz (Colombia), en alianza con otras ongs, dirigieron la solicitud a María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la CIDH en Washington, desde abril pasado. 

“En Guatemala y Colombia, la criminalización contra defensores/as de derechos al territorio, la tierra y el medio ambiente en contextos de transición como un fenómeno regional, es parte de un continuum de violencia que no terminó con la firma de los Acuerdos de Paz, sino que más bien mutó de manera considerable”, alertan los solicitantes de la audiencia que tiene por objeto  poner en conocimiento de la CIDH la grave situación de criminalización en contra de las personas defensoras de derechos al territorio, la tierra y el medio ambiente, en los países de Colombia y Guatemala, así como sus implicaciones en el marco de la pandemia generada por el Covid-19. 

Las organizaciones buscan presentar casos concretos de las graves situaciones y vulneraciones de derechos humanos en ambos países, a través de patrones sistemáticos de los procesos de criminalización de líderes/as, dirigentes comunitarios, étnicos, campesinos y defensores/as de derechos humanos, que reclaman y reivindican el legítimo derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente en Guatemala y Colombia. Y para ellos, primero, expondrán la caracterización y delimitación del fenómeno de la criminalización contra comunidades campesinas y afrodescendientes, pueblos indígenas y defensores del derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente y, su impacto en el marco de la pandemia generada por el Covid-19. Y en un segundo momento, mostrarán los principales patrones en los cuales se explica el aumento de la criminalización y su correlación con la vulneración de derechos fundamentales de las personas defensoras del derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente

En la solicitud se alerta sobre la preocupación por la violación a los derechos fundamentales a la protesta social, la libre expresión, y la defensa de los Derechos Humanos en Colombia y Guatemala en el marco de estados de excepción ocasionados por la pandemia, así como la expansión sin precedentes de las actividades extractivas como la minería, la extracción de hidrocarburos, la agricultura a gran escala, los monocultivos y la deforestación. 

Durante el año 2019 Colombia fue el país donde más se cometieron asesinatos contra defensores del medio ambiente en el mundo, y Guatemala el sexto, según informe de la ONG Global Witness de julio de 2020, señalan las ongs en la solicitud a la CIDH. 

A continuación la carta con la solicitud:

 

 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

Por: Comunicaciones CINEP / PPP