La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional -ST- compuesta por el CINEP y el CERAC, presenta el segundo informe de verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final -A.F.- en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Verificadores Internacionales, los expresidentes Felipe González y José Mujica y con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz. Este informe cubre el período entre el primero de septiembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021. El análisis está orientado a la verificación del cumplimiento de los compromisos que respondan a las necesidades particulares de los pueblos y comunidades étnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y Rrom; identificando oportunidades de mejoramiento para contribuir a su reconocimiento como sujetos colectivos e individuales de derechos y a la protección de sus identidades, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo Étnico del A.F.

 

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Ante la situación que vive el pueblo colombiano, desde el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/Programa por la paz manifestamos nuestra indignación y desasosiego ante las graves violaciones de derechos humanos que se vienen cometiendo contra la población en diferentes puntos del país desde el pasado 28 de abril.

Desde ese día, Colombia vive una serie de movilizaciones masivas en contra de la reforma tributaria, con la cual el gobierno de Iván Duque pretendía solventar el déficit fiscal producto de varios factores: 1) el aumento del gasto para enfrentar la emergencia sanitaria; 2) la disminución del recaudo por la recesión económica y 3) las exenciones tributarias para los grandes capitales aprobadas por este mismo gobierno en 2019.

La mayor parte de los recursos de la reforma iban a provenir de la ampliación de la base gravable del impuesto de renta y del impuesto al consumo a más productos de la canasta básica familiar. Aunque al iniciar las protestas primero se anunció el retiro de algunas de las medidas más impopulares y regresivas y luego de la reforma en su conjunto, la movilización continuó y cobró fuerza, tanto por la feroz represión policial y militar como por el cambio sustantivo en el carácter de las protestas: de una oposición a la reforma tributaria a una convergencia de múltiples demandas ciudadanas relacionadas con la profunda desigualdad y pobreza que en medio de la pandemia se agudizó en Colombia.

Se trata de una conflictividad que viene acumulada de años atrás expresada desde el Paro Cívico Nacional que inició el 21 de noviembre de 2019. De fondo, emergen como factores explicativos de esta conflictividad los siguientes elementos: el agotamiento del modelo económico imperante que no ofrece horizontes de futuro a la inmensa mayoría de la población colombiana, sobre todo a la juventud; la frustración de amplios sectores de la sociedad cuyas expectativas políticas se vieron frustradas con el actual gobierno dada su política displicente con el Acuerdo de Paz y contraria al clima político de apertura democrática; y una profunda crisis en las instituciones del Estado conllevando a la desconfianza en amplios sectores de la sociedad.

La represión y criminalización del derecho a la protesta social en Colombia no es una práctica excepcional. Recientemente, las jornadas de protesta que comenzaron el 21 de noviembre de 2019, las del 9 de septiembre de 2020 y las que iniciaron el 28 de abril de 2021 han sido duramente reprimidas por la Fuerza Pública. La multiplicidad de hechos y de víctimas causadas en varios lugares del país dificulta tener una cuantificación exacta de lo que ocurre en tiempo real; sin embargo, las denuncias públicas y la circulación de videos y audios hacen evidente la sistemática violación de Derechos Humanos contra la población que ejerce su derecho a la protesta, e incluso, contra quienes no participan de las movilizaciones.

Son diversas las graves violaciones de Derechos Humanos denunciadas: ejecuciones extrajudiciales con armas de fuego contra mayores y menores de edad, detenciones arbitrarias, desapariciones, abusos sexuales contra mujeres, lesiones a causa del uso de gases lacrimógenos u otro tipo de armas accionadas por la Fuerza Pública contra los manifestantes causando graves heridas, el uso de ambulancias para detener y torturar a los manifestantes en su interior, y el uso de gases lacrimógenos caducos con efectos tóxicos y agresiones contra personas detenidas a quienes coaccionan a borrar los registros fílmicos de sus celulares con pruebas de las agresiones.

Existen además acciones deliberadas para obstaculizar la labor de los defensores de derechos humanos y la prensa: se les ha detenido y hurtado sus chalecos y carnets de identificación; inclusive se disparó a la misión de verificación integrada por organizaciones locales y personal de Naciones Unidas el 3 de mayo en Cali, una de las ciudades más afectadas por la represión.

Finalmente, el gobierno quiere justificar la represión generalizada y la militarización de las capitales y municipios intermedios aludiendo a la existencia de acciones calificadas como “vandálicas” o “terroristas”, tales como el incendio de vehículos, saqueos al comercio y ataques no justificados contra la Policía. Sin embargo, las agresiones de la Fuerza Pública no solo se aplican contra los presuntos autores de estos hechos, sino contra quienes protestan pacíficamente. Igualmente, persisten dudas sobre la procedencia de las armas y la financiación de este tipo de agrupaciones que infiltran las protestas.

Teniendo en cuenta que este tipo de acciones bárbaras contra el pueblo son inadmisibles en un Estado de Derecho y un régimen democrático:

• Exhortamos al presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, como máximo comandante de las Fuerzas Militares y de Policía, para que cese la represión sistemática e indiscriminada que usa métodos antiterroristas contra ciudadanos manifestantes que están ejerciendo el legítimo derecho a la protesta social. Que los crímenes no queden impunes.

• Hacemos un llamado enfático al gobierno colombiano a reconocer el sufrimiento del pueblo que ha tenido que acudir a las calles para exigir la garantía de sus derechos humanos y fundamentales a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, y la vida. Por eso, en lugar de considerar medidas como el Estado de conmoción interior, que restringen aún más los derechos, se deben ofrecer mecanismos para un diálogo genuino con diversos sectores del pueblo colombiano que tiene derecho a ser escuchado y buscar soluciones efectivas ante sus justos reclamos concertando acuerdos de solución a las demandas ciudadanas expuestas en la calle.

• Pedimos a la comunidad internacional, organizaciones cooperantes y cuerpo diplomático que haga un enfático y directo llamado al gobierno nacional para que cese de manera inmediata la dura represión que está sufriendo el pueblo colombiano, y que impulse y acompañe espacios de diálogo para garantizar que las justas demandas de la ciudadanía sean atendidas.

A nuestro pueblo, que cuente con nuestro respaldo en la exigencia de sus derechos. Nos solidarizamos con el sufrimiento de las víctimas de esta esta represión.

Llamamos a que se mantenga la esperanza en que un país más justo será posible y donde protestar no nos cueste la vida.

Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/PPP

A continuación encontrará el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional -ST- compuesta por el CINEP y el CERAC, presenta el Quinto informe sobre el enfoque de Género en la implementación del Acuerdo Final -A.F.- en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Verificadores Internacionales, los expresidentes Felipe González y José Mujica y con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz. Este informe cubre el período del 1º de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021. Como en los informes anteriores, tiene una mirada crítica, constructiva y propositiva y se nutre de diversas fuentes: oficiales, de investigaciones previas, entrevistas, informes de organizaciones sociales y otras instancias previstas en el A.F., y análisis propios.  

 

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El Banco de Datos de DDHH y Violencia Política presentó su informe semestral y anual sobre 2020 en la Revista Noche y Niebla No. 62 este 21 de abril dejando ver el aumento de violencias con relación al 2019, y un preocupante panorama con relación a los líderes y lideresas sociales, que fueron más asesinados y amenazados en 2020. Una mirada, también, al Pacífico caucano donde los pueblos resisten pacíficamente desde organizaciones sociales y expresiones culturales como la Caravana Fluvial por la vida.

Las violaciones a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la violencia política aumentaron en Colombia en 2020 con relación a 2019, reveló el Banco de Datos del Cinep / PPP este miércoles 21 de abril en la presentación de la Revista Noche y Niebla No. 62. El equipo de investigadores dio a a conocer además que en el segundo semestre de 2020 aumentaron los asesinatos y amenazas a líderes sociales con respecto al primer semestre de ese año

En el conversatorio y rueda de prensa virtual participaron los investigadores del Banco de Datos Javier Giraldo SJ. y Alejandro Angulo SJ., el director del Cinep/PPP Luis Guillermo Guerrero Guevara, y el líder social de Cococauca Dionisio Rodríguez Paz, quienes socializaron los principales hallazgos de la Revista Noche y Niebla que incluye un artículo regional sobre la costa pacífica del Cauca.

“En los últimos años el Banco ha ido analizando una metamorfosis progresiva en el campo de víctimas y victimarios (...) Las víctimas perseguidas son especialmente los liderazgos de base”, aseguró Javier Giraldo anotando que ellos y ellas carecen de reconocimiento regional o nacional.

En 2020 el informe registró 193 asesinatos, 61 atentados, 114 amenazas y 91 agresiones contra comunidades, líderes y lideresas sociales. Adicionalmente, el año pasado dio cuenta de 43 asesinatos y 15 atentados a firmantes de la paz, dejando como resultado un total de 517 victimizaciones contra el liderazgo social de base en el año. Además, el segundo semestre de este año fue el de mayor impacto sobre la vida de defensores de DD.HH., presentándose un aumento en los asesinatos (112 solo en este periodo de tiempo) y amenazas (66). 

De otra parte, Giraldo manifestó que en cuanto a los victimarios “estamos en una cuarta etapa de anonimato total”, en la que quienes cometen los homicidios de líderes y lideresas “son perpetradores desconocidos y eso facilita la impunidad”.  

Violaciones a Derechos Humanos 

De acuerdo con los datos reunidos por el Banco en 2020, los grupos paramilitares son los principales presuntos responsables de las violaciones a los DDHH, con 581 victimizaciones, seguidos por la Policía Nacional, con 490 y el Ejército Nacional con 243. Entre los hechos registrados resalta que 554 fueron amenazas, 263 detenciones arbitrarias, 194 ejecuciones extrajudiciales y 178 lesiones físicas.

Infracciones al DIH

En cuanto a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC), en 2020 el Banco de Datos registró 502 victimizaciones, siendo Cauca, Bogotá y Nariño los territorios más afectados con 232, 70 y 39 casos respectivamente.  

Los presuntos responsables de estas infracciones fueron, en su mayoría, los grupos guerrilleros con 235 victimizaciones, seguidos por grupos paramilitares (138), combatientes (68), el ELN (39), el Ejército Nacional (17) y el Estado Colombiano (5). 

Violencia política

El Banco de Datos tuvo información en 2020 de 836 víctimas de violencia político social, siendo los asesinatos, amenazas y lesiones físicas los principales métodos de victimización. Las regiones más afectadas fueron Cauca, con 300 victimizaciones; Nariño, con 76; Valle del Cauca, con 68; Antioquia, con 61; y Norte de Santander, con 56.

La edición N° 62 de la revista Noche y Niebla incluyó de forma específica los datos del segundo semestre del 2020, sobre los que se refirió Luis Guillermo Guerrero, al afirmar que “resulta preocupante el fortalecimiento del paramilitarismo”, evidenciado en 252 amenazas de muerte y 59 personas ejecutadas extrajudicialmente presuntamente por estos grupos entre julio y diciembre de 2020. 

Igualmente, el director de Cinep/PPP resaltó que son igualmente graves las acciones de las unidades de la Policía Nacional que en el mismo periodo “causaron 74 civiles heridos, ejecutaron presuntamente a 42 ciudadanos, detuvieron arbitrariamente a 28 personas y amenazaron de muerte a 26 más”. 

Cauca no se rinde

Guerrero también manifestó la alerta por la “crisis social y humanitaria que golpea al departamento del Cauca”, enviando un mensaje de apoyo a las comunidades tras el asesinato de Sandra Liliana Peña, autoridad indígena y gobernadora del Resguardo de La Laguna en Caldono el pasado 20 de abril. Este hecho se suma al atentado con explosivos en el casco urbano de ese municipio el 26 de marzo pasado, y a los enfrentamientos entre Ejército y disidencias del Ejército que dejaron 12 muertos, incluyendo civiles y un soldado el 17 de abril en Argelia. 

En cuanto a la costa pacífica del Cauca (López de Micay, Guapi y Timbiquí) la situación no es menos grave. Allí la minería de oro de aluvión, las actividades de narcotráfico y los cultivos de uso ilícito se han intensificado, conllevando afectaciones como la ausencia de soberanía alimentaria o la pérdida de autonomía de las comunidades.

“El narcotráfico y la minería indiscriminada, más la presencia de actores armados han causado inestabilidad en las comunidades negras y afectado su forma de resistir y existir en los territorios colectivos”, aseguró Dionisio Rodríguez de Cococauca durante la rueda de prensa. 

Estas conflictividades, han generado la agudización del conflicto armado, “la contaminación ambiental y la fragmentación del tejido social”, apuntó Rodríguez, quien también clamó por el respeto y reglamentación de la Ley 70 de 1993 que reconoce a las comunidades negras, sus prácticas ancestrales y su derecho colectivo a la tierra, entre otras cosas. E insistió en la responsabilidad del Estado en el deterioro de la vida en Cauca y los pueblos afro, indígenas y campesinos del Cauca.

El despertar de la conciencia 

Para finalizar el evento, el sacerdote jesuita Alejandro Angulo subrayó que la buena noticia “es que existe una masa de gente que rechaza estos crímenes y los denuncia, que guarda las denuncias para que no se olviden y que tiene el valor de ir a los tribunales y presentarlas buscando justicia”. 

Para el religioso, hay un despertar de la conciencia expresado en los grupos de personas que rechazan estas formas de relaciones violentas y que reconocen “que la justicia y no la fuerza es el camino real para una sociedad amable”. 

“Seguimos defendiendo nuestro territorio y nuestra cultura para preservar la vida. No nos rendiremos”, aseguró Dionisio Rodríguez al despedir la conversación.

Puede consultar la revista Noche y Niebla 62 en el siguiente link: https://www.nocheyniebla.org/?p=1693 

Encuentre la Rueda de prensa y conversatorio “Cauca no se rinde” acá: 

Por: Juanjosé Gutiérrez. Comunicaciones CINEP/PPP

Novedades editoriales Cinep

  • Nov 29, 2021
  • Publicado en Prensa

En abril, ponemos a disposición de la opinión pública conocimiento y análisis sobre DD.HH., paz, mujeres y otros. Conéctate con los lanzamientos de las publicaciones de la colección Territorio, Poder y Conflicto, el Banco de Datos en DD.HH. y violencia política, la Secretaría Técnica de Verificación Internacional y la revista Cien Días.

Las próximas semanas, el Cinep /PPP presenta diversas revistas e informes a la opinión pública. Les invitamos a conectarse a los lanzamientos digitales, conocer y compartir los diversos artículos y contenidos que muestran el panorama de DDHH, DIH y violencia política en Colombia y la costa Pacífica del Cauca en 2020 producido por el Banco de Datos en la Revista Noche y Niebla, analizan la coyuntura actual con rigurosidad en la Revista Cien Días vistos por Cinep y ponen a disposición del público el seguimiento al Acuerdo de Paz realizado por la Secretaría Técnica del Acuerdo de Paz.

Abril 21 

Lanzamiento Revista Noche y Niebla No 62

Hora: 9: 00 a.m. 

Transmisión en vivo por nuestros canales de Youtube/Cinepppp y por Facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz.  

#NocheyNiebla

Abril 22

Publicación Revista 100 Días #101

15 artículos sobre movilización, paz, desigualdad, violencias y otros al aire en www.revistaciendiascinep.com y nuestras redes sociales. 

 

Próximamente 

Presentación del Segundo informe de la implementación del enfoque étnico y el Quinto informe de de la implementación del enfoque género de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional del Acuerdo de Paz.

Podrás acceder a los informes en este enlace: https://www.cinep.org.co/Home2/temas/secretaria-tecnica.html.  

 

Ya fue presentado: 

Por último, les invitamos a consultar el libro "¿Porqué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente 1964, 2020" de la colección Territorio, Poder y Conflicto, que fue lanzado el pasado 8 de abril: https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/por-que-es-tan-dificil-negociar-con-el-eln-las-consecuencias-de-un-federalismo-insurgente-1964-2020/

 

 

Por: Equipo de Comunicaciones Cinep/PPP.