Comunidades de López de Micay, Timbiquí, Guapi y la zona rural de Buenaventura suspendieron su participación en el proceso PDET del Pacífico Medio, región de la que hacen parte, hasta que se garantice su participación y avances efectivos en  la implementación en la subregión.

Desde el 29 de septiembre las comunidades adscritas a la subregión PDET del Pacífico Medio,  integrado por los municipios de López de Micay, Timbiquí, Guapí y Buenaventura zona rural declararon una suspensión total de toda actividad en el marco de la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), uno de los compromisos del Acuerdo de Paz, y pidieron una reunión con entes estatales y garantes para abordar sus demandas y plantear soluciones. 

En entrevista con Cinep / PPP, Wisne Hinestroza, delegado de la Mesa Técnica Distrital de la zona rural de Buenaventura, explica las razones para esta suspensión y los tres puntos que plantean las comunidades para reiniciar el proceso.

¿Cómo valoran la implementación del PDET en la subregión del Pacífico Medio?

Desde la firma del pacto subregional el 23 de febrero de 2019, dejamos en la Agencia de Renovación del Territorio (ART) unas iniciativas que invitaban a la creación de unas mesas técnicas subregionales para hacer seguimiento a la implementación del PDET, para ello se crearon mesas municipales para hacer ese seguimiento. Hoy por hoy se pudo conformar la mesa subregional que tiene la delegación de cada uno de los municipios para hacer el seguimiento a la implementación.

En el inicio del proceso hubo una participación comunitaria muy importante, porque nosotros fuimos quienes construimos el documento, se recogieron las iniciativas de acuerdo a la armonización entre los documentos propios de cada comunidad. Avanzamos en la construcción de planes y en la asamblea que permitió llegar a presentar las iniciativas.

¿Qué problemas están enfrentando para avanzar ahora?

En la actualidad las comunidades han sido relegadas del proceso porque casi no participan, sólo son convocadas para una que otra reunión para trabajar la hoja de ruta, mecanismos de consulta, pero en la reunión para trabajar el Plan de Acción 2021 no se convocó a las comunidades, entonces no participamos de forma directa.

Adicionalmente, nosotros como Pacífico Medio teníamos una coordinación que estaba encargada pero no nombrada, cuando se inició la implementación nos unieron con el PDET de Alto Patía – Norte del Cauca. Es decir hoy tenemos una sola coordinación, y todas las decisiones que toman para el Pacífico Medio se deben consultar con el coordinador de Alto Patía – Norte del Cauca.

Sentimos que así se viola el Decreto 893 que crea las diferentes subregiones: si hay dieciséis subregiones PDET, deben haber dieciséis coordinaciones. 

No nos parece que se una una estructura administrativa a otra, porque a la hora de la implementación hay problemas, ejemplo puntual: El PDET del Alto Patía - Norte del Cauca ha logrado inversiones y acá no lo tenemos; en cuanto a obras por impuestos allá tienen once y acá no tenemos ninguna. Entonces sentimos que la gestión se ha quedado allá.

Al tener una coordinación directa nosotros creemos que podemos tener una mayor capacidad de gestión, y hoy los resultados de acuerdo a las inversiones que hay nos dicen que sí es necesario tener una coordinación que sea autónoma.

A ello se suma que el avance de los proyectos ha sido muy lento, y hay dificultad para que sean aprobados. Entonces, parece que tampoco hubiera voluntad de parte del Estado para sacar adelante los proyectos para estas zonas. Actualmente no tenemos ni un proyecto en nuestra Subregión PDET.

Vamos a llegar a 3 años de haber firmado el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) y nuestras comunidades siguen esperando obras, realmente estructurales, y eso es lo otro: uno de los objetivos era cerrar las brechas entre el campo y los cascos urbanos, entonces se supone que vamos a trabajar proyectos de envergadura. Pero las decisiones no se han tomado con la comunidad.

¿Qué soluciones plantean a estos problemas?

Las comunidades no vamos a participar en ninguna actividad que sea en el marco de los PDET hasta que logremos concertar unos puntos que establecimos:

  1. Descentralización del PDET Alto Patía.
  2. Que se reconozca a la mesa subregional creada por las autoridades étnicas, porque nosotros somos delegados por ellos y somos quienes debemos ser convocados para legitimar las decisiones.
  3. Que haya un plan de choque, de estructuración y aprobación de los proyectos, porque este PDET al ser el de menos inversión debería tener un recurso que permita asegurar recursos.

Hoy tenemos una experiencia con el consorcio que se ganó una licitación para las obras PDET y hay municipios como en el caso de Timbiquí o Guapi que aún, después de casi tres años, no han empezado la construcción de las Obras PDET. Aquí en Buenaventura hace un año estamos en ese dilema porque no les habían consignado el recurso.

Si esas obras de menor impacto y menor cuantía, que eran las que iban a mostrar la presencia del Estado en los territorios tienen tanta complejidad y han sido tan difíciles de implementar, imagínese los proyectos de envergadura. Entonces necesitamos un equipo que quiera avanzar. Hoy en día estamos muy rezagados. 

Y se quiere transmitir ese rezago a los entes territoriales porque la Agencia de Renovación del Territorio (ART) sólo articula, pero quien tiene que cumplir a las comunidades es el Gobierno. 

Además acá no se tiene en cuenta que este PDET es cien por ciento étnico, y debería involucrar en sus equipos de trabajo a personas que conocen de las dinámicas regionales, pero en los espacios de reunión vemos a personas que vienen de afuera de los territorios. Sumado a ello necesitamos poder estructurar, hacer seguimiento y un plan de aprobación a los proyectos.

De otra forma, se nos van a ir los 15 años y ni siquiera vamos a tener Obras por Impuestos.

Por eso nosotros le pedimos a la ART que convoque a una reunión con personas con capacidad de decisión como el consejero Emilio Archila, que puedan permitir una solución a las dificultades y también pedimos unos garantes que puedan ayudar a encontrar una salida. Esta convocatoria fue en septiembre, pero nosotros no vimos claridad sobre quienes van a venir; el pasado 6 de octubre les pedimos claridad sobre esto porque la reunión era para el 13 de este mes y no llegaron. Por eso nosotros requerimos un nuevo encuentro.

Le invitamos a consultar los informes generales de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) que incluyen la revisión sobre el estado de la implementación en las subregiones PDET de Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacífico Medio en: https://www.cinep.org.co/Home2/temas/secretaria-tecnica.html.

Por Juanjosé Gutiérrez. Equipo  de comunicaciones Cinep / PPP.

 

SOS Cauca

La crisis social y humanitaria en Cauca aumentan tras el asesinato de la líder indígena Sandra Liliana Peña y el carro bomba en Corinto, el ataque a la Minga en La Laguna y operativos militares y combates que dejan muertes, víctimas de minas antipersonal, desplazados, miedo y zozobra. Comunidad caucana e internacional y defensores de derechos humanos claman por protección urgente al pueblo del Cauca.

El jueves 22 de abril, mientras se desarrollaba una Minga de control territorial en el resguardo indígena La Laguna-Siberia de Caldono, Cauca,  hombres armados dispararon causando heridas a por lo menos 31 comuneros. Entre los afectados se encuentra una autoridad que tuvo que ser trasladado junto a otras 2 personas a Cali.

La “Minga hacia adentro” fue convocada en respuesta al asesinato de Sandra Liliana Peña Chocué (autoridad del resguardo La Laguna-Siberia, el pasado 20 de abril mientras se dirigía a una reunión en Popayán) e incluyó actividades de retiro de cultivos de coca. En retaliación, un grupo ilegal abrió fuego. Después del ataque, la guardia indígena logró detener a 12 hombres armados este 22 de abril.  

Las 127 autoridades tradicionales integradas por los 10 pueblos pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se declararon en máxima alerta y asamblea permanente ante las amenazas y riesgos contra su vida, y rechazaron las declaraciones del comandante de la III división del Ejército, general Marco Mayorga Niño, quien aseguró que están en “coordinación con las autoridades para la erradicación de la hoja de coca que se encuentra en la zona” y que se buscaría “hacer un diálogo con la guardia indígena para coordinar actividades de seguridad en los territorios de los resguardos”. 

Las comunidades sostuvieron que la erradicación de cultivos de uso ilícito la realizan desde su autonomía y jurisdicción propia “porque vemos claramente el daño que nos generan estos cultivos” que son “base de la financiación de los actores armados”. Y rechazaron la coordinación que se espera lograr con la Guardia de parte del uniformado, afirmando que ellos son “un órgano civil, no armado, cuya dirección está en cabeza de las autoridades indígenas a las que ésta apoya en actividades relacionadas con la jurisdicción indígena”.

Cauca, en primer lugar de infracciones al DIHC y violencia política 

En la presentación de la revista Noche y Niebla No. 62, el Banco de Datos de DD.HH. y violencia política del Cinep alertó sobre la difícil situación en este departamento. En 2020, Cauca fue el lugar con más infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (232 victimizaciones)  y también el más afectado por hechos de violencia político social (300 victimizaciones).

Y en lo corrido de 2021 la situación  parece no estar mejorando: En este mes se registró un desplazamiento masivo de más de 250 personas en Argelia el pasado 17 de abril producto de enfrentamientos entre el Ejército y actores armados ilegales; ocurrió un atentado con artefacto explosivo contra  la subestación de Policía del corregimiento de Siberia, Caldono, el pasado 14 de abril; y se dio una masacre de 4 personas en el corregimiento de Mondomo, Santander de Quilichao, el pasado 8 de abril; además, el el comunero indígena Fernando Lozada Franco había sido asesinado el pasado 8 de abril en Caloto. 

A esta difícil situación se suman la explosión de un carro bomba el pasado viernes 26 de marzo frente a la alcaldía de Corinto, y el desplazamiento de más de 2 mil personas a la cabecera municipal de Argelia ocurrido ese mismo fin de semana tras combates.

Ante tales situaciones, las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creadas por el Acuerdo de Paz como la Comisión de la Verdad y organizaciones internacionales como Oxfam han rechazado la violencia llamando a proteger “la vida, el territorio y el ejercicio de gobierno propio de las comunidades indígenas del departamento del Cauca”. 

El Cinep/Programa por la Paz expresa su solidaridad con las comunidades Nasa del norte del Cauca y rechaza cualquier violación de derechos humanos y/o infracciones al derecho internacional humanitario consuetudinario que afecte a los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y afrodescendientes. Así mismo, el Cinep/PPP insta al gobierno nacional, departamental y local para que asuma su responsabilidad legal y constitucional de garantizar la vida, integridad y libertad de los habitantes de los territorios afectados.

“El pueblo Nasa, las comunidades campesinas y afrodescendientes del Cauca merecen, exigen respeto y garantías de para el ejercicio de los derechos humanos colectivos y territoriales”, asegura el equipo de Cinep. Compartimos comunicado a continuación:

A continuación encontrará el comunicado:

 

Por Juanjosé Gutiérrez / Comunicaciones CINEP.

 

¿Cuál Historia?

La destrucción física de cada cuerpo implica también la desaparición total de esta parcelita de historia universal que fue la vida del ser desaparecido. Cuando este destino individual alcanzó a ser parte significativa de un actuar multitudinario -y sobre todo si el muerto no pudo expresarse y dejar huellas escritas- entonces un fragmento de la historia de todos se pierde irremediablemente. ¡Así la Historia queda incompleta! ¡no se ven las grandes oleadas del movimiento social! Jacques Aprile -Gniset (1991, 11). La historia de Villarrica

Los pueblos indígenas Nasa en ejercicio de su autonomía como pueblos, erradican de su territorio los cultivos de uso ilícito y a cualquier actor armado.

Después de la repudiable y lamentable ejecución de la Gobernadora Indígena Sandra Liliana Peña Chocué y las lesiones al cabildante Avelino Ull, líderes del resguardo indígena La Laguna Siberia, Territorio Ancestral Sat Thama Kiwe, ocurrida el 20 de abril de 2021 en la vereda El Placer, mientras se transportaban en motocicleta hacia el corregimiento Pescador (Caldono, Cauca), las comunidades y autoridades indígenas se declararon en Minga Hacía Adentro en dicho resguardo, en un ejercicio de control territorial que busca erradicar cultivos de uso ilícito, sacar del territorio a los actores armados y agentes asociados al narcotráfico, realizar control de caminos y detener a los responsables de la agresión a los dos líderes indígenas Nasa.

El día de ayer 22 de abril, las comunidades indígenas de Caldono, Jambaló, Toribío, Corinto y Miranda (Cauca), mientras desarrollaban la Minga Hacia Adentro, fueron atacadas con ráfagas de fusil por hombres armados sin identificar, en inmediaciones de la vereda Caimito, causando heridas a 22 indígenas. Tras el hecho, la guardia indígena Nasa detuvo a siete personas armadas ajenas al territorio y decomisó un vehículo. A pesar de los ataques desmedidos en contra de la humanidad de los comuneros y autoridades indígenas, el pueblo Nasa siguió adelante con la Minga e inició la erradicación manual de cultivos de coca.

Frente a estos hechos el Cinep/Programa por la Paz, expresa su solidaridad con las comunidades Nasa del norte del Cauca y rechaza cualquier violación de derechos humanos y/o infracciones al derecho internacional humanitario consuetudinario, que afecte a los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y afrodescendientes. Así mismo, el Cinep/PPP insta al gobierno nacional, departamental y local para que asuma su responsabilidad legal y constitucional de garantizar la vida, integridad y libertad de los habitantes de los territorios afectados.

Llamamos al gobierno a cumplir con responsabilidad histórica los acuerdos de la Minga y los acuerdos de La Habana (Cuba), de cara a prevenir que los territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes sigan siendo convertidos en escenarios de guerra.

Llamamos a la ONU y a la comunidad internacional para que se realicen las acciones pertinentes y se pronuncien frente al estado colombiano; realicen el monitoreo de la situación; respalden a las comunidades afectadas; insten a la Defensoría del pueblo y Procuraduría General de la Nación en el cumplimiento de obligación constitucional e internacional de proteger la vida, integridad y libertad de quienes defienden el territorio. Y a la Fiscalía General de la Nación que investigue y realice las acciones pertinentes para que haya justicia en el caso de la Gobernadora Indígena, y de las y los líderes sociales de base que están siendo agredidos y exterminados en el departamento del Cauca y el resto del país.

Seguiremos denunciando la crisis humanitaria vigente en el Cauca y apoyando la Minga Hacia Adentro, en memoria de la gobernadora Sandra Liliana Peña Chocué y los líderes sociales de base que en Colombia siguen siendo victimizados por falta de garantías para el ejercicio del Derecho a Defender los Derechos.

El pueblo Nasa, las comunidades campesinas y afrodescendientes del Cauca merecen, exigen respeto y garantías de para el ejercicio de los derechos humanos colectivos y territoriales.

A continuación encontrará el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Esta semana en los #DiálogosCinep se encontraron voces desde Cauca, Buenaventura, Cartagena y Bogotá para hablar sobre su Mirada socioeconómica de la pandemia en Colombia con la moderación del médico y activista Víctor de Currea-Lugo. Estas son sus principales ideas. 

“Las balas acaban más vidas que la pandemia en el Cauca”, expresó Guido Rivera, coordinador suroccidente de la Coordinadora Nacional Agraria, a un año de que el Gobierno decretara el Estado de Emergencia por cuenta de la pandemia de la covid-19 en en el marco del diálogo Cinep “Mirada socioeconómica de la pandemia en Colombia”. 

Lucy Sosa, integrante de la Asociación de Mujeres, Derechos y Paz, sostuvo que “la pandemia no trajo pobreza a los territorios” sino que la agravó porque la economía en Cartagena está marcada por la informalidad, y tras los confinamientos decretados por la emergencia sanitaria “el pueblo cartagenero está padeciendo física hambre”. 

María Miyela Riascos, integrante de la Pastoral Social en Buenaventura, reafirmó lo señalado por Lucy al subrayar que en el puerto antes de la pandemia tenían cifras de 66% de pobreza multimodal, y tras la aparición del virus estos problemas se profundizaron hasta en un 30%. Todo ello, afirmó, en una ciudad que “moviliza el 60% de la mercancía que entra y sale del país”.

Además, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, resaltó que el Gobierno está próximo a presentar una reforma para cubrir el hueco fiscal que actualmente tenemos pero, que “abrió el mismo Gobierno en 2018, cuando recortó impuestos a las grandes empresas”. En ese sentido, sostuvo que bajo el argumento de solventar algunas de las medidas económicas tomadas en medio de la pandemia, el ejecutivo pretende que olvidemos estos recortes billonarios de impuestos al capital, y que los financiemos poniendo a tributar más a las personas. 

Esta situación la calificó como injusta e innecesaria, al asegurar que “en Colombia hay un grupo de población con suficientes ingresos para ser solidario en momentos de pandemia”. Por lo tanto, dijo que era necesario modificar el sistema de tributación para que fuera más progresivo, haciendo que las personas de más altos ingresos en el país fueran gravados con mayor equidad, garantizando la financiación de propuestas como la renta básica. 

“Si subieramos nuestro nivel de tributación al promedio de América Latina nos alcanzaría para una renta básica que pusiera a los colombianos por encima de la pobreza monetaria”, sostuvo el experto en economía, y concluyó que por eso es importante que las voces de quienes entienden esta realidad desde los territorios sean escuchadas. 

Encuentre el conversatorio en Facebook, o en Youtube:

Por Juanjosé D. Gutiérrez  R. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Un estudio de caso global muestra que los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente se enfrentan a mayores riesgos en el contexto del covid-19. Comunicado firmado por Cinep/PPP y otras 8 organizaciones internacionales. 

Con ocasión del día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), cinco meses después de que la OMS declarara al COVID-19 como una pandemia mundial, hacemos un llamado de atención urgente a los efectos desproporcionados del virus y el confinamiento que sufren los pueblos indígenas y otros defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente, especialmente vulnerables en la crisis actual.

La Defending Land and Environmental Defenders Coalition (DDCoalition), integrada por organizaciones que trabajan en apoyo de los defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo, ha estado reuniendo informes sobre amenazas, hostigamientos y ataques contra los defensores de la tierra y el medio ambiente desde mayo. Recopilados a través de LANDex e informes públicos, la verificación de estos casos está en curso, pero se han identificado tres tendencias generales: las amenazas contra los defensores de la tierra y el medio ambiente no han disminuido durante la pandemia; por el contrario, han surgido nuevos tipos de riesgos; y en el contexto actual, los pueblos indígenas están particularmente expuestos a amenazas y ataques.

"A lo largo de esta pandemia, en particular en las respuestas de los gobiernos y los garantes de derechos, estamos siendo testigos de que los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas corren un mayor riesgo de ser blanco de ataques, acosados e incluso asesinados a medida que se restringe el movimiento y los gobiernos amplían las leyes", dijo Kathrin Wessendorf, directora ejecutiva del International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). "Se están llevando a cabo iniciativas al amparo del desorden causado por la pandemia o la ampliación de las medidas de emergencia".

En los mencionados informes se muestran elementos comunes que aparecieron en todos los casos, destacando las muchas formas en que la pandemia está afectando a las comunidades indígenas. Además de ser especialmente vulnerables al riesgo para la salud que supone el COVID-19 -con acceso limitado a los servicios de salud y otras medidas preventivas-, la continua pérdida (y la falta de reconocimiento) de sus tierras tradicionales ha generado inseguridad alimentaria y ha obligado a muchos indígenas a abandonar sus comunidades, en búsqueda de trabajo en el sector informal o de primera línea (labores que implican exposición a personas, etc.), exponiéndolos aún más al COVID-19.

Durante la pandemia y el consiguiente confinamiento, muchos gobiernos han sido menos receptivos y han estado más ausentes en las zonas de conflictos de tierras. En muchos países se ha suspendido el poder judicial, se ha intensificado la vigilancia y se han promulgado leyes de emergencia para contener la propagación del virus, las cuales han sido utilizadas para detener a los disidentes. El activismo se ha limitado en un momento crucial, ya que las protestas y manifestaciones suelen estar prohibidas, a pesar de que estén permitidas las actividades controvertidas -que incluyen desalojos, demoliciones y proyectos extractivos, como la minería-. En algunos casos, esos proyectos se han beneficiado de incentivos gubernamentales por considerarse áreas de "interés prioritario" para las economías nacionales.

Entre los casos reunidos por las organizaciones, hay un número sorprendente de demoliciones y desalojos a comunidades indígenas, étnicas y locales en un momento en que se emitieron nuevos permisos ambientales, se otorgaron concesiones y nuevos proyectos y se obligó a la sociedad civil -entre ellos a quienes brindan apoyo legal, periodistas y manifestantes- a permanecer en sus hogares.

En Kenia, el gobierno se burló de un fallo histórico del 2017 de la Corte Africana el cual confirmó el derecho del pueblo Ogiek a sus tierras ancestrales, y el 2 de julio inició un desalojo a gran escala de al menos 300 familias Ogiek. El desalojo forzoso se ha producido a pesar de la moratoria sobre los desalojos durante el COVID-19 y las familias desalojadas, ahora sin hogar, se verán expuestas aún más al COVID-19.

En Nepal, los pueblos indígenas Chepang se enfrentan a riesgos similares, ya que unas 60 familias vieron sus casas quemadas supuestamente por las autoridades del parque a finales de julio. En medio de la temporada de los monzones, estas familias se encuentran sin hogar y más expuestas al COVID-19. Dos meses antes, 25 casas de la comunidad Dalit, sin posesión de tierras, fueron demolidas en Mushar (Nepal) para dar paso a una nueva carretera. En la segunda semana de abril, dos hoteles administrados por indígenas Ogoni en el estado River de Nigeria fueron demolidos después de que, según se informó, las autoridades dijeran que los hoteleros no habían cooperado con el Estado en la localización de contactos relacionados con COVID-19.

Los casos reunidos también destacaron la aplicación selectiva de restricciones a la circulación y la actividad. Si bien se prohibieron las protestas, se permitió que avanzaran los proyectos de infraestructura y desarrollo controvertidos y, en algunos casos, fueron protegidos por las autoridades.

A fines de marzo, en el centro de México, se detuvo a un activista indígena por protestar contra una carretera que se estaba construyendo a través de los bosques reclamados por los Otomí-Mexica. A pesar del confinamiento -y de las órdenes de suspensión de un tribunal local- la construcción continuó con la protección de la Policía y la Guardia Nacional. En Uganda, dos semanas después del confinamiento nacional, Witness Radio informó de violentas apropiaciones de tierras de comunidades pobres y de la detención de quienes se oponían a la violencia. Una de las empresas presuntamente implicadas ha enviado una respuesta al Business & Human Rights Resource Centre, pero la situación continúa.

En abril, en Filipinas, se informó que un centenar de agentes de la policía dispersaron por la fuerza a unos 30 defensores indígenas y, según este informe de la sociedad civil, arrestaron a un dirigente indígena por impedir el acceso a una operación minera que, según la población local, está contaminando su abastecimiento de agua en Didipio, Nueva Vizcaya. Se ha informado ampliamente que la licencia de explotación minera expiró en junio de 2019, pero los opositores del proyecto afirman que las operaciones han continuado. Los activistas señalan que la empresa está incumpliendo la orden de cuarentena, dejando a los lugareños sin más remedio que volver a la barricada para protestar, aunque respetando el distanciamiento social.

Filipinas, que siempre ha sido uno de los países más peligrosos para los defensores, ha pasado de 30 asesinatos en 2018 a 43 el año pasado.

En Indonesia, una instancia del poder judicial –cuyas actividades estaban suspendidas– dejó a tres agricultores indígenas de Kalimantan Central a la espera de una audiencia tras ser detenidos por robar fruta de una empresa de plantaciones a la que acusan de haberle arrebatado sus tierras. El juicio se pospuso con la policía diciendo que su preocupación prioritaria era el COVID-19. Los agricultores señalaron que, aunque la policía tuvo tiempo de llevar adelante las acusaciones de robo en medio de la pandemia, no pudieron encontrar tiempo para que se celebrara el juicio previo.

La mayoría de los casos recibidos proceden de Colombia, país que registró el mayor número de líderes sociales y defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados en 2019. Tres líderes sociales fueron asesinados antes de que se impusiera el confinamiento y un mes después de que se anunciaran las órdenes de permanencia en el hogar, la Defensoría del Pueblo advirtió de un "ataque violento" contra comunidades vulnerables por parte de agentes armados no estatales y grupos de delincuencia organizada. En poco más de un mes, habían registrado 40 incidentes de intimidación y ataques contra comunidades.

A lo largo del confinamiento, los informes de Colombia documentaron cómo los grupos armados amenazaban a las comunidades indígenas que intentaban protegerse. En Magdalena, el pueblo indígena Kogui de Sierra Nevada denunció que personas armadas se dedicaban a la minería "ilegal" en sus tierras sin que las autoridades tomaran ninguna medida. En el Cauca (Colombia), grupos armados amenazaron a guardias indígenas Nasa que habían sido encargados de vigilar los movimientos de entrada y salida de la comunidad, forzando finalmente su entrada y exponiendo a la comunidad a la COVID-19.

"Las condiciones de confinamiento han facilitado la localización, la búsqueda, el ataque y la eliminación de estos defensores, ya sea en sus casas o en sus lugares de trabajo", dijo Cristian Llanos, investigador del equipo de la base de datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, una organización colombiana de investigación y educación. "En la región del Cauca se han reportado dos o tres ataques diarios, siendo los indígenas y los campesinos los más afectados", agregó, "pero los ataques contra los líderes en todo el país son generalizados y durante el confinamiento, la cifra real podría superar los 100 ataques contra los defensores".  

En varios casos de Brasil, las políticas y prácticas gubernamentales expusieron a los pueblos indígenas a un innecesario riesgo elevado de contraer COVID-19. En el Estado de Amazonas, las autoridades locales forzaron a los miembros de la tribu Kokoma a abandonar sus comunidades y a recorrer largas distancias para recibir asistencia federal, exponiéndolos al virus durante los viajes en transporte público y en zonas de espera saturadas. A esos viajes se han atribuido altas tasas de infección y varias muertes en la comunidad. En otras partes del Amazonas, las pruebas indican que los trabajadores sanitarios que tenían el virus infectaron a miembros de la tribu Kanamari.

En abril, según se informa, los militares emprendieron una amplia búsqueda de viviendas en la zona indígena de Chittagong Hill Tracts, una región de Bangladesh. Según el International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA), los actores parecen estar "utilizando la crisis para reprimir a su pueblo y perseguir a los defensores de los derechos y los activistas que hablan en su contra".

"Los casos denunciados sirven como un ejemplo aleccionador de las muchas formas en las que la crisis del COVID-19 ha sido utilizada contra los defensores de la tierra y el medio ambiente, especialmente los que pertenecen a comunidades indígenas", dijo Ward Anseeuw, especialista técnico senior de la International Land Coalition. "La recopilación de casos también subraya la importancia de vigilar de cerca y sistemáticamente estos incidentes, ya que la mayoría de los asesinatos de defensores van precedidos por ataques no letales que han sido documentados.

Con la pandemia lejos de terminar, la DDCoalition se solidariza con los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente y pide que los agentes privados y estatales adopten medidas urgentes.

Como un primer paso, tanto los gobiernos como las empresas deben poner los derechos de la tierra y el medio ambiente, así como los derechos de las personas que los protegen, en el centro de su respuesta ante el COVID-19. Deben apoyar las luchas de los usuarios locales de la tierra y las comunidades para poseer, controlar y gestionar sus tierras y recursos naturales como un esfuerzo a largo plazo para una mejor reconstrucción.

Asimismo, deben dedicar recursos a identificar el aumento del riesgo para estos defensores en las inversiones, operaciones y cadenas de suministro de las empresas para prevenir y mitigar los riesgos identificados. Además, los posibles efectos de los proyectos en el medio ambiente o los derechos humanos deberían comunicarse de manera clara y segura a las y los afectados, y esas comunidades e individuos deberían poder participar de manera significativa en los procesos de adopción de decisiones.

En términos más generales, esta es una oportunidad para que los actores estatales y privados formalicen su compromiso con un enfoque de tolerancia cero respecto a la violencia contra los defensores en sus operaciones. Esto significa asignar un presupuesto y personal para aplicar esas políticas y crear sistemas que garanticen evaluaciones periódicas de los impactos y mecanismos que informen y actúen sobre esos hallazgos.

La protección de los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente debe formar parte de la urgente tarea de mitigar la crisis de COVID-19 y avanzar hacia una recuperación sostenible.

Firman: 

International Land Coalition (ILC)

Global Witness

International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA)

Asian NGO Coalition (ANGOC)

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

Natural Justice

URG-LAC: Universal Rights Group Latin America

The Access Initiative Latin America

Business & Human Rights Resource Centre