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Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.


La pandemia del coronavirus ha puesto en primer plano la importancia de la producción alimentaria del campesinado en Colombia. No hay duda para los habitantes de las grandes capitales y los más de mil cien municipios del país, el notable servicio que históricamente han realizado las comunidades agrarias en la disposición de alimentos para el consumo nacional. Mientras que las industrias paran y los precios del petróleo, el carbón y la energía se derrumban y las grandes empresas del mundo entran en recesión, los campesinos continúan. En las grandes ciudades solo hay una preocupación: que no falte la comida, el agua, todo lo demás se hace prescindible.

Pero reconocer la capacidad productora de alimentos del campesinado no se corresponde con el respeto a sus derechos humanos. Al contrario, ni las clases dirigentes ni la sociedad en su conjunto, a lo largo de nuestra historia, han escuchado las luchas y reivindicaciones de las comunidades rurales. El profesor Alejo Vargas nos recuerda que desde los años veinte del siglo pasado, las organizaciones campesinas han protestado por el incumplimiento de sus derechos. Igualmente, el campesinado será el gran protagonista y víctima de la violencia liberal-conservadora y también en el conflicto armado reciente, es el sector que ha aportado el mayor número de personas victimizadas y despojadas de sus tierras.

Políticas sociales, económicas y de tierras para el pequeño y mediano campesinado siempre han quedado en los sueños, en la demagogia o en el papel, pero no se ha llevado a cabo. Las comunidades agrarias y medianas empresas rurales, productoras de alimentos, siempre han sido excluidas y violentadas. Pese a todo esto las comunidades se han sostenido produciendo y sobreviviendo en condiciones muy difíciles. Sin vías sin servicios sociales de salud y educación de calidad, con sistemas de comercialización que encarecen exageradamente los productos y dejan a los intermediarios con las mayores utilidades.

Por eso, para las organizaciones campesinas y los conocedores del tema agrario en Colombia, no es ninguna sorpresa que, en medio de la actual pandemia, no existan propuestas claras para el campesinado. Es un grave error del actual y de los gobiernos anteriores. Porque si hay algo estratégico es la seguridad alimentaria de la población en medio de una enfermedad viral. Pero la decisión ha sido contraria, los créditos se han orientado al apoyo de los grandes productores.

El papa Francisco se dirigió, el Domingo de Resurrección, a los movimientos populares del mundo y dijo: “Sé que ustedes han sido excluidos de los beneficios de la globalización. No gozan de esos placeres superficiales que anestesian tantas conciencias. A pesar de ello, siempre tienen que sufrir sus perjuicios. Los males que aquejan a todos, a ustedes los golpean doblemente. Muchos de ustedes viven el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja. Los vendedores ambulantes, los recicladores, los pequeños agricultores, los constructores, los que realizan distintas tareas de cuidado. Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento y las cuarentenas se les hacen insoportables. Tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director general CINEP/Programa por la Paz.

Según cifras del censo general del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en 2005 el 25% de la población colombiana –11,2 millones– y el 62% de los municipios del país –692– son considerados rurales. Aunque son muchas las cifras en las que se evidencia la inequidad entre la población rural y la urbana, preocupa el tema de la educación. Un informe del Ministerio de Educación Nacional de 2013 demuestra que de cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo en la zona rural, 48 culminan la educación media, mientras que en las áreas urbanas lo hacen 82 estudiantes.

Frente a este panorama, que ha sido constante desde hace décadas, diversas organizaciones, instituciones y maestros han creado procesos educativos con un enfoque diferencial que permiten cerrar las brechas en acceso, permanencia, calidad y, sobre todo, pertinencia  de la educación que reciben las comunidades rurales del país.

Colombia es un país con una gran diversidad. A lo largo del territorio confluyen diferentes culturas que tienen sus propias formas de entender, ver y vivir su realidad. Dadas estas condiciones, no es coherente tener un solo modelo educativo para la niñez y la juventud de todo el país.

“La misma educación que se le da a los niños y jóvenes, los hace querer salir del campo para vivir en la ciudad, porque enseña que la ciudad es progreso y bienestar y que en el campo está la ignorancia, la pobreza y el atraso”, afirma Jorge Iván Marín, educador de zonas rurales de Antioquia. El mismo Marín manifiesta que existe en el país un  sistema educativo que habla de ruralidad pero no marca mayores diferencias entre la pedagogía y la didáctica que emplea en el contexto urbano y el rural.

 

De ahí que sea importante que el sistema educativo reconozca la cultura propia de los pobladores rurales y busque mecanismos para responder a sus necesidades porque, tal como lo señala Ariel Rueda, de la Asociación campesina de Antioquia, “la educación que nos están llevando a nosotros los campesinos no es acorde a las necesidades del campo porque las personas que imparten esta educación desconocen las realidades del campo”.

  Instalación de la mesa

Como resultado de las negociaciones con la guerrilla de las Farc, quedó estipulado en el acuerdo final, en su punto 3.2.2.2., la creación del Plan Especial de Educación Rural. En este se dan los lineamientos generales de la política pública que reformará la educación que reciben los habitantes rurales del país.

Para reglamentar este punto del acuerdo, 72 organizaciones e instituciones dedicadas a la educación y al desarrollo del sector rural han designado a sus representantes a la Mesa Nacional de Educación Rural, que en los próximos meses discutirán con el Ministerio de Educación Nacional el texto que será incluido en el Plan Marco de Implementación de los Acuerdos. Esta mesa fue instalada formalmente el pasado 9 de febrero en las instalaciones del Cinep/PPP con la presencia y representación de las organizaciones.

Estas organizaciones, instituciones, maestros y líderes de base coinciden en afirmar que parte de la enorme brecha de inequidad y la desigualdad en oportunidades y garantías que viven las poblaciones rurales del país son causa del sistema educativo que no está diseñado con enfoque diferenciado para las personas que viven y trabajan en el campo. Por eso han venido debatiendo las necesidades que tienen los pobladores rurales en los congresos Nacionales de Educación Rural, de donde salen las propuestas que se llevarán al Ministerio para su discusión.

Una de las propuestas es lograr que la educación que reciban los habitantes del campo no se reduzca a la básica, sino que la educación técnica, tecnológica e incluso la profesional tengan su espacio dentro del Plan nacional de educación. Tal como lo expresa Beatriz López, de la Corporación para la Investigación y el Desarrollo, “la educación como motor del desarrollo debe llegar a los campesinos en todos sus niveles. Es un reto que la educación superior llegue al campo y aún más, que los campesinos se queden y con esos conocimientos aporte al desarrollo integral de la ruralidad”.  

 

Otras propuestas en las que trabaja la mesa nacional están relacionadas con la adaptación de modelos educativos de diferentes culturas, contenidos pertinentes para cada región, infraestructura adecuada para la enseñanza, calidad educativa, permanencia,  educación en ciudadanía, desarrollo del campo y construcción de paz desde las regiones.

Durante los primeros meses del 2017 el Ministerio de Educación  deberá presentar los lineamientos de la política pública de educación rural para que pase al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio del Posconflicto para construir el Plan Marco de Implementación de los Acuerdos, en el que se articulan las políticas que cada ministerio está construyendo a partir de lo acordado en La Habana. Una vez aprobadas, se asignarán presupuestos y se iniciará la implementación.  

 

Miguel Angel Martínez
Equipo de Comunicaciones

Este año se aprobó la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES que busca según el Gobierno nacional, aumentar la productividad de la tierra y crear proyectos productivos que beneficien a los campesinos sin tierra y promuevan la inversión de capital en el agro. No obstante existe resistencia a la Ley pues para muchos esta ley, por un lado, no tiene en cuenta a los campesinos, desconoce las realidades territoriales y supone un riesgo para superar la concentración de la tierra.

Invitados:

 

 

En el marco de la VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales (CLACSO), “Transformaciones democráticas, Justicia Social y procesos de paz”, el 11 de noviembre se abrirá en Medellín este espacio de reflexión sobre la movilización de los sectores rurales y las comunidades étnicas del país. El encuentro se realizará en Plaza Mayor, Comisión 6.

En América Latina y el Caribe, y en general en el mundo contemporáneo, los movimientos sociales no solo reclaman mejores condiciones de vida sino derechos ciudadanos como la igualdad y la libertad junto al respeto por la diferencia. En tiempos recientes se destacan aquellos movimientos por la defensa de tierras y territorios amenazados de ser despojados por la influencia capitalista en el agro y, en especial, por el extractivismo de todo tipo.

En estas circunstancias, los territorios se convierten, por un lado, en escenarios de disputa entre diversos actores que tienen intereses sobre éstos; por otro, en espacios de construcción de la autonomía de comunidades indígenas, afrodescendientes y un creciente número de grupos campesinos. La consagración internacional de derechos étnicos y campesinos alimentan estos procesos de resistencia a nivel nacional, regional y local.

Estas luchas también propician escenarios donde se articulan los sectores rurales con movimientos subalternos e intelectuales urbanos, lo que cuestiona la separación que se hace entre campo y ciudad. Por último, la movilización y la unidad sirven para contener las formas de violencia y represión que se ejerce especialmente contra los actores rurales.

En este contexto, surgen dudas como ¿cuáles son las dinámicas continentales y/o nacionales de extractivismo y despojo de tierras y territorios?, ¿cómo se resiste a estas dinámicas desde la movilización y la construcción de unidad?, ¿qué derechos y nuevas formas de ciudadanía reclaman movimientos campesinos, indígenas y afrodescendientes? Y en casos como el colombiano, ¿qué significaría el posconflicto para cada sector social?

 

Cronograma del evento

08:00 – 10:00 a.m. Mesa 1. Tendencias continentales de despojo de tierras y territorios. Luchas de resistencias sociales y construcción de la unidad de los movimientos sociales.

Invitados internacionales: 

  • Arturo Escobar (Universidad de Carolina del Norte / Colombia)
  • Bernardo Mançano Fernandes (USPI – Universidade Estadual de São Paulo, Brasil)
  • Carlos Rodríguez (UAM - Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, México)
  • Pilar Lizárraga (Comunidad de Estudios JAINA, Bolivia)

Modera: Mauricio Archila (CINEP/PPP, Colombia) 

10:00 – 10:15 a.m. Descanso. 

10:15 – 12.30 m. Mesa 2. Diálogo y conversatorio sobre las luchas, dinámicas, resistencias y propuestas de los movimientos campesinos, indígenas y afrodescendientes al extractivismo, el capital y su modelo de desarrollo. 

Representantes de organizaciones campesinas, indígenas y afro-descendientes de Colombia del ámbito nacional y regional: 

  • Isabel Zuleta (Ríos Vivos - Movimiento por la Defensa de los Territorios y Afectados por Represas)
  • Carlos Páez / Martha Peña Duque (Asociación Tierra y Paz Urabá / IPC)
  • Aida Suárez (OIA – Organización Indígena de Antioquia)
  • Cesar Jerez (ANZORC – Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina)
  • José Ángel Palomeque (ASCOBA - Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato)

Modera: Diego Herrera Duque (IPC, Colombia).

 

Inscripciones 

 

Organizan y convocan: