Con esa decisión aumenta a más de 35 mil las víctimas que podrán participar en etapas procesales del Caso 04 que adelanta el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP ha acreditado como víctima colectiva al Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU). El consejo es integrado por 48 comunidades y 5.803 personas en el bajo Atrato (Chocó)

Para Reymir Valencia Gamboa, fiscal del Consejo Comunitario la Larga y Tumaradó (COCOLATU), la acreditación es de suma importancia porque “nos hace partícipes en el proceso 04 que adelanta la JEP donde podremos aportar y presentar elementos en la búsqueda de la reivindicación de nuestros derechos territoriales”.

El caso 04 de la JEP fue abierto el 11 de septiembre de 2018 y se enfoca en la situación territorial derivada de hechos del conflicto armado ocurridos en la región de Urabá en los departamentos de Antioquia y Chocó. Los hechos, según la JEP, fueron presuntamente cometidos por miembros de las FARC y de la Fuerza Pública desde el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016.

Con la acreditación, que incluyó a más de 20 mil víctimas afrocolombianas, son un total de 35.174 las víctimas que podrán participar en calidad de intervinientes en todas las etapas procesales del caso 04 en el cual, a la fecha, han comparecido 17 miembros de la  fuerza pública y 11 de las FARC según la JEP. 

La Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta hechos como la desaparición forzada, homicidio, masacre y desplazamiento forzado que han sufrido las comunidades como parte de la vulneración de sus derechos fundamentales. También incluyó al Consejo Comunitario los Manatíes y al Consejo Comunitario Puerto Girón.

Para Julián Salazar Gallego, abogado de la línea Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP/PPP, “dicho reconocimiento le otorga al Consejo Comunitario la calidad de interviniente especial, lo cual lo faculta para ser representado por un abogado, tener acceso al expediente, asistir a las versiones voluntarias, aportar pruebas y participar en la formulación del proyecto restaurativo”.

Además, para Salazar la acreditación materializa tres fundamentos de la JEP: “el acceso efectivo a la justicia, la participación y la centralidad de las víctimas”. La línea de Gestión del Territorio en el Pacífico ha acompañado desde hace 11 años al Consejo Comunitario en la reivindicación de sus derechos étnico territoriales, con una “estrategia de recuperación integral del territorio que abarca procesos como el de la reparación colectiva y la protección a las comunidades que hacen parte del colectivo”, afirmó Salazar.

Por otro lado, Reymer Valencia considera que la la JEP es un apoyo importante para el proceso que adelantan junto con la Unidad de restitución de tierras y que les brindará “credibilidad de nuestros derechos como víctimas del conflicto armado por lo que agradecemos este acogimiento de la JEP dentro de nuestro objetivo de recuperar nuestro territorio”, manifestó.

Entre las múltiples afectaciones de las comunidades de los territorios del Bajo Atrato, según la JEP, la entrada ilegal de miembros de la AUC con presunta ayuda de la Fuerza Pública derivó en una ola de desplazamientos forzados y violaciones graves a los derechos humanos. Para Julián Salazar, “el Estado colombiano aún tiene una deuda enorme en la reivindicación de los derechos de las comunidades negras porque en el territorio persisten narrativas de un conflicto estructural que históricamente ha tenido como foco principal la lucha por la posesión y el uso y titulación de la tierra”.

Según Salazar, este es “apenas el primer peldaño al interior de la JEP y se abre la puerta para poder participar en todas las diligencias y procesos que se lleven a cabo al interior de las salas y el Tribunal”. 

Así, el Consejo Comunitario se acerca a lo que podrá ser un “retorno al territorio con toda la dignidad y sin perturbación de poseedores de mala fe”, en las palabras de Reymer Valencia.

Aquí puedes ver el comunicado emitido por la JEP:

 

Por: Paola Llinás Aragón.

 

 

Las víctimas del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU) exigimos que la Unidad Nacional de Protección se comprometa con nuestra protección y seguridad.

Los miembros del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATUqueremos denunciar ante la opinión pública, la enorme debilidad en el poder infraestructural de la Unidad Nacional de Protección – UNP y de las entidades públicas responsables del programa de protección para reclamantes de tierras hacia COCOLATU, especialmente en lo que atañe a su capacidad y respuesta.
 
El consejo comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó – COCOLATU comprende parte de los municipios de Riosucio – Chocó –, Turbo y Mutatá – Antioquia –, fue beneficiario de titulación colectiva de su territorio ancestral, mediante las resoluciones 2805 del año 2000, de conformidad con la ley 70 de 1993 y el decreto reglamentario 1745 de 1995. A COCOLATU le fueron tituladas 107.064 hectáreas, cuando el 76% de la comunidad que habitaba el territorio colectivo se encontraba en situación de desplazamiento entre los años de 1996 – 2002. De las 46 comunidades que componen el título colectivo, ocho (8) quedaron en condición de vaciamiento y tres (3) desaparecieron completamente.

 
 

 

 

Para las más de 1.500 familias y 5.000 personas reclamantes de 107 mil hectáreas de tierras de las que fueron expulsadas y que hacen parte del Consejo Comunitario de los ríos de La Larga y Tumaradó (Cocolatu), es una noticia realmente importante: el juzgado primero civil del circuito especializado en tierras de Quibdó admitió la demanda de derechos territoriales.

La admisión de la demanda significa que se inicia la etapa judicial del proceso, que el juez aceptó los argumentos que muestran el despojo y que la contraparte, es decir los opositores al consejo comunitario, deberán demostrar que no fueron despojadores. Esta comunidad fue desplazada de manera sistemática, tras amenazas violentas contra su vida y bienestar, entre los años 1996 y 2000.

 

 

Actualmente, el 90% del área productiva reclamada por Cocolatu está en poder de nueve empresarios. A Cocolatu pertenecían Porfirio Jaramillo y Mario Castaño, asesinados en enero y octubre de 2017, tras recibir continuas amenazas, entre otras razones, por ser líderes reclamantes de este proceso y denunciar irregularidades contra la comunidad y el territorio.  

Además de la admisión de la demanda, esta semana se llevó a cabo en Apartadó  la Audiencia étnica de seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares en resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras en el Bajo Atrato y el Darién Caribe. En esta mesa multiactor participaron: el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría delegada para asuntos agrarios y restitución de tierras, la Policía Nacional, SIJIN y Defensoría del Pueblo y ACNUR.

Entre las organizaciones étnico territoriales que tienen medidas cautelares en el marco de restitución de derechos territoriales, se encuentraron: COCOMASUR, COCOLATU, COCOPEMA, Resguargo de Chidima Tolo y Pescadito y Resguargo de Urada Jiguamiandó.

Pablo López, representante legal de COCOLATU comparte las conclusiones de este encuentro

 

 

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La vida de Mario Manuel Castaño Bravo fue definida por desplazarse y sobrevivir a la violencia, varias veces. Nació hace 55 años en Arboletes, Antioquia. Al Bajo Atrato llegó tras huir de la violencia de Córdoba y Sucre. Años después, en Chocó, a Mario y a su nueva comunidad los despojaron de sus tierras, nuevamente; este episodio doloroso lo convertiría en un líder reclamante. Mario murió el domingo pasado, 26 de noviembre de 2017, asesinado con disparos, frente a su esposa, hijos y nietos.

Mario era uno de los principales líderes del proceso de restitución de derechos territoriales en el Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó. Mario era reconocido por hablar fuerte contra las injusticias, por denunciar a los despojadores y por movilizarse con la población para denunciar y reclamar los derechos de todos.

Su historia en el Bajo Atrato inició en los años setenta, cuando llegó a la zona y encontró un territorio dominado por la selva. Su vocación de trabajo y la disciplina le permitieron asentarse y, junto a varios de sus familiares y compañeros, construyó los cimientos de lo que hoy en día es la comunidad de La Madre Unión.

Desde su llegada a esta zona del Urabá chocoano, Mario se caracterizó por su espíritu emprendedor y su capacidad de adaptación a la geografía agreste de la zona. Convivió con los negros que ocupaban la región desde 1940 y en el día a día, adquirió los conocimientos y prácticas tradicionales y construyó relaciones de hermandad, compadrazgo y trabajo comunitario hasta el punto de autorreconocerse como parte de la comunidad afrodescendiente.

En sus relatos se podía conocer de primera mano la forma en que las parteras recibían a los niños y cómo mitigaban los dolores de las madres con plantas tradicionales que buscaban en el monte. Mario contaba sus historias y con ellas se entendían las dificultades de aprender a recorrer los ríos en champa y canalete. Mario hablaba y se podía sentir la importancia de la solidaridad y el trabajo comunitario entre negros y mestizos para garantizar la supervivencia.

Así, con trabajo constante, consiguió la finca Árbol del Pan, un predio de 166 hectáreas en las que sembraba plátano, arroz y maíz, y cuidaba del bosque nativo, reconociendo la importancia de la conservación de sus “paisanos morenos”.

En el año de 1993 presenció la llegada de los primeros actores armados a la zona. La guerrilla de las FARC comenzó a hacer un trabajo político, invitando a las familias de la comunidad a afiliarse al partido y a participar de las reuniones informativas. Esta presencia se tornó violenta a tal punto que muchas familias tuvieron que abandonar el territorio para evitar las presiones existentes sobre los menores de edad para ingresar a la filas del grupo armado. Mario, como líder de la comunidad, se opuso a esta situación y enfrentó las presiones, lo que produjo que recibiera constantes amenazas en contra de su vida.

En 1997, los rumores de la entrada de grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado generaron gran temor en los habitantes de la zona. Mario se desplazó a la cabecera municipal de Ríosucio y allí permaneció hasta 1999, año en el que decidió volver a Árbol de Pan, la finca que había habitado durante 25 años. A su regreso, Mario encontró que Jesús Vergara Díaz figuraba como nuevo propietario y legítimo dueño de la finca, y que había transformado radicalmente el bosque que él tanto había preservado. Al interpelar a Vergara, Mario descubrió que su predio había sido vendido a este hombre y que, tras amenazas, debía firmar un papel en el que reconocía el negocio, si quería proteger su vida y la de su familia. Los 6’520.000 pesos que el comprador aduce haber pagado por el derecho de propiedad, jamás fueron entregados a Mario.

Ante la situación y la imposibilidad de recuperar su finca, Mario se desplazó, nuevamente, a una casa en la comunidad de Florida. En el año 2000, Mario inició un proceso público de denuncia en contra de los grupos paramilitares y las empresa ganaderas y palmicultoras que, aprovechando el contexto de violencia generalizada, lo despojaron a él y a cientos de familias más de los predios que habían habitado por muchos años. Esta lucha lo llevaría a ser uno de los líderes que participaría en la creación de la primera zona humanitaria en el Consejo Comunitario de Curvaradó, como una estrategia de resistencia y, bajo el derecho de las comunidades afrodescendientes, a permanecer y vivir en paz en su territorio.

Su lucha constante y valiente lo llevó a tomar la decisión de regresar, voluntariamente, a su finca. Dadas las constantes amenazas que él y los líderes reclamantes de la comunidad de La Madre Unión continuaron recibiendo después del retorno, sin acompañamiento del Estado, el 16 de diciembre de 2013, conformaron la zona de biodiversidad de La Madre Abajo.

A partir de esa fecha, Mario se convirtió en uno de los principales líderes reclamantes de tierras de La Larga y Tumaradó. Y con sus reclamos y su exposición pública llegaron nuevas y constantes amenazas, que se mantuvieron los últimos cinco años de su vida. Mario decidió despojarse del miedo y continuar con su trabajo, seguir denunciando a quienes se adueñaron de las tierras. El Consejo está en la espera de que la Unidad Nacional de Tierras radique la demanda de restitución de las 107 mil hectáreas de La Larga-Tumaradó. La lucha para Mario terminó por la fuerza, el domingo, con su muerte. Los demás siguen esperando, despojados de sus tierras y despojados de sus miedos.

 

Astrid Toscano

El Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumarado (COCOLATU), la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA), el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP), el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Apartadó lamentan y repudian el asesinato de Mario Manuel Castaño Bravo.