Porqué es importante la visita de la CIDH en medio de los abusos policiales y violación a los derechos humanos a un mes del Paro Nacional en la opinión de Alejandro Angulo y Víctor Barrera, investigadores del Cinep / PPP.

Después de la lluvia de críticas al gobierno colombiano por negarse a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la canciller Marta Lucía Ramírez dio hoy luz verde para que este organismo arribe a Colombia el próximo 7 de junio. La visita había sido solicitada en medio del SOS por la preocupante situación de derechos humanos donde se suman decenas de muertos, cientos de desaparecidos y miles de casos de agresiones en medio del Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril y cumplió un mes de movilización y respuesta represiva que incluye, además de uso excesivo de la fuerza y armas de fuego como se evidencia en videos y fotografías divulgadas ampliamente en la web por organismos defensores de derechos humanos, ongs y ciudadanos, la participación de civiles con armas apoyados por los policías, la desaparición y quema de personas, y el posible uso de propiedades privadas para centros de reclusión y tortura.  

“No se han tomado las medidas urgentes que requiere la gravedad de los casos”, explica Alejandro Angulo, , fundador y actual investigador del Banco de Datos y Derechos Humanos del Cinep / PPP, recalcando la importancia de la visita de la CIDH. Para Víctor Barrera, del equipo Conflicto, Estado y Paz del Cinep, esta visita “puede salvar la vida de decenas y centenares de personas que van a seguir siendo víctimas de violaciones de derechos humanos”. 

“Sería un factor disuasivo en un contexto donde estamos viendo una violencia estatal desbordada”, anota Víctor quien la considera necesaria precisamente porque hay un escenario de “creciente impunidad donde los organismos de control están siendo inoperantes”. Además, el Congreso no está en ejercicio pleno de sus funciones, lo que configura un escenario donde no hay condiciones institucionales para limitar los abusos que se están presentando. 

Las intervenciones de la Cidh, tanto medidas cautelares, como peticiones, o visitas a los países, etc., son necesarias cuando las autoridades de los estados no han tenido la capacidad o la voluntad de garantizar los derechos humanos, frenar las violaciones y hacer justicia”, explica Alejandro Angulo.

“Por esa razón, las organizaciones de víctimas colombianas acudieron a estas instancias internacionales, dado que el Gobierno y el Estado colombianos no han puesto freno a la situación de graves violaciones de derechos humanos, a pesar de que ya ha pasado un mes desde que comenzó el paro nacional; por el contrario, continúa la vulneración de la vida e integridad personal de la población de forma sistemática por parte de la Fuerza Pública y de algunos particulares armados que han actuado con impunidad”, agrega Angulo, sacerdote jesuita. 

Para el investigador, negar o postergar la visita “es una señal inequívoca de que no hay voluntad política de remediar las causas del descontento popular ni de atender a sus justos reclamos de que se cumpla la Constitución” y  “da pie para pensar que hay intención de ocultar los hechos y maquillar la negligencia institucional. Recuérdese cómo, el gobierno dictatorial de Videla en Argentina también quiso postergar de la visita de la CIDH para realizar modificaciones en los centros de detención clandestina y trasladar a los detenidos a una isla, con el objeto de que la Comisión no se diera cuenta de las atrocidades que se estaban cometiendo”.

Según Angulo, es necesario insistir en la veeduría y acompañamiento internacional ante la crisis en Colombia. Por ejemplo, “en ocasiones anteriores de ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”) la mediación de los organismos internacionales ayudó a poner algún freno a estos crímenes”. Según Angulo, en este momento es vital seguir insistiendo en la presencia de las instancias del Sistema Regional de DDHH. 

“Colombia no puede esquivar la responsabilidad de defender los derechos y la dignidad de su población. La situación es demasiado grave cuando incluso los defensores de derechos humanos se sienten desprotegidos y algunos de ellos han resultado agredidos. Frente a la desprotección de su dignidad por parte de su propio Gobierno el pueblo colombiano tiene el derecho y el deber de recurrir a la ayuda internacional en la defensa de sus derechos básicos”.

Víctor Barrera concluye que “la Corte sería la instancia más adecuada para esclarecer cuáles han sido los eventos y los patrones en las violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional en circunstancias donde el Estado está desconociendo los registros de organizaciones gubernamentales y parece que no está ofreciendo cifras transparentes”.

Por: Katalina Vásquez. Equipo de Comunicaciones CINEP / PPP.

 

Organizaciones de Colombia y Guatemala solicitan una audiencia pública a la (CIDH) sobre la criminalización contra defensoras y defensores del territorio, la tierra y el ambiente en el marco de la pandemia.

Veinticinco organizaciones sociales de Colombia y Guatemala solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia en su próximo período de sesiones que se desarrollará virtualmente del 21 de junio al 2 de julio. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH (Guatemala) y el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP / Programa por la Paz (Colombia), en alianza con otras ongs, dirigieron la solicitud a María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la CIDH en Washington, desde abril pasado. 

“En Guatemala y Colombia, la criminalización contra defensores/as de derechos al territorio, la tierra y el medio ambiente en contextos de transición como un fenómeno regional, es parte de un continuum de violencia que no terminó con la firma de los Acuerdos de Paz, sino que más bien mutó de manera considerable”, alertan los solicitantes de la audiencia que tiene por objeto  poner en conocimiento de la CIDH la grave situación de criminalización en contra de las personas defensoras de derechos al territorio, la tierra y el medio ambiente, en los países de Colombia y Guatemala, así como sus implicaciones en el marco de la pandemia generada por el Covid-19. 

Las organizaciones buscan presentar casos concretos de las graves situaciones y vulneraciones de derechos humanos en ambos países, a través de patrones sistemáticos de los procesos de criminalización de líderes/as, dirigentes comunitarios, étnicos, campesinos y defensores/as de derechos humanos, que reclaman y reivindican el legítimo derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente en Guatemala y Colombia. Y para ellos, primero, expondrán la caracterización y delimitación del fenómeno de la criminalización contra comunidades campesinas y afrodescendientes, pueblos indígenas y defensores del derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente y, su impacto en el marco de la pandemia generada por el Covid-19. Y en un segundo momento, mostrarán los principales patrones en los cuales se explica el aumento de la criminalización y su correlación con la vulneración de derechos fundamentales de las personas defensoras del derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente

En la solicitud se alerta sobre la preocupación por la violación a los derechos fundamentales a la protesta social, la libre expresión, y la defensa de los Derechos Humanos en Colombia y Guatemala en el marco de estados de excepción ocasionados por la pandemia, así como la expansión sin precedentes de las actividades extractivas como la minería, la extracción de hidrocarburos, la agricultura a gran escala, los monocultivos y la deforestación. 

Durante el año 2019 Colombia fue el país donde más se cometieron asesinatos contra defensores del medio ambiente en el mundo, y Guatemala el sexto, según informe de la ONG Global Witness de julio de 2020, señalan las ongs en la solicitud a la CIDH. 

A continuación la carta con la solicitud:

 

 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

Por: Comunicaciones CINEP / PPP

Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos solicitamos audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH para exponer nuestras preocupaciones respecto al desconocimiento de los estándares internacionales de justicia y reparación en las propuestas de los promotores del No.

Según Soraya Gutiérrez, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo "en la audiencia con la CIDH se quiere alertar sobre la impunidad en la que se encuentran los crímenes de Estado, las fórmulas de las campaña del No que buscan perpetuar la impunidad en relación con agentes del Estado y que se garantice que las víctimas tengan una participación amplia en todos los espacios de discusión como de implementación una vez se hagan los ajustes a los acuerdos". 

En rueda de prensa los voceros de las organizaciones expusieron los principales argumentos que afectan los derechos de las víctimas ante los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre, en este momento se hace imposible activar los mecanismos establecidos en el acuerdo, por lo que no se está haciendo un reconocimiento de lo pactado, avanzando por ejemplo en el desarrollo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Por su parte los promotores del No han reactivado la propuesta de un "alivio judicial" a los integrantes de la fuerza pública, si bien los miembros de las Farc-EP no son los únicos responsables de crímenes graves en contexto del conflicto armado, conceder "alivio judicial" significa mayor impunidad y afectación a los derechos de las víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales. “Consideramos que medidas que buscan proteger a los agentes estatales, a empresarios y políticos no favorece el derecho a la verdad de las víctimas y reitera un pacto de silencio e impunidad”, aseguró Diana Gómez, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Estado- Movice.

Según el informe ¡Basta Ya! del Centro de Memoria Histórica demuestra que la violencia ha estado alimentada mayormente por la responsabilidad colectiva de la fuerza pública e individual de varios de sus agentes. Delitos como la desaparición forzada, con 45.944 víctimas directas, son atribuidos a grupos paramilitares y agentes de la fuerza pública en el 84% de casos. Las ejecuciones extrajudiciales, que entre 2002 y 2010 dejaron 4.475 víctimas, son todas ellas responsabilidad de agentes estatales. Así mismo ocurre con los asesinatos selectivos en los que paramilitares y fuerza pública son responsables del 69% de los casos, o las 1.982 masacres cuya responsabilidad en el 56% de casos es atribuida a grupos paramilitares en asocio con la fuerza pública, autoridades civiles, y civiles financiadores del conflicto, mientras el 27 % de los casos son atribuidos a autores desconocidos y el 17% a las guerrillas.
 
Finalmente las organizaciones de víctimas hacemos un llamado para reconocer y avanzar en lo acordado en la mesa de La Habana, en el punto 5 de los acuerdos, para que las modificaciones respeten la centralidad y los derechos de las víctimas.