El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia a favor del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) ordenando al Estado reparación por las “chuzadas” ilegales que el antiguo DAS realizó en su contra. Estos hechos, que son de conocimiento público, vulneraron derechos como la intimidad, la seguridad personal, la inviolabilidad de documentos privados y correspondencia, y el buen nombre del Centro y de sus integrantes.

Esta persecución, de la que fueron objeto no solo el Cinep sino personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos de oposición de todo el país, ocurrió durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Desde 2011, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) demandó al DAS por considerar que las actividades de inteligencia ilegal que adelantaba dicha institución en contra del Cinep y sus integrantes atentaban contra sus derechos. Estas actividades incluyeron perfilamientos, interceptaciones ilegales de comunicación y actividades de seguimiento.

“Recibimos esta condena y posibilidad de reparación como un acto de justicia que, más de una década después, demuestra que los defensores de derechos humanos han sido históricamente estigmatizados y que sus derechos han sido violados”, asegura Martha Lucía Márquez, directora del Cinep. Para Gustavo Gallón, director de la CCJ, “la presente sentencia constituye una enseñanza para la sociedad y el Estado, y se convierte en un logro significativo en la protección de los derechos humanos; además, configura un precedente sustancial en la protección de los derechos de las organizaciones sociales”.

Para ambas organizaciones, que el Estado colombiano sea condenado y obligado a reparar a una organización social por perseguirla y estigmatizarla permite recordar que los gobiernos deben respetar el Estado social de derecho y garantizar los derechos fundamentales a toda la ciudadanía, incluidos sus críticos y sus opositores.

No obstante, persiste la preocupación por la ausencia de garantías para los derechos a la vida, a la movilización social y la paz en la actualidad, y por el respeto a las organizaciones sociales en el actual gobierno, del mismo grupo político de quienes hoy son declarados culpables, porque hechos como los que fueron objeto de la sentencia todavía se siguen presentando.

En el año 2019 la sede de la CCJ fue objeto de sobrevuelos con drones en dos ocasiones, mientras que Cinep y organizaciones sociales siguen siendo blanco de perfilamientos del Ejército, como reveló la Revista Semana en 2020*.

Además, recientemente ha habido espionajes y seguimientos recientes no solo a estas organizaciones sino en las sedes y casas de quienes promueven el derecho a la protesta.

En la sentencia SC3- 21032890 de segunda instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se refirió a la carpeta titulada “CINEP”, encontrada por la Fiscalía en una de las oficinas del antiguo DAS, como una de las pruebas allegadas al proceso. En esta había un registro fotográfico de los miembros del Cinep y sus actividades, identificación y establecimiento de sus contactos y amistades, seguimiento personal, ubicación de su residencia, y la completa individualización de sus abonados telefónicos.

El 25 de julio de 2019 el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá decidió condenar al extinto DAS, y en este caso a quien le corresponden las cargas procesales tras el desmantelamiento de este organismo de inteligencia, es decir, la Fiduprevisora. Esta entidad decidió apelar la decisión de condena el 5 de agosto de 2019, manifestando que “no existen derechos absolutos sobre la intimidad y buen nombre”. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que las actividades desarrolladas por el extinto DAS fueron cometidas dentro de un plan criminal claro, y que, pese a conocer la ilegalidad de las acciones, el organismo y sus directores determinaron la comisión de los ilícitos de forma institucional, produciéndose así la vulneración de derechos fundamentales.

Las sentencias condenatorias de primera y segunda instancia acogieron los planteamientos de la demanda interpuesta, entre ellos:
  • Que existió una gran operación de inteligencia al interior del DAS contra personas defensoras de derechos humanos, partidos políticos, periodistas, magistrados de altas cortes y organizaciones no gubernamentales.
  • Se probó que el DAS, a través del grupo G3, obtuvo información privada de los blancos objeto de la operación de inteligencia ilegal, interceptó correos electrónicos y abonados telefónicos ilegalmente y realizó seguimientos ilegales de los objetivos de esta gran operación.
  • Así mismo, se determinó que estas acciones no corresponden a los fines institucionales del Estado ni a la filosofía del Estado social de derecho, por lo que concluyeron que el daño era atribuido al DAS, entendiendo que no fue una acción individual sino un despliegue institucional.
El Cinep y la Comisión Colombiana de Juristas seguirán trabajando en pro de los derechos humanos en Colombia y denunciando la falta de garantías que existe en el país para ejercer la defensa de estos derechos.
 

Por: Comunicaciones CCJ y Cinep / PPP.

La violencia que se ha presentado en los últimos meses contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia es preocupante. Según el último informe de Somos Defensores, durante 2016 fueron asesinados 80 defensores de DD.HH. y otros 49 fueron víctimas de atentados contra su vida.

Según la Fiscalía, ya se están investigando 74 asesinatos reportados por la ONU entre 2016 y 2017.  Hasta el momento, no tienen evidencia de ninguna organización detrás de las muertes y se han efectuado cuatro condenas, se ha capturado a 56 personas por 17 de los homicidios y hay 73 personas vinculadas a las investigaciones.  Hablamos con Gustavo Gallón, fundador de la Comisión Colombiana de Juristas y  uno de los invitados al próximo Diálogos Cinep/PPP que se realizará el 3 de mayo a las 5:30 p.m.

¿Qué significado tiene la indiferencia de la sociedad en los casos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en nuestro país?

Gustavo Gallón: Yo no estoy tan convencido de la impunidad social. La hay en algunos sectores, por supuesto, más que en otros.  En el caso de Mario, Elsa y Carlos, yo creo que conmovió mucho a diversos sectores, y lo sigue haciendo, no todo lo que uno quisiera, pero en diversos escenarios en donde se ha conocido el hecho, ha impactado fuertemente. Y yo creo que, gracias a que no hay un nivel total de impunidad social, tengo la esperanza de que avancemos hacia una reducción de esta.

No es gratuito que en el acuerdo de paz se haya creado el Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación, orientado a hacer justicia, orientado a desarrollar los mecanismos de justicia relacionados con este tipo de crímenes.

¿Cuál es el rol de la ciudadanía frente a lo que está sucediendo hoy con el tema de líderes asesinados?

G.G: Es muy grave y puede echar a perder  el proceso. Es decir, podemos seguir en las mismas con un acuerdo de paz muy valioso, pero mientras no se enfrente decididamente el paramilitarismo, eso va a seguir ocurriendo. Lo que hay que hacer es exigir, que haya una política seria contra el paramilitarismo, y el acuerdo da herramientas para eso.

El acuerdo prevé la creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para enfrentar el paramilitarismo. Su objetivo es diseñar una política contra el paramilitarismo y supervisar su cumplimiento, y para eso tiene quince atribuciones, la posibilidad de revisar hojas de vida de militares, la posibilidad de dar pautas en materia de inteligencia, pedir informes a las autoridades acerca de qué están haciendo, etc. Todo eso hace parte de mecanismos muy bien pensados, pero  falta la voluntad, falta decisión, capacidad de superar la pesadez del estado para actuar, seguramente porque hay negligencia, seguramente porque hay complicidad por parte de algunos sectores.

Creo que se ha reducido el nivel de complicidad. Es decir hace diez o veinte años era más generalizada. En este momento, tengo la impresión de que no es generalizada, hay sectores del estado, especialmente los de seguridad, que no están con el paramilitarismo. Mientras que hace 20 años no tengo la duda de que la gran mayoría estaban metidas en ello.  Pero la tarea es difícil. Creo que hay que fomentar la acción ciudadana, el reclamo por parte de las organizaciones sociales  de derechos humanos y de derechos de víctimas. Que afecta a las víctimas, pero también a  la sociedad en su conjunto, porque no podrá avanzar.

A propósito de los 20 años del asesinato de Mario Calderón, Elsa Alvarado y Carlos Alvarado, en el próximo Diálogos Cinep/PPP discutiremos sobre la justicia en los casos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados.

Invitados:

  • Camilo Borrero, Universidad Nacional.
  • Gustavo Gallón, Comisión Colombiana de Juristas.
  • Luz Marina Monzón, abogada.
  • Javier Giraldo, S.J. Banco de datos de DD.HH del Cinep/Programa por la Paz.

Moderador:  Alejandro Angulo, S.J.  Banco de datos de DD.HH del Cinep/Programa por la Paz.

Día: 3 de mayo

Hora: 5:30 p.m -  7:30 p.m

Lugar: Carrera 5 N° 33 B 02

Entrada Libre

Inscríbase en: http://bit.ly/2qpDMN7

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones