Comunidades de López de Micay, Timbiquí, Guapi y la zona rural de Buenaventura suspendieron su participación en el proceso PDET del Pacífico Medio, región de la que hacen parte, hasta que se garantice su participación y avances efectivos en  la implementación en la subregión.

Desde el 29 de septiembre las comunidades adscritas a la subregión PDET del Pacífico Medio,  integrado por los municipios de López de Micay, Timbiquí, Guapí y Buenaventura zona rural declararon una suspensión total de toda actividad en el marco de la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), uno de los compromisos del Acuerdo de Paz, y pidieron una reunión con entes estatales y garantes para abordar sus demandas y plantear soluciones. 

En entrevista con Cinep / PPP, Wisne Hinestroza, delegado de la Mesa Técnica Distrital de la zona rural de Buenaventura, explica las razones para esta suspensión y los tres puntos que plantean las comunidades para reiniciar el proceso.

¿Cómo valoran la implementación del PDET en la subregión del Pacífico Medio?

Desde la firma del pacto subregional el 16 de febrero de 2019, dejamos en la Agencia de Renovación del Territorio (ART) unas iniciativas que invitaban a la creación de unas mesas técnicas subregionales para hacer seguimiento a la implementación del PDET, para ello se crearon mesas municipales para hacer ese seguimiento. Hoy por hoy se pudo conformar la mesa subregional que tiene la delegación de cada uno de los municipios para hacer el seguimiento a la implementación.

En el inicio del proceso hubo una participación comunitaria muy importante, porque nosotros fuimos quienes construimos el documento, se recogieron las iniciativas de acuerdo a la armonización entre los documentos propios de cada comunidad. Avanzamos en la construcción de planes y en la asamblea que permitió llegar a presentar las iniciativas.

¿Qué problemas están enfrentando para avanzar ahora?

En la actualidad las comunidades han sido relegadas del proceso porque casi no participan, sólo son convocadas para una que otra reunión para trabajar hoja de ruta, mecanismos de consulta, talleres virtuales, pero en la reunión para trabajar el Plan de Acción 2021 no se convocó a las comunidades, entonces no participamos de forma directa.

Adicionalmente, nosotros como Pacífico Medio teníamos una coordinación que estaba encargada pero no nombrada, cuando se inició la implementación nos unieron con el PDET de Alto Patía – Norte del Cauca. Es decir hoy tenemos una sola coordinación, y todas las decisiones que toman para el Pacífico Medio se deben consultar con el coordinador de Alto Patía – Norte del Cauca.

Sentimos que así se viola el Decreto 893 que crea las diferentes subregiones: si hay dieciséis subregiones PDET, deben haber dieciséis coordinaciones. 

No nos parece que se una una estructura administrativa a otra, porque a la hora de la implementación hay problemas, ejemplo puntual: El PDET del Alto Patía - Norte del Cauca ha logrado inversiones y acá no lo tenemos; en cuanto a obras por impuestos allá tienen once y acá no tenemos ninguna. Entonces sentimos que la gestión se ha quedado allá.

Al tener una coordinación directa nosotros creemos que podemos tener una mayor capacidad de gestión, y hoy los resultados de acuerdo a las inversiones que hay nos dicen que sí es necesario tener una coordinación que sea autónoma.

A ello se suma que el avance de los proyectos ha sido muy lento, y hay dificultad para que sean aprobados. Entonces, parece que tampoco hubiera voluntad de parte del Estado para sacar adelante los proyectos para estas zonas. Actualmente no tenemos ni un proyecto en nuestra Subregión PDET.

Vamos a llegar a 3 años de haber firmado el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) y nuestras comunidades siguen esperando obras, realmente estructurales, y eso es lo otro: uno de los objetivos era cerrar las brechas entre el campo y los cascos urbanos, entonces se supone que vamos a trabajar proyectos de envergadura. Pero las decisiones no se han tomado con la comunidad.

¿Qué soluciones plantean a estos problemas?

Las comunidades no vamos a participar en ninguna actividad que sea en el marco de los PDET hasta que logremos concertar unos puntos que establecimos:

  1. Descentralización del PDET Alto Patía.
  2. Que se reconozca a la mesa subregional creada por las autoridades étnicas, porque nosotros somos delegados por ellos y somos quienes debemos ser convocados para legitimar las decisiones.
  3. Que haya un plan de choque, de estructuración y aprobación de los proyectos, porque este PDET al ser el de menos inversión debería tener un recurso que permita asegurar recursos.

Hoy tenemos una experiencia con el consorcio que se ganó una licitación para las obras PDET y hay municipios como en el caso de Timbiquí o Guapi que aún, después de casi tres años, no han empezado la construcción de las Obras PDET. Aquí en Buenaventura hace un año estamos en ese dilema porque no les habían consignado el recurso.

Si esas obras de menor impacto y menor cuantía, que eran las que iban a mostrar la presencia del Estado en los territorios tienen tanta complejidad y han sido tan difíciles de implementar, imagínese los proyectos de envergadura. Entonces necesitamos un equipo que quiera avanzar. Hoy en día estamos muy rezagados. 

Y se quiere transmitir ese rezago a los entes territoriales porque la Agencia de Renovación del Territorio (ART) sólo articula, pero quien tiene que cumplir a las comunidades es el Gobierno. 

Además acá no se tiene en cuenta que este PDET es cien por ciento étnico, y debería involucrar en sus equipos de trabajo a personas que conocen de las dinámicas regionales, pero en los espacios de reunión vemos a personas que vienen de afuera de los territorios. Sumado a ello necesitamos poder estructurar, hacer seguimiento y un plan de aprobación a los proyectos.

De otra forma, se nos van a ir los 15 años y ni siquiera vamos a tener Obras por Impuestos.

Por eso nosotros le pedimos a la ART que convoque a una reunión con personas con capacidad de decisión como el consejero Emilio Archila, que puedan permitir una solución a las dificultades y también pedimos unos garantes que puedan ayudar a encontrar una salida. Esta convocatoria fue en septiembre, pero nosotros no vimos claridad sobre quienes van a venir; el pasado 6 de octubre les pedimos claridad sobre esto porque la reunión era para el 13 de este mes y no llegaron. Por eso nosotros requerimos un nuevo encuentro.

Le invitamos a consultar los informes generales de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) que incluyen la revisión sobre el estado de la implementación en las subregiones PDET de Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacífico Medio en: https://www.cinep.org.co/Home2/temas/secretaria-tecnica.html.

Por Juanjosé Gutiérrez. Equipo  de comunicaciones Cinep / PPP.

 

Esta semana en los #DiálogosCinep se encontraron voces desde Cauca, Buenaventura, Cartagena y Bogotá para hablar sobre su Mirada socioeconómica de la pandemia en Colombia con la moderación del médico y activista Víctor de Currea-Lugo. Estas son sus principales ideas. 

“Las balas acaban más vidas que la pandemia en el Cauca”, expresó Guido Rivera, coordinador suroccidente de la Coordinadora Nacional Agraria, a un año de que el Gobierno decretara el Estado de Emergencia por cuenta de la pandemia de la covid-19 en en el marco del diálogo Cinep “Mirada socioeconómica de la pandemia en Colombia”. 

Lucy Sosa, integrante de la Asociación de Mujeres, Derechos y Paz, sostuvo que “la pandemia no trajo pobreza a los territorios” sino que la agravó porque la economía en Cartagena está marcada por la informalidad, y tras los confinamientos decretados por la emergencia sanitaria “el pueblo cartagenero está padeciendo física hambre”. 

María Miyela Riascos, integrante de la Pastoral Social en Buenaventura, reafirmó lo señalado por Lucy al subrayar que en el puerto antes de la pandemia tenían cifras de 66% de pobreza multimodal, y tras la aparición del virus estos problemas se profundizaron hasta en un 30%. Todo ello, afirmó, en una ciudad que “moviliza el 60% de la mercancía que entra y sale del país”.

Además, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, resaltó que el Gobierno está próximo a presentar una reforma para cubrir el hueco fiscal que actualmente tenemos pero, que “abrió el mismo Gobierno en 2018, cuando recortó impuestos a las grandes empresas”. En ese sentido, sostuvo que bajo el argumento de solventar algunas de las medidas económicas tomadas en medio de la pandemia, el ejecutivo pretende que olvidemos estos recortes billonarios de impuestos al capital, y que los financiemos poniendo a tributar más a las personas. 

Esta situación la calificó como injusta e innecesaria, al asegurar que “en Colombia hay un grupo de población con suficientes ingresos para ser solidario en momentos de pandemia”. Por lo tanto, dijo que era necesario modificar el sistema de tributación para que fuera más progresivo, haciendo que las personas de más altos ingresos en el país fueran gravados con mayor equidad, garantizando la financiación de propuestas como la renta básica. 

“Si subieramos nuestro nivel de tributación al promedio de América Latina nos alcanzaría para una renta básica que pusiera a los colombianos por encima de la pobreza monetaria”, sostuvo el experto en economía, y concluyó que por eso es importante que las voces de quienes entienden esta realidad desde los territorios sean escuchadas. 

Encuentre el conversatorio en Facebook, o en Youtube:

Por Juanjosé D. Gutiérrez  R. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

¿Sobre qué trata el artículo?

La idea del artículo es pensarse a Buenaventura como un escenario que presenta una serie de retos en el marco del posacuerdo. De manera particular intentando hacer una lectura crítica alrededor de lo que significan los acuerdos y la idea de paz que está detrás de ellos. Porque si bien hay un interés y los acuerdos son un escenario muy alentador para el país, también traen una serie de limitaciones que en el caso de un municipio que históricamente ha sido una zona periférica del país, vale la pena pensarse.

¿Cómo nace este artículo?

Yo vengo trabajando más o menos hace dos años en el municipio de Buenaventura, primero como producto de una investigación de la universidad y luego fue un interés personal que se fue fortaleciendo con el paso del tiempo y en el marco de esa investigación surgía la pregunta de cómo pensarse Buenaventura en una coyuntura como la actual.

¿Por qué la gente debería leer este artículo?

Creo que es importante no solo leer el artículo sino toda la revista, porque los últimos cien días en la coyuntura nacional han sido bastantes movidos, no solo por las amenazas y asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos, sino también por la movilización social radicalizada y exacerbada que se ha visto. Es el ejemplo del paro en Chochó, el paro en Buenaventura e inclusive las movilizaciones del magisterio y de diversos sectores. Con relación a lo que presentan los medios, creo que hay una invisibilización respecto a la crisis estructural que vive Buenaventura que no solo es una manifestación esporádica, sino que es un acumulado de factores que vienen gestándose desde hace varios años y que demuestran no solo la falta de presencia institucional, sino la corrupción y la presencia de actores armados.

¿Cuáles son los puntos clave del artículo?

Yo creo que son tres. El primero es la dicotomía entre un concepto de paz totalizante y una apuesta por pensar la paz en plural, Las paces. El segundo es hacer énfasis en que si bien en el marco del conflicto armado hubo muchas víctimas, es importante destacar el papel de los actores y de las empresas privadas como un actor generador de violencia. Y el tercero serían los retos que representa la implementación de los acuerdos, sabiendo que el discurso en sí mismo tiene una plataforma de paz liberal que representa un imaginario de desarrollo que se implementará en cada uno de los municipios del país.

 
 
 
 
Miguel Martínez
Equipo de Comunicaciones