En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, Dihc y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. Así lo revela el Informe de Ddhh del Banco de Datos del CINEP / PPP presentado hoy en el conversatorio y rueda de prensa 'El Oro y las balas' con Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Colombia sigue en noche y niebla. El Informe de Derechos Humanos y Violencia Política que realiza el Banco de Datos del Cinep y fue presentado este 27 de mayo, da cuenta del dolor y victimización que viven los campesinos, indígenas, obreros, personal LGBTIQ, defensores del medio ambiente, y en general las comunidades olvidadas y aporreadas históricamente. Hoy las víctimas más numerosas son personas y organizaciones con menos visibilidad. Ya no son las cabezas de fila de grandes sindicatos, movimientos nacionales campesinos o estudiantiles o fuerzas de izquierda alternativa.

Así se dio a conocer en el conversatorio y rueda de prensa “El Oro y las balas” que dio cuenta del panorama nacional de derechos humanos, desde la mirada del Banco de Datos, así como de la difícil situación que sobrellevan los campesinos en Sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño, quienes están más vulnerables en medio del confinamiento. La conversación, citada en YouTube precisamente debido a la cuarentena, comienza con la noticia del asesinato de Edwin Acosta en Tuquisio, Sur de Bolívar, líder minero de la zona que, como los voceros que dieron su testimonio en la rueda de prensa, trabajaba en defensa del agua, la tierra y la vida. En la conversación participaron Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Los líderes sociales denunciaron que las grandes multinacionales ejercen la explotación minera y violan los derechos humanos en sus territorios y comunidades. El bajo Cauca y Nordeste Antioqueño sufren dicha explotación desde hace más de 30 años. Allí, según narró Narciso Beleño en vivo con la presencia de medios de comunicación y más de 500 personas conectadas, el pequeño minero artesanal es tratado legalmente como las grandes multinacionales que explotan el oro y es catalogado como ladrón y testaferro de este mineral.

El Bajo Cauca antioqueño sigue siendo territorio de grupos paramilitares, quienes todo el tiempo se disputan el territorio, afectando a sus habitantes por medio de asesinatos, amenazas y desapariciones. Según lo hablado en el conversatorio, hay una plena relación entre el oro y las balas en el sur de Bolívar, que enfrentó el exterminio del paramilitarismo para beneficiar a multinacionales como la Anglo Gold Ashanti.

El gobierno nacional tiene en total abandono a estas subregiones del país y apoya a las grandes multinacionales extractivistas.

Además, miembros del Ejército Nacional se encuentran involucrados en varios asesinatos de campesinos de la región. Hacen operativos sin asumir las consecuencias de estos hechos, tal como se señaló en el conversatorio relatando los casos de asesinato de Ariolfo Sánchez; campesino en Anorí, Antioquia, y otros tres heridos el 26 de mayo en río Guayabero, ambos casos en operativos de sustitución forzosa de cultivos de uso ilícito.

En el espacio se detalló que los líderes sociales siguen siendo blanco de ejecuciones, amenazas y atentados en un porcentaje importante. Según el Informe que presentan las revistas Noche y Niebla No 59 y No 60, correspondiente al período entre el día 01 de enero y 31 de diciembre del año 2019, los líderes ejecutados ascendieron a 82, los amenazados fueron 102 y los que sufrieron algún tipo de atentado suman 57.

En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, al derecho internacional humanitario y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. La fuerza pública fue el principal represor de las protestas sociales y de la exigibilidad de derechos. Además, 522 personas perdieron la vida por medio de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos u homicidios en el año 2019, y se dieron 7 “falsos positivos” por parte del Ejército.

Alejandro Angulo, sacerdote jesuita e investigador del Banco de Datos, señaló que el paramilitarismo ha matado a más gente en dos meses que la pandemia del COVID-19. Y que el narcotráfico, la ganadería extensiva y la agroindustria son los principales abusadores de las comunidades, provocando graves violaciones de derechos humanos.

“No existe en Colombia un sistema judicial que garantice la vida de las personas. Por el contrario es garante de la impunidad en un gran porcentaje”, explicó Angulo.

Por otro lado, Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP/PPP, se preguntó qué acciones pueden permitir que la presencia del Estado en las regiones no se manifiesten únicamente con la fuerza o la acción represiva. Para Guerrero, se necesitan transformaciones políticas y de fondo relacionadas con la economía y la participación. Manifestó además que el informe de Noche y Niebla "es un esfuerzo por hacer visible la crítica situación de violación de derechos y reducir la vulnerabilidad de las víctimas, porque cuando esto no se conoce, se cubre y se blinda a los victimarios y se motiva la continuidad de los crímenes".

Otro sector que ha sido victimizado de manera ascendente es el conformado por desmovilizados de la insurgencia que se acogieron al proceso de paz. En el año 2019 fueron asesinados 25 desmovilizados, mientras que 11 de ellos fueron víctimas de atentados o amenazas contra su vida

¿Esto es un país de buenos muchachos o una guarida de asesinos constitucionalmente asentados?, se preguntó Angulo. Las pérdidas humanas no se recuperan de ninguna manera pero nadie hace ningún esfuerzo por evitar que sus habitantes sean exterminados, agregó.

Vanessa Álvarez, de la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, señaló que las regiones del sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño se encuentran en una crisis humanitaria en este momento debido al desplazamiento, amenaza y asesinato de sus pobladores. El fenómeno paramilitar en alianza con Fuerza Pública es algo que afecta directamente a los líderes y lideresas sociales de la región. Es más rentable el oro que la cocaína para las mafias que controlan la economía de la región.

Más de 500 hombres pertenecientes a la fuerza pública se encuentran en esta región del país y esto ha incrementado los asesinatos y desplazamientos del sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño y nordeste antioqueño.

Además, los daños ambientales por el uso de mercurio en la explotación de oro en la región del sur de Bolívar, son incalculables diariamente.

Preocupa que la dinámica actual de la violencia político social conduce a la impunidad. La estrategia de ocultamiento de la verdad nos muestra que las víctimas más numerosas están ahora en personas u organizaciones con menos visibilidad. "La clave para evitar la continuidad del genocidio es la solidaridad, para ganar el proyecto del bien común", dijo el padre Alejandro Angulo.

Las víctimas más numerosas están ahora en campesinos de veredas humildes, en integrantes de resguardos indígenas, en personas LGBTIQ, en obreros, en marginados, en reclamantes de tierra, en integrantes de mesas de víctimas, en miembros de comités defensores del medio ambiente, de opositores a mega proyectos depredadores o a empresas de minería o hidrocarburos que usurpan y envenenan las fuentes de agua.

En este enlace encuentra el conversatorio completo: https://youtu.be/__YJ1255AuA

En el siguiente enlace encuentra la Revista Noche y Niebla 60 con el Informe de Ddhh 2019: https://www.nocheyniebla.org/?p=1552

 

Por: Alejandro Burgos y Katalina Vásquez G.

De 1988 a 2018 el departamento de Caquetá vivió 355 episodios donde se denunciaban prácticas consideradas violaciones a los derechos humanos y violencia política, entre ellas estaban 199 casos de ejecución extrajudicial, 225 casos de tortura, 1440 desplazamientos forzados individuales, 177 heridos, muchos de estos perpetrados por los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) y 28 casos de desaparición forzada (Caso Tipo 15). Visibilizar casos como el de Caquetá es el objetivo de la Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política a la que pertenece el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP).

La idea de crear un banco de datos surgió a raíz de los altos niveles de violencia, los procesos de genocidio y el exterminio de fuerzas políticas como la Unión Patriótica; con el fin de denunciar y sistematizar la información sobre violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), además de hechos relacionados con el conflicto social ya que nadie realizaba esta labor. Desde 2005, se han conformado Bancos de Datos de Derechos Humanos en diferentes regiones del país con la ayuda y el trabajo del jesuita Javier Giraldo Moreno, movimientos de origen popular, investigativo e incluso religioso. De esta manera, se consolidó la Red Nacional de Bancos de Datos, como un proceso organizativo y colectivo integrado por organizaciones como la Corporación Caguán Vive, la Fundación Orlando Fals Borda, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, entre muchos otros.

En su dedicación por reconocer los diferentes hechos violentos en Colombia, la Red redactó una guía pedagógica que ayuda a sistematizar la cruel realidad colombiana, expresada en sus manifestaciones de violencia política y social que han azotado a las regiones a través de la historia del país. El Marco Conceptual es el instrumento con el que las organizaciones aliadas configuran, caracterizan y leen los hechos violentos de sus territorios. Además, define las categorías de violencia con ayuda de diferentes convenios y protocolos internacionales, lo que permite la objetividad de los hechos. Es la pauta para empezar a construir la memoria de las víctimas.

A partir de la creación de este Marco Conceptual en 1996 y actualizado en 2018, se dio paso a la revista Noche y Niebla donde se publican y registran las múltiples violencias y violaciones a derechos humanos de estas regiones. “Noche que oculta la verdad y Niebla que disemina la responsabilidad”, es el sentido de la revista.  Noche y Niebla también publica informes especiales catalogados como Casos Tipo que recogen hechos en regiones específicas que, por su contexto histórico social, sus actores, el rol de los medios de comunicación, la respuesta a las víctimas por parte de las instituciones gubernamentales, el papel del Estado y otros factores, permiten identificar patrones especiales en lo ocurrido. Desde 2003 se han publicado 15 Casos Tipo, algunos alrededor de las historias de Bojayá, la comuna 13 de Medellín y San José de Apartadó.

La cobertura territorial que tiene la Red permite ofrecer un panorama nacional y su cercanía con las comunidades, brinda confianza y credibilidad sobre la información que recauda. No es simplemente registrar el hecho sino comprender las realidades, ayudar a escribir y construir la historia del país a través de la realidad regional. Como lo mencionó Jerry Garavito en el marco de la VI Asamblea de la Red “Documentar los hechos, las historias desde las víctimas y la presencia regional del Banco es lo que ayuda a visibilizar la situación”. Sin embargo, la visibilidad de los casos no es suficiente, la Red propende también a la reducción de esa vulnerabilidad de las comunidades y al desescalamiento de los hechos violentos.

La Red ha sobrepasado diferentes obstáculos en su lucha por defender y visibilizar los derechos humanos. Ha sido víctima de presiones en cuanto a su contexto de acción y algunos colaboradores de los Bancos de Datos se han tenido que enfrentar a montajes jurídicos de amenaza y señalamiento por su labor en defensa de los derechos humanos. Al tiempo que afronta estas acciones adversas la Red es ampliamente reconocida por sus labores y publicaciones, por ejemplo, en el último Informe Anual de Derechos Humanos en Colombia que elaboró la embajada de Estados Unidos, el trabajo de los Bancos de Datos fue referenciado cuatro veces en torno a temas de tortura y tratos crueles, y detenciones ilegales y abuso físico. Esto demuestra la importancia que hay alrededor de las investigaciones que se hacen conjuntamente con las organizaciones regionales, pues de esta manera es como se logra el posicionamiento de las víctimas, que son el eje central de la Red.

Además de ser un espacio que trabaja y se construye de manera permanente la Red Nacional del Bancos de Datos hace un ejercicio fundamental de construcción de memoria histórica. Alrededor de la compilación de los datos en las regiones se reivindica el relato de todo un territorio, sus dinámicas políticas, sociales, económicas, étnicas y mucho más. Esta labor permite reconocer la diversidad del país desde una mirada analítica y sobrecogedora que a la vez se convierte en un proyecto social de incidencia en las políticas actuales. Sus acciones de memoria no solo se basan en la recopilación de información histórica de las regiones, sino también en los actos simbólicos que se realizan para recordar los crímenes hacia líderes o comunidades. Ejemplo de ello es el caso de la peregrinación en Trujillo, Valle del Cauca, por el asesinato de más de 200 personas entre 1986 y 1994, además del asesinato del padre Tiberio Fernández, por denunciar la barbarie que ocurría en el territorio.

Actualmente, son muchos los casos de hechos violentos y violaciones a derechos humanos que se comenten en el país y un gran número de ellos están en las sombras, ocultos bajo la complicidad de sus diversos actores. Sin embargo, aún queda la memoria de las víctimas que sobreviven, los testigos que deciden denunciar, aún en el silencio de las voces que han callado hay algo por contar. El esfuerzo conjunto es la clave para reivindicar la historia de las comunidades y regiones que se resisten a vivir en un país violento, ausente e impune.

 

María Fernanda Vera*
Equipo de Comunicaciones 

 

*Este artículo fue publicado originalmente en la edición de Septiembre de la Revista Jesuitas Colombia

 

“No más militares en Catatumbo”, piden las organizaciones sociales de la región

Ante el crecimiento de la violencia en Catatumbo y Cúcuta, en días pasados el Gobierno nacional anunció el aumento de la militarización de la región, que ya cuenta con 12.000 soldados y 4.000 policías. Organizaciones de la zona se declararon altamente preocupadas por la medida, lo hicieron en la rueda de prensa del informe “Catatumbo: La guerra sin tregua” que elaboró Cinep/PPP.

“En una zona con 12.000 militares y 4.000 policías, que cuidan 48 pasos y trochas fronterizos, se han reactivado los tráficos ilegales, en especial el de personas hacia el interior de Colombia y el sur del continente; 49 líderes sociales fueron amenazados, 10 asesinados y 5 secuestrados; se registraron 350 casos de desaparición forzada, 70 de ellos en la frontera; 29 civiles han sido secuestrados, tres en los últimos once días. Todo ese pie de fuerza y seguridad y no hay información de quién está cometiendo los delitos y el 99% de las denuncias no tiene una sola respuesta”, explicó Wilfredo Cañizales, director de la Fundación Progresar.

La mayor preocupación de las organizaciones locales como la Fundación Progresar y el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) es la orden dada por el Gobierno nacional de aumentar la militarización de la zona, ya que el 20 de octubre se activaría una nueva fuerza de tarea rápida para la región. Esta medida ha sido implementada en ocasiones anteriores como en diciembre de 2017 cuando llegaron 6.000 hombres del Ejército a seis nuevos batallones, pero el empleó de dicha estrategia usualmente ha contraído altos picos de violencia.

¿Qué está pasando en Norte de Santander?

En el primer semestre de 2018, las cifras sobre violencia, tanto en Catatumbo como en Cúcuta, duplicaron los registros del mismo periodo en los años anteriores del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, según el informe “Catatumbo: La guerra sin tregua” que Cinep/PPP presentó con la revista Noche y Niebla No. 57. De enero a junio de este año se registraron 599 víctimas y 656 casos de vulneración a derechos humanos y DIH en todo el país, 91 de ellos ocurrieron en Catatumbo.

El aumento de la violencia en Catatumbo se debe a enfrentamientos entre las guerrillas del ELN, el EPL y otros actores por el dominio de la zona, como parte del conflicto armado. Es decir, en Catatumbo hay un aumento en las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC) como parte de las acciones en la guerra entre guerrillas, grupos armados ilegales y fuerza estatal.

En Cúcuta el panorama es diverso, pues los responsables de la violencia son grupos paramilitares, bandas criminales como los Rastrojos y las Águilas Negras, que controlan los tráficos y a la población. En el caso de Cúcuta, lo que se presenta es una permanente vulneración a los derechos humanos, en un escenario en el que no hay conflicto, pero sí violencia reiterativa.

La dinámica violenta se ve impulsada por la presencia de carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, que son los mayores compradores de la droga producida o transportada en la región. Esto sumado a la crisis de la migración venezolana que, como lo explicó Cañizalez, “ha facilitado que grupos paramilitares y Rastrojos sean integrados y recluten principalmente a menores venezolanos, además de que ha habido un aumento de desapariciones forzadas de venezolanos y que el tráfico de personas ahora sea de Venezuela hacia Colombia”.

El periodo revisado es el tercero más violento en Catatumbo desde 2010 y ha superado el promedio histórico semestral de casos. Los municipios más afectados hasta ahora han sido Tibú, Teorama y El Tarra.
  

Durante la Sexta asamblea Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia política, defensores de diferentes regiones del país discutieron sobre las violaciones a los derechos humanos, las causas de amenaza más frecuentes, así como la importancia de la presencia del Banco en las regiones y el papel de los defensores de cara a la implementación de los acuerdos. 

 

 

Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/Programa por la Paz renueva su marco conceptual.

Los casos de tortura a presos por parte de miembros de la fuerza pública crecían en los años 70. Ya para la década del 80 las torturas se convirtieron en desapariciones forzadas y ejecuciones  extrajudiciales. Ante dichos sucesos y la necesidad de explicar a la comunidad internacional y a Colombia  las graves violaciones a los derechos humanos que estaban sucediendo, en 1988 nace el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política como una iniciativa del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz quienes empiezan un proceso de sistematización y documentación de casos de violencia política.

Desde sus inicios el mecanismo de registro de hechos violentos se hizo a través de categorías sociológicas muy simples: “asesinatos políticos” refería a las muertes violentas que buscaban reprimir posiciones ideológicas o políticas y que se identificaban por las características de la víctima o del victimario se; y  “asesinatos presumiblemente políticos”, cuando las causas no eran contundentes. Se registraban también las desapariciones forzadas, las torturas, crímenes de “limpieza social”, acciones bélicas y muertes en combate.

Durante el proceso de ajuste de las categorías se ensayaron diferentes metodologías y criterios de clasificación, entonces el Banco de Datos se dividió uno quedó en Cinep (que se apoyaba en los casos judicializables) y el otro en Justicia y Paz (que recogía todo lo que se lograba recaudar con las víctimas, prensa y organizaciones). Finalmente, en 1996 con la aparición de la revista Noche y Niebla y tras un año de debate entre las organizaciones, se definió un único marco conceptual, las categorías cobraron mayor rigurosidad y se pusieron de acuerdo con seguir instrumentos internacionales que definen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados.

Con las modificaciones que a comienzos de siglo tuvo el derecho internacional y ante el carácter interno del conflicto colombiano,  el Banco de Datos se dio a la tarea de revisar sus protocolos. Según Javier Giraldo, S.J. “surge la petición de que se explore en el derecho internacional consuetudinario unas normas que tengan más alta aplicación, ya que este es un derecho internacional  no que firman los Estados, es una recopilación de normas universalmente reconocidas ”. Finalmente, en 2016 se inicia el proceso de actualización, ajustes y correcciones . En esta versión, “hay ganancias porque se está sujeto a la norma universal, se gana en muchos aspectos”, aseguró Giraldo.

En la Sexta Asamblea de la Red Nacional de Bancos de Datos se presentó la reformulación del marco conceptual en su capítulo sobre las Infracciones Graves al Derechos Internacional Humanitario, para adoptar textualmente las definiciones del informe del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el Derechos Internacional Consuetudinario.

Con los ajustes al marco conceptual se quiere ampliar el espectro de análisis para un eventual escenario de posconflicto y así poder tener más herramientas para leer la guerra y las dinámicas del conflicto. 

  

Jennipher Corredor
Equipo comunicaciones