En un documento, organizaciones sociales y de Derechos Humanos pertenecientes a la Red Llano y Selva expresaron su preocupación frente a la crisis que se presenta en la Región Orinoquía y que se ha profundizado en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica. Compartimos el informe completo.

 

En la Región de los Llanos Orientales y la Orinoquía, compuesta por los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Meta y Vichada, la grave situación de derechos humanos se ha profundizado en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica provocada por la pandemia del Covid-19. El aislamiento obligatorio y las medidas de “distanciamiento social” no han impedido que sigan ocurriendo hechos de violencia tales como amenaza, persecución y asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC; así como acciones que atentan contra la tranquilidad y el buen vivir de las comunidades. Como organizaciones sociales de derechos humanos, articuladas en la Red Llano & Selva2, expresamos nuestra preocupación y hacemos un llamado de exigencia al Gobierno Nacional y de seguimiento a la comunidad internacional.

Estos hechos de violencia y graves violaciones a los derechos humanos, perpetradas por grupos armados que circulan libremente por el territorio ejerciendo control, imponiendo la restricción de tránsito, el empadronamiento y la extorsión, son de conocimiento público y han sido documentados por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 017 de 2020. Esta alerta advierte sobre los riesgos para la vida y la seguridad en los municipios de Puerto López, Cabuyaro y Puerto Gaitán, en el marco de la pandemia, especialmente por la presencia de estructuras sucesoras del paramilitarismo desde finales del 2019 y hasta la actual coyuntura.

Adicional a lo anterior, la profundización de la crisis económica y social, bajo la restricción social y comercial, implicó un cambio en la dinámica económica cuyas afectaciones son diferenciadas y por tanto aumentan la vulnerabilidad, especialmente de las comunidades campesinas e indígenas históricamente excluidas.

En los informes que ha elaborado la Red Llano & Selva, el último de ellos presentado a la Comisión de la Verdad, se ha encontrado un estrecho vínculo entre el accionar de estos grupos armados, sucesores del paramilitarismo, y los fenómenos del desplazamiento forzado y despojo de tierras, lo que constituye un antecedente del alto grado de vulnerabilidad en que se encuentran comunidades campesinas e indígenas frente a la medida de aislamiento obligatorio, así como frente a la permanencia de la violencia en sus territorios.

A continuación el documento completo:

El movimiento Defendamos la Paz ha enviado una carta dirigida a Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General Misión de Verificación de la ONU en Colombia, como protesta frente a la instrumentalización de la pandemia para minar el Acuerdo de Paz y ocultar la inacción del Gobierno respecto a su implementación. A continuación la carta completa.

 

Bogotá, 28 de abril de 2020

Señor
Carlos Ruiz Massieu
Representante Especial del Secretario General
Misión de Verificación en Colombia
NACIONES UNIDAS
Ciudad


Apreciado Señor Ruiz Massieu:

Nos dirigimos a usted para compartir nuestra preocupación y, a través suyo, alertar al Secretario General y a los miembros del Consejo de Seguridad sobre las embestidas en contra de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia en tiempos de coronavirus.

Como movimiento Defendamos la Paz, elevamos nuestra voz de protesta contra la instrumentalización de la pandemia para minar el Acuerdo de Paz. La crisis sanitaria no solo permite ocultar la inacción del Gobierno. Más importante aún, alimenta la campaña del partido de Gobierno en contra de la implementación de la paz.

Defendamos la Paz se pronuncia en contra de designios para que las reformas del Acuerdo de Paz, que el Gobierno y el partido de Gobierno fracasaron en obtener por vía legislativa, se hagan realidad por la puerta de atrás, mientras la ciudadanía permanece concentrada en la pandemia.

Llamamos la atención de la Misión de Verificación, de la Secretaría General y del Consejo de Seguridad sobre los hechos listados a continuación.

  1. EL AUMENTO DE ASESINATOS DE EXCOMBATIENTES Y LÍDERES SOCIALES

Nos acercamos a la cifra de 200 excombatientes asesinados. La Misión de Verificación ha registrado 197 homicidios desde la firma del Acuerdo de Paz. A este número deben sumarse los 39 intentos de asesinato y las 13 desapariciones de exmiembros de las Farc-EP.

En cuanto a defensores y defensoras de derechos humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó 108 homicidios en 2019 y registró 56 denuncias más a 24 de marzo de 2020.

El Gobierno permanece en silencio ante este atentado contra la paz, no se perciben iniciativas para detener el desangre y la pandemia le ha servido para camuflar su pasividad. La fuerza pública no reacciona, la Fiscalía General no avanza lo suficiente y los instrumentos proveídos por el Acuerdo de Paz, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, no son convocados por el Gobierno.

A continuación sigue la carta completa:

Defendamos la Paz condena y denuncia un ataque directo contra el Acuerdo de Paz en el municipio de Argelia, departamento del Cauca. Del 11 al 13 de abril miembros del grupo disidente Frente Carlos Patiño irrumpieron en varios corregimientos en búsqueda de excombatientes firmantes del Acuerdo. A continuación el comunicado completo.

Un ataque directo contra el Acuerdo de Paz está en curso en el municipio de Argelia del departamento del Cauca. Defendamos la Paz condena la acción del grupo disidente Frente Carlos Patiño que lo emprendió.

Del 11 al 13 de abril, miembros de este grupo armado irrumpieron en varios corregimientos en la búsqueda de excombatientes firmantes del Acuerdo y los líderes sociales que los apoyan. Los vecinos les han escuchado poner precio a las cabezas de excombatientes en proceso de reincorporación por causa de su apoyo a la sustitución de cultivos. El operativo también abarcó el reclutamiento forzoso de varias personas, incluyendo menores, que hoy se dan como desaparecidas. Varios combates entre el Ejército y el grupo armado ilegal tuvieron lugar el 14 de abril.

Al Gobierno le pedimos proteger los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad y al trabajo, mediante un despliegue integral de las entidades de la rama ejecutiva con capacidad dar respuesta a la situación humanitaria en Argelia y, en particular, a la Nueva Área de Reincorporación donde se encontraba la mayoría de los excombatientes.

A la Defensoría del Pueblo, le solicitamos poner en marcha un diálogo con el Gobierno que asegure la toma de medidas para dar atención a la Alerta No. 10 de 2020, que cubre a esta región.

A la comunidad internacional y, en especial, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos le solicitamos documentar, informar y facilitar.

A los excombatientes les decimos que el camino sigue siendo la paz.

Los excombatientes de Argelia han hecho un apuesta por la paz; los disidentes se toparán con la fuerza de una sociedad dispuesta a defenderla, aun en medio de la pandemia. Bien lo dijo el secretario general de la ONU Antonio Guterres: “la furia del virus ilustra la locura de la guerra”.


Defendamos La Paz
Colombia, 15 de abril de 2020.

 

El Cinep/PPP, junto con otras organizaciones sociales, de derechos humanos, campesinas y ambientales, se une al llamado a la acción urgente al gobierno nacional frente a los asesinatos de líderes y lideresas sociales y la violación de derechos de las personas privadas de la libertad. A continuación su comunicado completo. 

 Las organizaciones sociales, de derechos humanos, campesinas, ambientales y psicosociales, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional el asesinato, amenaza y persecución sistemática a defensores de derechos humanos, poblaciones campesinas e indígenas y líderes sociales en el país con preponderancia en los departamentos de Meta, Valle del Cauca, Putumayo y Chocó. Así mismo, denunciamos la violación a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad (PPL) en el marco de la Pandemia del Covid-19, y de quienes no cuentan con medios de subsistencia para asumir el aislamiento preventivo, exigiendo la protección del derecho a la vida, a la salud, al mínimo vital y a las garantías de seguridad para la labor de los defensores de derechos humanos y el cese de vulneraciones a los derechos humanos en los territorios.

De igual manera, solicitamos urgentemente a todos los actores armados, legales e ilegales: Pedimos actos de humanidad y respeto del Derecho Internacional Humanitario –DIH- y el Derecho Internacional de los derechos humanos –DIDH- a todos los actores armados, alto al fuego y cesar todo tipo de hostilidades, acciones bélicas para permitir la seguridad y tranquilidad de todos y todas en todo tiempo y lugar, en zonas urbanas y rurales cercanas y apartadas; respetar las misiones medicas, humanitarias y de transporte de alimentos. Es necesario esta muestra expresa de humanidad para contener la pandemia del Virus COVID 19. En estos momento se enaltece el valor de la vida como bien mayor de todos y todas, en la más extrema diferencia podemos aportar para que el impacto a los y las menos favorecidas sea mínimo.

 

A continuación el comunicado completo: