Al cierre de la visita, se conoció que Carbones del Cerrejón ignorará la sentencia de la Corte Constitucional que protege el arroyo Bruno, anunciando que darán paso a la explotación de carbón que continuará depredando el ecosistema y aumentando el daño y riesgo de extermino del territorio y los pueblos indígenas y afros.

Este 6 de abril, en medio de la visita de los parlamentarios europeos a La Guajira,  la Directora Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente, comunicó mediante mail que la Mesa Técnica Interinstitucional -de la cual hace parte la empresa Carbones del Cerrejón- determinó que el arroyo  Bruno permanecerá desviado en el canal artificial dando así paso a que se ejecute el plan de la compañía transnacional de dinamitar el ecosistema de un tramo del cauce natural del arroyo para expandir la explotación de carbón. Los pueblos indígenas y afros, organizaciones defensoras de derechos humanos y los delegados políticos del parlamento de Reino Unido rechazan esta decisión que desconoce la sentencia de la Corte Constitucional SU 698 de 2017.

En la visita de delegados de países europeos a Colombia se comprobó cómo el cerro Cerrejón pasó de lugar sagrado a zona de sacrificio de los pueblos indígenas: Los impactos territoriales ocasionados por Carbones del Cerrejón Limited dejan a 35 comunidades indígenas y afroguajiras desplazadas por la expansión del proyecto minero; cerca de ocho viven en confinamiento, otras despojadas y desarraigadas de sus prácticas culturas y redes de solidaridad.

“Los impactos acumulados y sufrimientos cotidianos que padecen las personas y la naturaleza en zonas de sacrificio terminan en una muerte lenta y silenciosa del territorio de la cual nadie asume responsabilidades”, explicó el equipo de investigadores del Cinep a los parlamentarios.

Que liberen el arroyo Bruno desviado de su curso original casi cuatro kilómetros, que cesen los territorios de sacrificio y que haya respeto por la vida son el clamor de las comunidades étnicas a los Parlamentarios británicos e irlandeses que están de visita en La Guajira para conocer el accionar de Cerrejón Colombia. Además, los líderes y pueblos hacen un llamado a la comunidad internacional para que se implementen proyectos que mejoren la calidad de vida para las mujeres wayúu y afro y sus comunidades, que haya reparación integral de los territorios ancestrales, cumplimiento de acuerdos e impulso a proyectos productivos.

 “Soy muy consciente de que estamos parados sobre lo que alguna vez fue el cauce de un río que por generaciones le dio sustento a las comunidades que aquí habitan, y cómo estas comunidades se relacionan con el medio ambiente, también soy consciente de las decisiones que tomamos en Irlanda y el carbón que hemos consumido de El Cerrejón durante 20 años. Tenemos una responsabilidad con estas comunidades, no podemos ser indiferentes, por eso estamos aquí”, afirmó durante el recorrido Gary Gannon, del comité de asuntos exteriores de Irlanda.

Acompañados de las organizaciones indígenas: Consejo Territorial de Cabildos  Indígenas-CTC, la Organización Indígena Kankuama, Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona Owybt, OWYBT del Pueblo Wiwa, Pueblo Arhuaco Confederación Indígena Tayrona, CIT y el  Pueblo Kogui; así como de ABColombia, Cinep / PPP, Cajar, Censat, las comunidades han expresado su dolor y su lucha. Los afrodescendientes de Tabaco buscan la reparación de sus tierras en las mismas condiciones productivas en las que estaban hace más de 20 años; las mujeres de la comunidad del resguardo Provincial luchan por garantizar la salud de sus niños y niñas y mejorar sus condiciones económicas. Laura Brito, mujer wayúu, lideresa del resguardo Provincial, pide “a la sociedad nacional e internacional que se piense de dónde está saliendo el carbón con el que se iluminan y calientan sus casas”.

Mientras los países europeos están implementando procesos de descarbonización de sus economías, en Colombia, se sigue promoviendo la expansión de la frontera minera y en particular del carbón. La operación minera de Cerrejón va hasta 2034, lo que tendrá incidencia en el cambio climático, aumentando enfermedades relacionadas con el calor y la contaminación, afectando la soberanía alimentaria y dificultando aún más el acceso al agua en La Guajira. Modificar esta situación y realizar compensaciones es una responsabilidad de múltiples actores, entre ellos, los que se han beneficiado del mercado del carbón: Coal Marketing Company -CMC comercializadora de Cerrejón con sede en Dublín o la empresa estatal irlandesa Electricity Supply Board -ESB compradora del carbón colombiano por años.

En la comunidad afrodescendiente de Cañaverales, ubicada en San Juan del Cesar (La Guajira), la empresa turca Best Coal Company, filial de Yilmaden Holding, está avanzando en un proceso de licenciamiento para explotar carbón a 750 metros de su centro poblado. “Este conglomerado contempla dos minas a cielo abierto y una subterránea, junto con la construcción de una línea férrea de 150 km que conectaría al complejo minero con un puerto en el municipio de Dibulla, por donde se exportarían anualmente treinta y cinco millones de toneladas de carbón”, explica Cinep. 

La avanzada de la compañía turca pondría en riesgo un manantial que se encuentra en una zona de reserva forestal protectora y que sus aguas son usadas para el consumo y permite la producción de alimentos para la región. La empresa BCC ha empezado a comprar tierras usadas tradicionalmente para la producción agropecuaria. La comunidad ha prendido las alarmas sobre los daños socioambientales que llegarán. Huges Martínez, líder y cantautor, denuncia “el ecogenocidio y desarraigo llegará a las 79 mil hectáreas, afectando no solo a la comunidad sino a las 113 especies que habitan los ecosistemas y sus recursos hídricos” .  

En los próximos días, la delegación conversará con los pueblos indígenas sobre la falta de implementación del Decreto 1500 de 2018: no se ha instalado la mesa de seguimiento y coordinación, y se continúa la afectación de los espacios sagrados de la línea negra, como la destrucción del espacio sagrado la Mina -Minakalwa- Manalwe Ati Selomina Laminaja, o Cerro Hurtado, detrás de casa Indígena en la ciudad de Valledupar.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO

Tras cuatro décadas en funcionamiento, la mina Carbones del Cerrejón acumula sentencias judiciales que la condenan por convertirse en el principal agente depredador del ecosistema del sur de La Guajira, y responsable del exterminio físico y cultural de los pueblos étnicos de la misma región.

“Carbones del Cerrejón ha sido condenada en más de siete oportunidades por tribunales judiciales1, así como sancionada por instituciones de control en varias oportunidades. La transnacional fue responsabilizada cuatro veces como empresa contaminadora del agua, cinco veces por degradar gravemente el ambiente, cuatro más por las afectaciones que su actividad causa en la salud de las poblaciones aledañas en especial de los niños y niñas, dos veces por haber despojado comunidades vulnerables indebidamente, y por lo menos otras cuatro donde se estableció que omitió deliberadamente la realización del derecho fundamental a la Consulta Previa” , explica el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que también acompaña la Visita por la Vida.

La mina, hoy en manos de la multinacional suiza Glencore, utiliza en su operación 24 millones de litros de agua al día, lo que sería suficiente para alimentar a 150 mil personas. Cerrejón ha desaparecido más de 17 arroyos e intervenido unos 30, entre ellos el arroyo Bruno que, para Misael Socarras Ipuana líder de la comunidad La Gran Parada, es vida, y por eso pide que se retorne el cauce y que “levanten el tapón porque necesitamos el agua para retomar la vida, la de los animales y la nuestra”.

En la media Guajira es cada vez más difícil acceder a agua dulce, hoy en día se debe cavar hasta 30 metros de profundidad cuando años antes el líquido aparecía a cinco metros. Aura Robles, de la comunidad Wayuu de Paradero, narra como a las comunidades “nos toca consumir agua contaminada, que no es apta para el consumo humano, por eso las enfermedades y la desnutrición, pero el gobierno no ha sido capaz de ayudar y ha sido permisivo con los controles, con las grandes empresas”.

1. Sentencias Corte Constitucional SU-698/17, T-704/16, T-256/15, T-528/92; Corte Suprema de Justicia 13/09/12, 0014-01 del 07 de mayo de 2002; Consejo de Estado: 2016- 00079 del 13 de octubre de 2016; Juzgado Promiscuo de Barrancas: 2015-00473.

A continuación el comunicado:

 

Por: CINEP / PPP y otras organizaciones.

El Cinep / PPP, el CAJAR y CENSAT denuncian que tras realizar una visita de verificación encontraron la reanudación e intensificación de actividades mineras muy cerca al tajo La Puente, en La Guajira, pese a que la Corte Constitucional ordenó suspender las obras hasta que se realice un estudio de impacto social, ambiental y cultural de la obra sobre la zona.

El pasado 28 de agosto de 2021 las organizaciones CINEP/PPP, CENSAT y CAJAR estuvimos realizando una visita de verificación debido a denuncias persistentes de comunidades indígenas wayuu que habitan la parte media y alta del arroyo Bruno, en zona rural del municipio de Albania, La Guajira, y advertimos la reanudación e intensificación de actividades mineras muy cerca al tajo La Puente por parte de la empresa Carbones del Cerrejón.

Esta avanzada de la empresa tienen en estado de alarma a las comunidades vecinas, dado que en el numeral noveno de la sentencia SU-698 de 2017, la Corte Constitucional ordenó mantener la suspensión de las obras mineras asociadas al avance del “Tajo minero La Puente” hasta tanto se realice un estudio que evalúe los impactos sociales, ambientales y culturales que acarrean los planes de destrucción del cauce natural del arroyo para ampliar la frontera extractiva.

En el recorrido se constató que la empresa viene desarrollando aceleradamente trabajos mineros en la zona nororiental que limita con la parte media del cauce natural del arroyo Bruno. Esto demuestra que Carbones del Cerrejón Limited no tiene límites al seguir amenazando los derechos fundamentales de las comunidades étnicas en La Guajira.

Según los testimonios de las comunidades, se estaría realizando una ampliación del tajo La Puente hacia la comunidad de El Rocío y estaría a unos 150 o 200 metros del arroyo Bruno, por lo que “el arroyo comenzaría a secarse aún más y nosotros tendríamos que ver un arroyo seco y muerto, la empresa tendría que decir que es seco y comenzaría a sacar no solo desde donde hizo la modificación sino desde más arriba… ¿Qué tendríamos que hacer o qué debemos hacer? Despertar, porque el carbón no lo es todo, el agua sí es vida, donde hay agua hay vida, donde hay carbón en La Guajira es pobreza, hambre y hasta muerte”, afirma un líder de la comunidad.

A la multinacional no le bastó imponer la desviación del arroyo Bruno poniendo en riesgo los derechos ambientales y territoriales reconocidos en la sentencia SU-698/17. Ahora reactivan obras a menos de 100 metros del cauce natural del arroyo Bruno y a escasos 800 metros de las viviendas de la comunidad más cercana. También hay incertidumbre respecto a las razones por las cuales, pese a que se ordenó la suspensión de las labores de expansión del tajo, se ha visto un incremento vertical de los residuos y expansión del botadero, aumentando los niveles de contaminación del aire, suelo y agua que reportan las comunidades aledañas, y la pérdida de caminos tradicionales que conectan las rancherías con el arroyo Bruno y su ecosistema.

En la visita se evidenció que se están vertiendo al cauce natural aguas que la comunidad califica como tóxicas, la cuales salen de las lagunas de las obras mineras al cauce natural del arroyo del que se abastecen diversas comunidades de la zona, animales y vegetación. Recibimos también denuncias respecto a que esta reciente actividad ha producido alteraciones en la dinámica de la fuente hídrica, presencia de especies invasoras como caracoles, capas de espuma blanca que representan una disminución del oxígeno, musgos, posibles indicadores de los daños a la calidad del agua, y debilitamiento de las especies vegetales de la ribera del río. Además, desde la llegada a la zona, se sienten los estruendos y vibraciones que son generadas por las explosiones dentro del tajo, incrementando los niveles de contaminación auditiva que afectan la tranquilidad de las comunidades y producen daños estructurales en las viviendas.

La protección judicial contemplada en la sentencia SU 698 de 2017 podría estar siendo desconocida por la empresa y entidades estatales correspondientes que han dilatado y burlado la adopción de medidas efectivas y satisfactorias para proteger el arroyo. Lo cierto es que al día de hoy, los abusos, asimetrías, racismos e injusticias ambientales continúan, pues el arroyo permanece desviado, de manera arbitraria se negó la medida provisional de devolución de las aguas al cauce natural y hasta el momento no se conoce ni se ha entregado ninguna información sobre el estudio de las incertidumbres ordenado por la Corte Constitucional, desatendiendo principios de precaución y prevención ambiental.

A este escenario, se le suma la presión de las multinacionales Anglo American y Glencore con demandas de arbitraje de inversión contra el Estado colombiano reclamando para sí millonarias indemnizaciones si no se les permite continuar con la explotación de este tajo y con la histórica devastación ambiental, el saqueo y las graves violaciones a derechos humanos y de la naturaleza de las que es responsable y que permanecen en la impunidad.

Aún con las violaciones y riesgos advertidos por la Corte Constitucional, el Gobierno nacional sigue respaldando este proyecto de ampliación del tajo, que hace parte de los 35 proyectos de “interés prioritario y estratégico para la reactivación sostenible del sector minero y dinamizar la economía del país golpeada por la pandemia”. Nos preguntamos si insistir en la profundización y expansión de la explotación minera en una zona con crisis hídrica, alimentaria y climática, en contra de la vida de un pueblo indígena milenario, es el significado de bienestar social e interés público del gobierno nacional.

Ante estos hechos denunciados solicitamos a las instancias públicas, entidades de control y autoridades judiciales realizar las investigaciones respectivas a fin de imponer las sanciones correspondientes. En particular, solicitamos se verifique cuál es el seguimiento a la orden judicial de suspender actividades mineras en el tajo La Puente y cuáles son los permisos, medidas de seguimiento y control que se aplican a la empresa Carbones del Cerrejón en relación con los vertimientos de aguas tóxicas en la parte media del arroyo Bruno y con la expansión del botadero minero.

A continuación el comunicado: 

  

Por: Comunicaciones Cinep / PPP.

El CINEP/PPP, y otras organizaciones defensoras de DD.HH. se manifiestan sobre el informe realizado por la Contraloría respecto al desvío del Arroyo Bruno, y su implicación en la garantía de derechos de comunidades Wayúu y afro que habitan en la zona. 

La Contraloría General de la República radicó ante el juzgado de seguimiento informe de auditoría de cumplimiento sobre los aspectos ambientales relacionados con el desvío del arroyo Bruno en el marco del seguimiento a la sentencia SU-698 de 2017, que ordena la protección de los derechos al agua, soberanía alimentaria y salud de comunidades Wayúu, derechos que han sido vulnerados por la empresa Carbones del Cerrejón Limited, con la desviación de una importante fuente hídrica en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con los hallazgos, el informe obtuvo una calificación final que corresponde al rango de INEFICIENTE, encontrando un total de catorce (14) hallazgos administrativos de los cuales siete (7) tienen una posible connotación disciplinaria. Además, señaló que estas deficiencias impactan en el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Constitucional.

El órgano de control evaluó la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, Corpoguajira, quienes entre otras instituciones públicas conforman una mesa “inter-institucional” de la que absurdamente hace parte la empresa Carbones del Cerrejón. El informe de la Contraloría se concentra en el deficiente informe con el que las entidades y Cerrejón justifican mantener el arroyo Bruno desviado, en lugar de liberar las aguas hacia su cauce natural.

La Contraloría manifiesta que el informe de la mesa interinstitucional se desvía de lo ordenado por la Corte Constitucional, respecto a la medida provisional, y no se da “estricto cumplimiento a lo requerido en la Sentencia SU 698/17, en lo requerido por la Orden Octava”. En otras palabras, no existe por parte de la Mesa Interinstitucional una decisión de fondo, sustentada, y participativa para mantener el arroyo desviado, lo que significaría un desacato a lo ordenado por la Corte Constitucional.

Es de recordar que la Corte Constitucional había previsto que la medida de retornar las aguas hacia su cauce natural podría adoptarse si era necesario desde el punto de vista ambiental y en aplicación del principio de precaución para mantener la integridad del arroyo Bruno, mientras se realiza un estudio ordenado en la sentencia mediante el cual se pretenden abordar una serie de 7 incertidumbres o variables que no fueron tenidas en cuenta al momento de autorizar el desvío y la destrucción del arroyo.


De manera particular, la Contraloría hace un reparo sobre la falta del respeto a la cultura y espiritualidad del pueblo Wayuu. En su informe reconoce que:


“desconocer los derechos de las comunidades trae consigo una afectación o impacto a su cultura y una subvaloración de la relación espiritual que tiene la comunidad Wayuú, teniendo en cuenta que su interacción con la naturaleza no se da solo por estar al lado del Arroyo, sino que existen interacciones mucho más allá de la distancia; como ellos mismos lo mencionan "el pueblo Wayuú rompería su arraigo y esa comunicación que existe entre los de la montaña y los de abajo".


Es importante entender la interacción pueblo - ecosistema como un todo, y no limitarla a un espacio en sí, lo que demuestra una carencia en el verdadero conocimiento del territorio natural y de los beneficios ecosistémicos que ofrece. La comunidad Wayuú entiende el territorio, teniendo en cuenta elementos culturales y espirituales, lo que implica que el Arroyo sea visto como "un ser viviente, importante en su totalidad y no en fracciones o tramos"


La auditoría también cuestiona que la decisión de mantener el cauce desviado se orientó em alto grado desde un punto de vista netamente económico, y en esa vía, cuestionó la rigurosidad del empleo del Análisis Costo Beneficio como la herramienta más adecuada teniendo en cuenta los valores ecológicos que están en juego: “Los elementos ecológicos de un ecosistema altamente sensible, fraccionado y diezmado como el Bosque Seco Tropical, o en lo particular como el Arroyo Bruno con sus estructuras y funciones, cuentan con servicios ecosistémicos sin sustitutos para las comunidades, lo que significa que por más que se intente calcular su valor desde la perspectiva de la Economía de Mercado, este tenderá al infinito por sus características inconmensurables. Se trata de valores superiores que difícilmente podrían entrar dentro de la lógica de un Análisis Costo Beneficio.”

Los hallazgos administrativos con posible connotación disciplinaria dan cuenta de la frágil institucionalidad ambiental, y dan la razón a las comunidades en su histórica denuncia de la cooptación empresarial del gobierno en las decisiones públicas que, menoscaban derechos y condenan poblaciones mientras favorecen empresas multinacionales. Una muestra de lo anterior se sintetiza en algunos elementos alertados por la Contraloría, respaldando lo denunciado en un sin número de ocasiones por las comunidades:

  1.  Recalcó la gravedad de que la Mesa Interinstitucional hubiese concluido no retornar las aguas del arroyo a su cauce natural y mantener el desvío con base en información débil, superficial, deficiente y parcializada, sin generar espacios de participación, ni considerar el daño irreversible que puede significar a la población que interactúa con dicho ecosistema.
  2. Resaltó que el informe con el que se sustenta mantener el desvío falta información frente al monitoreo del cauce natural, de las aguas subterráneas, los acuíferos, la fauna y flora afectada en el cauce natural.
  3. Insistió que lo observado representa un riesgo de asimetría y posibles riesgos morales con la información dado que el desarrollo del informe de la mesa se soporta en documentos e información predominantemente aportada por la misma empresa Cerrejón Limited.
  4. Confirmó y reiteró que las entidades y empresa desconocen lo ordenado por la Corte Constitucional en términos de la participación de las comunidades.
  5. Reconoció que no se han establecido por parte de la empresa medidas de compensación que realmente subsanen los impactos de la intervención de áreas de gran valor ecológico. Lo cual para las comunidades es un imposible dada la irreparabilidad de los daños y la necesidad de proteger el arroyo de ser explotado.
  6. Reafirmó que el informe usa preferencialmente la información de la construcción y operación del canal artificial construido para la desviación, dejando de lado información sobre el curso natural del arroyo que fue afectado por la desviación.
  7. Resaltó la inobservancia sobre las ventajas y desventajas comparativas de retornar o no las aguas de forma temporal al cauce natural;
  8. Cuestionó que no se realizaron observaciones que se presenten y evalúen los beneficios ambientales y sociales de retornar temporalmente el flujo del agua al tramo de cauce natural, tales como la restauración de las condiciones naturales y sus beneficios que se han perdido.
  9. Insistió en que no se tuvo en cuenta las necesidades y requerimientos de las comunidades para la garantía de su derecho al agua, como tampoco lo relacionado a los riesgos del posible agotamiento del recurso hídrico local y regional por el proyecto de desviación y el avance de los tajos mineros.
  10. Subrayó que en ningún aparte del informe se suministran los datos de los caudales de oferta hídrica del arroyo a lo largo del año en su cuenca baja, los datos de los caudales de demanda de cada comunidad, no se aclara si estos se suplen o no con las fuentes relacionadas, tampoco se define el caudal ecológico del Arroyo Bruno y cuales son en definitiva las deficiencias o las condiciones de suministro de agua requeridas para las comunidades.
  11. Observó que con la construcción del nuevo cauce se originó la modificación del sistema hidrogeológico y reconoce que retornar temporalmente las aguas al cauce natural, implica la eventual restauración de las condiciones naturales y la recuperación de los beneficios ambientales que se afectaron o perdieron con la desviación.
  12. Recordó que Corpoguajira ha incumplido en la revisión, ajuste y/o modificación de medidas compensatorias establecidas a Cerrejón Limited ante las obras asociadas al desvío del arroyo Bruno que, habían sido identificadas por la Contraloría en una auditoría realizada en 2017. 

Lo reportado por la Contraloría respalda lo que se ha venido denunciando por parte de comunidades indígenas Wayúu, el pueblo afro, guajiro, organizaciones sociales, ambientalistas, académicas y defensoras de derechos humanos que durante años nos hemos opuesto al desvío del arroyo Bruno para el avance de la explotación de carbón por parte de la empresa Carbones del Cerrejón Limited con la venia de entidades del Estado Colombiano.


El arroyo Bruno no se puede reemplazar, seguiremos alzando nuestra voz para que no siga el desastre que han causado y que uno de los afluentes y tributarios del principal río en la Guajira, el río Ranchería, no sea explotado y destruido.

A continuación el comunicado completo: 

 

Organizaciones, comunidades afectadas y expertos independientes ven con preocupación que las decisiones tomadas por la Corte en el caso del Arroyo Bruno están siendo desacatadas por la empresa Carbones del Cerrejón y algunas entidades del Gobierno.

 El arroyo Bruno está ubicado entre los límites municipales de Albania y Maicao, y nace a 420 metros de altura en la reserva natural de los Montes de Oca. Abastece de agua a comunidades asentadas en la cabecera municipal de Albania, que en su mayoría son afrodescendientes, y, por lo menos, a 34 comunidades wayuu del sur de La Guajira.