Esto opinaron seis víctimas del conflicto sobre la memoria y la situación de sus comunidades en medio de la crisis social y sanitaria en Colombia por el Covid19. Compartimos resumen y video de la segunda emisión de  #DiálogosEnCuarentena realizada en conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas.


Desde Tumaco, Chocó, Bojayá, Antioquia y Montes de María, víctimas, líderes y lideresas sociales conversaron sobre "Memoria, líderes sociales y víctimas en tiempos de pandemia" en un diálogo virtual convocado por el CINEP/PPP y el movimiento Defendamos La Paz. La charla abrió espacio a hacer visibles las gran vulnerabilidad de las comunidades históricamente excluidas, en cuyos territorios, además del confinamiento sanitario, se ha recrudecido el confinamiento armado. 

Desde el Chocó, Luz Marina Becerra, miembro de Afrodes Colombia, insistió en la carencia de servicios básicos como el agua afirmando que “para nosotros por la exclusión histórica el confinamiento es más difícil”.  Luz Marina mencionó, con jocosidad y preocupación a la vez, que les mandan a lavar las manos con frecuencia cuando en muchas poblaciones afro ni siquiera tienen acceso al agua. 

A la vulnerabilidad creada por la emergencia sanitaria, se suma la violencia latente a la que se han visto expuestas históricamente estas comunidades. Las amenazas, desplazamientos y asesinatos a los pueblos empobrecidos, entre ellos 6 líderes que han sido asesinados durante cuarentena, no paran. Tal fue el caso de John Restrepo, líder de la comunidad Lgbt en Medellín quien fue atacado en su propia casa en un barrio popular de Medellín durante el confinamiento. Otros no corrieron con su suerte y perdieron la vida como ha sido el caso también de firmantes de paz de Farc asesinados en este periodo. 

Según Leyner Palacios quedarse en casa es incluso aumentar el riesgo. Palacios insistió en la necesidad de crear un corredor humanitario en el Pacífico donde preocupa la violencia que no se detiene ni con la pandemia.

Menderson Mosquera, en Antioquia, se refirió a las poblaciones confinadas por la guerra en el Bajo Cauca, Dabeiba y Mutatá, en donde las directrices nacionales han sido débiles y no se han integrado todas las medidas tomadas por el gobierno frente a la pandemia. Para Mosquera es necesario que las ayudas alimentarias no se dejen en manos de “politiqueros” sino que se entreguen con prioridad. Ellos y ellas como integrantes de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas no han contado, explica, con posibilidad alguna de incidir en la escogencia de la entrega de ayudas en sus municipios.

Además, Jhon Jairo Romero, desde España, explicó la fragilidad de las víctimas que se encuentran en el exterior y solicitan con urgencia medidas de protección. John Jairo también destacó la solidaridad que ha recibido de otros colombianos y las muestras de afecto y apoyo que observa en Colombia. Para él, la pandemia también está “sacando lo mejor de nosotros”. 

Entre tanto, José Luis Foncillas, coordinador de la Casa de Memoria de Tumaco, enfatizó en las preocupaciones de muchos -no solo de las víctimas- por la “oficialización” de la memoria de parte del Estado. 

“La memoria no es del Estado es de las poblaciones vulnerables, las víctimas y los colombianos, debe ser un espacio autónomo, no debe ser un instrumento para que el gobierno de turno cuente lo que quiera”.

Desde Tumaco, Foncillas señala que varios grupos ilegales en el Pacífico Nariñense han estado distribuyendo panfletos amenazantes y recordó que horas antes incluso atacaron una misión médica dejando una persona muerta.

Por su parte, Claudia Cueto, en Montes de María, habló de la importancia de la memoria desde las comunidades recordando la experiencia del Mochuelo en los Montes de María. En dicha región varios líderes sociales han sido amenazados en medio de la pandemia y están sorteando su seguridad además de la sobrevivencia.

"Una lección que nos está dejando el COVID-19 es que el Estado debe avanzar en prevención y no solo en reacción a la coyuntura. No tenemos un sistema de salud adecuado menos aún en territorios afro", afirmó Luz Marina Becerra.

Para las víctimas hay una debilidad del Estado para responder a la emergencia sanitaria y social generada. Para varios, la pandemia develó la corrupción y la fragilidad del sistema económico y político de Colombia que, sumadas a la violencia histórica, podrían llevar a la desaparición de comunidades como el caso de los Wayuú en La Guajira.

Los presentes estuvieron de acuerdo también en el rechazo a los posibles actos de corrupción para entregar alimentos o bonos por parte del gobierno nacional, y exigieron protección para sus territorios. Además, se sumaron a la propuesta de la Red Colombiana de Lugares de Memoria de lograr que el Museo Nacional de la Memoria (promovido desde el Centro Nacional de Memoria Histórica pero que es un escenario de reparación a las víctimas según la ley) tenga una dirección independiente del gobierno. 

Las víctimas mostraron, una vez más, su fuerza y su valor e invitaron a los colombianos a estar de pie exigiendo la garantía de sus derechos y apoyándose mutuamente en lazos de fraternidad y solidaridad. A continuación el conversatorio completo: 

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

El reconocimiento de las víctimas es fundamental en procesos de reconciliación como el que está viviendo Colombia. Bajo la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas, el gobierno de Juan Manuel Santos creó acciones de conmemoración que reconocían la existencia de un conflicto armado en el país y de víctimas diferenciadas por tipo de victimización. Así, nació el 9 de abril como el Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado, también como conmemoración del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Para William Rozo, investigador del Banco de Datos de Cinep/PPP, ese día en el que la capital colombiana se incendiaba, nació uno de los ciclos de violencia que ha tenido Colombia en su proceso de conformación como Estado – Nación y que no hemos subsanado.

El 9 de abril les da a las víctimas un marco legal que les permite reconocerse a sí mismas como tal y que, tanto el Estado como la sociedad, también lo hagan. Desde hace ocho años, este día ha tenido distintas conmemoraciones realizadas por víctimas y que han abarcado espacios públicos en todo el país. Por ejemplo, en Tumaco en la conmemoración de 2016 cientos de víctimas, docentes, niños y otros actores, se unieron para lanzar faroles al mar, cada uno con el nombre de una víctima. El año pasado en Medellín se realizó una concentración masiva en la plazoleta del Teatro Pablo Tobón Uribe y una exposición fotográfica sobre la memoria, mientras que en Bogotá se realizaron siete expresiones artísticas que cubrieron la Carrera Séptima desde el Museo Nacional hasta la Plaza de Bolívar.

Sin embargo, es fundamental entender la disputa que hay sobre las distintas verdades y memorias que existen y se están creando alrededor del conflicto armado. En esta entrevista, William Rozo hace una reflexión sobre la importancia de una conmemoración como la de hoy, la lucha de las víctimas de diferentes actores armados, incluyendo las víctimas de crímenes de estado, por ser reconocidas y el papel que debería jugar la sociedad en la construcción de memoria y solidaridad con las víctimas.

¿Cuáles son las luchas de las víctimas y de sus familias que llevaron a que este día se conmemorara?

William Rozo: Uno de los crímenes más atroces de todos los crímenes que se pueden cometer contra un ser humano es la desaparición de un familiar porque es una tortura permanente, porque no cesa el dolor. Siempre se está esperando al ser querido. Entonces los familiares de víctimas de personas desaparecidas en razón y con ocasión del conflicto, que es como se llama en Colombia y que es diferente a la desaparición forzada, siempre han estado buscando a sus seres queridos. Esa fuerza, que en su gran mayoría está liderada por mujeres, esa fuerza de mujeres que buscan, que luchan y que empezó en gran medida con las Mujeres de la Plaza de Mayo en Argentina y se fue extendiendo por todo el mundo, es la que hace que este tipo de días tengan un hito en el tiempo. La lucha es esa, es ayudar a encontrar a los desaparecidos y desaparecidas de este país. 

¿Cómo la sociedad puede contribuir a la memoria y a la solidaridad con las víctimas?

W.R: Yo creo que de eso tenemos que aprender mucho de los procesos alemanes, de los procesos judíos y de otros procesos de otros países en el que son las ciudadanías las que no sólo reconocen a las víctimas, sino que dicen “esto no puede volver a ocurrir”. Yo creo que a ese nivel tenemos que llegar en Colombia, pero para eso nos falta todavía mucho. Aquí todavía hay sectores muy poderosos que están interesados en que la guerra continúe, en revictimizar, en mantener las condiciones porque en la guerra hay unos perdedores, que es el grueso de víctimas, pero hay gente que ganó. Ganaron los empresarios y ganaron los terratenientes y esa es parte de la disputa. ¿Cuándo se cambia esa balanza? Cuando el conjunto de la sociedad no tolere y no avale eso y se movilice; ese día empiezan a cambiar las cosas. Pero todavía nos falta muchísimo para llegar allá. Una conmemoración como la del 9 de abril todavía no aporta mucho a que eso ocurra, pero va en la dirección correcta. 

¿Qué implicaciones tiene que exista el 6 de marzo como un día de conmemoración especial para las víctimas de crímenes de Estado?

W.R: Si nosotros miramos las estadísticas tanto de Cinep/PPP, como otras diferentes a las que maneja la prensa y los medios de comunicación masivos, el número más alto de víctimas son las víctimas que ha producido el Estado colombiano a partir de sus instituciones como el Ejército, la Policía y las alianzas con grupos paramilitares. La cifra puede estar cerca del 60%, y el resto son víctimas por parte de la guerrilla y otros actores, por lo que es muy importante ese reconocimiento de las víctimas. Sin embargo, el 6 de marzo es un día posicionado por las víctimas desde hace más de diez años, pero no está reconocido por ningún marco legal.  

¿Cómo lograr unir los distintos relatos y verdades que hay sobre el conflicto en una conmemoración como la del 9 de abril?

W.R: Como lo dice el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, no hay una sola verdad. Hay muchas verdades, el punto es ponerlas todas juntas en igualdad de condiciones: ese es el desafío. Yo siento que ahí el llamado es a jóvenes periodistas o comunicadores sociales que están saliendo de las universidades y que están con un abordaje un poco diferente, en mi opinión menos contaminado que la mediática y todos estos medios masivos que contribuyen dependiendo de los intereses en defender una u otra orilla, a construir relatos que se acerquen más a los hechos tal cual ocurrieron.

¿Cuáles son las razones para conmemorar el 9 de abril?

W.R: Primero, está como base el derecho constitucional que tenemos todos los colombianos y colombianas a vivir en paz. Segundo, tenemos que aprender a resolver todos nuestros conflictos sin recurrir a métodos violentos. Tercero, debemos posicionar por encima de todo a la creatividad para la resolución de conflictos. Cuarto, tenemos muchísimas heridas abiertas y hay que cerrarlas. Yo creo que el 9 de abril contribuye un poco a eso. Yo estoy impactado porque en la portada de El Espectador del 4 de abril hay una foto de una ex guerrillera de las Farc con un ex jefe paramilitar y un sacerdote defensor de derechos humanos en los Llanos, en un territorio donde hemos hecho peregrinaciones, que antes se estaban matando y hoy están tratando de decir “venga, aquí pusimos víctimas todos”. Ver cómo los familiares se acercan es impresionante. Quinto, hay que sanar heridas y empezar a reconstruir, a tratar de hacer un país mejor y armar este país desbaratado. Para los que somos padres de familia esa es una razón muy poderosa. Nosotros no queremos que nuestros hijos tengan que vivir en el país que a nosotros nos tocó vivir. Yo hoy tengo 46 años y no sé lo que es vivir un solo día en Colombia en paz.

 

Laura Cristina Vásquez 
Equipo Comunicaciones