“No más militares en Catatumbo”, piden las organizaciones sociales de la región

Ante el crecimiento de la violencia en Catatumbo y Cúcuta, en días pasados el Gobierno nacional anunció el aumento de la militarización de la región, que ya cuenta con 12.000 soldados y 4.000 policías. Organizaciones de la zona se declararon altamente preocupadas por la medida, lo hicieron en la rueda de prensa del informe “Catatumbo: La guerra sin tregua” que elaboró Cinep/PPP.

“En una zona con 12.000 militares y 4.000 policías, que cuidan 48 pasos y trochas fronterizos, se han reactivado los tráficos ilegales, en especial el de personas hacia el interior de Colombia y el sur del continente; 49 líderes sociales fueron amenazados, 10 asesinados y 5 secuestrados; se registraron 350 casos de desaparición forzada, 70 de ellos en la frontera; 29 civiles han sido secuestrados, tres en los últimos once días. Todo ese pie de fuerza y seguridad y no hay información de quién está cometiendo los delitos y el 99% de las denuncias no tiene una sola respuesta”, explicó Wilfredo Cañizales, director de la Fundación Progresar.

La mayor preocupación de las organizaciones locales como la Fundación Progresar y el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) es la orden dada por el Gobierno nacional de aumentar la militarización de la zona, ya que el 20 de octubre se activaría una nueva fuerza de tarea rápida para la región. Esta medida ha sido implementada en ocasiones anteriores como en diciembre de 2017 cuando llegaron 6.000 hombres del Ejército a seis nuevos batallones, pero el empleó de dicha estrategia usualmente ha contraído altos picos de violencia.

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En el primer semestre de 2018, las cifras sobre violencia, tanto en Catatumbo como en Cúcuta, duplicaron los registros del mismo periodo en los años anteriores del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, según el informe “Catatumbo: La guerra sin tregua” que Cinep/PPP presentó con la revista Noche y Niebla No. 57. De enero a junio de este año se registraron 599 víctimas y 656 casos de vulneración a derechos humanos y DIH en todo el país, 91 de ellos ocurrieron en Catatumbo.

El aumento de la violencia en Catatumbo se debe a enfrentamientos entre las guerrillas del ELN, el EPL y otros actores por el dominio de la zona, como parte del conflicto armado. Es decir, en Catatumbo hay un aumento en las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC) como parte de las acciones en la guerra entre guerrillas, grupos armados ilegales y fuerza estatal.

En Cúcuta el panorama es diverso, pues los responsables de la violencia son grupos paramilitares, bandas criminales como los Rastrojos y las Águilas Negras, que controlan los tráficos y a la población. En el caso de Cúcuta, lo que se presenta es una permanente vulneración a los derechos humanos, en un escenario en el que no hay conflicto, pero sí violencia reiterativa.

La dinámica violenta se ve impulsada por la presencia de carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, que son los mayores compradores de la droga producida o transportada en la región. Esto sumado a la crisis de la migración venezolana que, como lo explicó Cañizalez, “ha facilitado que grupos paramilitares y Rastrojos sean integrados y recluten principalmente a menores venezolanos, además de que ha habido un aumento de desapariciones forzadas de venezolanos y que el tráfico de personas ahora sea de Venezuela hacia Colombia”.

El periodo revisado es el tercero más violento en Catatumbo desde 2010 y ha superado el promedio histórico semestral de casos. Los municipios más afectados hasta ahora han sido Tibú, Teorama y El Tarra.
  

Las empresas son quizás una de las más extendidas formas de organización social de la actualidad. Como bien sabemos, ellas responden a una particular manera de formalizar la contradicción clásica entre capital y trabajo, respondiendo a diversas necesidades del mercado o de una comunidad. Ellas, además de responder a una función económica, están formadas por personas y para personas, lo cual significa que se encuentran circunscritas a los contextos sociales que las originan. Las empresas están incrustadas en las sociedades y no puede subsistir al margen de las mismas. Históricamente, las empresas como representantes del sector privado en Colombia, han tenido un rol fundamental en la construcción de nuestro Estado-nación; pero a su vez, en un contexto de neoliberalización económica y reducción de la capacidad estatal, han venido ganando un papel hegemónico en las orientaciones políticas y en los modelos de desarrollo que se han priorizado a nivel nacional como regional.

A pesar de su importancia, nuestra capacidad para pensar las empresas parece más bien limitada. Por lo general, los debates parecen remitirse bien sea a reflexiones apologéticas y narrativas institucionales que en el mejor de los casos desembocan en los modernos discursos de sostenibilidad empresarial. O, de otra parte, los ejercicios analíticos realizados desde las ciencias sociales, caen fácilmente en posiciones binarias que tienden a estigmatizar de facto el rol empresarial en cualquier contexto en el que se mencione.

Por lo anterior, la presente convocatoria de la edición 212 de la Revista Controversia, invita a participar a autoras/es nacionales y extranjeras/os en este ejercicio que busca analizar los diferentes modelos empresariales que conviven, compiten, dinamizan y entran en conflicto con diversos sectores de la sociedad colombiana, especialmentre los de su entorno. En términos generales buscamos comprender los vínculos y tensiones entre el sector privado empresarial y las diversas comunidades, especialmente rurales, en temas que tengan que ver con: i) análisis transnacionales y/o regionales de los agro-negocios; ii)  impacto social de la intervención empresarial que, por su naturaleza o contexto, involucre una revisión en torno a temas de Derecho Internacional Humanitario y/o Derechos Humanos; iii) procesos de resistencia y organización social frente a la intervención empresarial y eventuales escenarios de negociación o gestión de conflictos; iv) experiencias significativas de vínculo o trabajos mancomunados entre empresas y comunidades y;  v) importancia del sector privado, cooperativo u asociado para la construcción de paz y desarrollo territorial en la región.

En este número contaremos con la colaboración de Carlos Duarte, del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, como Editor encargado del dossier.

Fechas:

Apertura: 30 de septiembre de 2018
Cierre: 15 de noviembre de 2018
Publicación: diciembre de 2018
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Consulta aquí el Manual de publicación para autores

 https://www.revistacontroversia.com

Este primer informe se presenta a los Verificadores Internacionales atendiendo al mandato dado por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final – CSIVI- al Centro de Investigación y Educación Popular- CINEP y al Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos - CERAC, para que en su calidad de Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional – STCVI- contribuyan al proceso de verificación e impulso al Acuerdo Final (A.F.) entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, hoy, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común- FARC.

 
 

 

 La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) en cabeza de CINEP y de CERAC, presenta el primer informe semestral sobre el enfoque de Género en la implementación del Acuerdo Final (A.F.) en los 18 meses corridos desde la firma del mismo, 24 de noviembre de 2016 – 30 de mayo de 2018, n cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Verificadores Internacionales y con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto

 
 

 

La detención de niños, niñas y adolescentes migrantes representa no sólo el lado más cruel de las políticas migratorias en el mundo, también constituye una grave violación a los derechos humanos, contrario a lo establecido en instrumentos internacionales que velan por el interés superior del menor. De acuerdo al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ningún niño o niña debe ser criminalizado y sujeto a medidas punitivas y de privación de su libertad por su estatus migratorio o el de sus padres y lo Estados tienen la obligación de brindar alternativas a la detención.