Ante la situación que vive el pueblo colombiano, desde el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/Programa por la paz manifestamos nuestra indignación y desasosiego ante las graves violaciones de derechos humanos que se vienen cometiendo contra la población en diferentes puntos del país desde el pasado 28 de abril.

Desde ese día, Colombia vive una serie de movilizaciones masivas en contra de un conjunto de reformas como la tributaria, a la salud y pensiones, con las cuales el gobierno de Iván Duque pretende solventar el déficit fiscal producto de varios factores, aumentar el gasto para enfrentar la emergencia sanitaria, y disminuir el recaudo por la recesión económica y las exenciones tributarias para los grandes capitales aprobadas por su gobierno en 2019. 

La mayor parte de los recursos de la reforma iban a provenir de la ampliación de la base gravable del impuesto de renta y del impuesto al consumo a más productos de la canasta básica familiar. Aunque al iniciar las movilizaciones se anunció el retiro de algunas de las medidas más impopulares y regresivas, la movilización continuó y cobró fuerza, tanto por la feroz represión policial y militar como por el cambio sustantivo en el carácter de las protestas: de una oposición a la reforma tributaria a una convergencia de múltiples demandas ciudadanas relacionadas con la profunda desigualdad y pobreza que en medio de la pandemia se agudizó en Colombia.

Se trata de una conflictividad que viene acumulada de años atrás expresada desde el Paro Cívico Nacional que inició el 21 de noviembre de 2019. De fondo, emergen como factores explicativos de esta conflictividad los siguientes elementos: el agotamiento del modelo económico imperante que no ofrece horizontes de futuro a la inmensa mayoría de la población colombiana, sobre todo a la juventud; la frustración de amplios sectores de la sociedad cuyas expectativas políticas se vieron frustradas con el actual gobierno dada su política displicente con el Acuerdo de Paz y contraria al clima político de apertura democrática; y una profunda crisis en las instituciones del Estado conllevando a la desconfianza en amplios sectores de la sociedad.

La represión y criminalización del derecho a la protesta social en Colombia no es una práctica excepcional. Recientemente, las jornadas de protesta que comenzaron el 21 de noviembre de 2019, las del 9 de septiembre de 2020 y las que iniciaron el 28 de abril de 2021 han sido duramente reprimidas por la Fuerza Pública. La multiplicidad de hechos y de víctimas causadas en varios lugares del país dificulta tener una cuantificación exacta de lo que ocurre en tiempo real; sin embargo, las denuncias públicas y la circulación de videos y audios hacen evidente la sistemática violación de Derechos Humanos contra la población que ejerce su derecho a la protesta, e incluso, contra quienes no participan de las movilizaciones.

Son diversas las graves violaciones de Derechos Humanos denunciadas: ejecuciones extrajudiciales con armas de fuego contra mayores y menores de edad, detenciones arbitrarias, desapariciones, abusos sexuales contra mujeres, lesiones a causa del uso de gases lacrimógenos u otro tipo de armas accionadas por la Fuerza Pública contra los manifestantes causando graves heridas, el uso de ambulancias para detener y torturar a los manifestantes en su interior, y el uso de gases lacrimógenos caducos con efectos tóxicos y agresiones contra personas detenidas a quienes coaccionan a borrar los registros fílmicos de sus celulares con pruebas de las agresiones.

Existen además acciones deliberadas para obstaculizar la labor de los defensores de derechos humanos y la prensa: se les ha detenido y hurtado sus chalecos y carnets de identificación; inclusive se disparó a la misión de verificación integrada por organizaciones locales y personal de Naciones Unidas el 3 de mayo en Cali, una de las más afectadas por la represión.

Finalmente, el gobierno quiere justificar la represión generalizada y la militarización de las capitales y municipios intermedios aludiendo a la existencia de acciones calificadas como “vandálicas” o “terroristas”, tales como el incendio de vehículos, saqueos al comercio y ataques no justificados contra la Policía. Sin embargo, las agresiones de la Fuerza Pública no solo se aplican contra los presuntos autores de estos hechos, sino contra quienes protestan pacíficamente. Igualmente, persisten dudas sobre la procedencia de las armas y la financiación de este tipo de agrupaciones que infiltran las protestas.

Teniendo en cuenta que este tipo de acciones bárbaras contra el pueblo son inadmisibles en un Estado de Derecho y un régimen democrático:

• Exhortamos al presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, como máximo comandante de las Fuerzas Militares y de Policía, para que cese la represión sistemática e indiscriminada que usa métodos antiterroristas contra ciudadanos manifestantes que están ejerciendo el legítimo derecho a la protesta social. Que los crímenes no queden impunes.

• Hacemos un llamado enfático al gobierno colombiano a reconocer el sufrimiento del pueblo que ha tenido que acudir a las calles para exigir la garantía de sus derechos humanos y fundamentales a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, y la vida. Por eso, en lugar de considerar medidas como el Estado de conmoción interior, que restringen aún más los derechos, se deben ofrecer mecanismos para un diálogo genuino con diversos sectores del pueblo colombiano que tiene derecho a ser escuchado y buscar soluciones efectivas ante sus justos reclamos concertando acuerdos de solución a las demandas ciudadanas expuestas en la calle.

• Pedimos a la comunidad internacional, organizaciones cooperantes y cuerpo diplomático que haga un enfático y directo llamado al gobierno nacional para que cese de manera inmediata la dura represión que está sufriendo el pueblo colombiano, y que impulse y acompañe espacios de diálogo para garantizar que las justas demandas de la ciudadanía sean atendidas.

A nuestro pueblo, que cuente con nuestro respaldo en la exigencia de sus derechos. Nos solidarizamos con el sufrimiento de las víctimas de esta esta represión.

Llamamos a que se mantenga la esperanza en que un país más justo será posible y donde protestar no nos cueste la vida.

Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/PPP

A continuación encontrará el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Este 28 de abril Colombia volvió a las calles en rechazo a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. Violencia y abuso policial también han sido constantes dejando heridos, muertos y detenciones arbitrarias, además de agresiones a defensores de derechos humanos y prensa.

Desde el miércoles 28 de abril, unas 50 ciudades y municipios de Colombia se movilizaron pacíficamente en horas de la mañana en contra de la reforma tributaria que el Gobierno radicó ante el Congreso y prevé el aumento en el IVA y renta para sectores medios de la población. Entre los reclamos también se encuentran algunos que datan del Paro Nacional de 2019 tales como el cumplimiento de los acuerdos establecidos con grupos étnicos, campesinos, estudiantiles y sindicales por parte del Estado, así como garantías para el respeto de la vida y la implementación del Acuerdo de Paz. 

El contraste entre la movilización y la respuesta de la Fuerza Pública 

El cierre del #28A estuvo marcado por actos de violencia y la agresión de la fuerza pública a manifestantes en Pasto, Bogotá, Medellín y Cali. En esta última ciudad 3 personas murieron resultado de los enfrentamientos entre civiles desarmados y Policía, mientras los registros de abuso policial contra mujeres jóvenes en Medellín y otros en diversas capitales se hacen virales. Temblores ONG denunció que tras las jornadas de manifestación del miércoles registraron 95 casos de violencia policial, que incluyen a 35 víctimas de violencia física por parte de la Policía y 3 víctimas de violencia homicida de parte de este cuerpo.

En Medellín, el Proceso Social de Garantías alertó sobre el uso de armas de fuego a manos de civiles este 29 de abril en el centro de la ciudad, mientras en Cali quedó registrado en video el asesinato de un joven. Aunque en dicha ciudad se han presentado hechos como asonadas y robo de tiendas, las organizaciones han señalado que estas situaciones no ocurrieron de parte de quienes se manifestaban. 

La Campaña Defender la Libertad, reportó que en Colombia hubo 49 personas heridas, 4 presuntamente fallecidas, 73 detenidas, 14 allanamientos, 10 agresiones a personas defensoras de DD.HH. y aproximadamente 78 denuncias de violencia policial el pasado #28A. 

Medidas para continuar con la protesta

La Comisión Colombiana de Juristas ha alertado ante la ausencia de garantías para quienes se manifiestan y son detenidos por la Fuerza Pública señalando que son “sometidos a retenciones ilegales e imputaciones de cargos sin la asistencia jurídica” que prestan organizaciones como las que integran la Campaña Defender la Libertad.

En ese sentido, han llamado la atención sobre la necesidad de no usar con arbitrariedad la figura del Traslado por Protección, los comparendos y judicializaciones contra quienes se manifiestan en los términos que lo señala la constitución. Igualmente, han llamado a la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación para que hagan las verificaciones sobre el actuar de la Fuerza Pública y se garantice el derecho a la protesta. 

Nuevos plantones, marchas y cacerolazos en el país y el extranjero son convocados desde entonces a diario, y se anuncian grandes movilizaciones para el 1 de mayo, día del trabajo. 

Por: Comunicaciones Cinep/PPP. 

SOS Cauca

La crisis social y humanitaria en Cauca aumentan tras el asesinato de la líder indígena Sandra Liliana Peña y el carro bomba en Corinto, el ataque a la Minga en La Laguna y operativos militares y combates que dejan muertes, víctimas de minas antipersonal, desplazados, miedo y zozobra. Comunidad caucana e internacional y defensores de derechos humanos claman por protección urgente al pueblo del Cauca.

El jueves 22 de abril, mientras se desarrollaba una Minga de control territorial en el resguardo indígena La Laguna-Siberia de Caldono, Cauca,  hombres armados dispararon causando heridas a por lo menos 31 comuneros. Entre los afectados se encuentra una autoridad que tuvo que ser trasladado junto a otras 2 personas a Cali.

La “Minga hacia adentro” fue convocada en respuesta al asesinato de Sandra Liliana Peña Chocué (autoridad del resguardo La Laguna-Siberia, el pasado 20 de abril mientras se dirigía a una reunión en Popayán) e incluyó actividades de retiro de cultivos de coca. En retaliación, un grupo ilegal abrió fuego. Después del ataque, la guardia indígena logró detener a 12 hombres armados este 22 de abril.  

Las 127 autoridades tradicionales integradas por los 10 pueblos pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se declararon en máxima alerta y asamblea permanente ante las amenazas y riesgos contra su vida, y rechazaron las declaraciones del comandante de la III división del Ejército, general Marco Mayorga Niño, quien aseguró que están en “coordinación con las autoridades para la erradicación de la hoja de coca que se encuentra en la zona” y que se buscaría “hacer un diálogo con la guardia indígena para coordinar actividades de seguridad en los territorios de los resguardos”. 

Las comunidades sostuvieron que la erradicación de cultivos de uso ilícito la realizan desde su autonomía y jurisdicción propia “porque vemos claramente el daño que nos generan estos cultivos” que son “base de la financiación de los actores armados”. Y rechazaron la coordinación que se espera lograr con la Guardia de parte del uniformado, afirmando que ellos son “un órgano civil, no armado, cuya dirección está en cabeza de las autoridades indígenas a las que ésta apoya en actividades relacionadas con la jurisdicción indígena”.

Cauca, en primer lugar de infracciones al DIHC y violencia política 

En la presentación de la revista Noche y Niebla No. 62, el Banco de Datos de DD.HH. y violencia política del Cinep alertó sobre la difícil situación en este departamento. En 2020, Cauca fue el lugar con más infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (232 victimizaciones)  y también el más afectado por hechos de violencia político social (300 victimizaciones).

Y en lo corrido de 2021 la situación  parece no estar mejorando: En este mes se registró un desplazamiento masivo de más de 250 personas en Argelia el pasado 17 de abril producto de enfrentamientos entre el Ejército y actores armados ilegales; ocurrió un atentado con artefacto explosivo contra  la subestación de Policía del corregimiento de Siberia, Caldono, el pasado 14 de abril; y se dio una masacre de 4 personas en el corregimiento de Mondomo, Santander de Quilichao, el pasado 8 de abril; además, el el comunero indígena Fernando Lozada Franco había sido asesinado el pasado 8 de abril en Caloto. 

A esta difícil situación se suman la explosión de un carro bomba el pasado viernes 26 de marzo frente a la alcaldía de Corinto, y el desplazamiento de más de 2 mil personas a la cabecera municipal de Argelia ocurrido ese mismo fin de semana tras combates.

Ante tales situaciones, las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creadas por el Acuerdo de Paz como la Comisión de la Verdad y organizaciones internacionales como Oxfam han rechazado la violencia llamando a proteger “la vida, el territorio y el ejercicio de gobierno propio de las comunidades indígenas del departamento del Cauca”. 

El Cinep/Programa por la Paz expresa su solidaridad con las comunidades Nasa del norte del Cauca y rechaza cualquier violación de derechos humanos y/o infracciones al derecho internacional humanitario consuetudinario que afecte a los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y afrodescendientes. Así mismo, el Cinep/PPP insta al gobierno nacional, departamental y local para que asuma su responsabilidad legal y constitucional de garantizar la vida, integridad y libertad de los habitantes de los territorios afectados.

“El pueblo Nasa, las comunidades campesinas y afrodescendientes del Cauca merecen, exigen respeto y garantías de para el ejercicio de los derechos humanos colectivos y territoriales”, asegura el equipo de Cinep. Compartimos comunicado a continuación:

A continuación encontrará el comunicado:

 

Por Juanjosé Gutiérrez / Comunicaciones CINEP.

 

¿Cuál Historia?

La destrucción física de cada cuerpo implica también la desaparición total de esta parcelita de historia universal que fue la vida del ser desaparecido. Cuando este destino individual alcanzó a ser parte significativa de un actuar multitudinario -y sobre todo si el muerto no pudo expresarse y dejar huellas escritas- entonces un fragmento de la historia de todos se pierde irremediablemente. ¡Así la Historia queda incompleta! ¡no se ven las grandes oleadas del movimiento social! Jacques Aprile -Gniset (1991, 11). La historia de Villarrica

Los pueblos indígenas Nasa en ejercicio de su autonomía como pueblos, erradican de su territorio los cultivos de uso ilícito y a cualquier actor armado.

Después de la repudiable y lamentable ejecución de la Gobernadora Indígena Sandra Liliana Peña Chocué y las lesiones al cabildante Avelino Ull, líderes del resguardo indígena La Laguna Siberia, Territorio Ancestral Sat Thama Kiwe, ocurrida el 20 de abril de 2021 en la vereda El Placer, mientras se transportaban en motocicleta hacia el corregimiento Pescador (Caldono, Cauca), las comunidades y autoridades indígenas se declararon en Minga Hacía Adentro en dicho resguardo, en un ejercicio de control territorial que busca erradicar cultivos de uso ilícito, sacar del territorio a los actores armados y agentes asociados al narcotráfico, realizar control de caminos y detener a los responsables de la agresión a los dos líderes indígenas Nasa.

El día de ayer 22 de abril, las comunidades indígenas de Caldono, Jambaló, Toribío, Corinto y Miranda (Cauca), mientras desarrollaban la Minga Hacia Adentro, fueron atacadas con ráfagas de fusil por hombres armados sin identificar, en inmediaciones de la vereda Caimito, causando heridas a 22 indígenas. Tras el hecho, la guardia indígena Nasa detuvo a siete personas armadas ajenas al territorio y decomisó un vehículo. A pesar de los ataques desmedidos en contra de la humanidad de los comuneros y autoridades indígenas, el pueblo Nasa siguió adelante con la Minga e inició la erradicación manual de cultivos de coca.

Frente a estos hechos el Cinep/Programa por la Paz, expresa su solidaridad con las comunidades Nasa del norte del Cauca y rechaza cualquier violación de derechos humanos y/o infracciones al derecho internacional humanitario consuetudinario, que afecte a los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y afrodescendientes. Así mismo, el Cinep/PPP insta al gobierno nacional, departamental y local para que asuma su responsabilidad legal y constitucional de garantizar la vida, integridad y libertad de los habitantes de los territorios afectados.

Llamamos al gobierno a cumplir con responsabilidad histórica los acuerdos de la Minga y los acuerdos de La Habana (Cuba), de cara a prevenir que los territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes sigan siendo convertidos en escenarios de guerra.

Llamamos a la ONU y a la comunidad internacional para que se realicen las acciones pertinentes y se pronuncien frente al estado colombiano; realicen el monitoreo de la situación; respalden a las comunidades afectadas; insten a la Defensoría del pueblo y Procuraduría General de la Nación en el cumplimiento de obligación constitucional e internacional de proteger la vida, integridad y libertad de quienes defienden el territorio. Y a la Fiscalía General de la Nación que investigue y realice las acciones pertinentes para que haya justicia en el caso de la Gobernadora Indígena, y de las y los líderes sociales de base que están siendo agredidos y exterminados en el departamento del Cauca y el resto del país.

Seguiremos denunciando la crisis humanitaria vigente en el Cauca y apoyando la Minga Hacia Adentro, en memoria de la gobernadora Sandra Liliana Peña Chocué y los líderes sociales de base que en Colombia siguen siendo victimizados por falta de garantías para el ejercicio del Derecho a Defender los Derechos.

El pueblo Nasa, las comunidades campesinas y afrodescendientes del Cauca merecen, exigen respeto y garantías de para el ejercicio de los derechos humanos colectivos y territoriales.

A continuación encontrará el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional -ST- compuesta por el CINEP y el CERAC, presenta el Quinto informe sobre el enfoque de Género en la implementación del Acuerdo Final -A.F.- en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Verificadores Internacionales, los expresidentes Felipe González y José Mujica y con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz. Este informe cubre el período del 1º de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021. Como en los informes anteriores, tiene una mirada crítica, constructiva y propositiva y se nutre de diversas fuentes: oficiales, de investigaciones previas, entrevistas, informes de organizaciones sociales y otras instancias previstas en el A.F., y análisis propios.  

 

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