Esta semana que pasó recordamos el Bicentenario de la batalla de Boyacá. Habitualmente estas fechas se asocian a batallas lideradas por guerreros, pero casi nada se reconoce el aporte de las mujeres. Durante estos doscientos años incontables mujeres colombianas han entregado su vida por la nuestra nación.

Una de ellas fue Manuela Beltrán, la primera heroína que luchó contra el poder opresor español. Mujer nacida en El Socorro, Santander. En 1781, en un acto de rebeldía, rompió el edicto por el cual se fijaban impuestos sobre las ventas de los productores y sobre el consumo, acción que fue la chispa para la revolución comunera.

Antonia Santos de Pinchote, Santander. Comandó un destacamento militar que se unió a la causa de Simón Bolívar contra el poder español. Convocó a la rebelión de los comuneros y los impulsó a luchar en la batalla de Pienta, el 4 de agosto 1819, esta acción impidió que los españoles se encontraran con Bolívar que emprendía la campaña libertadora. Esta acción le costó el fusilamiento. Otro ejemplo fue, Policarpa Salavarrieta, 'La Pola', gran heroína colombiana. Nació en Guaduas. Fue una experta espía y mensajera del ejército criollo. La ejecutaron en la Plaza mayor de Bogotá en 1817.

En los años veinte del siglo pasado, María Cano, líder política y sindical, luchó incansablemente por los derechos de los obreros. En los años cuarenta, Mercedes Abadía, buscó con empeño el derecho al voto de las mujeres y Georgina Fletcher, española radicada en Colombia, promovió los derechos civiles de las mujeres, en especial el derecho a la educación y al trabajo. Otras mujeres como Esmeralda Arboleda, en los años sesenta, impulsó la construcción de la ciudadanía para las mujeres. Igualmente, Rosita Turizo, en el contexto de la lucha por el sufragio femenino, ayudó a resquebrajar el estereotipo de mujeres incapaces de asumir puestos de dirección y Virginia Gutiérrez, desentrañó las bases culturales de la familia patriarcal.

Estas mujeres destacadas no han sido las únicas, millones de mujeres, durante estos 200 años de la historia del país han sido protagonistas de la construcción de la sociedad colombiana, mujeres sabias, servidoras, trabajadoras y solidarias, como las madres de cada uno de nosotros, como mi madre Minita Guevara Ávila que hace dos semanas vivió su Pascua de resurrección y ahora está junto al Padre Creador.

El ocho de marzo pasado, día de la mujer, el Papa Francisco expresó: “La mujer es quien hace hermoso el mundo, lo cuida y lo mantiene vivo. Trae la gracia que hace nuevas las cosas, el abrazo que incluye, la valentía de donarse. La paz es mujer. Nace y renace de la ternura de las madres”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

El tercer derecho consagrado en la Declaración universal de los derechos humanos, es el derecho a la vida. Sin embargo, este derecho termina siendo uno de los más violados en contextos como el colombiano. Ante esta situación, se hace necesario que entorno a este tipo de violencia, la ciudadanía se manifieste para exigir respeto por la vida.

La defensa del derecho a la vida en Colombia no es algo nuevo. El violento contexto que han vivido las comunidades, tanto en el campo como en las ciudades, ha llevado también a levantar la voz de protesta y a salir a las calles para rechazar los asesinatos, para exigir justicia y para demostrar que, a pesar de la violencia mortal, hay quienes quieren construir mejores condiciones para sus comunidades. 

 La defensa de la vida en Colombia

La Base de datos de Luchas Sociales de Cinep/PPP, recopila información histórica sobre las luchas protagonizadas por diversos sectores sociales. Esta base registra 1784 luchas sociales por el derecho a la vida entre 1975 y 2018. A continuación, los datos por año y la participación departamental de estas luchas.

 

30 años resistiendo a la violencia

La anterior gráfica muestra el comportamiento, en cantidad, de las luchas sociales por la vida en Colombia. Estas movilizaciones suelen ser reactivas, es decir, se producen como respuesta a un incremento del número de asesinatos y acciones violentas en determinada región. A continuación, los años en los que se presentaron más movilizaciones por la vida con sus contextos que explican estos incrementos. Y muestran además, algunos de los protagonistas de las historias de horror y de las historias de resistencia y manifestación por el derecho a la vida y a la integridad desde 1988 hasta 2018.

 

Marcha por la vida 2019: por los liderazgos sociales

A finales de junio de 2019 un video sacudió la opinión pública. Se trataba de un niño llorando desesperado porque acababan de asesinar a su madre, María del Pilar Hurtado, en Tierralta, Córdoba. Esta imagen no sólo develó el drama más cercano, del asesinato selectivo a líderes sociales, sino que despertó una amplia indignación en muchos sectores. Semanalmente los medios de comunicación han presentado desde la firma del Acuerdo asesinatos de personas que adelantaban gestiones en diversos temas, para para enfrentar injusticias, exclusiones o desigualdades en sus comunidades.

Los dolorosos gritos de ese niño llamaron la atención de la ciudadanía en general para hacer algo en defensa de los liderazgos sociales. Así, se convocó a una marcha el 26 de julio. Múltiples sectores atendieron y salieron a las calles en ciudades de todo el país y en el exterior. Convocados para exigir respeto por el derecho a la vida ante los armados y para exigir celeridad en la justicia de estos casos ante el Estado. Estas son las voces de los representantes de algunos sectores sociales que marcharon ese viernes en Bogotá y sus motivaciones.

 
 

Por los liderazgos sociales

La marcha del 26 de julio, por los líderes sociales, en imágenes

 

 

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Periodistas asistentes: 
María Fernanda Vera, Lida Bocanegra, Deivyd Manrique

 

Asesora temática: Martha Cecilia García

“Personas desconocidas asesinaron, con arma de fuego, a Carlos Augusto Panesso, cuando salía su casa.

Carlos Augusto era un reconocido líder de la comunidad LGTBI y miembro activo de la Fundación Arco Iris de Tumaco.

Además, estaba en Tumaco como desplazado. Este es el segundo hecho ocurrido en la misma semana contra miembros de la comunidad LGTBI”.

 Memorias para la Vida y la Paz, Tumaco, Nariño, 2017. 

En el marco del conversatorio Situación de Derechos Humanos en el departamento de Nariño, Cinep/Programa por la Paz entrega y socializa Memorias para la Vida y la Paz, una línea de tiempo que busca “hacer un homenaje y reconocimiento a la vida de tantos hombres y mujeres que lucharon por tener mejores condiciones de vida, lograr el cumplimiento de sus derechos y construir la paz”. Este trabajo fue realizado en el marco del convenio Construyendo Paz con equidad desde Nariño, apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Memorias para la vida y la paz reconstruye la victimización sufrida por la población civil y permite demostrar cómo estas dinámicas no son recientes en el departamento. Para Fernando Sarmiento, coordinador del equipo Iniciativas de Paz del Cinep/PPP, “desde mediados de los años 90 se ha mostrado esta situación de victimización - asesinatos, heridas, secuestros, desapariciones o desplazamientos forzosos, etc.- en Nariño con unos picos grandísimos en los años 2000 y 2006; pero que vienen todavía incrementándose hasta llegar al año 2012, donde hay un mayor grado de victimización hasta llegar un punto de 415 víctimas”.  

A pesar de que antes y al inicio del Proceso de Paz en la Habana se dio un incremento en las victimizaciones, durante la negociación hubo una disminución de esta, que se volvió a incrementar tras la firma del Acuerdo de Paz. Según Sarmiento, este aumento “hace parte de este proceso de victimización de líderes sociales en el país”.

La información de esta línea de tiempo recoge las cifras del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política. En el proceso no se involucraron organizaciones de derechos humanos del territorio debido a las implicaciones de seguridad, como lo comenta Sarmiento: “nosotros no pusimos logos de organizaciones, redes o plataformas con las que nosotros trabajamos en el territorio; pusimos solamente los logos nuestros y de organizaciones internacionales porque nosotros podemos decir que tenemos esta información. Eso con el sentido de no comprometer a la gente en el territorio”.

La línea se divide en tres aspectos: cronología, georreferencia y tipología. En el primer aspecto, como lo dice Alejandro Angulo, S.J., “la inseguridad producida por este Estado de guerra crece con el transcurso del tiempo: en el primer decenio, el promedio de civiles victimizados fue de 22, en el segundo decenio, 175, y en el tercer período, que solo cubre 7 años, el promedio asciende a 243”. Por su parte, en la georreferencia, Camilo Hernández, investigador del equipo Iniciativas de Paz del Cinep/PPP, determina que el principal escenario de la guerra en los últimos 25 años se da en la zona pacífica, especialmente, en el municipio de Tumaco con más de 311 hechos y 430 víctimas. En cuanto a la tipología de la victimización, como se ve en la gráfica, se encuentran cuatro motivos principales: la violencia político-social, violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y acciones bélicas.

 

 

Para Sarmiento, la violencia político-social y las infracciones al DIH son las más preocupantes. La primera, porque “son líderes comprometidos en procesos sociales-políticos en el territorio y por tales razones los persiguen y esa victimización se presenta más en particular a partir del año 2000 hacia adelante” y, la segunda, debido a que es “accionar propio de los actores armados en el territorio”.

Esta lectura se relaciona con la encontrada en la línea de tiempo, en la cual, Yebrail Álvarez, analista del equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP, expone que “los sectores eclesiales y las organizaciones étnico-territoriales y campesinas denuncian que las autoridades civiles, militares y policiales no están protegiendo la vida, libertad e integridad de las comunidades, asimismo denuncian las acciones desarticuladas entre dichas autoridades, los organismos de control y las instancias de justicia”.

Esta línea de tiempo apunta a un proyecto mucho mayor por parte de la coordinación de los equipos Iniciativas de Paz y Derechos Humanos del Cinep/PPP. según informa Fernando Sarmiento “una de las cosas que queremos hacer con las organizaciones es documentar toda esta información. Entonces nos toca ponernos de acuerdo para lograr una articulación o coordinación y así conocer los casos, documentarlos, registrarlos,  darlos a conocer e informar sobre la situación en el departamento”.

Además de crear esta articulación, Sarmiento considera necesario lograr una sostenibilidad en el tiempo por medio de una estructura organizativa debido a que “aunque estamos en un proceso de implementación de un Acuerdo de Paz, lo que estamos viendo es que la violencia, especialmente sobre sociedad civil y los líderes, está incrementándose”. Es necesario crear estrategias de coordinación con instancias gubernamentales como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría con el fin de “entregar una información sólida y mucho más actualizada”.

“Allá en el departamento hay un gran interés, las organizaciones con las que hemos hablado de derechos humanos están dispuestas a trabajar por este tema y sobre todo informar”, asegura Sarmiento. Y aclara que adicional a recoger la información, la idea es presentarla a la Comisión de la Verdad, como ya se hizo con la línea de tiempo Memorias para la Vida y la Paz.

Lida Bocanegra
Equipo de Comunicaciones

En la segunda edición del año, Diálogos Cinep/PPP debatió acerca del primer año de gobierno de Iván Duque en relación con la implementación del Acuerdo de Paz, el asesinato a líderes sociales y la economía del país. En él participaron Sara Tufano, columnista de El Tiempo; Libardo Sarmiento, integrante del comité editorial de Le Monde Diplomatique y Sandra Borda, profesora asociada de la Universidad de los Andes.

Consuelo Corredor, moderadora, inició el diálogo planteando la falta de gobernabilidad del actual gobierno y con su primera pregunta abrió la discusión al respecto. Sandra Borda afirmó que esta temática se podría plantear en tres ideas: (1) la relación entre el ejecutivo y el legislativo en la que “el gobierno está ensayando un nuevo esquema de relacionamiento con el Congreso que en palabras de ellos mismo ‘no pase por las mismas lógicas de la mermelada’ con la que funcionó en el gobierno Santos”, (2) el estatus de gobernabilidad de Duque en relación con su partido y (3) la falta de consolidación de un proyecto de gobierno claro, “uno no pude poner un país a funcionar o a gestar política pública alrededor de un objetivo de esa naturaleza –economía naranja–”.

 

Esta lectura fue debatida por Sara Tufano . En su opinión, la decisión de mantener en los ministerios más importantes –Defensa, Hacienda, Relaciones Exteriores e Interior– personas de confianza del Centro Democrático representa “que los aspectos principales del gobierno iban a ser manejados por Uribe”. Entonces, para ella, la idea que se ha difundido de que el presidente no tiene gobernabilidad porque “es un presidente moderado”, “porque ha decidido gobernar con cero mermelada” o “porque no tiene las mayorías en el gobierno” se contradice con lo que realmente ha hecho Duque en el año no solo en la reducción del presupuesto sino en la agenda legislativa como la Justicia Transicional.  

En cuanto al manejo de la economía, Libardo Sarmiento denomina este como un gobierno perdido en los temas macroeconómicos que agrava el déficit comercial que venía en alza desde años anteriores. Este problema se acompaña por un déficit fiscal al que la reforma tributaria del primer semestre no respondió, un aumento en las cifras de desempleo y un “presupuesto que no responde a los problemas macroeconómico que tiene el país en el momento”.

Por otra parte, con relación a los asesinatos a líderes sociales Tufano indicó que existe una tipología especial en los liderazgos asesinados “no los están matando a todos, este es un plan sistemático y los líderes sociales que están siendo más asesinados y más amenazados son los que están trabajando el tema de protección a recursos naturales y de restitución de tierras”. En esta misma línea, Sarmiento planteó los asesinatos como un conflicto de clases sociales, “una arremetida contra las poblaciones rurales por el modelo económico llámese campesinos, indígenas, negras”; es decir, “es un proyecto hegemónico de destrucción de una clase”.

Revive aquí el minuto a minuto de este evento: 

Lida Bocanegra
Equipo de Comunicaciones

“El riesgo en que se encuentra la paz es equivalente al riesgo en que se encuentra la democracia” es lo que se concluye del texto Sociedad Civil y Construcción de Paz 2018-2019 investigaciones e iniciativas impulsadas por el proyecto piloto Impact Local Peace (ILP) realizado entre enero de 2018  y mayo de 2019  con apoyo de otras organizaciones como  Alianza para la Paz (APAZ), el Secretariado Nacional de Pastoral Social (SNPS), Foro Nacional por Colombia, el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP), la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (Ciase), Policéntrico y el Extituto de Política Abierta.

En el texto, se hace referencia al papel de la sociedad civil en la construcción de paz en el país. La incidencia e inclusión que se le debería dar en el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz permite entender que construir paz implica romper con las estructuras establecidas y las relaciones políticas que contribuyen a la polarización. Así mismo, se investiga la noción de las personas alrededor de lo que significa paz para ellas. Wikipaz, un experimento creado por el Extituto de Política Abierta y Policéntrico,  con el fin de construir un significado colaborativo de paz por medio de la interacción con los usuarios a través de opiniones, canciones, sentimientos, entre otros,  encontró que la sociedad civil no organizada hace una lectura en torno a la paz muy personal y diaria diferente a las utilizadas en contextos institucionales donde se habla de justicia e igualdad. Sin embargo, la sociedad está de acuerdo con los elementos fundamentales de avanzar, perdonar y la no repetición de la violencia y el conflicto armado.

Por otro lado, esta investigación hace una reconstrucción del conflicto armado colombiano, su origen, dinámicas, diferentes etapas y procesos de paz fallidos a través de la historia. Todo con el fin de tener un contexto específico, analizar los retos y complejidades a los que se enfrenta la sociedad civil para la construcción de la paz. Pero, sobre todo, resalta las oportunidades y fortalezas que hay desde la sociedad civil para la contribución de la paz en Colombia, como se menciona en el segundo capítulo “la construcción de paz y la democracia radica en la riqueza de su diversidad”.

Uno de los paradigmas que aborda, es superar la visión que se tiene de construcción de paz basados en el Acuerdo. Lo que se pretende es analizar la sociedad civil y su contribución a la paz “más allá de acuerdos políticos y de sus opositores”. A partir de casos reales como las consultas populares en el sector minero de Cajamarca, se observa la participación ciudadana, el fortalecimiento de actores locales y regionales, que hacen acciones plurales e incluyentes con las motivaciones que tienen para mejorar sus condiciones de vida.

Así mismo, se resalta que incluir a las organizaciones y comunidades excluidas históricamente hace parte de los desafíos que tiene el Estado para construir confianza alrededor de la construcción de paz en el país. El texto aborda las nuevas y novedosas formas de participación como las movilizaciones sociales y las movilizaciones digitales;sin embargo, estas son poco eficientes para romper la brecha de exclusión y barreras de alcance de algunas comunidades, además de “la fugacidad de su impacto”.

De esta manera, se hace el análisis de las implicaciones que trae el cambio de gobierno con respecto a la polarización actual del país. También explica y analiza la importancia de la inclusión en la construcción de paz a los opositores y detractores, con el fin de no excluirse por diferencias políticas “la paz debería ser objetivo de ‘izquierdas y derechas’”. Así mismo, analiza el papel fundamental que tiene la cooperación internacional en la implementación de los Acuerdos de Paz.

Finalmente, el texto concluye que la construcción de la paz no debe estar limitada por los Acuerdos entre Gobierno y FARC sino también a los demás grupos armados que siguen activos en todo el territorio nacional. Es necesario entender el contexto actual en el cual no toda la población está unificada en el anhelo de la paz; sin embargo, este sigue siendo un reto nacional, regional y local.

Lee aquí Sociedad Civil y Construcción de Paz 2018 -2019

 

María Fernanda Vera Sánchez
Equipo de Comunicaciones