En su primera versión del 2019, Diálogos Cinep puso en la mesa del debate la crisis de asesinatos contra líderes sociales. Diana Sánchez, coordinadora del programa Somos Defensores, junto con Juan Fernando Vargas, profesor titular del la Universidad del Rosario, acompañaron este conversatorio para informar sobre la situación de los líderes y lideresas en el escenario del posacuerdo. ¿Quiénes los están matando?, ¿cuáles son los posibles motivos?, ¿cuál es la percepción sobre la gestión de las instituciones? Fueron estas algunas de las preguntas que proporcionaron el hilo conductor de este diálogo. 

Matar líderes: ¿qué puede estar pasando?

El profesor Vargas fue uno de los autores del informe “Matar a líderes sociales para el control territorial. Las consecuencias inesperadas de la paz”. De acuerdo con Vargas, el asesinato de líderes es un fenómeno sistemático que debe ser reconocido como tal: “es un fenómeno que tiene causas políticas evidentes, pero a pesar de eso, hasta hace poco comenzó a ser estudiado de manera rigurosa”, expresa el profesor. La falta de identificación de patrones comunes ha sido otro de los obstáculos que, según él, ha impedido que se establezca una mayor comprensión de los motivos centrales.

En términos de temporalidades, después del primer semestre del 2015, como establece Vargas, se presenta un aumento considerable de los asesinatos de líderes. De ahí que se facilite la elaboración de hipótesis y el cuestionamiento sobre afirmaciones tales como la exacerbación de estos hechos después de la firma de los Acuerdos en 2016: “¡Al parecer no es así! Este fenómeno se exacerbó dos años antes de la implementación del Acuerdo de Paz. Entonces la respuesta no puede ir por ese lado”, afirma.

Bajo este análisis, el profesor Vargas llamó la atención sobre la decisión de la entonces guerrilla de las FARC de aceptar un cese al fuego. Este hecho, ocurrido en diciembre de 2014, es para Vargas una de las causas del aumento de asesinatos. La paradoja para el profesor se presenta a simple vista: ¿a qué se puede deber el aumento de asesinatos en un periodo en donde hay un cese al fuego? “Una de las estrategias de grupos al margen de la ley para controlar territorios estratégicos es el asesinato selectivo de civiles”, sostiene Vargas. Es ahí donde los líderes de las comunidades se convierten en el objetivo militar directo de estos grupos armados.

El impedir la acción colectiva de las comunidades por medio de la coacción armada y violenta es, desde la perspectiva del académico, uno de los motivos del asesinato. “Nuestra hipótesis es que, una vez las FARC decretó el cese al fuego, de facto, se convirtió en una invitación a otros grupos armados al margen de la ley que no hacían parte de la negociación de paz, como bandas ‘neoparamilitares’, de ocupar los territorios dejados por el entonces grupo guerrillero. Ya no encontrarían resistencia armada”, afirma.

Estos efectos, según el profesor, también dan cuenta de una falencia del gobierno al momento de la negociación. “Hizo falta una estrategia de consolidación de una presencia institucional de seguridad, justicia y desarrollo económico en esos territorios. Ese vacío facilitó la apropiación de esos espacios por parte de los otros actores armados”, sostiene Vargas. De ahí que se desprenda el asesinato selectivo de líderes sociales como estrategia de control de los nuevos grupos armados al margen de la ley.

No obstante, en el informe se ha logrado identificar de una manera parcial a los perpetradores de los homicidios. Los ‘neoparamilitares’ y el ELN, según Vargas, fueron los principales victimarios identificados. Además, el académico resalta que estos asesinatos no necesariamente se intensifican en zonas donde haya presencia de cultivos ilícitos o de minería ilegal, pero sí en zonas donde hay demandas de restitución de tierras, “es ahí donde la situación es más grave. No estoy diciendo que la restitución de tierras explique el asesinato de líderes, pero sí es un factor que lo agrava”, dice Vargas.

Para una mayor comprensión del fenómeno, han sido varias las organizaciones defensoras de derechos humanos que se han asociado para obtener una lectura integral y sólida del asesinato a líderes. El Programa Somos Defensores, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), la Federación Comunal, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), el Cinep/Programa por la Paz, entre otros, son un ejemplo de asociación que tiene por objetivo una aproximación a los métodos y causas del asesinato de líderes.

Las organizaciones arriba mencionadas eligieron el periodo del posacuerdo (1 de enero de 2016 – julio de 2018) para desarrollar el análisis del fenómeno. “Cruzamos todas nuestras bases de datos y encontramos 343 casos de asesinatos. Sobre esa cifra estuvimos trabajando”, afirma la coordinadora del Programa Somos Defensores, Diana Sánchez. Dentro de los resultados obtenidos, Sánchez resaltó algunos patrones críticos dentro del fenómeno del asesinato de líderes sociales: “El gobierno insiste en que no hay sistematicidad, que son casos aislados y no tienen conexión. Podríamos pensar que efectivamente no hay una organización delictiva a nivel nacional que esté haciendo todo, pero sí hay un patrón común: están matando líderes sociales”, expresa Sánchez.

Es a partir de este patrón común que, según la coordinadora, es necesario prender las alarmas. De la misma forma, han identificado que estos asesinatos están muy relacionados con el intento de implementación de los pactos provenientes del Acuerdo de Paz. Otro patrón en el tipo de víctimas es que los líderes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) son las personas más afectadas por este tipo de violencia. “Las JAC son las organizaciones base del país, y son sus líderes los que están enfrentados a todo tipo de agresiones”, dice Sánchez. A lo anterior se suma que se ha descubierto la contratación de sicarios para los asesinatos: “eso quiere decir que hay alguna estructura detrás de los asesinatos. Para pagar sicarios debe haber una estructura criminal que lo haga, no puede ser aislado”, sostiene.

De otra parte, la coordinadora rescata que después del Acuerdo hubo una mayor sensibilización hacia la tarea que realizan los líderes sociales. Antes, según Sánchez, se representaba al líder social como un individuo que no actuaba por autonomía, sino por manipulación de guerrillas u otros grupos al margen de la ley. “Esto significa que el liderazgo social recobró la independencia que había perdido”.

Lo anterior, sin embargo, se ven truncado por los pocos avances en términos de esclarecimiento de los hechos que presenta la Fiscalía General de la Nación. Sánchez recalcó que la Fiscalía tomó como universo los asesinatos que se produjeron desde el 2016 hacia adelante: un total de 194 casos. De esos casos, afirmaron que un 50 % se había logrado esclarecer. Sin embargo, la coordinadora indica que este ‘esclarecimiento’ no necesariamente hacía referencia a condenas emitidas (que son, para Sánchez, el verdadero indicador de esclarecimiento), sino que también incluían las imputaciones. El criterio de ‘imputación’ se define como la etapa en la que la Fiscalía determina quiénes pueden ser los posibles responsables de los asesinatos. “Cuando fuimos a mirar, en realidad había 16 sentencias, es decir, un 8.5 % de esclarecimiento. No hay tal para decir que hubo un 50 %. Eso es lo que queda frente al mundo y el país. Eso es manipulación”, recalcó.

Por otra parte, Sánchez sostuvo que otra incompatibilidad que se presenta es con la identificación de los victimarios. Para la coordinadora las Fuerzas Militares también han sido identificadas como responsables de los asesinatos. “Siempre nos ha coincidido que las Fuerzas Militares y el ELN se compiten los números: están entre 6 y 7 asesinatos de líderes sociales al año. El gobierno presenta siempre al ELN como el victimario principal y no es así”, expresa. No obstante, la coordinadora del programa Somos Defensores fue enfática en afirmar que son responsables desconocidos quienes han cometido la mayoría de asesinatos.

Ante este escenario, Sánchez manifestó la preocupación por las incoherencias e inconsistencias que se han presentado desde el Gobierno y agentes del Estado como la Fiscalía. Este sentimiento se basa en las contradicciones evidentes en los reportes sobre avances en la investigación de los asesinatos a líderes sociales. Para Sánchez, es necesario enfocarse en la identificación de los actores que perpetúan estos crímenes.

Algunas cifras

Vale la pena destacar algunas cifras de los informes que fueron insumos de la conversación en Diálogos Cinep/PPP:

“Matar a líderes sociales para el control territorial” anotó que la evolución del asesinato de líderes sociales y de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC pasó de 30 asesinatos en el primer semestre de 2015, a más de 45 en el segundo semestre del 2017. Por su parte, Somos Defensores registró que para el tercer semestre de 2018 se presentaron 32 asesinatos a líderes sociales. Otros tipos de violencias identificadas, para ese mismo periodo, por la organización fueron: amenazas (87 casos), atentados (5 casos), detenciones arbitrarias (2 casos), judicializaciones (1 caso) y robo de información (1 caso). Esto dio un total de 128 agresiones individuales.

En cuanto a presuntos responsables, el informe titulado “¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Posacuerdo”, resultado de la alianza de varias organizaciones sociales, identificó que entre julio y septiembre de 2018 un 59.3 % se atribuían a paramilitares, un 34.4% a desconocidos, 4.7% a la fuerza pública y un 1.6 % a guerrilla. 

 Video completo de #DiálogosCinep Nos siguen matando: asesinato de líderes sociales en el posacuerdo

 

Sergio Mahecha Jaimes
Equipo de Comunicaciones

    

  

 

A finales del año pasado, causó controversia en la opinión pública la firma del Presidente Duque al Decreto 2362, que amplía durante el presente año, el permiso para el uso de armas por parte de civiles en Colombia, con el argumento de la legítima defensa. Es paradójico que mientras se firma un Acuerdo de Paz para sacar las armas de la política, sectores del Centro Democrático y del partido Conservador, firmaran una carta para impulsar este decreto. De otra parte, diversos sectores políticos y ciudadanos señalan que esta medida es peligrosa, pone en estado de vulnerabilidad a la ciudadanía y debilita la acción de quienes deben tener el uso exclusivo y el monopolio de las armas en un Estado Social de Derecho, que para el caso del país son las Fuerzas Armadas, la Policía y los cuerpos de seguridad legales.

La ciudadanía no necesita armas para su seguridad, necesita, en lo inmediato, un cuerpo policiaco y de inteligencia que descubra, desarticule y capture a los delincuentes y criminales de todo tipo y un cuerpo de justicia que establezca los debidos procesos jurídicos que lleven al restablecimiento efectivo de los derechos conculcados y la resocialización de los delincuentes. Pero para que la seguridad no solo se limite a la aplicación de acciones jurídicas, punitivas y de resocialización, la sociedad e institucionalidad colombiana necesita de una comprensión más amplia de seguridad humana que se traduce en: justicia, equidad, seguridad social, educación, igualdad y paz.

Desafortunadamente, existen sectores sociales y políticos que creen más en el uso de las armas para solucionar los conflictos que en el valor de la educación, del diálogo constructivo y la mediación de la razón para la transformación de los conflictos sociales. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el Estado colombiano destinó para el año 2017 una importante cantidad de dinero en seguridad y defensa. Colombia es el país de Sudamérica que tiene el mayor gasto en materia militar con relación a su producto interno bruto, después de los Estados Unidos, con el 3.1%, equivalente a 9.173 millones de dólares. Una gran suma que, si se invirtiera en educación, daría grandes oportunidades para el futuro de millares de jóvenes.

En noviembre del año pasado, el Papa Francisco en un discurso ante los participantes en la asamblea plenaria de la Pontificia Academia de Ciencias, alertó sobre la ausencia de voluntad y determinación política para detener la carrera armamentista y poner fin a las guerras para enfrentar con urgencia necesidades de los seres humanos. El Papa llamó a detener las guerras, para pasar con urgencia a las energías renovables, los programas dirigidos a asegurar el agua, la alimentación y la salud para todos e invertir en el bien común los enormes capitales que permanecen inactivos en paraísos fiscales.

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director General Cinep/Programa por la Paz

El 29 de enero dos integrantes de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación de Malí y representantes de la organización Abogados sin Fronteras visitaron el Cinep/PPP para intercambiar experiencias sobre cómo se reconstruye la memoria de las víctimas.

Malí, ubicado en el noroccidente de África, fue escenario de un conflicto que inició en enero de 2012. Tuaregs y grupos armados islamistas del norte se aliaron y lograron tomar el control de toda la mitad norte del país. Declararon la independencia de la zona conquistada, lo que llevó a un golpe de Estado militar el 22 de marzo en la capital, Bamako, y al derrocamiento del presidente Amadou Toumani Touré. En el sur la fragilidad política era evidente y el norte quedó bajo control de dos bandos que entraron en conflicto: el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA) por parte de los Tuaregs, y tres grupos islamistas radicales: Ansar Eddin, el Movimiento por la Unicidad y la Yihad en África Occidental (Mujao) y Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

Este nuevo conflicto causó el desplazamiento de más de 400,000 personas al sur del país y a países vecinos como Burkina Faso, Argelia, Mauritania y Níger. El ejército, que había nombrado una junta militar provisional tras el golpe de Estado, realizó varios ataques en contra de la población civil en su lucha por frenar las acciones del MNLA. Fuerzas de seguridad torturaron arbitrariamente a quienes creían que pertenecían al grupo islamista y la junta militar detuvo a opositores políticos.

Los grupos armados aprisionaron, torturaron y asesinaron a decenas de soldados del ejército. Durante y después de la toma de poder en el norte, secuestraron a mujeres y niñas en campamentos militares donde luego fueron agredidas sexualmente. El grupo AQMI prohibió la enseñanza del francés y la educación conjunta entre niños y niñas, e incendió todos los colegios y bibliotecas de Kidal. La Comunidad Económica de Estados del África Occidental (Cedeao), con ayuda de la ONU y gobiernos como los de Francia y Estados Unidos, intervino militarmente para recuperar el norte, acción que generó más desplazamiento forzado y violaciones de derechos humanos.

En el 2014 se aprobó la creación de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación y un año después los grupos rebeldes del norte firmaron un acuerdo preliminar de paz con el Gobierno de Malí, conocido como el Acuerdo de Paz de Argel de 2015. Dos representantes de esa Comisión visitaron el Cinep/PPP junto a representantes de la organización Abogados sin Fronteras para intercambiar experiencias y metodologías de investigación y reconstrucción de la memoria de las víctimas en procesos de transición.

Cinep/PPP compartió algunos elementos del trabajo que adelanta el equipo de Derechos Humanos, especialmente, la metodología del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política que desde hace 30 años registra casos de violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH, intolerancia sociales y hechos de violencia política como: desapariciones, detenciones arbitrarias, amenazas, atentados, torturas y desplazamiento forzado, entre otros. 

Según los representantes de la Comisión de la Verdad de Malí, su trabajo consiste en investigar grandes violaciones de derechos humanos, hacer seguimiento a los hechos, sus presuntos autores y recoger las distintas versiones de las víctimas para integrar todas las voces al relato. Grupos armados, religiosos, mujeres y sectores políticos están representados en la Comisión de la Verdad, lo que le da legitimidad y credibilidad.

Los Comisionados indicaron en el diálogo con Cinep/PPP que la Comisión en Malí representa una esperanza para muchos pues de todos los mecanismos creados es uno de los que mejor ha funcionado; sin embargo, el mayor problema que enfrentan es que el conflicto sigue activo y existe mucha polarización. Según ellos, la sociedad espera de la Comisión un aporte a la reconciliación en un país en el que la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) registró el año pasado 252 casos de violaciones de derechos humanos con un total de 650 víctimas.

Colombia transita por un proceso de implementación de acuerdos en el que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es también una esperanza de reconciliación; sin embargo, es un reto colectivo romper la dinámica de la guerra y pensar en colectivo, en lo que nos hace iguales.

Tanto la situación de Malí como la de Colombia demuestran que en un escenario de transición debe existir esclarecimiento sobre lo ocurrido y su complejidad; se debe reconocer a las víctimas como personas a las que se les vulneraron sus derechos y como sujetos políticos para la reconciliación;  y se debe entender el territorio como un espacio social y político transformador. En el diálogo fue evidente que en ambos casos las Comisiones creadas son necesarias para reconstruir la memoria de las víctimas, garantizar las condiciones de convivencia entre todos los miembros de la sociedad, y crear las bases para la no repetición, la justicia, la reconciliación y la paz estable y duradera.

 

Laura Cristina Vásquez 

Equipo Comunicaciones

 

 La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional -ST- compuesta por el CINEP y el CERAC, presenta el segundo informe semestral sobre el enfoque de Género en la implementación del Acuerdo Final -A.F.- en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Verificadores Internacionales, los expresidentes Felipe González y José Mujica y con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto. Este informe cubre los meses de junio a noviembre de 2018, y es el primero después del cambio de Gobierno. Como el informe anterior, tiene una mirada crítica, constructiva y propositiva y se nutre de diversas fuentes y de los aportes de distintas organizaciones que hacen seguimiento a la perspectiva de género en el A.F., además de la información proveniente de instituciones con responsabilidades en su implementación.  

 

Por: Luz Elena Patarroyo López, Silvia Pabón Tobón y Luis Enrique Galeano Huepa*

Son alarmantes las cifras de la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima sobre continuidad en el sistema educativo entre 2009 y 2018 en los municipios del sur del departamento. En Rioblanco, el 81 % de niños y niñas que estaban en 2° en 2009 no llegaron a 11º en 2018. Lo mismo sucedió en Ataco, donde la tasa de deserción escolar es del 78 %. En Planadas y Chaparral, el 75 % y el 71 % respectivamente no culminó la educación básica ni media.

Los tres niveles de la educación formal
• Inicial: Comprende mínimo 3 grados obligatorios (0, -1 y -2). El Ministerio de Educación (MEN) ha implementado el grado 0 en aproximadamente un 30 % de la cobertura nacional.
• Básica: Tiene una duración de 9 grados, 5 en primaria y 4 en secundaria.
• Media: Son 2 grados (10 y 11).

 

 

En medio del debate generado por la crisis en la educación superior y la masiva movilización social que lideran estudiantes y docentes, vale la pena dirigir la atención hacia la educación básica y media de las regiones. Aunque la discusión se ha centrado en la exigencia de garantías para una educación universitaria pública de calidad, es necesario instalar en la agenda los datos de deserción en municipios como los del sur del Tolima. Esto evidencia una realidad más compleja, en la que miles de jóvenes se quedan sin ingreso a instituciones de educación superior porque no culminan la media. Identificar las causas de deserción escolar en la educación secundaria y media puede orientar a la construcción de políticas públicas que garanticen el acceso y la permanencia. Presentamos cuatro posibles motivos de esta compleja realidad.

1. La precariedad de las condiciones socioeconómicas de las familias rurales obliga a que niños, niñas y adolescentes dejen sus estudios para trabajar. Al respecto, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para la subregión está muy por encima del promedio departamental y es casi el doble del promedio nacional. Rioblanco tiene el IPM más alto.

IPM del Sur del Tolima[1]

Fuente: Elaboración propia con cálculo del Departamento Nacional de Planeación, Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida (DNP-Spscv) con datos del Censo 2005.

 

2. El café, el cacao y otros productos agrícolas son el sustento económico de la mayoría de familias rurales en la subregión, por lo que su estancia en un lugar concreto depende de la cosecha. Los niños y niñas cambian de escuelas debido a esta situación, lo que genera atrasos o pérdida del interés por los estudios.

Otro punto: los jóvenes se inscriben en centros privados que les ofrecen terminar sus estudios a través de modelos de bajo costo semipresenciales y por semestres, generalmente de baja calidad. No tener acceso a procesos de aprendizaje actualizados y pertinentes produce frustración.

Municipio Porcentaje promedio de extraedad
Rioblanco 13%
Ataco 13%
Planadas 10%
Chaparral 9%

Fuente: SED Tolima, datos para el periodo 2009-2018.

No todos los factores de la deserción escolar están asociados al contexto familiar y socioeconómico. Algunos responden a insuficiencias del sistema educativo.

3. La más evidente es la precariedad de recursos destinados a educación rural. Las instituciones educativas públicas en zonas rurales no cuentan con infraestructura adecuada, vías, transporte escolar, alimentación de calidad, docentes ni recursos pedagógicos, entre otros, que garanticen el acceso y permanencia de niños, niñas y jóvenes del campo.

4. La incapacidad del sistema educativo de adaptar sus modelos de enseñanza al contexto rural.

Municipio Deserción rural en 10º y 11º Deserción en Media Rural
Ataco 20% 23%
Rioblanco 18% 21%
Planadas 19% 19%
Chaparral 12% 15%

Fuente: SED Tolima, datos para el periodo 2009-2018.

Por ejemplo: a pesar de que en los cuatro municipios se ha implementado el modelo de Educación Media Rural, en teoría el idóneo en el campo por su enfoque productivo, no ha tenido el suficiente impacto positivo para integrar a los jóvenes con sus proyectos de vida y contrarrestar la deserción. En algunos casos, el porcentaje promedio de deserción escolar bajo este modelo es mayor que el de deserción en general en 10° y 11°-incluyendo todos los modelos educativos-.

*Equipo del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) - Artículo de opinión publicado por Semana Rural