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Las voces y experiencias de las mujeres campesinas de Colombia son documentadas en la serie “Tierra de Mujeres” que compartimos hoy #8M cuando se conmemoran las luchas de las mujeres en todo el mundo. 

“Tierra de mujeres” es un proceso de formación radial sobre las Directrices Voluntarias para la Gobernanza de la Tierra, la Pesca y los Bosques. Las voces y experiencias de las mujeres rurales colombianas nos dan pistas sobre participación, tenencia, políticas públicas, desafíos y luchas por la tierra y el territorio de las mujeres.

Esta serie de siete episodios es un espacio para el aprendizaje sobre la justicia de género en la gobernanza de la tierra y el territorio.

 

 

Se trata de iniciativa de CINEP - PPP, ANUC y la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz IMP con el apoyo de FAO Colombia, Colnodo y la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra.

Esta semana en los #DiálogosCinep se encontraron voces desde Cauca, Buenaventura, Cartagena y Bogotá para hablar sobre su Mirada socioeconómica de la pandemia en Colombia con la moderación del médico y activista Víctor de Currea-Lugo. Estas son sus principales ideas. 

“Las balas acaban más vidas que la pandemia en el Cauca”, expresó Guido Rivera, coordinador suroccidente de la Coordinadora Nacional Agraria, a un año de que el Gobierno decretara el Estado de Emergencia por cuenta de la pandemia de la covid-19 en en el marco del diálogo Cinep “Mirada socioeconómica de la pandemia en Colombia”. 

Lucy Sosa, integrante de la Asociación de Mujeres, Derechos y Paz, sostuvo que “la pandemia no trajo pobreza a los territorios” sino que la agravó porque la economía en Cartagena está marcada por la informalidad, y tras los confinamientos decretados por la emergencia sanitaria “el pueblo cartagenero está padeciendo física hambre”. 

María Miyela Riascos, integrante de la Pastoral Social en Buenaventura, reafirmó lo señalado por Lucy al subrayar que en el puerto antes de la pandemia tenían cifras de 66% de pobreza multimodal, y tras la aparición del virus estos problemas se profundizaron hasta en un 30%. Todo ello, afirmó, en una ciudad que “moviliza el 60% de la mercancía que entra y sale del país”.

Además, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, resaltó que el Gobierno está próximo a presentar una reforma para cubrir el hueco fiscal que actualmente tenemos pero, que “abrió el mismo Gobierno en 2018, cuando recortó impuestos a las grandes empresas”. En ese sentido, sostuvo que bajo el argumento de solventar algunas de las medidas económicas tomadas en medio de la pandemia, el ejecutivo pretende que olvidemos estos recortes billonarios de impuestos al capital, y que los financiemos poniendo a tributar más a las personas. 

Esta situación la calificó como injusta e innecesaria, al asegurar que “en Colombia hay un grupo de población con suficientes ingresos para ser solidario en momentos de pandemia”. Por lo tanto, dijo que era necesario modificar el sistema de tributación para que fuera más progresivo, haciendo que las personas de más altos ingresos en el país fueran gravados con mayor equidad, garantizando la financiación de propuestas como la renta básica. 

“Si subieramos nuestro nivel de tributación al promedio de América Latina nos alcanzaría para una renta básica que pusiera a los colombianos por encima de la pobreza monetaria”, sostuvo el experto en economía, y concluyó que por eso es importante que las voces de quienes entienden esta realidad desde los territorios sean escuchadas. 

Encuentre el conversatorio en Facebook, o en Youtube:

Por Juanjosé D. Gutiérrez  R. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Víctimas y organizaciones rechazan el nombramiento de José Augusto Rendón como Defensor del Pueblo de Urabá por sus relaciones con despojadores de tierras en la región.

Reclamantes de restitución de tierras, víctimas de la violencia paramilitar y organizaciones sociales y de derechos humanos recibimos con absoluto desconcierto y desazón el nombramiento de José Augusto Rendón García como Defensor del Pueblo Regional en el Urabá, mediante la Resolución 298 de 2021.

Las acciones del señor Rendón García, que son ampliamente conocidas por la opinión pública en la región del Urabá y por quienes hemos tenido el infortunio de coincidir con él en los estrados judiciales, evidencian una actitud abiertamente mercenaria contra la restitución de tierras y los derechos de las víctimas del conflicto armado. Estos hechos, verificados y documentados incluso por la entidad hoy a su cargo, dan cuenta de cómo, en su calidad de apoderado de opositores, profirió “advertencias” sobre nuevos ciclos de violencia paramilitar en caso de que las víctimas se negaran a hacer acuerdos con los empresarios y siguieran impulsando procesos de restitución en la zona.

Sus representados en el pasado, a partir de un vínculo de estrecha confianza, tienen en común el ser compradores de tierras que fueron enajenadas mediante elaborados mecanismos de cooptación, coacción y violencia ejercida sobre campesinos y comunidades étnicas en una región dominada por la presencia de actores armados ilegales.

Así se destacan casos como el de la familia Argote, que en virtud de diversos procesos de restitución de tierras se ha visto condenados por la justicia a devolver tierras en el municipio de Chigorodó. Esta familia se destaca por la vinculación de algunos de sus integrantes a procesos judiciales, dada la cercanía comercial y funcional de sus empresas con organizaciones paramilitares para el manejo de sus finanzas.

El señor Rendón García ha fungido como apoderado judicial de Heriberto Salvador Romero Cortez y Luz Marina Maya, opositores reconocidos en un proceso de restitución individual que fue acumulado a la solicitud de restitución de derechos territoriales del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU). En el marco de la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo en 2014 a favor de COCOLATU, se destacan las intervenciones del ahora Defensor Regional que, además de desconocer de plano la naturaleza e importancia del proceso de restitución de tierras, fueron manifestaciones cargadas de hostilidad y de una intención claramente intimidatoria hacia las comunidades reclamantes.

A lo anterior se suman prácticas como la promoción de acuerdos entre reclamantes y los empresarios a los que representa y a quienes él trata como “campesinos”. Dichos empresarios actúan en contra de los derechos de los verdaderos despojados y buscan legitimar los procesos históricos que permitieron la presencia de actores armados y que terminaron por representar grandes beneficios para los empresarios del banano en el Urabá.

En consecuencia, este nombramiento debe ser catalogado como una afrenta hacia la dignidad de las víctimas y sus organizaciones quienes hemos luchado por décadas para recuperar el derecho a la tierra que fue usurpado entre otros factores gracias a un fenómeno de cooptación de la institucionalidad que pareciera estar destinado a repetirse en el presente.

Sobre este nuevo proceso de secuestro institucional en función del despojo hemos alertado en el pasado a partir de situaciones como la ocurrida en el año 2019 con el Juez Segundo de Apartadó, Alejandro Rincón Gallego, quien tuvo el descaro de agredir y amenazar a una mujer víctima por atreverse a reclamar las tierras de los bananeros en una audiencia en la que ese juez aseguró que la restitución de tierras era “la mentira más grande en Colombia”, o la entrega de la dirección territorial de la Unidad de Restitución de Tierras a Dayra Reina Hernández, otra reconocida defensora de opositores y declarada enemiga de la restitución.

El mensaje que nos transmite el Estado es claro en el sentido de consolidar en el Urabá antioqueño una receta antirrestitución que tiene como ingredientes a funcionarios públicos en la rama judicial, en los entes de control e incluso en la entidad creada por la Ley 1448 de 2011 para garantizar ese derecho, que están en función de entorpecer, retrasar e impedir los procesos y, lo que es peor, estigmatizar y amedrentar a los reclamantes de tierras.

La Defensoría del Pueblo debe responder por el riesgo a los derechos a la vida y a la integridad de los reclamantes que se deriva de la amenaza latente que representa el nombramiento de José Augusto Rendón García como Defensor Regional. Nada podemos esperar de una persona reconocida por desacreditar, mancillar y amenazar a las víctimas del conflicto en cabeza de una entidad cuya función es la salvaguarda de los derechos humanos; por el contrario, su probada connivencia y aquiescencia con los beneficiarios y protagonistas del despojo puede verse fortalecida con el acceso privilegiado a la información sobre las víctimas con la que cuenta el Ministerio Público que podrá terminar siendo utilizada con fines oscuros.

Una vez más, el Estado les ha fallado a las comunidades víctimas de la violencia paramilitar en el Urabá, una vez más el poder de las élites políticas y económicas ha demostrado ser la verdadera fuente de la institucionalidad que le da la espalda a los colombianos que reclamamos verdad, justicia y garantías de no repetición.

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Cada 12 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas. Esta conmemoración fue creada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2002 mediante un protocolo sobre los Derechos de los niños y niñas relativo a su participación en los conflictos armados. Una fecha en la que se busca sensibilizar al mundo sobre el uso y reclutamiento forzado de menores en la guerra. La simbología de las manos rojas se refiere a la necesidad de ponerle un alto al uso y reclutamiento de menores con fines bélicos. Se utiliza el símbolo de la mano roja como una señal de ¡alto! ¡deténgase! ¡no más reclutamiento! ¡no más niños, niñas ni adolescentes en la guerra!”, ¡no más utilización de menores por parte de grupos armados irregulares ni de estructuras del crimen organizado, ni por parte de las fuerzas armadas y de policía del Estado para combatir a los oponentes en el conflicto! En Colombia quien lidera este trabajo es la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia -COALICO-.

Para comprender el problema de menores en el conflicto armado colombiano, es importante entender el concepto de niño soldado. Un niño soldado, según el Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en la guerra de la ONU, es “cualquier persona menor de 18 años que forma parte de cualquier tipo de fuerza armada regular o irregular en cualquier trabajo, inclusive, pero no solo, como cocinero, informante, logístico y cualquiera que acompaña a estos grupos, excepto los familiares. La definición incluye niñas reclutadas para realizar actividades sexuales y contraer matrimonios por la fuerza”. La definición es intencionalmente amplia para que la protección abarque a la mayor cantidad posible de menores, asegurando su inclusión en los programas de desmovilización y reintegración.

Increíblemente la situación de pandemia ha puesto en evidencia cómo los grupos armados irregulares en Colombia han incrementado el reclutamiento de jóvenes, quienes se encuentran hoy aún más vulnerables ante la falta de oportunidades y la no ocupación de su tiempo en actividades que les permitan un futuro deseable. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación denunció ante la Fiscalía el aumento de reclutamiento de menores de edad en todo el país, por una variedad de grupos criminales, entre los que se cuentan grupos paramilitares, grupos del narcotráfico, las disidencias de las FARC, el ELN y la delincuencia común. Según Coalico, el año pasado se registraron alrededor de 222 casos de reclutamiento infantil, más del doble de los casos registrados en 2019. Menores de familias pobres y de regiones apartadas son los más buscados por grupos armados. Por su parte, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, señaló que en los últimos 21 años la entidad realizó atención especializada a 6.931 niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado. Es un panorama que se torna desafiante y que exige del Estado y de la sociedad en general, medidas jurídicas, socioeconómicas y sicosociales efectivas que apunten especialmente a la prevención, pero también al manejo de las violaciones ocurridas para proteger a las personas menores de edad más vulnerables.

En julio del año pasado los obispos del litoral Pacífico colombiano denunciaron el masivo reclutamiento de menores y su preocupación por el incremento de la violencia. Así retratan los obispos del Pacífico la realidad en medio de la pandemia:

“el reclutamiento de menores, el desplazamiento y la guerra por el narcotráfico, tienen sitiadas las comunidades. Se conjugan el abandono Estatal, la corrupción administrativa y la acción delincuencial de diferentes grupos armados”, expresó el Obispo Hugo Barreto de Quibdó y el Vicario Obispo de Guapi Carlos Alberto Correa. En tanto que el Obispo de Tumaco, Orlando Olave, agregó: “Llevamos cerca de 150 asesinatos en Tumaco y la costa. La situación social sigue siendo muy compleja. Igualmente, el Obispo de Itsmina/Tadó, Darío de Jesús Álvarez afirmó: “cada vez constatamos que Colombia es más territorio que Estado. Hay una gran preocupación por el reclutamiento de niños, que se agrava con la desescolarización de los jóvenes, quienes se vuelven objetivo de los grupos armados ilegales. Finalmente, el obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo afirmó que “al puerto, entrada y salida de Colombia al mundo, está llegando una presencia muy fuerte de grupos armados como la guerrilla del ELN desde el Chocó, interesados en controlar la zona”.

Con esta dura realidad de violencia y abandono que viven sus comunidades, los obispos aseguran que en el Pacífico la gente les teme más a las balas que al coronavirus. Sobre todo, por la disputa que sostienen los carteles de la droga, incluido el mexicano de Sinaloa, por el control del negocio del narcotráfico.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

¿Cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de una economía equitativa, justa y sostenible? Es la pregunta del informe que Oxfam Internacional entregó el pasado mes de enero.

El documento centra su atención en cómo el Covid-19 dejará cientos de millones de personas sumidas en la pobreza y cómo esta pandemia pasará a la historia como la primera vez en que la desigualdad se incrementó al mismo tiempo en todos los países del mundo. Para Kristalina Gueorgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional, la pandemia tendrá un impacto profundo. El incremento de la desigualdad dará lugar a una generación perdida en la década actual.

La encuesta realizada por Oxfam para este informe aplicada a 300 personas economistas de 79 países, da como resultado que el 87% de especialistas prevé que la desigualdad de ingresos aumentará con la pandemia. Y, más de la mitad de las respuestas dicen que es probable o muy probable que la desigualdad de género aumente, y dos tercios expresan que lo mismo sucederá con la desigualdad racial. De otra parte, dos terceras partes de economistas consideran que sus Gobiernos no han planificado medidas para luchar contra el aumento de la desigualdad.

En cambio, los impactos de la pandemia sobre los multi millonarios del mundo son mínimos: en tan solo 9 meses las mil mayores fortunas del mundo han recuperado su nivel de riqueza previo a la pandemia, mientras que para las personas más pobres esta recuperación podría tardar más de una década. La fortuna de los multi millonarios del mundo aumentó cerca de 4 billones en esos 9 meses. Hoy esta fortuna suma cerca de 12 billones de dólares. Este incremento de la fortuna de los más ricos del mundo en medio de la pandemia, bastaría para evitar que nadie cayese en la pobreza y para financiar una vacuna universal contra la COVID-19. A pesar de estas dramáticas afirmaciones, el informe de Oxfam interpela a los Gobiernos y les urge a darse cuenta de la ventana de oportunidad, cada vez más pequeña que tienen, para construir una economía justa tras el paso de la pandemia. Una economía que proteja al planeta y acabe con la pobreza. Para lograrlo, deben transformar con urgencia el sistema económico actual que profundizó el patriarcado, la dominación blanca y los principios neoliberales. Si los gobiernos empiezan a tomar medidas para reducir la desigualdad, en una década habrá 860 millones de personas menos en situación de pobreza. El futuro depende de las decisiones que tomemos ahora Estamos en un momento crucial para la humanidad.

En la carta Fratelli Tutti el Papa Francisco expresa que el neoliberalismo es un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a los desafíos cambiantes. La libertad de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres. El golpe de la pandemia obligó por la fuerza a volver a pensar en todos los seres humanos y no solo en los beneficios de algunos. La pandemia nos llama a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

El gobierno de Iván Duque y la Fiscalía anunciaron que unificarán la cifra de líderes sociales y metodología de recolección de información, lo que generó rechazo en las organizaciones sociales. El padre Javier Giraldo, del Banco de Datos de  Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, asegura que ni Fiscalía ni gobierno generan confianza en los organismos de derechos humanos ni menos en las víctimas. 

Tras finalizar una revisión del Plan de Acción Oportuna (PAO), el presidente Duque anunció el pasado 3 de febrero que se acordó “una hoja de ruta para la unificación de la metodología y el levantamiento de información relacionado con el asesinato de líderes sociales teniendo como base fundamental las investigaciones que adelanta la Fiscalía General”. 

Históricamente, además de instituciones del Estado como Fiscalía o Defensoría del Pueblo, la sociedad civil ha llevado su propio registro riguroso de las violaciones a derechos humanos. Organizaciones como el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP, INDEPAZ y Somos Defensores hacen seguimiento de los homicidios y ataques a líderes sociales con diferentes criterios y alcances regionales. Además de sus informes particulares, al finalizar 2020 varias organizaciones publicaron en conjunto el Informe El Riesgo de Defender y Liderar que aborda las violaciones a sus derechos documentadas entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020. 

“El Banco de Datos hace el esfuerzo que se puede por llegar al entorno más cercano de la víctima, los familiares, las organizaciones a las cuales pertenecía, y eso es lo que recogemos en la Revista Noche y Niebla”, explica el sacerdote jesuita Javier Giraldo. Y detalla que, ante la decisión del gobierno Duque, “desafortunadamente su política frente a los órganos de control y judicialización del Estado ha sido desastrosa porque ha nombrado como cabeza de las órganos (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría e incluso Contraloría) a amigos de él que comparten toda su visión de la realidad colombiana y la ideología uribista y por lo tanto, como órganos de control, de investigación judicial o disciplinaria realmente a mí no me merecen ninguna confianza”. 

“Si la investigación sobre el asesinato de líderes sociales se va a basar solamente en lo que ellos tienen, eso no le va a dar confianza ni a las víctimas ni a los organismos de Derechos Humanos”, asegura el padre Giraldo.

Para Javier Giraldo SJ, “la justicia, empezando por la Fiscalía, ha llegado a una degradación muy grande” y no tiene credibilidad, “además, cuando uno se mete en los procesos y analiza cómo están funcionando ve que de justicia jurídica tienen muy poco, es más bien una justicia política”. 

Adicionalmente, el sacerdote jesuita manifiesta que hay una pauta general para ir por la pista de quién disparó, pero no  por los responsables de los ataques y la violencia sistemática contra la población. “El último eslabón y el de menos interés es justamente el autor material, es como hacer una investigación sobre un revólver”, asegura.

(...) Una pista que daría más elementos para resolver este tipo de crímenes es revisar lo que hacía la víctima, todas las víctimas pertenecen a organizaciones de base, y esto puede dar luces sobre qué derechos defendía la víctimas y qué interés tenía el victimario en silenciarla”. 

Para Giraldo, quien acompaña organizaciones de víctimas desde hace cuatro décadas,  actualmente hay un giro en las formas sobre el asesinato de líderes sociales y tiene que ver con el anonimato de quienes cometen el hecho: “Hace un tiempo los pistoleros dejaban un rastro, un indicio, o actuaban a nombre de un grupo paramilitar o sicarial. Ahora no dejan ninguna pista”. En este momento, “el formato más común del asesinato de líderes sociales es que llegan dos pistoleros encapuchados en moto, disparan y se van. Ni siquiera quienes están alrededor de la víctima y vieron al encapuchado pueden dar testimonio de nada”.  El investigador explica que este giro al anonimato está pensado para que las investigaciones no lleguen a nada porque no dejan indicios.

Más allá de las cifras, la representante en Colombia de la ACNUDH Juliette de Rivero recalcó que “lo importante es prevenir los asesinatos y ataques en su contra”, y que “cada institución del Estado cumpla a cabalidad con su función, sea ésta de control, de investigación u otro, para proteger derechos y esclarecer, prevenir y sancionar estos crímenes”. 

En el primer semestre de 2020 la revista Noche y Niebla, registró un total de 100 lideresas y líderes sociales asesinados, en el mismo periodo de tiempo Somos Defensores contó 95 homicidios a defensores(as), mientras que INDEPAZ indica que en todo 2020 fueron asesinados 310 defensoras y defensores de derechos humanos. 

Por Juanjosé D. Gutiérrez  R. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

En medio de esta compleja pandemia mundial las personas trabajadoras de la salud tienen contratos laborales precarios, salarios cada vez más bajos y en varias entidades pasan hasta dos años y no les pagan.

Pero el gremio de la salud no solo debe afrontar a diario la pandemia que nos agobia, también tienen que vérselas con los bancos, los arrendatarios, las empresas de servicios públicos y hasta las casas de cobranza. La situación económica de una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud es crítica: no tienen derecho a primas, ni vacaciones, ni cesantías, con largos turnos de servicio y un sin número de irregularidades laborales, que de manera increíble existe sobre un sector que debería tener todas las garantías para trabajar bien en medio de semejante pandemia.

La Federación Nacional de Sindicatos Médicos (Fecolmed) y sindicatos regionales de salud, han denunciado esta situación ante el presidente de la República, el ministro de salud, de trabajo, ante la Supersalud, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y absolutamente a nadie le interesa el gremio médico. Las directivas sindicales dicen:

“solamente en los programas diarios de las seis pm del presidente nos llaman héroes, dicen que estamos guerreando en primera línea. Si realmente les interesara, no creen que ya nos deberían solucionar el problema, pero no les interesa en absoluto, porque la salud no da votos”.

El Gobierno Nacional, es quien debe tomar cartas en el asunto y ver quién se está quedando con el dinero de la salud, si son las EPS o son las IPS o si son los mercaderes o ladrones de cuello blanco de la salud. Es un problema gravísimo porque la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras de la salud está contratada por órdenes de prestación de servicios, supuestamente concertados con cooperativas que se convirtieron en sindicatos de papel, que se quedan con los grandes recursos y que tercerizan y explotan a los trabajadoras y trabajadores de la salud. A pesar de que la ley dice que el talento humano en salud es un personal misional y que debe estar contratado única y exclusivamente de forma directa por el Estado, no se ha creado un régimen especial para el talento humano en salud, como lo tienen las Fuerzas Armadas o el gremio docente, de tal manera que no quede totalmente desamparado como quedó luego de entrar en escena la ley cien que privatizó la salud. Pero, lo peor, es que ni el Estado ni las empresas ni las instituciones de salud plantean alternativas ni tampoco hacen eco de las soluciones que plantea el gremio trabajador de la salud.

En mayo del año pasado, con motivo de la Jornada Mundial de la Enfermería, el Papa Francisco expresó:

“la pandemia ha evidenciado muchas deficiencias en la atención sanitaria. Es urgente que los gobiernos inviertan en sanidad, como bien común primario, fortaleciendo las estructuras y designando más personal de salud. Es importante reconocer efectivamente el papel esencial que desempeña esta profesión para el bienestar de la sociedad. Por eso, tienen derecho y merecen estar más valorados e involucrados en los procesos que afectan a la salud de las personas. Es importante mejorar sus condiciones de trabajo y garantizar sus derechos para que puedan llevar a cabo su servicio con plena dignidad".

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Profesores rurales de territorios PDET están siendo desplazados de sus puestos por cuenta del concurso docente creado por el Acuerdo de Paz que, según denuncian, quedaría viciado tras ser modificado en el actual gobierno y no tomó en cuenta el arraigo territorial. Con el acompañamiento de Educapaz instauraron acción popular para proteger sus derechos.

Sorlinda Bocanegra es profesora de primaria en Planadas, Tolima, hace 16 años. Su plaza es una de las 123 que quedaron vacantes en ese municipio gracias al concurso impulsado por el decreto 882. Según relata, para ocupar su puesto se presentaron personas desde Cundinamarca y Huila principalmente, pero también de Cúcuta y Santander, muchos podrían ser apenas bachilleres. Ahora teme que, por cuenta de los cambios normativos al decreto que implementa uno de los mandatos del Acuerdo de Paz, pueda quedar sin puesto, y que sus estudiantes queden en manos de quienes no conocen la región. La preocupación de Sorlinda es compartida hoy por miles de maestros en las zonas de Colombia más aporreadas por el conflicto. 

El primer punto del Acuerdo de Paz -Reforma Rural Integral (RRI)- traza la ruta para mejorar las vida de campesinos y campesinas incluyendo el acceso a la tierra, la salud, la educación, entre otros derechos. Allí se contempla la implementación del Plan Especial de Educación Rural (PEER) con el que “se identifican las brechas urbano-rurales, así como las estrategias mediante las cuales se va a promover el acceso, cobertura, permanencia y calidad de la educación en las zonas rurales”. El decreto 882 de 2017 forma parte del marco jurídico para el funcionamiento del PEER, pero según los maestros, es también el culpable del desplazamiento laboral del que están siendo víctimas. 

El decreto propone un concurso de méritos que se realiza por única vez para la contratación de docentes en municipios donde se adelantan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) si en dichos lugares no había la suficientes profesores para cubrir las plazas, asegura Alejandra Ramírez, profesional del CINEP/PPP en el equipo de Educapaz

“El propósito del concurso es que llegara capacidad humana para impartir educación. El problema es que impartieron el concurso como si todos los territorios tuvieran la misma ausencia de docentes idóneos para brindar esa educación. Entonces pasa que en el sur de Tolima tenemos docentes demasiado formados: normalistas superiores, profesionales, o que tienen maestrías y doctorados pero que perdieron su prueba”, afirma Ramírez.

Un concurso sin enfoque territorial

La normativa cambió entre 2017 y 2020, creando un concurso para ocupar plazas que ya tenían profesores del territorio, bajando los estándares para que se presentaran personas bachilleres y no solo normalistas, como era costumbre, y permitiendo la participación de personas en todo el territorio nacional, explica Alejandra. 

“Lo que ellos argumentan es que los acuerdos de paz tienen un enfoque territorial; pero la paz territorial no es igual para todos. Tienen que considerar las dinámicas del territorio, entonces el concurso debió darse de manera particular según cada zona PDET, y no todas las plazas debieron darse por igual. Tenían que haber unas particularidades”.

El decreto “es una distorsión al espíritu y letra del Acuerdo”, cuyo efecto inmediato implica que “están eligiendo profesores que no tienen arraigo en las regiones, y desplazando a educadores y sus núcleos familiares”. Así lo denunció la senadora Sandra Ramírez en sus redes sociales.

Un concurso viciado

La profesora Sorlinda explica que el concurso no valoró con mayor puntaje el arraigo y experiencia en el territorio, y asegura que se presentaron fraudes en las pruebas de 2019. Por más de una década, ella ha acompañado la formación de niñas y niños campesinos en Planadas, que junto a Ataco, Chaparral, y Rioblanco, hace parte de los cuatro municipios PDET en Tolima. En total, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (criticados por organizaciones sociales desde su puesta en marcha por el gobierno Duque) incluyen 170 municipios de Colombia. 

Sorlinda asegura que la filtración de respuestas de la prueba comenzaron a llegar a través de redes sociales en el primer receso de la jornada. “Personas manifestaron que los cuadernillos se estaban vendiendo”, agrega. Esta situación llevó a que el concurso se anulara solo para primaria. La Comisión Nacional del Servicio Civil declaró “irregularidades y dejó sin efectos las pruebas de docente primaria aplicadas en 23 ciudades en el marco del Concurso Especial Docente en zonas afectadas por el conflicto armado”.

Entonces continuó el proceso para coordinadores, rectores y bachillerato. Luego, en 2020 se realizó el concurso de primaria, pero “se venden cuadernillos a un costo más alto y si la persona tenía dinero, podía comprarlo con una semana de anticipación pero si no tenía tanto, se lo daban con un día de anticipación”, sostiene Sorlinda. “Pero no a todos nos ofrecen el cuadernillo, sólo a aquellos que les falta ética. Ni siquiera para eso nos tomaron en cuenta”, concluye. 

Pese a esta situación, ella y sus compañeros se sintieron tranquilos tras la prueba “porque preguntaba cosas que hacíamos en el aula”, pero llegaron los resultados y comenzaron las decepciones: en Planadas solo pasaron 14 maestros de primaria, 20 de áreas especiales y 4 coordinadores. 

“A nosotros no nos hacen docentes unas pruebas, sino los años que hemos tenido aquí siendo profesores”, dice Sorlinda, quien camina por las vías sin pavimentar del Sur del Tolima bajo las lluvias y en botas de caucho para llegar hasta el aula y, así, intentar arrebatarle niños a la guerra. 

Además de la función propiamente docente, los profesores rurales también forman tejido social en las comunidades, explica Sorlinda, pues, por ejemplo, crean la confianza para recorrer el territorio.  “No se trata de poner en tela de juicio las capacidades de quienes pasaron el concurso, sino el impacto de desplazar al docente que en muchas ocasiones es el único representante del Estado en las zonas más apartadas”, agrega preocupada Alejandra Ramírez del Cinep / PPP.

Tras varios derechos de petición y oficios a distintas entidades, los profesores del sur del Tolima crearon la Mesa Nacional de Docentes Provisionales que, con el acompañamiento de Educapaz, logró instaurar una acción popular en la que también se pidió una medida cautelar para pausar el concurso docente en los municipios PDET en diciembre de 2020. 

Alejandra Ramírez explica que con esta acción popular se pretende defender el cargo docente, así como evitar las problemáticas que afectarían las comunidades si se produce el desplazamiento laboral. Para ello, acuden al testimonio de padres de familia, líderes comunales y JAC quienes piden al unísono que sus docentes no sean retirados. Por ahora, la acción fue firmada por 127 docentes y reposa en el Tribunal del Tolima. Aún se desconoce cuántos maestros rurales en el país se quedaron sin puesto gracias al decreto 882. La Mesa creada por los docentes avanza en conocer el panorama nacional que, como el de Tolima, tiene preocupadas a las comunidades educativas y rurales. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación, al concurso se inscribieron 121.113 aspirantes para proveeer 6.564 vacantes ofertadas para 119 municipios Pdet.

Por Juanjosé D. Gutiérrez  R. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

A pesar de estar en el mayor pico de contagio por el virus, varios analistas sociales han preguntado sobre las tendencias sociales que se vislumbran en el mundo post pandemia. El periódico Vanguardia de México, publicó un artículo de Carlos Glatt, en el que expuso varias tendencias basadas en análisis de diversos expertos.

Una primera tendencia es la llegada acelerada de nuevas formas o paradigmas de trabajo. Se impone la hiper -conexión virtual, la presencia física, en una gran cantidad de trabajos es un escenario más, ya no es el único ni es imprescindible. El trabajo en línea desde nuestras casas o sedes adaptadas, se consolidará con nuevos ambientes tecnológicos y se crearán espacios para grandes encuentros digitales. Nadie quiere volver a la invivible vorágine del tráfico en las grandes ciudades, largos tiempos en trancones, cansancio, inseguridad y contaminación. Los enormes edificios de oficinas tendrán que ser reformados para otros usos. Muchos trabajos se pueden realizar dentro o fuera de una ciudad y generar el mismo o mejor valor. La empresa que no inviertan por lo menos un 10% en nuevas tecnologías desaparecerá. La forma de contratar personal se replanteará. Contratar a los mejores del mundo es cada vez más accesible. No habrá diferencia entre contratar personal local y extranjero. Hoy todos somos globales.

Otra tendencia muestra que la virtualidad está ganando espacio en escenarios socioculturales como las iglesias, museos, gimnasios, cines, bibliotecas y lugares de entretenimiento. La presencia en estos lugares puede llegar a ser limitada y costosa, tanto por el mantenimiento de la infraestructura como por el acceso a ellos.

Por otra parte, la educación profundizará el esquema híbrido, entre presencial y virtual; pero con innovadores desarrollos tecnológicos. El sistema médico se adaptará a lo digital, una cita médica en teleconferencia será cada día más normal. La gente se enfermará menos de pandemias si manejamos bien los alimentos y se trabaja el gran problema del hambre, la desigualdad y el desarrollo mundial. Finalmente, será urgente para la sociedad y las grandes industrias trabajar diversas estrategias científicas e interculturales frente al cambio climático, si queremos que el planeta sea una casa común, con inclusión, equidad y justicia para todas las especies.

En noviembre del año pasado el Papa Francisco, en Asís, exhortó a jóvenes empresarios a promover modelos económicos mundiales pos-pandemia que incluya a los pobres. Y añadió:

“el futuro, debe ser una época que nos recuerde que no estamos condenados a sostener modelos económicos cuyo interés se limita a la ganancia inmediata y a políticas públicas lucrativas sin importar sus consecuencias sociales y ambientales. Se debe ir más allá de satisfacer las necesidades más básicas. Tenemos que aceptar estructuralmente que los pobres tienen la dignidad suficiente para participar en nuestras reuniones y discusiones y traer pan a sus propias mesas”

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Luego de más de 14 fallos judiciales que ratifican la vulneración de derechos por parte de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos de las comunidades y el territorio guajiros, varias organizaciones denuncian ante la OCDE a esta empresa y sus aliados por los daños en la región.  

En diversas investigaciones y fallos judiciales se ha demostrado la sistemática violación de derechos en La Guajira por parte de las empresas que extraen carbón. Así lo explica Jenny Ortiz, investigadora de CINEP/PPP. En el Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día, lo suficiente para alimentar a 150 mil personas: El 40% de los cursos  de agua en ese departamento se ha perdido a partir de la actividad minera aumentando el estrés hídrico y la crisis de acceso al agua en un departamento que vive una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la pandemia del Covid-19. 

Allí más de 25 comunidades han sido desplazadas, confinadas y despojadas de sus territorios ancestrales, y se han contaminado y/o desviado más de 17 arroyos tributarios del Ranchería —único río del departamento—,  entre las muchas afectaciones de la actividad extractiva en La Guajira. Por esta razón, GLAN, Christian Aid, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el CINEP/PPP  denunciamos ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los daños causados por Cerrejón, empresas aliadas y empresas accionistas.

Para conocer la situación de violaciones de derechos humanos en La Guajira le invitamos a consultar la Revista Noche y Niebla N°61: Minería de Carbón y Des-Arroyo.

A continuación encontrará el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.